No a la guerra

F

inalmente las potencias occidentales han decidido intervenir militarmente en Libia para, dicen, evitar que el dictador Gadafi, primero enemigo, luego amigo, y ahora enemigo de nuevo, siga masacrando a la población civil de su país. La intervención viene avalada por una resolución de las Naciones Unidas que le proporciona cobertura legal, y ello es suficiente para que el gobierno soecialista, con el apoyo de todo el Congreso salvo los representantes de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, haya decidido que España participe en la guerra  que tiene lugar en Libia sin temor a traicionarse a sí mismo. Así lo señalaba el ZuperPresidente en el Congreso ayer, a quien, por cierto, le pasa con la guerra como con la crisis, que cree que si no se nombra no existe y prefiere referirse a ella con eufemismos. Dice ZP que los soecialistas han sido plenamente coherentes porque ahora, igual que hicieron en Afganistán cuando aún estaban en la oposición, han aprobado los bombardeos porque éstos están autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, donde la guerra se inició sin mandato de las Naciones Unidas y por lo tanto se llevó a cabo de forma ilegal.

            Pero el hecho de que la guerra tenga cierta cobertura legal no significa que sea legítima ni mucho menos justa. Y es que una cosa es la legalidad de una acción y otra bien distinta su legitimidad. Legal es en principio toda acción que se ajuste al derecho, mas no todos los ordenamientos jurídicos son legítimos, pues la legitimidad del derecho, la legitimidad de las leyes, si puede haberla, ha de descansar en la participación libre y democrática en la elaboración de las mismas por parte de aquellos que luego deben cumplirlas, o, en su defecto, en la aprobación o libre consentimiento de esas leyes que conforman el derecho por parte de quienes, ya digo, están obligados a obedecerlas. Y desde esta perspectiva no parece que la participación de la coalición de potencias occidentales, a la que ciertamente se han sumado algunos países de Oriente Próximo, pueda ser considerada como legítima, cuando la autorización legal proviene de la ONU, una organización que no respeta los mínimos principios democráticos a la hora de tomar decisiones, las cuales corresponden sólo a un reducido grupo de países, de los que algunos tienen, en el colmo de la negación de la democracia, el derecho de veto. Pero al margen del déficit democrático de la ONU, lo que está claro es que no es posible dotar de legitimidad a una guerra, pues la legitimidad de las acciones se deriva de su fundamentación moral y por lo tanto se cimienta en las razones morales que las fundamentan, y las guerras, todas las guerras, se podrán explicar aduciendo razones estratégicas, prudenciales, cuando se trate de alcanzar un  beneficio o evitar un perjuicio, pero nunca morales, es decir, razones por las que una acción ha de ser considerada como buena en sí.

            Por lo demás, a nadie se le esconde que Occidente nunca va a la guerra para defender los derechos humanos, la democracia o la dignidad de las personas, sino que sólo lo hace cuando sus intereses geoestratégicos, económicos o de similar índole están en juego. Así podemos entender que de la multitud de conflictos en los que se violan los derechos humanos, sólo en algunos las potencias occidentales decidan entablar una guerra. Ahora le toca a Libia, cuyo conflicto, vaya causalidad, ha traído consigo el incremento progresivo de los precios del petróleo, lo que, ya lo señalábamos hace unos días, amenaza con frenar la salida de la crisis de los países que se han apuntado a este bombardeo, el cual a buen seguro se llevará por delante a un montón de víctimas que habrá que sumar a las del régimen de Gadafi.