A propósito del 25 N

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l pasado jueves, como cada 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tipo de violencia que, al menos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, se define como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico”. De tal definición se desprende que la expresión “violencia de género” alude fundamentalmente a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y así es cómo, según creo, se ha venido sosteniendo por parte del feminismo desde hace años. El matiz “por el hecho de ser mujeres” no es trivial, pues resulta fundamental para comprender en qué consiste la violencia machista. Otra cosa es que, desde algunos feminismos, la violencia de género se haya querido diferenciar de la violencia contra la mujer para incluir en la primera expresión la que se puede ejercer contra las personas del colectivo LGTBI.

No es mi intención, en cualquier caso, entrar ahora en el debate interno del feminismo con respecto a esta cuestión, pues lo que me interesa hoy es reflexionar sobre el alcance de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, independientemente de si se quiere denominar violencia de género o si se prefiere entender este concepto en sentido más amplio. El término de la expresión sobre el que quiero detenerme, entonces, es el de “violencia”. Y es que la violencia se puede ejercer de muchas maneras. Es así que la más clara de ellas es la que llamamos violencia directa, que es la que tiene lugar cuando se produce una agresión física, sexual o psicológica y lamentablemente, incluso en las sociedades que se dicen respetuosas con los derechos humanos, son muchas las mujeres que sufren este tipo de violencia que alcanzaría su máxima expresión en el asesinato.

Pero además de la violencia directa, existe la que se ha dado en llamar violencia estructural, que es la que tiene lugar cuando se atenta contra los derechos humanos de los individuos. Y comoquiera que entre esos derechos humanos se hallan los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales, entonces, cada vez que se atenta contra el derecho de un ser humano al acceso a los recursos materiales mínimos para poder llevar a cabo una vida digna, estaríamos ante un caso de violencia estructural. Un tipo de violencia que, en muchas ocasiones, bien puede ser considerado como violencia contra las mujeres o violencia de género, toda vez que mayormente son las mujeres las que ven conculcados sus derechos económicos y sociales, por más que en nuestras democracias liberales haya un reconocimiento formal de las libertades básicas y de la igualdad entre hombres y mujeres. Prueba de ello sería la tristemente célebre brecha salarial o, lo que es aún peor, el fenómeno de la feminización de la pobreza. Y tengo para mí que el 25 N es un día para reivindicar el imperativo moral de eliminar este tipo de violencia y no solo la violencia física, psicológica o sexual que, por descontado, también debiera ser erradicada. 

El nacimiento de 'UPPSOE'

 

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ace ahora algo más de 10 años, el movimiento 15-M tomó las plazas y las calles de  buena parte de las ciudades españolas para mostrar su indignación ante la gestión de la crisis que nos asolaba (cuyas consecuencias aún no se han terminado de superar), en lo que ha sido el mayor movimiento contestatario en décadas. La crisis económica devino en crisis social y ésta en crisis política. No en vano, la plataforma que convocó la manifestación que derivó en la generación del 15-M llevaba por nombre Democracia Real Ya, dando por supuesto que nuestra democracia no es realmente tal. El malestar económico y social hizo que parte de la ciudadanía pusiera en tela de juicio el sistema político, una democracia que a ojos de los indignados no cumplía con unos requisitos mínimos que la hiciera digna de ese nombre. Es por ello que desde los sectores biempensantes del país, élites políticas, económicas y mediáticas, no se dudó en tildar a los indignados de antisistema.

            ¿Fue el 15-M un movimiento antisistema? Si nos atenemos a la definición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia, según el cual antisistema significa “contrario al sistema social o político establecidos”, parece claro que el 15-M fue un movimiento antisistema. Y es que, en el ámbito político, pretendía transformar la democracia liberal representativa en una democracia más genuina, más deliberativa, participativa y directa, y en el ámbito socioeconómico, abogaba por una sociedad más justa, en la que todas las personas tuvieran acceso a los recursos materiales mínimos para llevar a cabo una vida digna y donde, en suma, los seres humanos fueran siempre tratados como sujetos y nunca como meros objetos, que es lo que se desprende de aquel célebre lema de Democracia Real Ya: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Mas si el término antisistema se usa en sentido peyorativo como sinónimo de antidemocrático o violento, entonces resulta evidente que el 15-M no fue en ningún caso un movimiento antisistema, pues tanto las proclamas como las reivindicaciones de los indignados casarían bien con lo que se ha dado en llamar democracia radical.

