Los derechos humanos son inalienables

L

a campaña electoral ha conseguido, una vez más, que ETA vuelva a estar en el centro del debate político y mediático. No importa que la banda terrorista desapareciera hace 10 años ni que las elecciones que se celebran el próximo 28 de mayo sean las municipales y autonómicas: para las derechas patrias se trata de derrotar a Pedro Sánchez y para ello hay que mostrar a la ciudadanía que el muy malvado, además de presidir un gobierno social-comunista, es rehén del independentismo catalán y de los filoterroristas vascos. De ahí que en Vox y en el Partido Popular no hayan querido desperdiciar la ocasión que les ha brindado Bildu al integrar en sus listas electorales a 44 personas que en su día fueron condenadas por terrorismo, siete de ellas por delitos de sangre, que por cierto dicen ahora que en caso de ser elegidos renunciarían, para atacar, no a Bildu, sino al Gobierno de coalición, como si Pedro Sánchez, el PSOE o Unidas Podemos fueran quienes confeccionan las listas del partido abertzale.

    Desconozco las razones internas por las que en Bildu se decidió que estas personas formaran parte de las listas, no sé si la decisión obedece a un criterio electoralista o a un intento de mantener la cohesión interna, pues entiendo que, desde su punto de vista, se trata de gente que se jugó el tipo por la causa y que además pagó caro por ello y a la que, ahora que se ha renunciado a la violencia, no se la puede dejar al margen. Ni siquiera sé si esas listas se elaboraron de manera democrática o si, como suele ocurrir en todos los partidos, fue la cúpula la que estableció quiénes iban en ellas y en qué orden. Pero, independientemente de las razones que llevaron a que en las listas de Bildu se haya incluido a 44 personas condenadas por terrorismo, lo cierto es que ello no es motivo para la ilegalización del partido como han pedido Vox y algunos dirigentes del Partido Popular, entre quienes destaca, no iba a dejar pasar la oportunidad, la nunca suficientemente aplaudida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vox, el PP y quien lo estime oportuno puede legítimamente criticar a Bildu, por este motivo o por el que considere, desde un punto de vista político o moral, pero jurídicamente no parece que las listas de Bildu sean reprobables.

    La razón por la que Bildu no puede ser ilegalizado aunque haya incluido a estas 44 personas condenadas por terrorismo en las listas electorales radica en que, según se ha publicado, todas y cada una de ellas han cumplido sus condenas, incluidas las de inhabilitación, por lo que se encuentran en plena posesión de sus derechos políticos, los cuales no pueden ser conculcados. Esto es así y, si me lo permiten, así debe ser. Porque de lo que estamos hablando es de derechos políticos, es decir, de derechos humanos que están consagrados en la Constitución como derechos fundamentales que bajo ningún concepto pueden ser conculcados y menos aún por el Estado que ha de ser su máximo garante. Y es que en un Estado social y democrático de derecho, que es como se autodefine España, los derechos humanos de los ciudadanos, entre los que se encuentran los derechos políticos, son inalienables. Y ello es así incluso cuando se trate de ciudadanos que en su día atentaron contra el propio Estado de derecho y la democracia, siempre que, como es el caso, hayan cumplido su condena. 

Los animales no tienen derechos

L

a última controversia en el seno del Gobierno de coalición se ha producido a cuenta de la nueva ley del bienestar de los animales. Si no había bastante tensión con la reforma de la ley del “solo sí es sí”, esta nueva iniciativa no ha estado exenta de polémica, lo que en buena medida se debe a que estamos en año de elecciones: en mayo, autonómicas y municipales, y para finales de 2023, generales. Y es que tengo para mí que la reforma de la ley del “solo sí es sí” presentada por el grupo socialista, esa de la que la ministra de Justicia, Pilar Llop, asume toda la responsabilidad, no se habría llevado a cabo, o no de la forma en que se ha presentado, si no estuviéramos en campaña. Del mismo modo que las diferencias entre Unidas-Podemos y el PSOE con respecto a la nueva ley que se pretende animalista no se habrían magnificado tanto de haber estado en el primer año de la legislatura y no en el último.

La nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado jueves y ahora deberá ser tramitada en el Senado. Las discrepancias en el seno del Gobierno surgieron a propósito de la enmienda socialista para dejar fuera de la protección de la nueva ley a los animales de caza y otros de trabajo, asunto este sobre el que Unidas Podemos promete volver. Mas si dejamos a un lado el contenido de la ley, hay algo en la misma con lo que alguien como yo, que ni si quiera es jurista y no pasa de ser un mero aspirante a filósofo, no puede estar de acuerdo: que los animales tengan derechos. Hablar de derechos de los animales es una aberración jurídica, si se me permite la expresión, pues, en rigor, los animales no pueden tener derechos porque no pueden ser sujetos de derechos. Ello no significa, no obstante, que ciertos animales no deban gozar de protección, ni que los seres humanos podamos  tratar a nuestros animales de cualquier manera.

