A vueltas con los impuestos

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ajar impuestos es de derechas o de izquierdas? Pues yo diría que depende. Tradicionalmente se ha entendido que bajar los impuestos es lo que defiende la derecha y que subirlos es lo propio de una política de izquierdas. Esto es lo que, en general, se ha venido sosteniendo, con excepciones como la de José Luis Rodríguez Zapatero, quien allá por el año 2003 señalara que “bajar los impuestos es de izquierdas”. También en la derecha hemos visto cómo, al menos en la práctica, se puede contradecir esta visión tradicional de los impuestos. Tal sería el caso del nunca bien ponderado Mariano Rajoy, quien prometió en la oposición bajar los impuestos pero hizo todo lo contrario en cuanto fue elegido presidente del Gobierno. Mas, zapateradas y marianadas aparte, lo cierto es que hay razones ideológicas para pensar que es la derecha la que, en principio, estaría más a favor de bajar los impuestos, pues para la ortodoxia liberal la propiedad privada es sagrada y el cobro de impuestos destinado a redistribuir la riqueza, que es la finalidad de las políticas públicas, carecería de legitimidad.

En esto ha consistido, en esencia, el discurso liberal sobre los impuestos. Ocurre que, en España, algunos presupuestos de la socialdemocracia han sido asimilados, acaso a regañadientes, incluso por la derecha más ultraliberal, hasta el punto de que a ningún partido político se le ocurriría incluir en su programa el desmantelamiento del Estado de bienestar. A nadie se le esconde que el sostenimiento de dicho Estado de bienestar solo puede hacerse a base de políticas públicas orientadas a la cohesión social, las cuales cuestan dinero y para sufragarlas es necesario que el Estado disponga de ingresos que han de proceder de los impuestos de los contribuyentes. Es por ello que en el discurso liberal más reciente se esconden las razones ideológicas y se disfrazan de razones técnicas: bajar los impuestos, se arguye, es una cuestión de eficacia, pues de ese modo se genera economía y, a la postre, se incrementan los ingresos del Estado, ya que habrá más personas y empresas tributando, lo cual, añadimos nosotros, no se ha podido acreditar empíricamente nunca.

Así las cosas, si queremos mantener el Estado de bienestar, si queremos garantizar los derechos sociales de toda la ciudadanía, no queda otra que pagar impuestos y, desde esta perspectiva, la izquierda debería tener claro que bajar los impuestos es una política que atenta contra el principio de igualdad social que se pretende defender. Ahora bien, si se considera que los impuestos son necesarios como medida para redistribuir la riqueza, no tiene sentido que todos contribuyamos por igual, pues los tributos, en justicia, deben ser progresivos y proporcionales a la riqueza de cada uno. Es por ello que subir los impuestos a las rentas más altas y bajarlos a las más bajas es perfectamente compatible con lo que, a mi juicio, cabría esperar de un gobierno de izquierdas. Como lo es también que se incrementen los impuestos directos y se bajen los indirectos, como el IVA o el IGIC, los impuestos al consumo, pues se trata a todas luces de tributos injustos en la medida en que se cobran a todos por igual, lo mismo a los más ricos que a los pobres de solemnidad. ¿Bajar los impuestos es de derechas o de izquierdas? Pues depende de qué impuestos se bajen y a quién. 

Impuestos y derechos humanos

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n el debate filosófico sobre los derechos humanos, los más ultraliberales, los defensores del Estado mínimo, como fueran en su día Robert Nozick, Milton Friedman o Friedrich von Hayek, afirman que los únicos derechos que pueden ser considerados derechos humanos son los denominados derechos de la primera generación, los derechos negativos, los derechos de libertad, es decir, los derechos civiles y políticos, pero que los derechos de la segunda generación, los derechos positivos, inspirados en la igualdad, a saber, los económicos, sociales y culturales, no pueden ser considerados derechos universales y, por ende, no pueden formar parte de los derechos humanos. Es por ello que desde esta corriente del pensamiento que, en suma, es la que inspira a la derecha liberal en Occidente, se miran los impuestos con recelo, pues estos son, para ellos, poco menos que un robo, sobre todo si están dirigidos a redistribuir mínimamente la riqueza y a paliar las desigualdades sociales.