            Una década después se diría que no ha habido cambios sustanciales en la realidad social española, más allá de la irrupción de Podemos, aquel partido que en buena medida era heredero del movimiento 15-M, hoy asociado a Izquierda Unida y parte del Gobierno. Es por ello que en la actualidad sigue siendo tan necesario como entonces el ejercicio del pensamiento crítico contra el poder económico y el poder político,  por más que las élites se empeñen en calificar, más bien descalificar, como antisistema (en el sentido despectivo de antidemocrático) a cualquier movimiento o idea que pueda poner en tela de juicio el poder establecido. Si entonces el objeto de las críticas eran la banca y las grandes multinacionales, en la esfera económica, y lo que se dio en llamar el PPSOE, en el plano político, tengo para mí que ahora, como destinatarios de la crítica, convendría sumar a las grandes compañías energéticas y también, ay, a Unidas Podemos. Y es que tras lo acontecido en el Congreso en relación a la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, solo queda la indignación ante el nacimiento de ‘UPPSOE’ que, por descontado, hoy como ayer, no me representa.

La realidad es dialéctica

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abido es que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Esto es, al menos, lo que viene a decir el principio de no contradicción formulado por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Para ser algo más precisos, el principio de marras señala que si una proposición es verdadera su contraria no puede serlo en el mismo sentido. Se trata de uno de los principios lógicos elementales, del que se deriva el principio del tercero excluido, según el cual, dada una proposición y su contraria, una de las dos, y solo una, ha de ser verdadera, y no hay cabida para una tercera opción. El principio de no contradicción tiene una variante ontológica según la cual nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Las cosas, ya se sabe, o son, o no son. Uno tiende a pensar que estos principios, tanto en su versión lógica como ontológica, siguen teniendo validez hoy en día. Sin embargo, en ocasiones, se diría que la realidad los niega.

El principio de no contradicción, en su variante ontológica, casa bien con aquel otro que nos dejara Parménides en su poema del ser, donde el eleata nos dice que solo el ser es y es imposible que no sea; el no ser, por tanto, ni es ni puede llegar a ser. Lo que más o menos quiere significar lo que popularmente decimos cuando afirmamos que lo que es es y lo que no es no es. La conclusión a la que llega Parménides es que el ser es uno, único, eterno e inmutable, lo que hoy en día es difícil de sostener, pues la realidad se nos antoja a todas luces cambiante. Más plausible parece entonces el planteamiento de Heráclito, quien ya nos advertía de la imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo río. En efecto, la realidad, a juicio del de Éfeso, es cambiante, pues todo fluye y nada permanece. Y ello es así porque, según el Oscuro, que es como lo conocían, la realidad es dialéctica, una unidad formada por contrarios.

¿Es la realidad estática o cambiante? ¿Coherente o contradictoria? Si seguimos el principio de no contradicción, la realidad debería ser coherente; sin embargo, las contradicciones abundan por doquier. Acaso la realidad sea coherente en lo que a la naturaleza se refiere y contradictoria en lo relativo al ser humano. Pues lo que ofrece pocas dudas es que, en el ámbito social, no digamos ya el político, la realidad se despliega dialécticamente en múltiples contradicciones. ¿Cómo entender si no que sea precisamente Vox, el nostálgico del franquismo, el partido que se haya erigido en guardián de los derechos humanos a la luz de las sentencias, tres ya, del Tribunal Constitucional que le han dado la razón? ¿Cómo comprender que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para configurar a su antojo las más altas instituciones del Estado, incluidas, cómo no, las que atañen al poder judicial, y al mismo tiempo sigan defendiendo la separación de poderes como uno de los principios básicos de la democracia, si no es porque la realidad es dialéctica? 

Ocurrencias de comunistas

 

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l triunfo del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) de Olaf Scholz en las últimas elecciones celebradas en septiembre en el país teutón ha llevado a que algunos analistas hablen directamente del retorno de la socialdemocracia a Europa. En rigor, son varios los países de la Unión Europea en los que gobierna un partido, o una coalición, de izquierdas: desde los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia o Suecia, donde es tradición que gobierne la izquierda, hasta los países del sur como Portugal o España, en los que es más habitual la alternancia política. Pero la posibilidad de que un socialdemócrata vuelva a ser investido como canciller en Alemania tras 16 años en los que la cancillería ha estado ocupada por Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), marca un hito en el devenir de la política europea. Y es que ya se sabe el peso que tiene Alemania en la economía y en la política de la Unión Europea. Tanto es así, que uno se plantea si no debería poder votar en Alemania, ya que parece ser que es allí donde se toman las decisiones.

