La perversión de los 'contrafácticos'

L

as últimas declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con respecto a los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hace unos días muestra una vez más la afición de nuestros gobernantes a los contrafácticos. Y es que según la ministra, a pesar de que en España haya casi seis millones de parados y de la grave recesión económica por la que atraviesa el país, el Gobierno está implementando las medidas necesarias para salir de la crisis y, seguidamente, crear empleo. Medidas estas en las que Báñez incluye la reforma laboral, como si de una medida de gran éxito se tratara. El sentido común y la lógica más elemental nos dicen que la reforma de marras sólo ha servido para facilitar el despido de cientos de miles de trabajadores, pero la ministra invierte el argumento por la vía del contrafáctico y señala que si no se hubiese llevado a cabo la reforma laboral, la destrucción de empleo habría sido mucho mayor.

            El término contrafáctico no está recogido en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de la lengua, pero, en mi modesta opinión, debiera estarlo. Ello es así porque, si nos atenemos a la teoría del significado desarrollada por Ludwig Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, el significado de las palabras viene dado por el uso que los hablantes hacen de las mismas, y resulta claro que el palabro tiene un uso lo suficientemente extendido y consolidado, al menos entre los filósofos y científicos sociales, quienes han dedicado no pocas páginas a esta cuestión, como para ser recogido en el DRAE. Como se echa de ver, contrafáctico cobra su significado por oposición a fáctico, a lo acontecido, a lo que es un hecho, de manera que un contrafáctico vendría a estar constituido por todo aquello que sin haber ocurrido podría haberlo hecho, es decir, aquello que sin formar parte de la realidad presente o pasada, forma parte, en cambio, de la realidad posible, de la que pudiera acontecer o, incluso, de la que podría haber ocurrido.

            Los contrafácticos, que  toman la forma del razonamiento de Báñez en el que el antecedente es falso, son pues de suma importancia en el campo de la lógica, por las implicaciones que tienen de cara a las reglas del razonamiento. Mas son asimismo de la máxima relevancia en el ámbito de la ética, pues si no dispusiéramos de ellos entonces estaríamos sometidos al imperio de los hechos en el peor sentido de la expresión, es decir, todo lo acontecido habría ocurrido por necesidad y, lo que es peor, todo lo que está por ocurrir seguiría la misma lógica fatalista. Sólo desde una perspectiva contrafáctica podemos intervenir en el curso de los hechos y aspirar a la construcción de un mundo mejor. Sin embargo, el uso que los gobernantes hacen de ellos es a todas luces perverso, pues están orientados a justificar sus decisiones impidiendo toda crítica posible, mediante el tramposo y contrafáctico argumento de si no hubiésemos hecho lo que hicimos, la situación sería muchísimo peor, de manera que, hagan lo que hagan, siempre actúan correctamente. Lo que, por descontado, es indemostrable, además de falso. 

La corrupción estructural

Q

ue la ciudadanía está cada vez más alejada de la clase política no es ningún secreto ni, a estas alturas -acaso debiéramos decir bajuras-, debería sorprender a nadie, habida cuenta del deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de los ciudadanos y de los indignantes casos de corrupción vinculados a los grandes partidos políticos que un día sí y otro también ocupan las portadas de los distintos medios de comunicación. Sin embargo, cada vez que algún analista se aviene a hacer algún comentario sobre la corrupción de la clase política, ya sea en una tertulia radiofónica, en un debate televisivo o mediante un artículo de opinión, enseguida aparece alguien, cuando no es el propio analista, que se apresura a señalar que no se puede generalizar y que la mayor parte de los políticos son personas honestas, que su dedicación a la política tiene que ver ante todo con una vocación de servicio público y que, en definitiva, por el hecho de que haya unos cuantos políticos corruptos no se puede colgar a todos la etiqueta de la corrupción.

