Seguridad privada

U

no de los rasgos definitorios del Estado, según el célebre filósofo y sociólogo Max Weber, es que se trata de una institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. En mi opinión, más que la violencia legítima, la violencia sobre la que el Estado se arroga la exclusividad es, en realidad, la legal, porque si el propio Estado, que es una entidad esencialmente violenta, carece de legitimidad, pues jamás el individuo encontrará razones morales que le lleven a entregar su libertad al Estado, la violencia que pueda ejercer no será nunca legítima. Sea como fuere, dicho monopolio parece que tiene los días contados, al menos en España. Y es que el Gobierno del PP pretende autorizar a las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales ya operan en edificios públicos, a realizar servicios también en la vía pública, lo que hasta ahora venía siendo una función exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado.

            La medida de marras tiene a la progresía soliviantada porque, en su opinión, los agentes de seguridad privados no tienen ni de lejos la misma formación que los agentes de la policía o la guardia civil. Con tan escasa formación, dicen, los ciudadanos se verán perjudicados en el trato recibido y, en definitiva, habrá una menor garantía de los derechos individuales. Mas si ese fuera el problema, entonces con exigirles más formación a los empleados de las empresas privadas de seguridad el asunto estaría resuelto. El verdadero problema que se ventila radica en que poner, siquiera sea en parte, la seguridad en manos de empresas privadas deja al Estado, aún más, a merced de los intereses empresariales que muy bien pudieran ser distintos, aun contrapuestos, a los intereses de la ciudadanía. Y si ello se lleva a cabo por iniciativa del propio Estado, a través del Gobierno, entonces todo apunta no tanto a un desmantelamiento del Estado, sino a la privatización parcial de una de sus funciones principales que a buen seguro redundará en el beneficio de los amiguetes de los miembros del Gobierno que se dediquen a esos menesteres. Para decirlo con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, de lo que se trata es de “ayudar a que se consolide un sector económico”.

            Las explicaciones del Gobierno, ya digo, deberían dejar más tranquilos a todos los que se preocupan por los derechos de los ciudadanos, mas no tanto a quienes les interese saber en qué se gasta el dinero público. Y es que si de lo que se trata es de violar derechos fundamentales, no hace ninguna falta que se privatice la seguridad. Para eso el Estado ha demostrado tener recursos más que suficientes, ya sea para espiar a los ciudadanos, desahuciarlos o agredirlos brutalmente, por poner algunos ejemplos, como se ha constatado en demasiadas ocasiones. Recursos que si nadie lo remedia se verán incrementados con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, que más bien debiera denominarse ley de inseguridad ciudadana porque deja a los ciudadanos indefensos ante el Estado. De este atentado en potencia, que diría Aristóteles, contra los derechos humanos hablamos otro día, antes de que se convierta en atentado en acto y ya no podamos hablar.  

'Conspiranoia'

E

xisten entre nosotros bastantes personas, más de las que pudiéramos pensar a priori, que tienen cierta propensión a creer en la teoría de la conspiración. Se trata de individuos aparentemente normales en su mayor parte, no como Jerry Fletcher, el personaje interpretado por Mel Gibson en la película que lleva por título, precisamente, Conspiración, que no sólo está obsesionado con la existencia de múltiples conspiraciones que dirigen la marcha del mundo, sino que muestra su obsesión en todo lo que hace y hasta físicamente. Las personas que, entre nosotros, comparten esta afición no lo demuestran de esa manera porque llevan, en general, una vida de lo más normal. Sin embargo, cuando se sientan en las terrazas a tomar café como todo el mundo, o charlan en los bares al calor de una copa, en lugar de mantener conversaciones normales, se dedican a desarrollar las más absurdas teorías en torno a conspiraciones imposibles.