            No es seguro que Olaf Scholz llegue a formar gobierno, ya que la victoria del SPD ha sido ciertamente muy ajustada. Sin embargo, Scholz está dispuesto a intentarlo, aunque para ello necesita llegar a un acuerdo con Los Verdes y los liberales del Partido Democrático Libre (FDP), toda vez que el líder socialdemócrata no quiere volver a reeditar la gran coalición, es decir, un gobierno conformado por el SPD, de izquierdas, y la CDU, de derechas. Decía un viejo conocido, profundamente de derechas, que los ecologistas son como las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, y aunque el análisis no sea excesivamente sofisticado, creo que en lo sustancial tenía razón. Y si esto es así, entonces Scholz no debería tener demasiados problemas para llegar a un acuerdo con Los Verdes; otra cosa es cómo casar los principios de la socialdemocracia que defiende el SPD con el liberalismo propio del FDP que, no en vano, es conocido sencillamente como el partido de los liberales. Mas ni tan siquiera a este respecto debería haber demasiados problemas, pues entre socialdemócratas y liberales no hay tantas diferencias, al menos en lo que se refiere al denominado liberalismo igualitario.

            En efecto, el liberalismo igualitario y la socialdemocracia contemporánea no tienen diferencias insalvables. De hecho, en Estados Unidos es esta suerte de liberalismo, frente al liberalismo conservador de los autodenominados libertarians, el que juega el rol político que en Europa desempeña la socialdemocracia. Algunas de las medidas implementadas por el presidente Joe Biden serían un buen ejemplo. Como quiera que sea, lo que se me antoja inimaginable es que, en el caso de que el acuerdo llegue a fraguar, los líderes de la CDU, virtualmente en la oposición, se dediquen a tildar a los liberales de felones, a Olaf Scholz de presidente okupa, a poner en cuestión la legitimidad del Gobierno y a arremeter contra cualquier medida en materia de política económica o social orientada a la protección de los  derechos sociales, que también forman parte de los derechos humanos, sin otro argumento que su descalificación como comunista y bolivariana. Eso es más propio de las derechas hispanas, siempre tan demócratas, que creen que regular el precio de los alquileres o subir el salario mínimo interprofesional son ocurrencias de comunistas para romper España.

Políticos en el exilio

 

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uando a principios de año el todavía vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló la condición de exiliado de Carles Puigdemont, no fue poco el revuelo mediático y político que se armó. En aquel momento, se recordará, le llovieron las críticas a derecha e izquierda no solo por no considerar que el líder independentista era un simple prófugo de la justicia, como la mayor parte de los líderes de los partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas afirman, sino, sobre todo, por haber comparado a los independentistas catalanes exiliados (o huidos, pongan ustedes el adjetivo que consideren más adecuado) con los republicanos españoles que hubieron de huir de España y exiliarse en el extranjero para escapar de la represión franquista tras la Guerra Civil. Entonces, no solo los simpatizantes del republicanismo de izquierdas consideraron inadmisibles las declaraciones de Iglesias, sino que aun las derechas patrias, tan proclives a veces a exaltar los valores, más bien contravalores, del franquismo, sintieron las palabras del líder morado como una ofensa.

            En estos días, Puigdemont, que ciertamente andaba más bien de capa caída, ha vuelto a ocupar las portadas de los periódicos tras su detención en Cerdeña, adonde había acudido para participar en un encuentro de folclore catalán. Ahora sí que, por fin, iba a ser extraditado a España, juzgado y condenado, pensaron y clamaron los patriotas de turno. Pero hete aquí que finalmente los tribunales italianos suspendieron el proceso de extradición del líder independentista en el exilio, con lo que se diría que han ratificado las declaraciones de Puigdemont, quien, tras su provisional puesta en libertad, había afirmado: “España no pierde nunca la ocasión de hacer el ridículo”. Así que el affaire italiano del expresidente de la Generalitat le ha venido de perlas a él y al independentismo en general: al independentismo, porque le ha servido como un balón de oxígeno ahora que estaba perdiendo algo de fuelle como se reflejó en la última diada; y al propio Puigdemont, porque desde que está en el exilio ha ido perdiendo relevancia en favor de ERC, que no en vano tiene la presidencia de la Generalitat y acapara el protagonismo en la mesa de diálogo.

            Se dirá que el triunfo de Puigdemont en el país transalpino es algo efímero, y que en breve dejará de ser noticia. Mas tengo para mí que constituye un éxito mayor de lo que a priori pudiera pensarse. Pues más allá de los réditos políticos y sociales que Puigdemont y el independentismo hayan podido extraer, el verdadero éxito radica en que, una vez más, y acaso sin proponérselo, el exiliado líder del procés le ha asestado un golpe al Estado en toda la mandíbula. Y es que Italia es ya el quinto país de Europa, tras Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza, que se niega a extraditar a Puigdemont, lo que no solo refleja la presumible torpeza de la justicia española, sino que debería hacernos pensar que acaso el sistema jurídico español tiene un déficit democrático a este respecto. La última palabra en este asunto la tendrá la justicia europea, y ya veremos lo que dice, pero, de momento, las declaraciones de Pablo Iglesias con las que comenzábamos este artículo resultan cada día más acertadas. Y es que España no será una democracia plena mientras siga habiendo políticos en el exilio.