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l hecho de que el Partido Popular se negara sistemáticamente a condenar en
el Parlamento la dictadura franquista hasta el año 2002 da una muestra de cuál
es la herencia ideológica de la derecha española, esa que se pretende la representativa
del liberalismo y se halla, ¡ay!, tan lejos de los principios defendidos por
autores como Locke, Kant, Stuart Mill o el mismísimo Adam Smith. Sus reaccionarias
ideas en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y del papel de la
religión en la sociedad revelan que los principios del nacionalcatolicismo
siguen siendo constitutivos del ideario pepero. Ahora, el nuevo currículo de la
asignatura de Religión Católica publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) vuelve a poner de manifiesto la añoranza del PP de aquella España que se
veía a sí misma como la reserva espiritual de Occidente.
Y es que el BOE viene a
señalar que Dios existe, en serio. En la historia de la filosofía, como bien
saben nuestros alumnos de bachillerato y pronto dejarán de saber por obra y
gracia del ministro Wert, ha habido distintos intentos de demostrar
racionalmente la existencia de Dios, los cuales se resumen en tres: el
argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento físico-teológico,
también llamado físico-teleológico. Sin entrar en detalles, me gustaría
recordar que el propio Kant, por lo demás creyente, se encargó con gran lucidez
de desmontar cada uno de estos argumentos y concluyó que la razón teórica es
incapaz de probar que Dios exista, pues el conocimiento no puede traspasar los
límites de lo empírico. Sin embargo, Kant no podía contar con la aparición de
un nuevo argumento, el argumento boelógico
podríamos llamarlo, el cual viene a consistir en derivar la existencia de Dios
de afirmar y publicar en el BOE que Dios existe. Porque lo que se publica en el
BOE es lo que es, si no ontológicamente, al menos sí oficialmente. De ahí la
gravedad del asunto.
Que el Estado afirme de
manera oficial, a través de su propio boletín, que Dios existe no es una cuestión
baladí. Al menos no lo es para quienes creemos que el Estado, si es social,
democrático y de derecho, tiene que ser laico o aconfesional, que es lo mismo;
es decir, tiene que ser independiente de cualquier confesión religiosa. Pues la
laicidad del Estado no sólo no atenta contra la libertad religiosa, la libertad
de culto, sino que es la única garantía, la mayor al menos, de que se respetan
las creencias o increencias de cada cual, tal como se recoge en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Pero esto es algo que ni la Conferencia
Episcopal ni el Partido Popular acaban de entender, acaso porque confunden
Estado democrático de derecho con Estado teocrático de derechas.
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