Piquetes empresariales

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ranscurrió la jornada de huelga general y, como era de esperar, hay disparidad de opiniones en lo que al porcentaje de trabajadores que la secundaron se refiere: para las organizaciones sindicales el seguimiento fue masivo y para los empresarios y el Gobierno, que en esto van de la mano cual matrimonio bien avenido, la jornada de paro constituye el último fracaso de los sindicatos de clase. Pero si el seguimiento de la huelga es siempre difícil de determinar, lo que parece incontestable, a la luz de las multitudinarias manifestaciones de protesta contra la reforma laboral, es que la ciudadanía no está dispuesta a seguir permitiendo que se recorten sus derechos sin ni siquiera protestar. Y es que, independientemente de la utilidad de la huelga para conseguir que el Gobierno dé marcha atrás, la movilización social bien se puede considerar como un éxito en sí misma, pues lo que no parece de recibo es que asistamos impasibles al recorte de derechos: el 29 de marzo hubo contestación social, y mucha; los trabajadores que fueron a la huelga perdieron su jornal, pero ganaron en dignidad.

            Pero por más que podamos considerar un éxito la jornada de protesta, lo cierto es que algunos trabajadores no acudieron a la convocatoria, y puesto que son sus derechos los que están en juego, debemos preguntarnos por qué un sector de la clase trabajadora decide asistir a su puesto de trabajo cuando hay convocada una huelga general. Las razones seguramente son múltiples y no hay que descartar, por insolidario que ello resulte, que haya quien no esté dispuesto a que se le descuente de su nómina ni un solo euro aunque tenga claro que la reforma laboral supone un claro retroceso social. Tampoco debemos desestimar que quienes tienen unos salarios miserables sencillamente no se hayan podido permitir, la economía, siempre la economía, que les descuenten nada a su ya exiguo sueldo. Y qué decir de los que tienen trabajos temporales, para quienes cada jornada laboral tiene un valor infinito. Incluso es seguro que algunos de los que no se sumaron al paro sencillamente piensan que la reforma es necesaria para crear empleo o, cuando menos, consideran plausibles las razones del Gobierno. Como también habrá quien no haya secundado la huelga por estar en contra de los sindicatos mayoritarios, o de los sindicatos en general.

            Sea como fuere, todas estas razones no explican por sí solas que la convocatoria no fuera más masiva de lo que fue, ni que el seguimiento de la misma sea mayor en el sector público, el que menos se juega, que en el privado, ni que Canarias, con más de un 30 por ciento de desempleo y un 27,5 por ciento de pobreza relativa, sea la comunidad autónoma en la que hubo un menor seguimiento de la huelga. Lo que nos lleva a pensar que acaso la razón de más peso para explicar por qué precisamente los trabajadores más vulnerables son los que menos secundan el paro tenga mucho que ver con la coacción empresarial y el caciquismo aun existente en estas ultraperiféricas islas. Y es que, por más que tan respetable sea el derecho a acudir al trabajo como a ejercer la huelga, lo cierto es que todos sabemos lo que hace el Gobierno para garantizar el derecho a ir a trabajar de los que no secundan el paro, pero seguimos sin saber qué hace para proteger a los que quieren ir a la huelga y no pueden por miedo a los piquetes empresariales, que también existen.