Un manifiesto político

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l PP no acudió a la manifestación del 8M porque, según Pablo Casado, el manifiesto que allí se leyó está politizado y es partidista, lo que suena más bien a pretexto para no participar en una acción de protesta promovida por organizaciones feministas y secundada por diversos agentes sociales entre los que se encuentran, también, partidos políticos. Y es que la negativa de Casado a que el PP participara en la manifestación feminista más bien parece indicar su desacuerdo con el feminismo en sí que con el manifiesto de marras. Tanto más si se tiene en cuenta que el otro partido que compite con el PP por el espacio de centro derecha, Ciudadanos, sí acudió a la manifestación por más que sus dirigentes, Albert Rivera e Inés Arrimadas, hayan mostrado sus discrepancias con el contenido del manifiesto: lo primero es lo primero, supongo que habrán pensado, y ahora, ya sea por convicción o por mero interés electoral, se trata de defender la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de si hay algunos párrafos con los que estén completamente en desacuerdo.

            Señalar que el manifiesto es partidista, como ha hecho Casado, porque los partidos de extrema izquierda, siempre tan siniestros, han monopolizado el 8M, además de constituir una muestra de supina torpeza estratégica, habida cuenta del éxito de la convocatoria, viene a ser igual que acusar a las responsables del manifiesto de ser incapaces de defender sus exigencias en pro de la igualdad con independencia de los partidos políticos. Si además tenemos en cuenta que los dirigentes de todos los grandes partidos son hombres, también los de izquierdas, tan feministas, entonces es como decir que las mujeres que han liderado esta movilización han estado tuteladas por los varones que dirigen los partidos de izquierdas, lo cual es algo que debería ser inaceptable para cualquier mujer, feminista o no, de izquierdas o de derechas.

            Por lo demás, si el supuesto partidismo del manifiesto, amén de resultar ofensivo, no se sostiene, aducir que el manifiesto está politizado como razón para no acudir a la manifestación roza el esperpento, pues el manifiesto de marras no es que esté politizado, es que es directamente un manifiesto político, como no puede ser de otra manera. Y es que el feminismo es un movimiento político, y la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, por más que hunda sus raíces en convicciones morales, es una reivindicación política, y las manifestaciones y lecturas de manifiestos fueron actos políticos. De ahí que el manifiesto feminista, que por más que incluyera alusiones al capitalismo, así como a la derecha y la extrema derecha, dista mucho de ser una nueva versión del Manifiesto comunista, fuera, qué podría ser si no, un manifiesto político. Pero ello, obviamente, no es razón para desmarcarse, salvo que no se comulgue, por razones igualmente políticas, con la reivindicación política fundamental en las movilizaciones del 8M: la igualdad real entre mujeres y hombres.

Más allá de la libertad de expresión

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n más de una ocasión he señalado que la libertad de expresión es tan importante para las democracias que el grado en que esta se respete nos sirve, entre otros factores, para medir la calidad de las mismas. Es por ello que he tratado de llamar la atención sobre el peligro que corre la salud democrática española cuando se persigue, incluso desde los tribunales, a personas por considerar que las letras de sus canciones, sus chistes, sus tuits o, en definitiva, las más variadas formas de expresión resultan ofensivas para alguien. Es peligroso para la democracia que el Estado coarte la libertad de expresión, pero aún lo es más que la ciudadanía no termine de interiorizar que el compromiso con la libertad de expresión lo es, sobre todo, con el derecho a expresarse de los que piensan de un modo distinto al propio.

            Tanto progresistas como conservadores, incluso quienes se autodenominan liberales, se están acostumbrando demasiado a ser muy reivindicativos cuando se condena, o se intenta condenar, a personas cuyo mensaje sintoniza con su modo de pensar, y, en cambio, se olvidan demasiado rápido del derecho a la libertad de expresión cuando se escandalizan ante determinados discursos que quisieran ver censurados. Y es que en estos tiempos que alguna vez he llamado de dictadura de lo políticamente correcto y del imperio de la liga de los ofendidos del mundo, urge seguir escuchando a Orwell, no me cansaré de repetirlo, para quien “la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”. En este sentido, y para poner un par de ejemplos, que se llegara a juzgar a Willy Toledo por cagarse en Dios constituye un lamentable ataque a la libertad de expresión, pero resulta igualmente lamentable la condena del juez que le dedicó un poema, vejatorio según los tribunales, a la dirigente de Podemos Irene Montero.

