A vueltas con la libertad de expresión

E

stá claro que en España casi nadie es, ideológicamente, quien dice ser. Ni siquiera entre los nuevos partidos. Ahí tenemos a Podemos, que afirma no ser ni de derechas ni de izquierdas, como proclamaban los indignados del 15-M, cuando son claramente identificables con la izquierda tanto si atendemos a sus propuestas como si nos fijamos en la procedencia de sus líderes y militantes. Lo mismo sucede con Ciudadanos, que también presume de no ser ni de derechas ni de izquierdas, aunque en este caso no se trata tanto de situarse más allá de las ideologías sino de ocupar el centro ideológico. Un centro ideológico bien escorado hacia la derecha, claro está, y en el que cabe gente procedente de la mismísima Falange. ¡Menudo centro!

            El fenómeno no es nuevo y, por supuesto, afecta también a los viejos partidos: Izquierda Unida gira en torno al Partido Comunista y, sin embargo, hace ya tiempo que renunció a la revolución social, de suerte que sus propuestas son las propias de la socialdemocracia; en el PSOE, que desde que renegaron del marxismo se declaran socialdemócratas, sostienen un discurso más afín al liberalismo, siquiera sea de corte igualitario, que al socialismo democrático; los partidos nacionalistas, por su parte, tampoco han sido nunca muy claros en lo que se refiere a sus aspiraciones nacionales, sobre todo en lo que respecta a Canarias; y en el Partido Popular, por más que presuman de liberales y hasta de ser un partido de centro reformista cuando Aznar era su presidente, lo cierto es que el liberalismo que dicen defender muchas veces brilla por su ausencia dejando a la luz el rancio conservadurismo de sus esencias.

             Buen ejemplo de esto último son las distintas leyes que el Gobierno ha promulgado, desde la nonata ley del aborto del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, hasta la ley mordaza que ya estamos padeciendo por obra y gracia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la funesta ley Wert de educación, la Lomce, que tan pretenciosa como falsariamente dice, desde su propio título, promover la mejora de la calidad educativa. Mas el último escándalo que revela el escaso apego del PP a los principios liberales lo ha protagonizado el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien recientemente se mostró partidario de sancionar a los medios de comunicación que difundan información sobre casos que se hallen bajo secreto de sumario. Un ataque en toda regla a la libertad de expresión y al derecho a la información que, no lo olvidemos, más allá de formar parte de los principios definitorios de la mejor tradición liberal, son derechos humanos fundamentales y constituyen algunos de los pilares sobre los que debe sustentarse cualquier democracia digna de ese nombre.