Hacia una ciudadanía europea

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a filosofía moral y política nos enseña que la ciudadanía es la condición de los ciudadanos, es decir, lo que distingue a determinadas personas como tales y los diferencia de los súbditos. Y es que los ciudadanos, en rigor, antes de ser meros habitantes de un país, por más que esa sea también una acepción del término, son sólo aquellas personas a las que se les reconoce una serie de derechos, aquellos seres humanos que son reconocidos como sujetos de derechos. Ello significa reconocer al individuo su derecho a tener derechos, en definitiva, que se le reconozcan sus derechos fundamentales, aquellos que éticamente consideramos que son inherentes a la dignidad humana. Es pues el reconocimiento de los derechos humanos lo que otorga la carta de ciudadanía y puesto que existen diferentes tipos de derechos humanos existen también diferentes clases de ciudadanías, todas ellas igualmente importantes.     

            Como acertadamente ha mostrado Javier Muguerza, tales derechos humanos sólo son exigencias morales hasta que son recogidos en el ordenamiento jurídico, pero una vez incorporados son derechos de los individuos precisamente porque son exigibles, lo cual supone que debe haber alguna instancia a la que el individuo, el ciudadano en tanto que portador de derechos, pueda exigir que cumpla con su obligación de garantizar el respeto de sus derechos. Esta instancia, desde las revoluciones americana y francesa que dieron origen a las democracias modernas, ha sido por lo general el Estado nación, pero nada hay que obligue, desde una perspectiva teórica, a que tenga que ser así. Por lo demás, esa es la razón de que los ciudadanos lo sean siempre de un país, es decir, de un Estado, pues este está obligado a garantizar que los derechos de sus ciudadanos son respetados, pero no está obligado para con el resto de los individuos pues, de hecho, no les reconoce la ciudadanía.

            El ideal cosmopolita que uno suscribe abogaría por una ciudadanía mundial, por que todos los seres humanos fuésemos considerados como ciudadanos del mundo. La existencia de una ciudadanía mundial obligaría a que existiera asimismo una instancia global que garantizara el cumplimiento de los derechos universales de los individuos, una instancia a la que, sin ser un macro Estado mundial, los Estados hubieran de rendir cuentas. Se trataría de una suerte de ONU pero verdaderamente democrática y con auténtica capacidad para que sus resoluciones fueran acatadas por todos, individuos y Estados; en suma, algo similar a lo que Kant apelara en Hacia la paz perpetua cuando se refería a la necesidad de que se constituyera “una federación de pueblos que, sin embargo, no debería ser un Estado de pueblos”. Y en ausencia de una institución de esas características se me antoja exigible que la Unión Europea pudiera operar como tal aunque fuese sólo vinculante para los europeos. Pues el reconocimiento de la ciudadanía europea implicaría la existencia de unas instituciones europeas plenamente democráticas que habrían de garantizar los derechos de todos los europeos por igual. Y puesto que estos derechos no sólo son los civiles y políticos sino también los económicos, sociales y culturales, una Unión Europea digna de ese nombre habría de garantizar la ciudadanía en todas esas dimensiones de sus ciudadanos, sin importar si estos son griegos o alemanes, españoles o franceses.