            Mas no debemos confundir el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír con el derecho, inexistente, por supuesto, a faltar a la verdad, tan de moda en la era de la postverdad y las fake news, o a insultar impunemente, que es lo que hace la asociación Hazte Oír en su última campaña contra el feminismo. Y es que se puede estar en desacuerdo con las tesis feministas, o con algunas leyes o medidas concretas que se propongan para alcanzar determinados objetivos, pues el propio feminismo es plural y, a mi juicio, es bueno que siga siéndolo. Incluso me parece legítimo que se pretenda reducir la violencia de género a violencia doméstica, aunque, en mi opinión, se trate de un grave error, toda vez que resulta innegable la existencia de diversas formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que es en lo que, en suma, consiste la violencia de género. Pero que se equipare el feminismo con el nacionalsocialismo, causante del exterminio de más de seis millones de judíos por el mero hecho de ser judíos, y se insulte a las feministas llamándolas feminazis es algo que va más allá de la libertad de expresión, resulta inaceptable y no debiera quedar impune.

De lo que hay que hablar

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ilosofía y democracia están íntimamente vinculadas, aunque no siempre los filósofos han sido demócratas convencidos. No lo era Platón, quien, como se sabe, a pesar de Wert, consideraba que la polis ideal debía ser la república gobernada por los filósofos, es decir, los sabios. Y ya en la modernidad, acaso Hobbes constituya el caso más paradigmático de filósofo antidemocrático, con su defensa del Leviatán y de la necesidad de que los ciudadanos renuncien completamente a su libertad a cambio de que el soberano les garantice la seguridad. Ni tan siquiera el siglo XX, que no en vano ha sido calificado como el siglo de la barbarie, se libra de haber engendrado monstruos cuya obra es de una grandeza difícilmente cuestionable. Ahí está el caso del que muchos, a derecha e izquierda, consideran el más importante filósofo del siglo XX. Me refiero a Martin Heidegger, quien concebía al hombre como Dasein y sostenía que el modo de ser de este es la existencia, es decir, que el hombre es posibilidad, poder ser, en suma, libertad, y, sin embargo, llegó a militar en el partido nazi.

            Mas a pesar de que no siempre los filósofos han hecho gala del talante democrático que nos hubiera gustado, lo cierto es que filosofía y democracia guardan una estrecha relación. Ello es así no porque también haya habido, por su puesto, una multitud de filósofos comprometidos con la democracia, de Sócrates a Kant, de Rousseau a Habermas, sino porque ambas tienen una característica común que las une: si en filosofía no se acepta nada como verdadero (en la esfera teórica) ni como correcto (en la esfera práctica) sin haberlo sometido antes al juicio crítico y al análisis racional, en democracia, por consistir esta en el autogobierno de los ciudadanos, la validez de las normas y de las decisiones públicas solo puede descansar en su libre aceptación por parte de la ciudadanía, por lo que toda norma o decisión colectiva habrá de ser susceptible de ser sometida a la deliberación pública, al diálogo entre los ciudadanos.

            Negarse pues al diálogo racional sobre asuntos públicos no es propio de demócratas ni de personas filosóficamente educadas. Y es que en una genuina democracia, como venimos señalando, todo se puede discutir. Acaso debieran quedar fuera del debate las cuestiones que afecten a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, mas incluso en estos casos habríamos de preguntarnos quién decide qué asuntos pueden debatirse y cuáles no. Es por ello que la negativa de Pedro Sánchez, el resistente, a dialogar con los independentistas catalanes sobre el derecho de autodeterminación nos revela la falta de solidez de las convicciones democráticas del presidente, así como su mala educación filosófica. Pues no se puede resolver democráticamente el mayor problema político que afecta a España sin tan siquiera sentarse a hablar del núcleo del conflicto. Más filosofía y más democracia es lo que necesitamos. Decía Wittgenstein en su célebre séptima tesis con la que cierra el Tractatus logico-philosophicus: “De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca”. Hoy creo que, con permiso del filósofo, haríamos bien en decir: de lo que hay que hablar, no se puede callar más.

La Constitución y los derechos humanos

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n estos días de efemérides en los que con tanta pompa se celebran los 40 años de la Constitución española, conviene recordar otro aniversario, tanto o más importante, pues el próximo 10 de diciembre se cumplen los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se trata, sin lugar a dudas, del mayor invento de la humanidad, pues reconocer que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, son seres dotados de dignidad y que por ello han de tener reconocidos una serie de derechos, por el mero hecho de ser seres humanos, cuyo respeto es necesario para llevar a cabo una vida digna constituye un logro sin parangón en la historia de la humanidad. Y ello a pesar de las críticas a las que han sido sometidos los derechos humanos, algunas de las cuales resultan más plausibles que otras, como he tratado de hacer ver en mi libro, disculpen la inmodestia, Democracia, justicia y derechos humanos. Ensayos de filosofía libertaria.

