Incontinencia verbal y talante democrático

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n Quebec, Canadá, se han llevado a cabo varios referendos para que la población de esta región francófona se pronuncie sobre su independencia en la más absoluta normalidad democrática; en estos días el primer ministro británico, David Cameron, ha firmado un acuerdo con el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, para que en 2014 se celebre un referéndum y que sean los escoceses quienes decidan si se erigen en un estado independiente o se mantienen dentro del Reino Unido; en España, en cambio, ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición parecen estar dispuestos a permitir que en Cataluña tenga lugar un referéndum y que sean los catalanes quienes decidan si se independizan o no. Y por más que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, insista en que no se pueden establecer paralelismos entre Escocia y Cataluña porque los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de España son diferentes, tengo para mí que la gran diferencia radica en el talante democrático de los gobernantes españoles y británicos: Cameron, que no es lo que se dice un abanderado del progresismo, entiende perfectamente que la decisión deben tomarla los escoceses; el Gobierno español, en cambio, se cierra en banda y ni siquiera admite que los catalanes se pronuncien.

               Así las cosas es normal que la tensión vaya in crescendo en uno y otro lado. Y lo que desde luego no ayuda al diálogo racional, si es que ello es posible, son los excesos lingüísticos del ministro Wert, quien parece haberse empeñado en sustituir a Esperanza Aguirre no al frente de la Comunidad de Madrid, por supuesto, sino como número uno en la lista de políticos con mayor incontinencia verbal. Tanto es así que la propia Aguirre ha salido a la palestra y ha secundado las célebres palabras de Wert con las que éste expresara hace unos días su idea de lo que ha de ser la educación en Cataluña: “Nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”, dijo el ministro, en lo que, más allá del revuelo suscitado, parece una mala estrategia por parte de Wert, pues si lo que pretende es españolizar a los niños catalanes, implícitamente reconoce que tales niños no son españoles, pues, de lo contrario, no tendría sentido españolizarlos, con lo que, suponemos que sin querer, el ministro estaría dando la razón a aquellos catalanes que consideran que ni ellos ni sus hijos son españoles.

            Pero Esperanza Aguirre, que no parece estar dispuesta a que Wert le arrebate por las buenas su bien ganado título de incendiaria verbal número uno, no se quedó ahí, sino que dejó claro que la idea de españolizar a los niños catalanes no es de Wert sino de la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, y que, en cualquier caso, la educación no puede consistir en manipular sino en instruir, es decir, enseñar a los niños a leer, sumar y la historia verdadera de España que, según Aguirre,se remonta a 3000 años atrás. Y todo ello en un acto en la campaña electoral de Galicia cuando se cumple una década del desastre del Prestige. El patinazo de Aguirre es comprensible, porque en su disputa por el título, Wert había llamado extremistas de izquierdas y antisistemas a los alumnos de secundaria que están en huelga en contra de los recortes en educación y a los padres que la apoyan no enviando hoy a sus hijos a los centros docentes, y, claro, Aguirre no se iba a quedar atrás. Una muestra más del talante democrático de los políticos que nos gobiernan y de los que han dejado de hacerlo. 

Un anarquista (pijo) en la Audiencia Nacional

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ay que ver lo que está dando de sí mediáticamente una manifestación que, según los más conservadores, fue un rotundo fracaso. Me refiero, claro está, a la del 25-S, a propósito de la cual estamos siendo testigos de enfrentamientos de todo tipo en el seno de las más altas instituciones del Estado. La verdad es que la expresión “las más altas instituciones del Estado” da hasta miedo porque parece como si estuviéramos hablando de un ente abstracto y omnipotente, casi como Dios, pero en el más acá. Mas dejémonos de digresiones y vayamos a lo que íbamos: en relación con el 25-S hemos podido asistir al enfrentamiento de políticos contra políticos, jueces contra jueces y, finalmente, jueces contra políticos, amén de las disputas dialécticas que pueda haber habido entre los ciudadanos, pero esos, ya se sabe, no forman parte ni de las más altas instituciones del Estado ni de nada.

