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inalmente el
Gobierno de la Nación (¿una, grande y libre?) aplicará el polémico artículo 155
de la Constitución e intervendrá la Generalitat de Cataluña, cesando al Govern
al completo y otorgando al presidente Rajoy la facultad para disolver el
Parlament y convocar elecciones, cosa que hará en un plazo máximo de seis meses.
Así se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado sábado, después de
que el PP pactara con el PSOE las medidas con las que se concreta la aplicación
del artículo de marras. Un artículo que no se ha aplicado nunca y cuya
redacción, dicen los juristas, es una copia de otro que figura en la
Constitución de Alemania donde tampoco ha sido aplicado nunca. Un artículo tan
difuso y confuso que el Gobierno, para poder aplicarlo, ha tenido que llegar a
un pacto con el principal partido de la oposición, el PSOE, siempre dispuesto a
echar una mano a la derecha en los momentos cruciales, porque nadie sabe a ciencia
cierta en qué habría de consistir su efectiva aplicación, ni siquiera los
expertos en Derecho Constitucional.
Ante tanta dificultad, uno, que no
es jurista, se pregunta si las durísimas medidas aprobadas no atentarán contra
esa legalidad constitucional que se pretende defender, y se pregunta, sobre
todo, si van a servir realmente para algo o son tan solo un instrumento para agravar
aún más una situación que ya es de por sí grave. El Gobierno del PP, fustigado
por Ciudadanos, partido indigno del nombre que lleva, y con la inestimable
ayuda del PSOE, ha abierto la Caja de Pandora, pues estas cosas se sabe cómo
empiezan pero no cómo acaban, en un nuevo y grave ejercicio de
irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, la del Gobierno y sus socios en este asunto,
que llevó a tomar la decisión de aplicar el 155 mucho antes del Consejo de
Ministros del pasado sábado. Sólo así se entiende el ultimátum tramposo dado
por Rajoy a Puigdemont: ¿no habíamos quedado, Mariano, en que si el presidente
de la Generalitat reconocía que no se había declarado la independencia el
Gobierno no continuaría con la aplicación del funesto artículo que ya de hecho
había comenzado a aplicar con el requerimiento?
Los entusiastas del 155 creen que la
crisis de Cataluña se resolverá convocando unas nuevas elecciones. Olvidan que
eso ya se hizo en 2015, después del referéndum fallido del 9-N, y que el
resultado dio la mayoría del Parlament a los partidos independentistas. Se
empeñan en que la reivindicación del derecho a decidir es solo el capricho de
los líderes independentistas y no quieren comprender que buena parte de la
ciudadanía catalana, independentistas o no, desea votar. Por ello habría hecho bien
Mariano Rajoy en recibir a Puigdemont y dialogar con él, no sobre los términos
en los que se lleva a cabo la independencia, pues la votación del 1-O carece de
la legitimidad necesaria, pero sí sobre las condiciones en las que debería celebrarse
un referéndum legal, pactado y vinculante que sirva para resolver el conflicto de
una vez por todas. Pero Rajoy no está por este diálogo. Y Pedro Sánchez, ¡ay!,
tan progresista, tan de izquierdas, tan demócrata, tampoco. Prefieren gritar: ¡155
y cierra España!
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