A mi juicio, los seres humanos tenemos la responsabilidad moral, que bien puede traducirse en responsabilidad jurídica, de no maltratar a los animales y de no causarles más daño que el estrictamente necesario; incluso podemos convenir en que debemos proporcionarles la mayor calidad de vida y bienestar que sea posible; mas todo ello no convierte a los animales en sujetos de derechos ni hace que podamos hablar con sentido de los derechos de los animales. Y es que el derecho y la moral, que son esferas distintas que no conviene mezclar, son asunto de los seres humanos exclusivamente. Que tengamos obligaciones morales, incluso legales, para con los animales no implica que en el reverso de esos deberes se hallen los supuestos derechos de los animales. Pues para ser un sujeto de derechos hay que poder ser, siquiera sea virtualmente, un interlocutor válido, un sujeto autónomo capaz de autolegislarse y de reivindicar ante los demás su condición de sujeto de derechos, su derecho a tener derechos, que es lo que ningún animal no humano puede hacer. De ahí que, en rigor, debamos afirmar que los animales no tienen, no pueden tener, derechos. 

Repensar la democracia

E

l avance de la ultraderecha en Occidente, la deriva autoritaria hacia lo que se ha dado en llamar la democracia iliberal (respetuosa con los procedimientos de elección de representantes pero no con los derechos humanos de algunos  sectores de la ciudadanía) por parte de algunos países que hasta forman parte de la Unión Europea, el asalto al Capitolio en Estados Unidos y a las sedes de los poderes del Estado en Brasil por quienes no reconocían los resultados electorales constituyen hitos que nos han hecho percibir que la democracia está en peligro. Es por ello que algunos analistas consideran necesario fomentar en la ciudadanía el respeto a las instituciones así como la moderación ideológica que la mantenga lejos de extremismos, o populismos, que finalmente pueden derivar en posiciones antidemocráticas. Mas si ciertamente resulta plausible que la ciudadanía se conciencie del valor de la democracia y de que los derechos conquistados no son irreversibles, ello no puede implicar la renuncia a la crítica a la democracia realmente existente, a los déficits democráticos que alberga, pues ello sería la negación de la democracia por la democracia misma.

Esta crítica a la democracia realmente existente es lo que, en principio, motivó el surgimiento de la plataforma Democracia Real Ya y la convocatoria de la célebre manifestación el 15 de mayo de 2011 que daría lugar al movimiento 15-M. Más de una década después nuestra democracia continúa siendo sustancialmente la misma, el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones públicas sigue estando reducido a la mínima expresión, a la elección de los representantes, que sin duda es fundamental pero insuficiente para que podamos hablar del autogobierno de los ciudadanos, y los problemas sociales de entonces siguen siendo igual de acuciantes o más, pues a la crisis de 2008 hay que sumar la originada por las medidas para combatir la pandemia, la crisis energética y la inestabilidad provocada por la invasión de Ucrania. Y en el trasfondo de todo ello, hoy como ayer, nos encontramos el desparpajo de unas élites que no muestran ningún reparo en tratar a los seres humanos como meras mercancías.

En un artículo publicado el pasado 7 de febrero en La Provincia, “El ecosistema de las élites”, Javier Durán denuncia lo que denomina el “despotismo bancario”, en afortunada expresión, y otros abusos de las élites económicas y políticas y nos alerta de que tales desmanes constituyen el caldo de cultivo para la radicalización de los comportamientos políticos a derecha e izquierda y el surgimiento de opciones políticas antidemocráticas. En efecto, son estos abusos de las élites los que explican, aunque no justifican, los hitos antidemocráticos a los que aludíamos al comienzo de este artículo. Abusos que constituyen en sí mismos comportamientos antidemocráticos que la propia democracia, la democracia realmente existente, permite cuando no fomenta directamente y que generan la indignación de la ciudadanía. Mas sería deseable que esta indignación, en lugar de generar movimientos antidemocráticos, derivara en la asunción de la conveniencia de repensar la democracia, de seguir profundizando en ella, en la búsqueda de fórmulas que garanticen el respeto a las reglas y los procedimientos formales, lo que no siempre ocurre, pero también el respeto efectivo de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, pues los problemas de nuestros actuales sistemas democráticos solo se pueden resolver con más democracia y no con menos.

La paz social

 

U

na buena amiga, que en los últimos tiempos se ha convertido en mi más leal lectora, pues no solo lee todos mis artículos sino que, con frecuencia, me brinda algún comentario, me decía a propósito precisamente de una de mis columnas que ella estaba de acuerdo con que no le bajaran los impuestos siempre que le subieran el sueldo “porque esto es un robo a mano armada”. El robo al que se refería no es el que según la derecha española, la liberal y la ultramontana que cada día cuesta más distinguir, comete el Gobierno con su política fiscal, sino el del encarecimiento de la vida, el incremento de los precios y más concretamente el del precio de la luz. Y yo estoy plenamente de acuerdo con ella, “pues sin duda se deben subir los salarios porque si no esta inflación desmesurada que estamos padeciendo la pagamos solo los trabajadores, aunque la patronal no quiere ni oír hablar del tema porque subir los sueldos le parece bolivariano… Pero ese es tema para otro artículo”, le respondí.