            En un principio, lo comentábamos en la anterior entrega de LUCES DE TRASNOCHE, hubo un acuerdo generalizado entre los miembros de la clase política a la hora de mostrar su disconformidad con la manifestación (lo de Cayo Lara es aparte porque, ya lo decíamos, pretende ser diputado sin formar parte de la clase política), si bien es cierto que a los más progresistas tal desacuerdo no les impidió expresar su rechazo a la violencia policial, mientras que los PoPulares elogiaron la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Mi madre, cómo suena eso! Ahí empezaron las discrepancias. Al tiempo que unos criticaban la desproporcionalidad de la policía, otros la felicitaban, empezando por el propio ministro del Interior, Jorque Fernández Díaz, quien, por cierto, al felicitar a la policía es casi como si se felicitara a sí mismo, puesto que se supone que los agentes cumplen las órdenes de la delegada del Gobierno en Madrid, quien, a su vez, obedece al ministro. Y las discrepancias entre políticos podrían haber quedado ahí, si no fuera porque a la mencionada delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con la locuacidad, que no elocuencia, que la caracteriza, no se le ocurrió otra cosa que proponer que se modulara el derecho de manifestación. Menos mal que tal ataque a los derechos fundamentales no fue bien acogido ni entre los miembros de su partido, al menos de momento.

            El otro enfrentamiento al que nos referíamos es el que ha tenido lugar entre los magistrados. Y es que tanto el director general de la policía, Ignacio Cosidó, como la delegada del Gobierno, que por supuesto no son jueces, no han cejado en su empeño de que se juzgue en la Audiencia Nacional por delitos contra el Estado a los 34 manifestantes detenidos. Sin embargo, desde la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz no consideró que hubiera indicios de un delito de esta magnitud, por lo que a los detenidos se les tomó declaración en un juzgado de instrucción de Madrid. Y hete aquí que la jueza, a sabiendas de que el juez Pedraz había rechazado que fuese competencia de la Audiencia Nacional, se inhibe y traslada el caso a dicha instancia porque entiende que sí hay indicios de delito contra el Estado. Lo que va a pasar con respecto a tal inhibición de la jueza está por ver, aunque el auto con el que el juez Pedraz ha archivado el caso abierto contra los ocho promotores del 25-S deja lugar a pocas dudas. Y es que el juez no sólo señala que la convocatoria de la manifestación no es constitutiva de delito alguno y está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que insiste en que no se puede “prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

            El varapalo dado por el auto de Pedraz al Gobierno y su alusión a la decadencia de la clase política no han sentado nada bien a los PoPulares, y aunque la mayoría ha expresado su tradicional respeto por las decisiones judiciales, otros no han podido contenerse y han arremetido contra Pedraz. Es el caso del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien se mostró indignado –se intercambian los papeles- y llamó al juez, suponemos que a modo de insulto, “pijo ácrata”. Ya ven, lo dice Hernando, tenemos un anarquista en la Audiencia Nacional. Y ojalá sea cierto, porque, convendrán conmigo, pijo o no es lo de menos, esto sería más motivo de celebración que de pesadumbre.           

Reacciones al 25-S

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asó el 25-S y, que se sepa, seguimos disfrutando, acaso debiéramos decir padeciendo, la misma democracia que teníamos el 24 de septiembre. Mas ello no debe hacernos pensar que la manifestación fuera un fracaso, pues si bien es evidente que ni se ha disuelto el Parlamento ni se ha iniciado ningún proceso constituyente, y que nuestro sistema sigue adoleciendo de los mismos déficits democráticos, lo cierto es que tanto por el número de asistentes como por la repercusión mediática de la manifestación, se puede afirmar que la convocatoria tuvo un notable éxito. Y es que las imágenes de lo acaecido el 25-S en Madrid han dado la vuelta al mundo y han provocado el sentimiento de indignación en cientos de miles de ciudadanos que se desahogan en las redes sociales al tiempo que expresan así su solidaridad con los manifestantes.

