El diálogo necesario

L

o ocurrido el pasado domingo ha dado, al decir de gran cantidad de analistas, un nuevo giro al conflicto catalán, pues los abusos policiales y el respaldo masivo, mayoritario o no, al referéndum, han hecho que, como se dice ahora, cambie el relato. Ello demuestra que, en política, cuentan tanto los argumentos racionales como las medidas de fuerza, las cuales, obviamente, no tienen por qué ser violentas. Y es que tanto la negativa por parte del Estado a que se celebre un referéndum legal, pactado y vinculante, como la convocatoria del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no pueden interpretarse como argumentos sino como demostraciones de fuerza. Desde un punto de vista estratégico, el intento de impedir que la ciudadanía catalana votase el 1-O se ha revelado como un tremendo error agrandado además por los excesos violentos, mientras que la convocatoria, en la medida en que fue respaldada por tal multitud de ciudadanos que ha conseguido que varíe la percepción del conflicto, bien puede ser considerada un éxito, ya veremos si pírrico.

            El triunfo del pasado domingo, no obstante, no habría de serlo tanto del independentismo como de los partidarios del derecho a decidir, independentistas o no, toda vez que, a pesar de que los resultados publicados dan una aplastante mayoría al Sí, el hecho de que el referéndum celebrado no fuese legal y de que, dadas las circunstancias en las que se hubo de efectuar, no cumpliese con las mínimas condiciones exigibles, hace que no se pueda considerar vinculante y que no tenga validez jurídica alguna. Y es que, el modo en que se llevó a cabo la votación, así como la manera en que se realizó el recuento, entre otras carencias, impiden que podamos hablar de un referéndum con garantías democráticas. Así las cosas, resulta imposible saber cuántas personas realmente participaron y cuál fue el resultado real de la votación, mas lo que no parece ofrecer dudas es el hecho de que la participación fue masiva, suficiente para que el Gobierno de España reconozca de una vez que un amplio sector de la ciudadanía catalana desea votar y se le ha de reconocer su derecho a hacerlo.

            Es por ello que seguir empeñándose en negar el derecho a decidir es un grave error en el que no debiera seguir incurriendo el Gobierno del Partido Popular ni los partidos que apoyan esa postura. Pero una declaración unilateral de independencia amparándose en los resultados del referéndum del 1-O sería un error del mismo tamaño que dejaría al procés sin el mínimo atisbo de legitimidad. Así las cosas, la única alternativa que queda, la única democrática y justa, es que se resuelva el conflicto mediante la celebración de un referéndum legal, pactado y vinculante y que sea la ciudadanía catalana la que decida finalmente si desea constituir un nuevo Estado o si prefiere seguir formando parte de España. De las condiciones de ese referéndum es de lo que, sin demora y antes de que sea tarde, deben hablar los presidentes Rajoy y Puigdemont. Y uno esperaría que las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, que se llaman a sí mismas democráticas, pusieran todo de su parte para que ese diálogo necesario tuviera lugar cuanto antes.  

La cruzada contra el reguetón

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ras las desafortunadas y criticadas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a quien, después del último asesinato machista cometido en las Islas, no se le ocurriera otra cosa mejor que reducir la violencia de género al ámbito de las decisiones individuales, su compañero de partido y presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, decidió retirar la subvención al concierto de Maluma arguyendo que las letras de las canciones de la estrella de reguetón son machistas. Se trata, qué duda cabe, de un nuevo alarde de oportunismo político, tal como acertadamente señalara la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot. Lo que no me queda claro es si tal oportunismo buscaba lavar la cara del presidente Clavijo o tenía por objeto mostrar la superioridad moral de Alonso y su mayor sensibilidad ante la violencia de género de cara a la galería.

        Elucubraciones aparte, la decisión de Alonso no ha estado exenta de polémica, no tanto por su inoportuno oportunismo sino por el hecho de que actos de este tipo constituyen un nuevo modo de censura, postcensura que se dice ahora, que no casa bien con el derecho a la libertad de expresión que, en general, se reconoce como un pilar básico de las sociedades que se pretenden democráticas y respetuosas con los derechos humanos. Y es que acciones como la de Alonso responden más a un intento de satisfacer las exigencias del imperio de la corrección y la dictadura de los ofendidos de uno y otro signo, desde la Iglesia hasta la gente progre, que a una verdadera apuesta política por la lucha contra la desigualdad. Sin duda, algunas de las letras de Maluma rezuman un machismo execrable, pero algo más tendrá para que esté en el punto de mira de los nuevos biempensantes de la sociedad, habida cuenta de que el machismo que sirve de pretexto a los martillos del reguetón está también presente en otros géneros musicales como el rock, tan aplaudido por los que se rasgan las vestiduras ante este nuevo demonio musical, no digamos ya el bolero o el tango, que tanto arraigo tienen en Canarias, o incluso el propio folclore canario.

