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l 10 de
diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los más
descreídos argüirán que los días internacionales sirven más bien de poco, y aunque
hay algo de cierto en esa afirmación, tengo para mí que la efemérides de marras
es una de las más importantes de las muchas que se celebran a lo largo del año.
Y es que los derechos humanos son un gran invento, el gran invento de la
humanidad, a pesar de que no siempre se respetan como debieran. Mas el hecho de
que los derechos humanos no siempre se respeten no les resta un ápice de
validez, pues si la crítica a la pretendida universalidad de los derechos
humanos tiene algún sentido es precisamente porque, en efecto, no siempre se
cumplen, pero deberían cumplirse. Quiere ello decir que la falta de
universalidad de facto de los
derechos humanos solo es criticable desde el convencimiento de su universalidad
de iure y de su validez moral
universal.
La violación de los derechos humanos
es uno de los mayores problemas a los que ha de hacer frente la humanidad. Y si
siempre es preocupante que no se respeten los derechos humanos, que se
conculquen en los países democráticos, en los países que presumen de ser democracias
plenas y que hacen gala de la fortaleza del Estado de derecho, lo es mucho más.
Tal es el caso de España y así lo ha denunciado Amnistía Internacional, una
organización en defensa de los derechos humanos nada sospechosa de ser un
instrumento de la derecha ultramontana ni tampoco del Gobierno que la derecha
española, ultramontana o no, gusta de llamar socialcomunista. Y es que, según
el informe publicado recientemente por Amnistía Internacional, en España se
violaron hasta cinco derechos fundamentales de las personas mayores que viven
en residencias en Madrid y Cataluña durante los primeros meses de la pandemia.
Ni las derechas en Madrid, ni los independentistas en Cataluña, ni la coalición
entre el PSOE y Unidas Podemos supieron salvaguardar los derechos humanos de
estas personas.
Otro caso reciente de violación de
derechos humanos en España lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en Canarias. El
llamado campamento de la vergüenza de Arguineguín, hoy felizmente desmantelado,
constituye el penúltimo atentado contra los derechos humanos perpetrado en las
Islas. Las deplorables condiciones en las que han vivido estas personas atentan
claramente contra la dignidad del ser humano y no sabemos si en el campamento
de Barranco Seco serán mejores, toda vez que no se permite el acceso libre a
los medios de comunicación, en lo que constituye una vulneración en toda regla
del derecho a la información, otro de esos derechos humanos que está siendo
pisoteado. Además, diversas organizaciones han denunciado que los derechos
fundamentales de los inmigrantes no se están respetando en lo que se refiere al
derecho a la asistencia jurídica o el derecho al asilo. Y todo ello ocurre en
un territorio que forma parte de España y de la Unión Europea. Será que, así
como Madrid es España dentro de España, Ayuso dixit, Canarias es España fuera de España, fuera de Europa y fuera
de la legalidad que obliga a respetar los derechos fundamentales de todos los
seres humanos sin distinción.