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l Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy nos regaló la semana
pasada otro viernes negro: un nuevo machetazo a los derechos de la ciudadanía
que, una vez más, se ceba en los más débiles. El paquete de (des)medidas para
combatir la crisis nos muestra de nuevo la afición del presidente del Gobierno
para hacer lo contrario de lo que dijo que haría en la campaña electoral, hace
menos de un año. Y es que Rajoy habla poco, pero cuando lo hace es generalmente
para desdecirse a sí mismo, de suerte que parece haber entrado en una especie
de bucle irresoluble de desmentido tras desmentido. Tanto es así que el
secretario de organización soecialista,
Óscar López, ha acusado al Gobierno de “mentiroso y ocultista”, porque, según dice, para saber en qué consisten las acciones
gubernamentales hay que acudir al BOE.
Digan lo que digan los soecialistas, que desde luego tampoco
son el paradigma de la transparencia, hay que reconocer que en algo no han
mentido los imPoPulares: nos dijeron
en primavera que nos fuéramos preparando porque en verano habría más ajustes y,
¡joder!, haberlos, los ha habido. Lo que aún no nos han dicho es si tales recortes
serán los últimos o aún quedan más acometidas; pero si tal como ha señalado la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta finales de año
restan por aprobar unas veinte leyes, mucho me temo que tendremos que sufrir
una veintena de machetazos más. De momento, con el pretexto de la crisis, le
han metido una nueva tajada al sueldo de los empleados públicos y a las
prestaciones por desempleo, lo cual, junto a la subida del IVA, es a la crisis
como la gasolina al fuego.
Rajoy, que cada día que
pasa se parece más al ZúperPresidente
que desbancó del Gobierno, explicó que hace lo que hace -cuando hace algo, habría que añadir-, no porque le guste sino porque es su deber. ¡Qué
kantiano nos ha salido el presidente! ¡Ni que machacar a la mayor parte de la
población fuera el quid del imperativo categórico! Y en similares términos se
expresó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en un alarde más de
elusión de responsabilidades señaló a las exigencias de la Comisión Europea en
relación con el déficit público como la causa del machetazo del último viernes.
Pero la que verdaderamente se lleva la palma con sus declaraciones es Soraya
Sáenz de Santamaría, que sin ruborizarse lo más mínimo aseguró que las (des)medidas
de marras adoptadas por el Gobierno no sólo son “necesarias e inaplazables” sino
que además responden a criterios de “justicia y equidad”. Y lleva razón la
vicepresidenta, porque al mismo tiempo que sustrae la extra de Navidad a los
empleados públicos o recorta la prestación a los parados que aún la cobran, el
Gobierno, para ser justo y equitativo, ha rebajado el sueldo a sus propios
ministros, quienes verán cómo su mísero salario de casi 70.000 euros anuales
disminuirá un 7.5 por ciento.
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