             Este tipo de argumentaciones en contra de las generalizaciones indebidas en materia de corrupción son cada día más difíciles de sostener. Desde luego, no albergo muchas dudas con respecto a que existan personas honradas que hayan decidido dedicarse activamente a la política, mas ello no me impide pensar que la corrupción en política es algo generalizado, como prueba el hecho de que en todos los grandes partidos políticos hay casos de corrupción en los que están implicadas las élites de los mismos. Para nuestra desgracia, las hemerotecas están llenas de casos, recientes y más lejanos en el tiempo, de corruptelas que implican a las élites políticas en todos los niveles de la administración pública. Y aunque no es cuestión de rememorarlos todos, sí quisiera recordar algo que fue noticia antes de que estallara la crisis, en los primeros años de la década de 2000, y que muestra hasta qué punto la corrupción es ciertamente un fenómeno mucho más generalizado de lo que se quiere reconocer: el hecho de que los bancos condonaran deudas a todos los grandes partidos políticos.

            Alguna razón ha de haber para que los bancos, que no perdonan un céntimo a nadie, los mismos que ordenan los desahucios sin que les tiemble el pulso a sus dirigentes, den un trato diferenciado a los partidos políticos, pues sabido es que nadie da duros a cuatro pesetas y los bancos menos. Lo que nos lleva a pensar que independientemente de si existen o no políticos honestos, la corrupción en la política es algo estructural, pues los partidos son de por sí estructuras corruptas que no tendrían la más mínima oportunidad de participar en la encarnizada lucha por el poder si no acudieran a prácticas deshonestas, ya que las cuotas de sus afiliados se revelan a todas luces insuficientes para financiar el funcionamiento ordinario de los partidos, no digamos ya en campaña electoral, que requiere ingentes cantidades de dinero. Y así las cosas, la honestidad personal de los políticos es lo de menos, pues es el propio sistema el que se revela corrupto.

           

            

Incontinencia verbal y talante democrático

E

n Quebec, Canadá, se han llevado a cabo varios referendos para que la población de esta región francófona se pronuncie sobre su independencia en la más absoluta normalidad democrática; en estos días el primer ministro británico, David Cameron, ha firmado un acuerdo con el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, para que en 2014 se celebre un referéndum y que sean los escoceses quienes decidan si se erigen en un estado independiente o se mantienen dentro del Reino Unido; en España, en cambio, ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición parecen estar dispuestos a permitir que en Cataluña tenga lugar un referéndum y que sean los catalanes quienes decidan si se independizan o no. Y por más que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, insista en que no se pueden establecer paralelismos entre Escocia y Cataluña porque los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de España son diferentes, tengo para mí que la gran diferencia radica en el talante democrático de los gobernantes españoles y británicos: Cameron, que no es lo que se dice un abanderado del progresismo, entiende perfectamente que la decisión deben tomarla los escoceses; el Gobierno español, en cambio, se cierra en banda y ni siquiera admite que los catalanes se pronuncien.

               Así las cosas es normal que la tensión vaya in crescendo en uno y otro lado. Y lo que desde luego no ayuda al diálogo racional, si es que ello es posible, son los excesos lingüísticos del ministro Wert, quien parece haberse empeñado en sustituir a Esperanza Aguirre no al frente de la Comunidad de Madrid, por supuesto, sino como número uno en la lista de políticos con mayor incontinencia verbal. Tanto es así que la propia Aguirre ha salido a la palestra y ha secundado las célebres palabras de Wert con las que éste expresara hace unos días su idea de lo que ha de ser la educación en Cataluña: “Nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”, dijo el ministro, en lo que, más allá del revuelo suscitado, parece una mala estrategia por parte de Wert, pues si lo que pretende es españolizar a los niños catalanes, implícitamente reconoce que tales niños no son españoles, pues, de lo contrario, no tendría sentido españolizarlos, con lo que, suponemos que sin querer, el ministro estaría dando la razón a aquellos catalanes que consideran que ni ellos ni sus hijos son españoles.

