España, ¿un Estado fallido?

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na de las características distintivas del Estado, incluso en estos tiempos del imperio de las multinacionales y de entidades supraestatales como la Unión Europea, es que es soberano. Quiere ello decir que es la máxima autoridad en el territorio donde ejerce el poder, de suerte que todo individuo, grupo de individuos, empresa, fundación, asociación o entidad colectiva de cualquier índole que se halle en dicho territorio está sometido al poder del Estado. Y para que ello sea así, se entiende que el Estado dispone de los recursos necesarios para imponer su autoridad, de ahí que Max Weber definiera al Estado como aquella institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. Y es que, si el Estado no es capaz de imponer su autoridad, deviene por definición en lo que se ha dado en llamar un Estado fallido.

            Si alguien tenía dudas, la crisis de Cataluña ha dejado claro que España no es, desde este punto de vista, un Estado fallido. En efecto, el independentismo catalán constituye el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar el Estado desde la instauración de la democracia. Mayor aún, diría yo, que el terrorismo de ETA, hoy felizmente desaparecido. Ante el reto de la secesión nadie puede poner en duda que la respuesta del Estado ha sido contundente y que, artículo 155 mediante, ha sabido imponer su autoridad. Sin embargo, España se define no solo como un Estado, sino como un Estado social y democrático de derecho, y como tal cabe exigirle que cumpla con sus obligaciones en tanto que garante del respeto a los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948. La crisis de Cataluña ha dejado claro que España es un Estado, pero la situación de diferentes colectivos a los que no se les reconocen sus derechos humanos de modo efectivo deja en entredicho el carácter social y democrático de España.

          En efecto, la discriminación que todavía hoy sufren las mujeres en España por el mero hecho de ser mujeres constituye un atentado contra sus derechos humanos por más que éstos hayan sido formalmente reconocidos. Otro tanto cabe decir de las personas en riesgo de exclusión social. Y es que resulta inadmisible que en pleno siglo XXI casi el 30 por ciento de la población sea víctima de la pobreza, una cifra que se eleva al 44 por ciento en el caso de Canarias. Mientras la igualdad no sea un hecho, España seguirá siendo un Estado fallido, no en tanto que Estado, pero sí en tanto que social y democrático. Lo será al menos para las mujeres, que son más de la mitad de la población, y para todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, seres humanos concretos, de carne y hueso, cuyas vidas se ven truncadas víctimas de una desigualdad que el Estado no solo no combate, sino que incluso favorece.