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uienes se hallan instalados en el poder, ya sea el político, el económico o
el poder de cualquier índole, tienen por costumbre apropiarse de aquellas
palabras o expresiones que cuentan con el respaldo social mayoritario, sobre
todo si éstas han llegado a ser comúnmente aceptadas tras años de demandas
ciudadanas. Así, los dirigentes empresariales no dudan en incorporar a su
léxico publicitario términos como ecologismo o desarrollo sostenible, a
sabiendas del incremento de la sensibilidad de la ciudadanía hacia la
preservación del medio ambiente experimentado en las últimas décadas. Y aunque
en ocasiones es posible que las élites económicas alberguen cierto sentimiento
ecologista, detrás de la apropiación de expresiones de esta guisa suelen
esconderse los meros intereses empresariales y la simple búsqueda de beneficios
económicos. Un afán de lucro que puede ser ciertamente espurio, como ha quedado
patente en el caso de la estafa perpetrada por la marca Volkswagen.
Una
práctica similar es la que suelen llevar a cabo las élites políticas (siempre
de la mano de las económicas hasta tal punto que no es posible distinguir la
una de la otra con nitidez), las cuales también gustan de apropiarse de
expresiones biensonantes. En efecto,
entre la clase política es un lugar común incluir unos toques verdes en sus discursos y programas, por más que algunos no
duden en tildar de fundamentalismo ecologista a todo movimiento ciudadano que
se oponga a sus proyectos por disparatados que éstos puedan llegar a ser. Mas
la palma en lo que se refiere a expresiones que la clase política pretende
apropiarse se la llevan el Estado de bienestar y la democracia. Y es que en la
actualidad, el Estado de bienestar ya no es patrimonio de la socialdemocracia,
pues todas las fuerzas políticas, hasta las más ultraliberales, dicen
defenderlo aunque sea a base de recortar en sanidad, educación, derechos laborales
y, en definitiva, todos aquellos elementos que se supone que constituyen los
pilares del tan manido como maltrecho Estado de bienestar.
Lo mismo ocurre con el término
democracia: no es sólo que todos los partidos políticos la reconozcan como la
mejor de las formas de organizar políticamente la sociedad, lo cual puede
resultar muy loable, sino que se da una tendencia a identificar la democracia
con los propios intereses, de suerte que cada partido pretende hacer de lo
democrático su patrimonio exclusivo. Buen ejemplo de ello nos lo han venido
brindando los contendientes en el conflicto catalán: tanto españolistas como
independentistas, cuando defienden sus posturas, obviamente contrapuestas,
dicen hablar en defensa de la democracia. Se trata sin duda de apropiaciones
indebidas que no deberíamos aceptar sin más, pues si la democracia es el
autogobierno de los ciudadanos, habrá de ser entonces patrimonio de todos y no
sólo de unos pocos. Por lo demás, tan antidemocrática resulta la negación del
derecho a decidir de los catalanes por parte del Gobierno de España como avanzar
hacia la independencia de Cataluña sin contar claramente con el apoyo explícito
de la mayoría de la ciudadanía catalana. A resultas de lo cual sólo podemos
concluir, digámoslo una vez más sin ánimo de incurrir en ninguna apropiación
indebida, que la celebración de un referéndum constituye la única solución
democrática al conflicto de marras.
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