    Frente al liberalismo conservador, ultraliberal o, para emplear una expresión más al uso, el neoliberalismo, se halla el liberalismo igualitario defendido por Johh Rawls o Ronald Dworkin, cuyos postulados son similares a los de la socialdemocracia europea. En esta línea, Ernst Tugendhat ha señalado que la propiedad privada que tanto preocupa a los teóricos del Estado mínimo es en realidad una institución social que viene respaldada por el propio Estado, sin el cual no podría existir. Y que tal Estado, que es el que garantiza la propiedad privada, para ser legítimo ante los no propietarios, debe hacerse cargo de una mínima redistribución de la riqueza que permita a todos acceder a unas condiciones materiales de vida dignas.  La función principal de los derechos humanos es proteger la dignidad de las personas, y puesto que esta sufre tanto si se viola la libertad del individuo como si se atenta contra la igualdad, entonces resulta obvio que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos del mismo rango que los derechos civiles y políticos. Y tales derechos solo se pueden garantizar mediante el cobro de impuestos que habrán de ser progresivos y proporcionales a la riqueza de cada uno.

    La propuesta de Tugendhat en torno al Estado legítimo, aun siendo más plausible que las diatribas neoliberales, adolece de un problema, ya que el Estado, en rigor, jamás será una institución legítima, pues la única relación que el individuo puede mantener con el Estado, para decirlo con Javier Muguerza, es la que mantiene el siervo con el señor. Mas si dejamos este matiz libertario para otro momento, ahora que en España el tema de los impuestos vuelve a estar en el centro de la contienda política, creo que conviene analizar las diferentes posiciones a la luz del debate en torno a los derechos humanos. Y es que el impuesto de patrimonio, el impuesto a las grandes fortunas, los impuestos a la banca y a las grandes compañías energéticas que defienden el Gobierno y los partidos de izquierdas son coherentes con una concepción de España como un Estado social y democrático de derecho, que es como se establece en la Constitución, mientras que estar en contra de estos impuestos, como hacen el Partido Popular y Ciudadanos, es más propio de quienes preferirían que España se definiera como un simple Estado liberal, si es que no un Estado democrático pero iliberal, como parece ser la propuesta de Vox. 

No son leyes naturales

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ay que ver el  revuelo mediático, social y político que se ha armado a raíz de la última propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra Trabajo y de Economía Social, para abaratar los costes de los alimentos. A decir verdad, no queda muy claro qué es lo que propone la vicepresidenta, pues si en un principio parecía  que  se trataba de fijar un tope al precio de los alimentos indispensables, posteriormente se dio a entender que lo que se pretende no es tanto poner un límite sino invitar a las grandes distribuidoras de alimentos a que ofrezcan a los consumidores una cesta  de la compra con productos básicos a un precio económico para, de ese modo, ayudar a las familias a sortear la inflación que anda en torno al 10 por ciento en general, pero, en lo que a la compra del supermercado se refiere, alcanza ya el 30 por ciento. ¡Ahí es nada!

Que la propuesta de la ministra no sea del todo clara no es algo que deba extrañarnos demasiado, pues, aunque no siempre, la falta de claridad es una de las características de la que, según dicen, es la ministra mejor valorada. Y es que Yolanda Díaz forma parte del Gobierno por la cuota de Unidas Podemos, pero ella misma no se cansa de repetir que ni es de Podemos ni de Izquierda Unida, aunque tenga el carnet del Partido Comunista de España, que es la principal fuerza política de cuantas conforman Izquierda Unida. Yo, francamente, no consigo entenderlo, porque es como ser y no ser al mismo tiempo, lo cual atenta contra los más elementales principios de la lógica, como son el principio de no contradicción  y el principio del tercero excluido. Y por si su relación con Podemos e Izquierda Unida no fuera lo suficientemente confusa, ahí está la ministra liderando ese proyecto sin líderes llamado Sumar, al margen de los partidos, que se supone que nace de la ciudadanía, aunque se diría que lo está alumbrando la propia Yolanda Díaz.