            Es así que durante años han estado afirmando, sin ninguna prueba, como buenos aficionados a la teoría de la conspiración, que el Gobierno de Estados Unidos (en realidad todos los gobiernos que dispongan de medios, dicen) se dedica a espiarnos a todos con la secreta e inadmisible finalidad de ejercer un cada vez más efectivo control sobre los individuos. ¡Menudo disparate! O que los gobiernos de los países democráticos no disponen de margen de maniobra porque actúan al dictado de los mercados, que según dicen ahora los conspiranoicos, no es sino un eufemismo para referirse a lo que en tiempos pasados se denominaba el capital: entes difusos en cualquier caso que nadie sabe quiénes son ni dónde están. ¡Como si no votáramos los ciudadanos del mundo libre a quien nos diera la gana! Y ya en el colmo de las paranoias conspirativas, les ha dado por decir que la crisis económica es un cuento que se han inventado los poderosos para favorecer a los grupos sociales más privilegiados en detrimento del resto que está siendo deliberadamente empobrecido. Una estafa, vaya.

            Los adeptos a la teoría de la conspiración, lo decíamos al principio, son más de los que creemos. Su aparente normalidad les permite pasar desapercibidos, pero cualquiera podría ser uno de ellos: médicos, albañiles, científicos, profesores, mecánicos, periodistas… están en todas partes, incluso entre los parados y pensionistas. Si hasta hay políticos que se dedican a dar pábulo a los delirios de quienes ven señales de la conspiración universal en cualquier lado: el expresidente Zapatero, sin ir más lejos, que ahora dice que si hizo lo que hizo fue porque estaba preso de los poderes económicos, sin ofrecer más prueba que una simple carta que le envió Jean-Claude Trichet en 2011, a la sazón presidente del Banco Central Europeo. Y aunque estos conspiranoicos son en principio inofensivos, más nos valdría vigilarlos de cerca, pues quién sabe lo que podría ocurrir si llegaran a convencer a la ciudadanía de la plausibilidad de sus disparatadas teorías.

Mandela

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ice Aristóteles en su Ética a Nicómaco que la política es la disciplina más eminente y la de mayor aptitud directiva, de suerte que el resto de las materias que contribuyen al desarrollo del conocimiento humano se hallan por debajo de ésta, pues la política “opera como legisladora de lo que se debe hacer y de aquello de lo que cabe apartarse”. Nuestros políticos no están a la altura de lo que Aristóteles señala en ese libro que, como su título indica, está dedicado a la ética, aunque también habla de política. Acaso sea esa la razón por la que el ministro Wert está empeñado en que los jóvenes españoles no estudien filosofía, no vaya a ser que se enteren de que la política es algo mucho más noble de lo que las prácticas de los que viven de ella pudieran hacernos pensar. Pese a todo, el siglo XX ha dado grandes figuras de la política en el sentido aristotélico. No hablamos de esos grandes estadistas, sino de personas que con su lucha por la dignidad devolvieron a la política su nobleza, tales como Gandhi o Luther King. Hoy nos ha dejado uno de esos grandes luchadores, Nelson Mandela, uno de los nuestros, un "nuestros" que engloba a la humanidad entera que hoy llora su muerte. Esperemos que los que ya somos gente del siglo XXI sepamos estar a la altura de ese gran luchador.

PISA 2012

A

cabamos de conocer los resultados del informe PISA 2012 y España, una vez más, no sale bien parada. Ya me imagino al ministro Wert, con su recién aprobada ley de educación, relamiéndose de gusto al contemplar los resultados negativos de los estudiantes españoles. Y es que, en efecto, nuestros alumnos continúan por debajo de la media de los países de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, por más que hayan seguido mejorando con respecto a la última evaluación en 2009. Pero del hecho de que el nivel de los estudiantes no sea el deseable, no se sigue que la LOMCE vaya a ser la solución al problema. Yo diría que más bien apunta a todo lo contrario. Por lo demás, no debiéramos pasar por alto las diferencias entre las distintas comunidades autónomas, pues algunas de ellas superan la media de marras y, miren ustedes por dónde, están regidas por la misma ley educativa que las demás. Lo que viene a poner de relieve que el éxito o fracaso de la educación no sólo depende del sistema educativo. Un sistema educativo el nuestro que, por cierto, aún sigue siendo uno de los más equitativos del mundo, pero que ha retrocedido en este ámbito durante los años de la crisis. ¿Alguien cree que con la ley Wert mejoraremos en equidad?