Las recomendaciones de la OCDE

L

a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es uno de esos organismos internacionales de dudosa legitimidad que se dedica a dar recomendaciones, tanto a los países miembros como a los que no lo son, sobre las políticas que deben ser implementadas en aras de la buena marcha de la economía. Con el pretexto de estimular el crecimiento económico, la OCDE lleva a cabo una suerte de apología del neoliberalismo, cuyos resultados, más allá de si alcanzan el pretendido objetivo del crecimiento de la economía, suelen ser bastante perjudiciales para los más desfavorecidos de la sociedad en los países más ricos, no digamos ya en los más pobres. Y es que por más que su objetivo declarado sea “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”, lo cierto es que las políticas de marras por lo general consiguen mejorar las condiciones de vida de las élites económicas en perjuicio del resto.

            Una muestra de cómo pretende la OCDE fomentar el bienestar económico y social la constituye el último informe anual presentado en Moscú el pasado viernes, en especial, por la parte que nos toca, las recomendaciones a España. Entre las diversas perlas ofrecidas por su secretario general, Ángel Gurría, cuyo salario lo desconozco pero lo presumo astronómico, se halla la receta mágica para los tiempos de crisis: la moderación salarial. Según Gurría, en España es necesario suprimir la extensión legal de los convenios colectivos y ajustar los salarios a las condiciones económicas del momento. La propuesta de Gurría no puede sino causar indignación, toda vez que los salarios ya se han reducido de hecho tanto en el sector privado como en el público, mientras que quienes se sientan en el consejo de administración de cualquiera de las grandes empresas españolas tienen unos ingresos anuales de cientos de miles de euros cuando no superan el millón. Y no contento con su propuesta de ajustar los salarios -ya sabemos de quiénes- a las condiciones actuales, Gurría insistió en que las prestaciones por desempleo sólo se deben abonar a quienes busquen activamente un trabajo. ¡Como si de repente en los últimos años millones de personas hubieran decidido dejar de trabajar para irse a cobrar el paro!

            El informe de la OCDE presentado por Gurría tampoco dejó bien parado al sistema educativo español ni, por extensión, a los profesionales de la enseñanza. Y es que según Gurría, el bajo nivel de la educación española, tanto secundaria como universitaria, incide negativamente en el empleo, pues hace que los trabajadores sean poco competitivos. Y desde luego hay que reconocer que el sistema educativo admite mejoras, empezando por aquella que consiste en no cambiar el marco legal cada vez que un partido político se hace con el gobierno, pero no será tan malo cuando nuestros titulados universitarios son demandados en países con economías tan competitivas como Alemania.