Más allá del republicanismo

E

l todavía rey Juan Carlos I ha abierto el debate sobre la legitimidad de la monarquía, suponemos que no de forma intencionada, al abdicar del trono. Quienes en España han venido defendiendo la monarquía constitucional como la mejor forma de gobierno, ya se trate de monárquicos de toda la vida, juancarlistas o felipistas de nuevo cuño, han encontrado en la Constitución el mejor argumento para justificar su posición toda vez que, según repiten una y otra vez, se trata de la ley fundamental que los españoles se dieron a sí mismos y en ella se señala, en el artículo 1.3, que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Olvidan los defensores de tan vetusta como rancia institución, que cuando los españoles aprobaron la Constitución no lo hicieron artículo por artículo, sino que la ley de marras fue aprobada en su conjunto, con lo que no sabemos si en realidad estaban a favor o no de la monarquía.

            Lo cierto es, en cualquier caso, que aun si concedemos que la aprobación de la Constitución mediante el referéndum otorga legitimidad a todos y cada uno de los artículos, incluido el 1.3, justo es reconocer que tal legitimidad no puede ser eviterna, pues ni quienes a la sazón pudieron votar han de ser prisioneros de su voto durante toda su vida, ni menos aún habremos de serlo quienes entonces no tuvimos la oportunidad de decidir, algunos por ser demasiado jóvenes, otros porque ni siquiera habían nacido. Y es que, como bien señalara Kant en su célebre opúsculo ¿Qué es la Ilustración?, una generación no puede llegar a un acuerdo tal que impida a las generaciones posteriores progresar, es decir, que les impida avanzar en su propia ilustración, la cual, en suma, consiste en la autodeterminación, es decir, en decidir por uno mismo sirviéndose de su razón sin entregarse a la tutela de otro. Y si esto es así, y porque la democracia consiste en el autogobierno de los ciudadanos, entonces la ciudadanía habrá de decidir, de nuevo y cuantas veces lo requiera, si opta por mantener la monarquía o se decanta por la república.

            Por mi parte, y aun a riesgo de ser reiterativo, considero que la monarquía es una institución antidemocrática porque, a pesar de que el rey no tenga funciones de gobierno, atenta contra los pilares de la democracia, toda vez que niega el principio de igualdad de los ciudadanos que es, junto al principio de libertad, el fundamento del sistema democrático. Mas, como adelantábamos en nuestro último artículo, la república no puede entenderse únicamente como la ausencia de rey, pues el republicanismo implica el compromiso con la cosa pública, con la res publica. En efecto, el republicanismo pretende ser una alternativa al liberalismo y quienes militan a favor de la causa republicana encuentran la democracia liberal representativa demasiado limitada para garantizar la libertad de todos los ciudadanos y, en general, abogan por la construcción de espacios públicos de participación ciudadana y por formas de democracia más participativas, deliberativas y directas.

            Sin embargo, acaso sea por la herencia rousseauniana, acaso por la influencia del marxismo o quizás por la nostalgia de la vieja Atenas, lo cierto es que el republicanismo, en su defensa de lo público y la búsqueda del bien común, tiende a confundir éste con lo estatal y a poner el énfasis en la comunidad en detrimento del individuo. Y es en este punto donde comienzan mis discrepancias, pues la búsqueda del bien común no puede consistir en otra cosa que en la búsqueda del bien de los individuos que conforman la comunidad. Pues cuando se antepone la comunidad a los individuos, tal comunidad deviene en el Estado y se corre el riesgo no sólo de que se sacrifiquen los intereses de los individuos para salvaguardar los de la comunidad, es decir los del Estado, sino que se sacrifique a los individuos mismos. Y para evitar esas derivas totalitarias y superar al tiempo las limitaciones de la democracia representativa, yo abogaría por una suerte de democracia libertaria, una democracia participativa, directa y deliberativa, donde tuviera lugar un reparto igualitario de la riqueza y del poder y donde, en definitiva, los individuos tuvieran la última palabra en lo que se refiere a los procesos de toma de decisiones públicas, todo lo cual nos situaría bastante más allá del republicanismo.