Si traigo a colación estos ejemplos no es sino para mostrar que, en efecto, la figura de la ministra de Trabajo y Economía Social es deliberadamente ambigua. Mas dicha ambigüedad no ha impedido  que la vicepresidenta haya sido capaz en varias ocasiones de poner de acuerdo a agentes sociales tan antagónicos como los sindicatos y las organizaciones empresariales. De ahí que, pese a su falta de claridad, podamos ser moderadamente optimistas con respecto a que la ministra logre fraguar un consenso sobre la necesidad de implementar un conjunto de medidas, ya veremos cómo se concretan y si hay o no acuerdo, que consigan abaratar el precio de la compra, que, sobre todo para las familias más vulnerables, ha alcanzado unos niveles inasumibles. Y ello a pesar de que las derechas mediáticas, sociales y políticas insistan en la imposibilidad de  llevar a cabo la propuesta de  Yolanda Díaz. Tampoco se podía poner un tope al precio del gas ni bajar el IVA al consumo de energía eléctrica y finalmente se hizo. Y es que las leyes que regulan la economía no son leyes naturales y, por lo tanto, se pueden modificar. 

Una anomalía democrática

 

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a visita del rey emérito ha hecho que el debate en torno a la monarquía se haya vuelto a abrir, algo que, en los últimos tiempos, ocurre con cierta periodicidad. La figura de Juan Carlos I, que otrora contaba con el reconocimiento social y político, si no unánimemente al menos sí mayoritariamente, se ha vuelto polémica, si es que no directamente molesta. Y es que el viejo monarca molesta si se queda en Abu Dabi, pero también molesta si viene a España, de manera que nos pasa con Juan Carlos algo similar a lo que a aquel sufrido amante, que a ritmo de bolero se lamentaba diciendo aquello de “ni contigo ni sin ti…”. A monárquicos y juancarlistas les incomoda la figura de aquel al que tanto admiraron y piden, ahora, que si viene a España lo haga con decoro y, sobre todo, que dé explicaciones. Pero, ¿explicaciones de qué?, para decirlo al modo regio. No pretenderán que alguien que ha hecho lo que ha hecho amparado en la inviolabilidad que le reconoce nuestra Constitución, la ley de leyes, dé una rueda de prensa explicando el modus operandi de sus trapacerías.

La derecha, que para seguir con nuestras contradicciones patrias en España se declara liberal y monárquica, acusa al Gobierno de atacar a la Jefatura del Estado, el moderado Feijóo dixit, mientras que la izquierda, la izquierda del SOE que es una suerte de derecha moderada, cierra filas en torno al rey Felipe VI y aduce que el emérito debe dar explicaciones precisamente para proteger la dignidad de la Corona, ahí es nada. ¿Se imaginan ustedes lo bien parada que saldría la monarquía si Juan Carlos nos explicara sus cuitas? Algo así deben pensar en los partidos políticos situados a la izquierda del PSOE cuando insisten también en la necesidad de que el emérito dé explicaciones. El debate, como decíamos, está abierto, tanto que se debate incluso sobre lo que se debe debatir, pues mientras algunos políticos y analistas consideran que lo que está en juego es la monarquía como institución, otros aseguran que, precisamente para proteger a la Corona el debate se ciñe a la figura de Juan Carlos; y hay también quien afirma que la Jefatura del Estado no debería formar parte del debate político y acusa a los partidos de politizar la monarquía.