         Y es que un día criticamos el machismo de Maluma o Daddy Yankee y al siguiente damos rienda suelta a nuestros cuerpos al ritmo del buen y genuino rock’n roll de los Mojinos en Arucas, con toda su carga de humor ácido en el que las mujeres desde luego no salen bien paradas. O nos vamos de romería y todos juntos cantamos ese himno a la servidumbre doméstica de la mujer que tiene por estribillo “pobrecillo novio, ¡ay pobre Rafael!”. Así las cosas, tengo para mí que la cruzada contra el reguetón tiene más de conflicto intergeneracional que de lucha contra la violencia de género. Por lo demás, la censura, en cualquiera de sus formas, se ha revelado ciertamente ineficaz e incluso, en ocasiones, consigue el efecto contrario del perseguido, como creo que pasa con las estrellas de reguetón, que serían auténticos desconocidos para quienes peinamos canas si no fuera porque los guardianes de la moral y las buenas costumbres se han encargado de señalarlos. Por cierto, que tengo un par de libros de filosofía publicados y aún albergo la esperanza de que alguno de estos nuevos adalides de los ofendidos del mundo les coja ojeriza y me haga famoso.

La gallina de los huevos de oro

Y

a no se puede uno ni ir de vacaciones. Se escapa uno una semanita a Fuerteventura, en realidad cinco días, que la cosa no está para demasiadas alegrías, y a la vuelta, después de ese tiempo bajo el sol majorero sin tan siquiera abrir un periódico, se encuentra con el país patas arriba porque, de repente, ha estallado un brote de turismofobia: así que en los escasos días que hemos sido turistas hemos estado expuestos, sin ni siquiera enterarnos, a los peligros de esta nueva forma de protesta que, según dicen, amenaza con acabar con la que es la primera actividad económica de España. Y es que los últimos actos en contra del turismo en Cataluña y Baleares han despertado las alertas de las élites económicas y políticas que temen que aquellos a quienes acusan de turismofobia consigan matar la gallina de los huevos de oro.

Desde luego no seré yo quien aplauda determinado tipo de actos violentos como los ataques a una guagua de turistas o a las instalaciones de una empresa de alquiler de bicicletas, por citar algunos de los altercados más sonados en los medios de comunicación en estos días, según he podido saber tirando de hemeroteca. Pero que uno esté en desacuerdo con este tipo de actuaciones no significa que deba aceptar acríticamente los desmanes de este motor de la economía que, sigamos con la metáfora, es más bien un motor de escasa cilindrada. Y es que el turismo, precisamente por su importancia, más aún en Canarias, merece ser objeto de reflexión crítica sin que por ello se nos tilde a quienes así pensamos de turimófobos. Pues si bien es cierto que el turismo constituye el pilar de la economía en las Islas y en buena medida ha contribuido a que la sociedad canaria actual sea mejor, desde prácticamente cualquier punto de vista, que la que era a mediados del siglo pasado, también lo es que no está exento de problemas.

El modelo desarrollista que se implantó en Canarias desde la década de los 60, similar al de otras zonas costeras de la Península o Baleares, es altamente agresivo y ha tenido como consecuencia, entre otros efectos negativos para el medio ambiente, la depredación del territorio, que es nuestro principal recurso. Además, a pesar de la riqueza y el empleo que genera, el turismo se ha revelado incapaz de sacar a las Islas de la pobreza, no consigue que el paro baje significativamente y, por lo general, los puestos de trabajo que crea son de poca calidad y, en muchas ocasiones, vinculados a la construcción, que es un negocio paralelo que vive del turismo y, paradójicamente, puede acabar con él. Así que, no nos engañemos, la gallina de los huevos de oro también defeca y los huevos que pone no son para todos: la clase trabajadora isleña mantiene con los grandes empresarios del turismo una relación similar a la que otrora mantenía con los caciques y exportadores agrícolas. Por ello urge que nos replanteemos el modelo de turismo que queremos, el modelo productivo, ¡y distributivo!, en general, si de verdad queremos que en Canarias se puedan alcanzar unas condiciones de vida propias de un país desarrollado. 

