Contra la democracia real

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ntes de la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética era frecuente el uso de la expresión “socialismo real” para referirse a los regímenes de los países del denominado Bloque del Este, en un intento de diferenciar las elaboraciones teóricas de Marx y otros autores socialistas del modo de organización social que se había implantado al otro lado del Muro. Se trata, a mi modo de ver, de una expresión acertada que servía para distinguir las ideas socialistas de su implantación real bajo el régimen soviético, a la vez que podía ser útil para los críticos del socialismo de uno y otro signo: a los liberales les permitía enfatizar la diferencia entre las promesas del paraíso en la tierra del socialismo y su aplicación efectiva, al tiempo que a los más afines al socialismo les posibilitaba afirmar que la crítica al comunismo autoritario de la Unión Soviética y sus países satélites no tenía por qué ser extensiva a los principios socialistas.

            Casi tres décadas después de la caída del Muro, la expresión de marras está en desuso, pero puede servirnos de inspiración a quienes, considerándonos demócratas, no renunciamos a la crítica a los sistemas democráticos actuales, para que no se confunda nuestra crítica a la “democracia real”, es decir, a las democracias realmente existentes, con la crítica a los principios democráticos. Y es que la democracia real parece haber entrado en clara contradicción con los principios sobre los que habría de sustentarse una democracia genuina. Tales principios serían  fundamentalmente tres: el principio de libertad jurídica, según  el cual ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no haya dado su consentimiento; el principio de igualdad jurídica, que señala que la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual; y el principio de separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, de suerte que se constituya un sistema de contrapesos que impida los abusos de poder por parte del Estado.

          Estos principios democráticos derivan de esas exigencias morales de libertad, igualdad y dignidad que son los derechos humanos, para decirlo con Javier Muguerza, razón por la cual habrían de incorporar la igualdad social, si no queremos que la democracia quede reducida a un mero procedimiento formal. Y parece evidente que estos principios básicos no se cumplen ni en las instituciones públicas ni en los partidos políticos que las sustentan. España es un buen ejemplo de ello: la nula separación de poderes de facto, la connivencia entre el poder político y el poder económico, la oposición de los partidos a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas, el ataque al parlamentarismo y presumiblemente a la voluntad de la mayoría que supone el acuerdo, gran coalición o no, entre PP, Ciudadanos y PSOE con la insignificante pero inestimable ayuda de Coalición Canaria, la podredumbre que corroe a todos los poderes del Estado incluyendo el judicial, como ha puesto de manifiesto el culebrón de las grabaciones a la isleña protagonizado, de momento, por jueces y empresarios, son razones más que suficientes, entre otras, para estar en contra de la democracia real precisamente por atentar contra lo que habría de ser una democracia.