El desprestigio de las instituciones

S

i la democracia española y por ende las instituciones sobre las que se sustenta ya venían arrastrando un deterioro importante, agravado aún más por la crisis que no termina de superarse, los últimos escándalos políticos y judiciales no han hecho sino contribuir a su desprestigio. Los casos de corrupción, como los vinculados al tres por ciento de Cataluña, la trama Gürtel o los ERE de Andalucía, por citar sólo algunos de los más sonados, han venido a incidir en el descrédito no tanto de la política como de la clase política, la cual ya venía siendo cuestionada por su incapacidad para resolver los graves problemas a los que buena parte de la población ha tenido que hacer frente en su día a día en estos años de dura crisis. Mas aunque no debemos confundir el descrédito de la clase política con el descrédito de la política, lo cierto es que cuando aquélla no está bien valorada su desprestigio arrastra también a las instituciones que ocupa y a los poderes del Estado que sobre ella recaen, como ha ocurrido con el legislativo y el ejecutivo y las cámaras en las que residen.

El poder judicial es el único de los tres poderes del Estado que, hasta hace poco, había mantenido su prestigio a pesar de la crisis o, al menos, el único cuya imagen no había sufrido una degradación tan grande. Sin embargo, los últimos escándalos judiciales, sobre todo los referidos a la sentencia de las hipotecas, que proyectan la imagen de un poder judicial sometido al poder económico, en este caso la banca, así como el anunciado pacto entre el PSOE y el PP para que el juez Marchena ocupara la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, explicitando que en España la separación de poderes es una quimera, han hecho mella también en la opinión que la ciudadanía tiene del tercer poder del Estado. Y para rematar el asunto, llega el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y se lanza a presumir, WhatsApp mediante, de tener controlada, por detrás, la Sala Segunda del Supremo, precisamente la encargada de juzgar los casos de políticos aforados.

            Para ser una de las de mayor calidad del mundo, The Economist dixit, se nos antoja bastante deteriorada esta democracia nuestra. El descrédito de las instituciones resulta ciertamente preocupante, pues si la ciudadanía desconfía de ellas, la democracia corre peligro al decir de algunos analistas. Mas tengo para mí que lo verdaderamente preocupante sería que tras los escándalos que afectan a la columna vertebral del Estado la buena imagen de la democracia española se mantuviera intacta ante los ojos de la ciudadanía. No es el desprestigio de las instituciones la causa de los males que afectan a la democracia, sino más bien la consecuencia de los mismos y la condición de posibilidad de su superación. Y es que sólo si reconocemos que nuestra democracia no funciona correctamente podremos combatir la degradación de la misma. El desprestigio de las instituciones conlleva el riesgo de servir de estímulo para el fomento de ideas antidemocráticas, pero es asimismo necesario para que los problemas de legitimidad de la democracia se resuelvan profundizando en la propia democracia, buscando nuevas formas de organización más genuinamente democráticas.