Como lo prometido es deuda y más si tu acreedor muestra tanto interés por tus textos, y paciencia con el autor de estas luces de trasnoche, aquí estoy tecleando esta columna a propósito de la demanda sindical de subir los salarios para que las clases trabajadoras puedan paliar los efectos de la inflación y que los costes de la misma se repartan entre asalariados y empresarios. Algo con lo que, ya lo adelantábamos, no está de acuerdo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien, de momento, ni siquiera está dispuesto a sentarse a negociar un incremento salarial. De ahí que el lema de los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, los mayoritarios en España, haya sido “Salario o conflicto”, lo que viene a constituir una versión a la posmoderna, líquida o débil, de la ya clásica lucha de clases diagnosticada por Marx y que el mismísimo Warren Buffet, el célebre multimillonario estadounidense, reconociera abiertamente cuando, hace ya años, señalara que, en  efecto, hay una lucha de clases y son los ricos los que la van ganando.

Hay que reconocer que Buffet hizo estas declaraciones en un intento de criticar el sistema fiscal pues, para asombro de muchos, al multimillonario Buffet, el muy bolivariano, le parecía enormemente injusto que proporcionalmente él pagara muchos menos impuestos que sus empleados. A mi modo de ver, la lucha de clases podrá permanecer latente, pero mientras la sociedad siga desgarrada por la desigualdad seguirá siendo una realidad. Y en estos días, cuando hemos sabido que el mes de octubre ha sido el mejor en cuanto al descenso del desempleo desde 2008, que se han afiliado a la Seguridad Social 103.499 trabajadores, que el número total de cotizantes sobrepasa los 20 millones y que, sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque los datos sean relativos a 2021, el 27,8 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, un alarmante 37,8 por ciento en el caso de Canarias, conviene que la lucha de clases se haga patente, porque la paz social no se puede sustentar sobre la base del empobrecimiento de las clases trabajadoras.

Ricos y pobres

 

D

ice Alberto Núñez Feijóo que hablar de ricos y pobres es muy antiguo. Lo dice a propósito del nuevo impuesto que prepara el Gobierno para las grandes fortunas, es decir, para los ricos, o, mejor dicho, los muy ricos. Y es que se trata de un tributo especial que tendrán que pagar las personas que dispongan de una fortuna mayor a los tres millones de euros, han leído bien, ¡tres millones de euros! Un impuesto que ni siquiera afectará a todos los millonarios, es decir, aquellos que disponen de más de un millón de dólares, que es lo que se entiende, en rigor, por millonario y que en España son el tres por ciento de la población adulta. Pero al presidente del Partido Popular, el moderado Feijóo, le preocupa la injusticia que, a su juicio, supone que quienes cuenten con más de tres millones de euros en su haber, unas 23.000 personas, tengan que pagar un nuevo impuesto, aunque sea temporal y en esta coyuntura socioeconómica que estamos atravesando.

Sin duda que sean muchos o pocos los que tengan que pagar este nuevo tributo es lo de menos, pues si se tratara de una injusticia, no digamos si se atentara contra la dignidad humana, si se violaran derechos fundamentales, entonces sería algo gravísimo aunque la víctima fuera un solo individuo. Pero ocurre que la tamaña injusticia que encuentra Feijóo no se ve por ningún lado. Y es que el hecho de que unos pocos, los más favorecidos en lo que al reparto de la riqueza se refiere, hayan de contribuir algo más de lo que ya contribuyen a las arcas públicas para favorecer el bien común, para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, se me antoja que es una cuestión de justicia mínima. Lo que el Gobierno plantea es que quienes tengan entre tres y cinco millones paguen el 1,7 por ciento; el 2,1 por ciento, quienes tengan entre cinco y diez millones; y el 3,5 por ciento aquellos cuya fortuna supere los diez millones de euros. Como se ve, a ninguno de ellos este nuevo impuesto le apeará de su condición de millonario.

Sin embargo, en España, casi el 30 por ciento de la población se halla en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra ya de por sí escandalosa que en Canarias se incrementa hasta alcanzar casi el 40 por ciento. En más de una ocasión he escrito que la sociedad justa, para ser realmente tal, sería aquella en la que se diera una distribución igualitaria de la riqueza y del poder. Ello implicaría, obviamente, la abolición de las clases sociales y que la democracia liberal deviniera en democracia libertaria. Mas el socialismo contemporáneo, democrático, hace ya tiempo que renunció a construir la sociedad sin clases y aspira únicamente a redistribuir mínimamente la riqueza por la vía de los impuestos, para que los millonarios sigan siéndolo, disfrutando de sus privilegios, pero que los demás, sobre todo los más desfavorecidos, tengan garantizado el respeto efectivo de sus derechos sociales, es decir, el acceso a las mínimas condiciones materiales de existencia para llevar a cabo una vida digna. Así que, por más que a Feijóo le parezca antiguo, hablar de ricos y pobres aún es necesario, pues la desigualdad sigue siendo, hoy como ayer, el principal de los problemas sociales.