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as declaraciones
de Pablo Iglesias en torno a la normalidad democrática en España han vuelto a
abrir el debate público sobre la democracia, lo cual no ocurría desde la
irrupción del 15-M, hace ahora casi 10 años. Ciertamente, no está siendo éste
un debate reflexivo, sosegado, como sería deseable, sino que más bien es una
discusión en la que se apela más a las emociones que a las razones, como viene
siendo habitual en esta era de la postverdad y de crispación política nacional.
Se comprende así la ingente cantidad de reacciones que han generado las
declaraciones de Iglesias, procedentes tanto desde la clase política como
mediática, las cuales más que argumentos en contra de lo planteado por el
vicepresidente, que también los ha habido, han consistido en la exasperada
exhibición de los sentimientos patrióticos, siempre tan susceptibles de ser
ofendidos. Mas a pesar de que la discusión sea más emotiva que racional, hay
debate sobre la calidad de nuestra democracia, y ello es siempre una buena
noticia para los demócratas.
La valoración que cada uno haga de la democracia española dependerá de lo que considere que debe ser una democracia genuina, pues ésta constituye el ideal democrático con el que se debe comparar la democracia realmente existente para poderla valorar en su justa medida. En lo que a mí respecta, considero que la democracia es antes que nada una exigencia ética, pues deriva de la obligación moral de respetar los derechos humanos. Y es que, si convenimos en que los derechos humanos son “exigencias morales”, como afirmaba el filósofo Javier Muguerza, entonces la democracia es, como digo, una exigencia ética, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país” y que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. La democracia consiste pues en el autogobierno de los ciudadanos, y aunque en la propia DUDH se señala que la participación política se puede llevar a cabo directamente o a través de los representantes libremente elegidos, tengo para mí que una ciudadanía que se autogobierna no puede limitar su participación política a la elección periódica de representantes: una democracia genuina, que no plena, debe ser deliberativa, directa y participativa, y no meramente representativa.
En tanto que autogobierno de los ciudadanos, la democracia es, en primera instancia, un procedimiento para la toma de decisiones públicas. Mas si la razón de ser de la democracia es el respeto a los derechos humanos, entonces parece claro que las decisiones democráticas no pueden ir nunca en contra de lo establecido por esos derechos, de lo que se desprende que la democracia, además de procedimental, habrá de ser también sustantiva. Procedimental, porque se deben respetar escrupulosamente, desde el punto de vista formal, los procedimientos en los procesos de toma de decisiones públicas, así como los derechos civiles que protegen la libertad de los individuos, lo que en España no siempre se cumple. Y sustantiva, porque en una democracia genuina se debe garantizar la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales, los que protegen la igualdad entre los individuos y por ende la libertad de todos y cada uno, lo cual es incompatible con los niveles de pobreza existentes en la, según algunos, plena democracia española.
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