            La mayor de las críticas que, según creo, cabe hacerle a los derechos humanos tiene que ver con su insuficiencia, en el caso de que efectivamente se aplicaran universalmente, para garantizar que todos los individuos puedan desarrollar una vida igualmente digna, pues la dignidad sufre tanto con la desigualdad como con la falta de libertad, de ahí que la vida digna exija la distribución igualitaria de la riqueza y el poder, que es en lo que, en suma, consistiría una propuesta libertaria a un tiempo crítica y vindicativa de los derechos humanos. Mas, dejando a un lado esta crítica, lo cierto es que los derechos humanos no se respetan en todo el mundo y aunque ello no reste un ápice a su validez universal, constituye un grave problema que se debe superar para que los derechos humanos, con sus insuficiencias, puedan cumplir con su finalidad que no es otra que la de proteger la dignidad de las personas.

            En efecto, los derechos humanos se violan continuamente en numerosas partes del mundo, sobre todo allí donde se carece de democracias plenamente consolidadas. Pero también en las democracias avanzadas se violan los derechos humanos y España no es una excepción. En estos días en los que celebramos los 40 años de la Constitución y, por ende, de la democracia, debemos ser intransigentes con los ataques a los derechos humanos, vengan de donde vengan, pero más aún si provienen del propio Estado que ha de ser su garante. Ésta es la lección que debemos aprender de las condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mas el mayor atentado contra los derechos humanos que se está perpetrando en España en la actualidad lo constituye la pobreza que impide a millones de personas vivir con dignidad. La erradicación de la pobreza ha de ser la prioridad de cualquier gobierno respetuoso con los derechos humanos, pues los derechos económicos, sociales y culturales también forman parte de esa Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo 70 aniversario conmemoramos en estos días. Por ello, 40 años después de su nacimiento, ya es hora de que la Constitución reconozca estos derechos humanos de la segunda generación como derechos fundamentales.

El desprestigio de las instituciones

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i la democracia española y por ende las instituciones sobre las que se sustenta ya venían arrastrando un deterioro importante, agravado aún más por la crisis que no termina de superarse, los últimos escándalos políticos y judiciales no han hecho sino contribuir a su desprestigio. Los casos de corrupción, como los vinculados al tres por ciento de Cataluña, la trama Gürtel o los ERE de Andalucía, por citar sólo algunos de los más sonados, han venido a incidir en el descrédito no tanto de la política como de la clase política, la cual ya venía siendo cuestionada por su incapacidad para resolver los graves problemas a los que buena parte de la población ha tenido que hacer frente en su día a día en estos años de dura crisis. Mas aunque no debemos confundir el descrédito de la clase política con el descrédito de la política, lo cierto es que cuando aquélla no está bien valorada su desprestigio arrastra también a las instituciones que ocupa y a los poderes del Estado que sobre ella recaen, como ha ocurrido con el legislativo y el ejecutivo y las cámaras en las que residen.

El poder judicial es el único de los tres poderes del Estado que, hasta hace poco, había mantenido su prestigio a pesar de la crisis o, al menos, el único cuya imagen no había sufrido una degradación tan grande. Sin embargo, los últimos escándalos judiciales, sobre todo los referidos a la sentencia de las hipotecas, que proyectan la imagen de un poder judicial sometido al poder económico, en este caso la banca, así como el anunciado pacto entre el PSOE y el PP para que el juez Marchena ocupara la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, explicitando que en España la separación de poderes es una quimera, han hecho mella también en la opinión que la ciudadanía tiene del tercer poder del Estado. Y para rematar el asunto, llega el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y se lanza a presumir, WhatsApp mediante, de tener controlada, por detrás, la Sala Segunda del Supremo, precisamente la encargada de juzgar los casos de políticos aforados.

            Para ser una de las de mayor calidad del mundo, The Economist dixit, se nos antoja bastante deteriorada esta democracia nuestra. El descrédito de las instituciones resulta ciertamente preocupante, pues si la ciudadanía desconfía de ellas, la democracia corre peligro al decir de algunos analistas. Mas tengo para mí que lo verdaderamente preocupante sería que tras los escándalos que afectan a la columna vertebral del Estado la buena imagen de la democracia española se mantuviera intacta ante los ojos de la ciudadanía. No es el desprestigio de las instituciones la causa de los males que afectan a la democracia, sino más bien la consecuencia de los mismos y la condición de posibilidad de su superación. Y es que sólo si reconocemos que nuestra democracia no funciona correctamente podremos combatir la degradación de la misma. El desprestigio de las instituciones conlleva el riesgo de servir de estímulo para el fomento de ideas antidemocráticas, pero es asimismo necesario para que los problemas de legitimidad de la democracia se resuelvan profundizando en la propia democracia, buscando nuevas formas de organización más genuinamente democráticas.