            Que las imágenes del 25-S en Madrid hayan sido retransmitidas por televisión es algo que no ha gustado nada al presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, otro demócrata de toda la vida, quien no ha dudado en mostrar su malestar calificando las retransmisiones de auténtico “disparate”, no porque no sea partidario de la transparencia, dice, sino porque “incitan a manifestarse”. De lo que se desprende que Mayor Oreja entiende que en una sociedad democrática lo peor que pueden hacer los ciudadanos es manifestarse, salvo que éstos estén tutelados por el Foro de la Familia y el cardenal Rouco Varela, veladores de las esencias patrias y del espíritu de la tradición nacional. Y aunque la verdad es que las declaraciones de Mayor Oreja ya no sorprenden a nadie, no dejan de causar cierta perplejidad, pues francamente no se sabe qué es peor, si que a Mayor Oreja le moleste que los ciudadanos se manifiesten o que pretenda sustraerles su derecho a estar informados sobre los acontecimientos de interés público.

            Las declaraciones de marras constituyen sólo un ejemplo de la manera en que la denominada clase política reacciona ante las críticas y las protestas de la ciudadanía. Y es que ya antes de que tuviera lugar la manifestación, algunos como Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, tuvieron la desvergüenza de comparar una manifestación pacífica que fundamentalmente reivindicaba más democracia con el golpe de Estado del 23-F. Desde las filas del Partido Popular, sin llegar siempre a estos extremos, no se ha parado de elogiar el trabajo de la policía el día de la manifestación, trabajo que consistió, básicamente, en ejercer una represión brutal sobre unos ciudadanos que, en su inmensa mayoría, se manifestaban pacíficamente. Tampoco quienes militan en partidos supuestamente de izquierdas se han mostrado demasiado ecuánimes, pues si bien la mayoría ha expresado su rechazo a la violencia policial, en general también han estado disconformes con una manifestación que, dicen, incompresiblemente ponía en la piqueta a los representantes, sin excepciones, de la soberanía nacional. Pero el que sin duda se lleva la palma entre los izquierdistas es Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, quien no sólo estuvo un rato en la manifestación, sino que aseguró no pertenecer a la clase política, que es como ser el dueño de un banco y decir que no se es banquero.

Ardor independentista

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ecía Marx que todas las grandes transformaciones sociales tienen su origen en las contradicciones que se dan en un determinado momento histórico entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. A su juicio, los cambios que se producen en la base real de la sociedad, la estructura económica, generan  a su vez la tranformación de la gran superestructura ideológica, la cual está conformada por todo el mundo de los valores, la moral, la religión, pero también por el Estado y el derecho y, en definititiva, por todos esos elementos que aun siendo intangibles forman parte de la realidad social. Esta afirmación marxiana, obviamente, no deja muy bien parada a la idea de subjetividad ni a la de un hombre autónomo y dueño de sí mismo, de ahí que quienes seguimos reivindicando la libertad del individuo no podamos estar de acuerdo con Marx en este punto. Sin embargo, no hace falta ser marxista para reconocer que las variaciones en las condiciones materiales de existencia pueden traer consigo cambios en las formas del pensamiento, habida cuenta de que nuestras ideas están indefectiblemente ligadas a nuestros intereses.

            Es por ello que la crisis económica que venimos padeciendo hace años, que es ya una crisis social, bien puede terminar convirtiéndose en una crisis política. Y acaso los últimos acontecimientos en la esfera geopolítica debieran ser entendidos en esta perspectiva, pues la emergencia del independentismo en Cataluña no es ajena a las dificultades económicas por las que pasan las instituciones catalanas, las cuales se traducen en el progresivo deterioro de las condiciones sociales de vida. Resulta irónico que el auge del independentismo haya tenido lugar precisamente ahora que gobiernan los mismos que en tiempos del ZuperPresidente no se cansaron de repetir que los soecialistas se habían propuesto conseguir la desintegración de España, nada menos. Claro que, bien pensado, la culpa es de Zapatero, pues si éste no le hubiera dejado a Rajoy una herencia tan calamitosa, la situación económica de España no sería tan crítica y, en buena lógica seudomarxista, el independentismo no habría aflorado de esta forma tan candente.