            Pero Esperanza Aguirre, que no parece estar dispuesta a que Wert le arrebate por las buenas su bien ganado título de incendiaria verbal número uno, no se quedó ahí, sino que dejó claro que la idea de españolizar a los niños catalanes no es de Wert sino de la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, y que, en cualquier caso, la educación no puede consistir en manipular sino en instruir, es decir, enseñar a los niños a leer, sumar y la historia verdadera de España que, según Aguirre,se remonta a 3000 años atrás. Y todo ello en un acto en la campaña electoral de Galicia cuando se cumple una década del desastre del Prestige. El patinazo de Aguirre es comprensible, porque en su disputa por el título, Wert había llamado extremistas de izquierdas y antisistemas a los alumnos de secundaria que están en huelga en contra de los recortes en educación y a los padres que la apoyan no enviando hoy a sus hijos a los centros docentes, y, claro, Aguirre no se iba a quedar atrás. Una muestra más del talante democrático de los políticos que nos gobiernan y de los que han dejado de hacerlo. 

Un anarquista (pijo) en la Audiencia Nacional

H

ay que ver lo que está dando de sí mediáticamente una manifestación que, según los más conservadores, fue un rotundo fracaso. Me refiero, claro está, a la del 25-S, a propósito de la cual estamos siendo testigos de enfrentamientos de todo tipo en el seno de las más altas instituciones del Estado. La verdad es que la expresión “las más altas instituciones del Estado” da hasta miedo porque parece como si estuviéramos hablando de un ente abstracto y omnipotente, casi como Dios, pero en el más acá. Mas dejémonos de digresiones y vayamos a lo que íbamos: en relación con el 25-S hemos podido asistir al enfrentamiento de políticos contra políticos, jueces contra jueces y, finalmente, jueces contra políticos, amén de las disputas dialécticas que pueda haber habido entre los ciudadanos, pero esos, ya se sabe, no forman parte ni de las más altas instituciones del Estado ni de nada.

            En un principio, lo comentábamos en la anterior entrega de LUCES DE TRASNOCHE, hubo un acuerdo generalizado entre los miembros de la clase política a la hora de mostrar su disconformidad con la manifestación (lo de Cayo Lara es aparte porque, ya lo decíamos, pretende ser diputado sin formar parte de la clase política), si bien es cierto que a los más progresistas tal desacuerdo no les impidió expresar su rechazo a la violencia policial, mientras que los PoPulares elogiaron la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Mi madre, cómo suena eso! Ahí empezaron las discrepancias. Al tiempo que unos criticaban la desproporcionalidad de la policía, otros la felicitaban, empezando por el propio ministro del Interior, Jorque Fernández Díaz, quien, por cierto, al felicitar a la policía es casi como si se felicitara a sí mismo, puesto que se supone que los agentes cumplen las órdenes de la delegada del Gobierno en Madrid, quien, a su vez, obedece al ministro. Y las discrepancias entre políticos podrían haber quedado ahí, si no fuera porque a la mencionada delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con la locuacidad, que no elocuencia, que la caracteriza, no se le ocurrió otra cosa que proponer que se modulara el derecho de manifestación. Menos mal que tal ataque a los derechos fundamentales no fue bien acogido ni entre los miembros de su partido, al menos de momento.

            El otro enfrentamiento al que nos referíamos es el que ha tenido lugar entre los magistrados. Y es que tanto el director general de la policía, Ignacio Cosidó, como la delegada del Gobierno, que por supuesto no son jueces, no han cejado en su empeño de que se juzgue en la Audiencia Nacional por delitos contra el Estado a los 34 manifestantes detenidos. Sin embargo, desde la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz no consideró que hubiera indicios de un delito de esta magnitud, por lo que a los detenidos se les tomó declaración en un juzgado de instrucción de Madrid. Y hete aquí que la jueza, a sabiendas de que el juez Pedraz había rechazado que fuese competencia de la Audiencia Nacional, se inhibe y traslada el caso a dicha instancia porque entiende que sí hay indicios de delito contra el Estado. Lo que va a pasar con respecto a tal inhibición de la jueza está por ver, aunque el auto con el que el juez Pedraz ha archivado el caso abierto contra los ocho promotores del 25-S deja lugar a pocas dudas. Y es que el juez no sólo señala que la convocatoria de la manifestación no es constitutiva de delito alguno y está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que insiste en que no se puede “prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

