Educación y derechos humanos

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ara valorar con justeza la situación de la educación, y de las condiciones de vida en general, no basta con ceñirnos al momento presente, sino que hay que tener en cuenta de dónde venimos. La educación en España, y por supuesto en Canarias, adoleciendo de graves problemas y siendo manifiestamente mejorable, ha dado un enorme salto de calidad en los años de democracia. Sin embargo, en muchas ocasiones, quienes se declaran más críticos con nuestro sistema educativo, personas de mi generación o de generaciones anteriores, implícita o explícitamente muestran cierta nostalgia por la escuela de su infancia y de su juventud, a la que consideran mucho mejor que la actual. Pero la realidad es bien diferente, tal como lo ha puesto de relieve el Programa Internacional para la Evaluación de Competencias de la Población Adulta (PIAAC), más conocido como el informe PISA para adultos, cuyos resultados conocimos recientemente.

            En efecto, los datos demuestran que aunque la educación en España se halla a la cola de los países de la OCDE, lo cierto es que las generaciones más jóvenes obtienen mejor puntuación tanto en comprensión lectora como en matemáticas, las competencias evaluadas, luego la formación en España no ha hecho sino mejorar en las últimas décadas: los jóvenes están mejor formados y, pese a lo que digan los nostálgicos de los años grises, en materia de educación, cualquier tiempo pasado fue peor. Sin embargo, ello no quiere decir que cualquier tiempo futuro haya de ser mejor, pues el porvenir de la educación dependerá de las leyes educativas y de los recursos que se destinen a la formación. Y si esto es así, sólo podemos pensar que las próximas generaciones, las que están ahora formándose, estarán peor preparadas que las actuales porque los recortes en educación así como la ley Wert sin duda pasarán factura.
             Si los jóvenes de ahora, siendo como son la generación más cualificada de nuestra historia, ya viven peor que sus padres, ¿qué les espera en el día de mañana a los niños de hoy si encima estarán, salvo que alguien lo remedie, peor formados? ¡Les están robando el futuro! Así lo han entendido quienes el pasado 24 de octubre secundaron la huelga general de educación, estudiantes, padres, profesores y demás personal, convencidos como están de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) promovida por el ministro Wert sin duda supone un ataque al derecho a la educación que, no lo olvidemos, es también uno de esos derechos humanos que el Gobierno de España dice defender y sin embargo conculca. ¿Tendrá que intervenir el Tribunal de Estrasburgo para que Wert y los suyos recapaciten y desistan de seguir vulnerando el derecho fundamental a la educación?