A mi modo de ver, claro que en una democracia se puede discutir sobre el modelo de Estado que se quiere y es bueno que los distintos partidos se pronuncien al respecto. Del mismo modo que, por más que se pretenda separar la controversia en torno a la figura de Juan Carlos I de la monarquía como institución, resulta evidente que son inseparables, toda vez que los actos fraudulentos cometidos por el monarca emérito solo pudo llevarlos a cabo en su condición de rey y al amparo de la inviolabilidad que le concede la ley. Así que, más que discutir cómo debería comportarse el rey emérito, un nada venerable anciano, deberíamos plantearnos si reformamos la Constitución para que la inviolabilidad del Jefe del Estado no se extienda a sus actos privados y para decidir si España sigue siendo una monarquía parlamentaria, lo que no deja de ser una anomalía democrática toda vez que atenta contra uno de los principios elementales de la democracia como es el de la igualdad ante la ley.

El deterioro de la democracia

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uando el siempre polémico Pablo Iglesias, hace ya algo más de un año, señaló que “en España no hay plena normalidad democrática”, no fueron pocos los que se rasgaron las vestiduras y corrieron a defender la plenitud de la democracia española. Entonces, uno de los argumentos de los demócratas ofendidos, entre los que se encontraban varias ministras de la parte socialista del gobierno de coalición, fue que España formaba parte del restringido grupo de democracias plenas reconocidas por la prestigiosa revista The Economist. Ahora, y desde hace ya varios meses, España no se encuentra en la lista de marras y ha pasado a figurar, según la misma revista, cuyo prestigio sigue, suponemos, intacto, entre el no tan selecto grupo de democracias defectuosas. Y es que, según The Economist, la incapacidad demostrada para renovar el Consejo General del Poder Judicial impide que España pueda seguir siendo considerada una democracia plena; mas esta degradación de nuestra democracia, incomprensiblemente, no parece que preocupe demasiado a nadie, ni tan siquiera a aquellos a quienes tanto ofendieron las declaraciones de Iglesias en su momento.

El informe de The Economist indicaba también que, en general, todas las democracias se han deteriorado como consecuencia de la lucha contra la pandemia de Covid-19, lo cual resulta ciertamente preocupante, pues se diría que la democracia, cuya razón de ser es la protección de la libertad individual y la igualdad, resulta menos eficaz a la hora de proteger la salud de los ciudadanos que otros regímenes menos preocupados por garantizar los derechos humanos. Una vez más, en el viejo y falso debate entre libertad y seguridad, parece que los Estados volvieron a seguir la senda de Hobbes. Y es que el Estado, por muy social y democrático de derecho que se defina, es antes que nada Estado, una estructura de dominio que históricamente se ha revelado como el mayor enemigo de la libertad del individuo. En España, la degradación de la democracia con el pretexto de salvaguardar la salud se tradujo en la suspensión de derechos fundamentales, lo que nunca debió ocurrir, pues una cosa es limitar dichos derechos y otra bien distinta lo que hizo el Gobierno, que por más que insistiera en que se trataba de una simple restricción se empleó a fondo en su suspensión, como ha acreditado el Tribunal Constitucional.

En las últimas semanas hemos sabido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha dedicado a espiar a un buen número de independentistas catalanes. Lo supimos gracias a la revista The New Yorker, que anunció que España había espiado mediante el ya célebre programa Pegasus a más de 60 personas. A raíz de la información de la prestigiosa revista que, sorprendentemente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice no conocer, el CNI ha reconocido que se espió a 18 independentistas con autorización judicial, según ha salido publicado en la prensa. La legalidad de la medida, así como la destitución de Paz Esteban, la jefa de los espías, son los argumentos con los que el Gobierno ha pretendido zanjar la crisis. Sin embargo, tengo para mí que el problema sigue ahí, pues nada se sabe de los 40 independentistas espiados, siempre siguiendo a The New Yorker, cuya credibilidad se me antoja de bastante mayor solvencia que la del Gobierno de España que anda más bien de capa caída. Se trataría de una flagrante violación de los derechos humanos que contribuye a incrementar el deterioro de la democracia española que, como todas las democracias modernas, ya presenta bastantes problemas de legitimidad sin necesidad de la intervención de las cloacas del Estado.