            El varapalo dado por el auto de Pedraz al Gobierno y su alusión a la decadencia de la clase política no han sentado nada bien a los PoPulares, y aunque la mayoría ha expresado su tradicional respeto por las decisiones judiciales, otros no han podido contenerse y han arremetido contra Pedraz. Es el caso del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien se mostró indignado –se intercambian los papeles- y llamó al juez, suponemos que a modo de insulto, “pijo ácrata”. Ya ven, lo dice Hernando, tenemos un anarquista en la Audiencia Nacional. Y ojalá sea cierto, porque, convendrán conmigo, pijo o no es lo de menos, esto sería más motivo de celebración que de pesadumbre.           

Reacciones al 25-S

P

asó el 25-S y, que se sepa, seguimos disfrutando, acaso debiéramos decir padeciendo, la misma democracia que teníamos el 24 de septiembre. Mas ello no debe hacernos pensar que la manifestación fuera un fracaso, pues si bien es evidente que ni se ha disuelto el Parlamento ni se ha iniciado ningún proceso constituyente, y que nuestro sistema sigue adoleciendo de los mismos déficits democráticos, lo cierto es que tanto por el número de asistentes como por la repercusión mediática de la manifestación, se puede afirmar que la convocatoria tuvo un notable éxito. Y es que las imágenes de lo acaecido el 25-S en Madrid han dado la vuelta al mundo y han provocado el sentimiento de indignación en cientos de miles de ciudadanos que se desahogan en las redes sociales al tiempo que expresan así su solidaridad con los manifestantes.

            Que las imágenes del 25-S en Madrid hayan sido retransmitidas por televisión es algo que no ha gustado nada al presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, otro demócrata de toda la vida, quien no ha dudado en mostrar su malestar calificando las retransmisiones de auténtico “disparate”, no porque no sea partidario de la transparencia, dice, sino porque “incitan a manifestarse”. De lo que se desprende que Mayor Oreja entiende que en una sociedad democrática lo peor que pueden hacer los ciudadanos es manifestarse, salvo que éstos estén tutelados por el Foro de la Familia y el cardenal Rouco Varela, veladores de las esencias patrias y del espíritu de la tradición nacional. Y aunque la verdad es que las declaraciones de Mayor Oreja ya no sorprenden a nadie, no dejan de causar cierta perplejidad, pues francamente no se sabe qué es peor, si que a Mayor Oreja le moleste que los ciudadanos se manifiesten o que pretenda sustraerles su derecho a estar informados sobre los acontecimientos de interés público.

            Las declaraciones de marras constituyen sólo un ejemplo de la manera en que la denominada clase política reacciona ante las críticas y las protestas de la ciudadanía. Y es que ya antes de que tuviera lugar la manifestación, algunos como Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, tuvieron la desvergüenza de comparar una manifestación pacífica que fundamentalmente reivindicaba más democracia con el golpe de Estado del 23-F. Desde las filas del Partido Popular, sin llegar siempre a estos extremos, no se ha parado de elogiar el trabajo de la policía el día de la manifestación, trabajo que consistió, básicamente, en ejercer una represión brutal sobre unos ciudadanos que, en su inmensa mayoría, se manifestaban pacíficamente. Tampoco quienes militan en partidos supuestamente de izquierdas se han mostrado demasiado ecuánimes, pues si bien la mayoría ha expresado su rechazo a la violencia policial, en general también han estado disconformes con una manifestación que, dicen, incompresiblemente ponía en la piqueta a los representantes, sin excepciones, de la soberanía nacional. Pero el que sin duda se lleva la palma entre los izquierdistas es Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, quien no sólo estuvo un rato en la manifestación, sino que aseguró no pertenecer a la clase política, que es como ser el dueño de un banco y decir que no se es banquero.