            Tal ardor independentista ha hecho que más de un analista se rasgue las vestiduras y, con el pretexto de solidarizarse con esa parte de Cataluña que quiere seguir formando parte de España, haya arremetido contra esa otra parte que reivindica la independencia. Y la cuestión podría debatirse democráticamente si no fuera porque un amplio sector de la sociedad española, constituido mayormente por quienes se sienten representados por el Gobierno del PP y  por no pocos votantes del PSOE, considera que el asunto de la independencia de Cataluña debiera ser decidido por todos los españoles. Y eso es sencillamente inaceptable. Porque una cosa es que cada uno pueda tener su opinión sobre un posible Estado catalán, y otra que corresponda a todos los españoles decidir sobre si Cataluña se independiza de España o no, del mismo modo que si una mayoría social en Canarias optara por la independencia, no se aceptaría que la decisión tuviera que tomarla el conjunto de los españoles.

Hollande, de la esperanza a la indignación

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uando el pasado mes de mayo François Hollande se hizo con la presidencia de Francia, se generaron no pocas expectativas entre la progresía española con respecto a la posibilidad de que surgieran nuevas alternativas para salir del atolladero económico, lo cual serviría para que a España se le diera un respiro, se suavizaran los recortes y, en suma, el coste de la dichosa crisis se distribuyera de un modo más justo. Cuatro meses más tarde sabemos que el contrapeso del progresismo francés al conservadurismo alemán no ha servido para que Europa dé un golpe de timón que cambie el rumbo de las políticas económicas y sociales. Y el ajuste de 30.000 millones de euros que acaba de anunciar el presidente galo no hace sino dar la razón a los más escépticos, aquellos que pensaban que era un error depositar la esperanza del cambio en el que era conocido como el menos socialista de los socialistas franceses.  

            Para ser justos, hay que reconocer a Hollande la valentía de obligar a las clases más pudientes, siquiera sea por esta vez, a soportar el mayor peso del ajuste, pues dos tercios de los 30.000 millones se obtendrán de la subida de impuestos a las rentas más altas. Pero eso, no nos engañemos, no arregla el problema a la inmensa mayoría de los franceses, la clase media, que es, como en cualquier país europeo, la que verdaderamente está viendo cómo se deterioran sus condiciones de vida hasta el punto de que se corre el riesgo de su desaparición como clase. No digamos ya para las personas de las clases más desfavorecidas, a quienes les ha tocado, también en Francia, la peor parte, pues ya se sabe que la crisis se ceba con los más pobres. Entre estos últimos se encuentran los inmigrantes gitanos de origen rumano, quienes lamentablemente son los protagonistas involuntarios de la razón por la que las acciones gubernamentales de Hollande hayan pasado de generar la esperanza inicial y el desencanto posterior a provocar directamente indignación.

            Y es que al muy progresista gobierno francés no se le ha ocurrido mejor idea que proseguir con la execrable política de repatriaciones forzosas iniciada por el inefable Sarkozy en 2010, que no otra cosa es el desmantelamiento de los poblados gitanos y el traslado de sus habitantes anunciado por el ministro del Interior galo, Manuel Valls, el pasado miércoles en Bucarest. Y aunque la medida ha llevado a Amnistía Internacional a denunciar la expulsión ilegal de 15.000 gitanos rumanos residentes en Francia, cuenta, ¡ay!, con el apoyo de la mayoría de los votantes socialistas. De esta guisa el gobierno francés da la sensación de confundir la lucha contra la pobreza con la lucha contra los pobres, quienes parecen ser el enemigo de una Francia en la que cuesta reconocer los principios del republicanismo y los derechos humanos, de una Francia que otrora inspirara a los movimientos revolucionarios y emancipadores de todo el mundo y sin embargo hoy, una vez más, renuncia a los valores universales del humanismo para abrazar la barbarie.