¿Nuestra democracia se ha hecho cuarentona?

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lguien podría pensar que la cuestión que da título a este artículo es en realidad una pregunta retórica, pues es un hecho que la democracia española acaba de cumplir 40 años, como los medios de comunicación, diferentes instituciones y personas diversas nos han recordado en estos días con distintas celebraciones, homenajes y hasta críticas. En efecto, si se toman la molestia de buscar el término cuarentón en el Diccionario de la lengua española editado por la Real Academia Española (RAE), verán que este nos remite a la palabra cuadragenario, la cual es definida como sigue: “Dicho de una persona: Que tiene entre 40 y 49 años”. Y si esto es así, ahora que se cumplen 40 años de la celebración de las primeras elecciones en España, lo que daría lugar a la Constitución del 78, entonces parece claro que nuestra democracia es cuadragenaria o cuarentona.

Sin embargo, la definición del Diccionario de la RAE señala, como hemos visto, que el término de marras tiene ese significado cuando se aplica a personas: nada dice de instituciones, regímenes políticos o períodos históricos. Por lo demás, y aunque la RAE no señale nada al respecto, tengo para mí que el adjetivo cuarentón se emplea siempre con un cierto desdén, para enfatizar que ya no se es joven, el cual deriva, qué duda cabe, de cierta sobrevaloración de la juventud. Una sobrevaloración de la que solo somos conscientes, claro está, los que ya no somos tan jóvenes, aquellos que en público señalamos con impostada autosuficiencia que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, pero por las noches no podemos dejar de evocar los versos de Rubén Darío: “Juventud, divino tesoro…”.

Nostalgias aparte, y volviendo a la cuestión que nos ocupa, lo cierto es que nuestra democracia es objetivamente cuarentona, si se nos permite aplicar este adjetivo a algo como una democracia, que no es en sí una persona, pero sólo puede estar constituida por personas, toda vez que tiene 40 años de vida y las matemáticas son testarudas. Empero, para dar respuesta a nuestra pregunta, no bastan las matemáticas, sino habrá que tirar también de hermenéutica, pues para ser propiamente cuarentona, ya lo decíamos, será necesario que nuestra democracia haya dejado de ser joven. Y es en este punto donde los 40 años dejan de ser objetivos, pues sin en un ser humano, según el célebre tango, 20 años no es nada, referidos a un período histórico, 40 años son menos. De lo que se desprende que, pese a sus cuatro décadas, nuestra democracia sigue siendo, desde este punto de vista al menos, decididamente joven.

Mas si atendemos al desdén que implica el término cuarentón y a que, sobrevaloraciones aparte, vinculado al término juventud se halla el verbo rejuvenecer, que, en la acepción que ahora nos interesa, significa renovar, dar modernidad o actualizar, debiéramos pensar si nuestra joven y a la vez cuarentona democracia no debiera ser rejuvenecida. Y es que por más que estos 40 años bien puedan ser concebidos como un tiempo de progreso, y sin necesidad de poner en cuestión el que se ha dado en llamar el régimen del 78, lo que tampoco habría de ser obstáculo para examinar críticamente nuestra historia reciente y lo que supuso la transición en tanto que pacto de silencio y de olvido de las víctimas de la barbarie franquista, lo cierto es que nuestra democracia comienza a mostrar síntomas de agotamiento. Por ello, más allá de fastos y conmemoraciones, lo que necesitamos es repensar nuestra democracia para avanzar hacia nuevas formas más genuinamente democráticas que den cabida a una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, donde tenga lugar una distribución de la riqueza y del trabajo más igualitaria, si es que no queremos que nuestra democracia se convierta definitivamente en una cuarentona sin remedio. 

Educación contra el terrorismo

E

l terrorismo islamista ha vuelto a golpear cerca de casa, y ya van demasiadas veces. Tantas que cada día cuesta más seguir pensando que, en realidad, el islamismo, desde la perspectiva que nos proporcionan las estadísticas, no es una amenaza. Y es que el número de víctimas mortales en la vieja Europa a manos de los yihadistas es cuasi insignificante si lo comparamos con los muertos en accidentes de tráfico o, lo que aún resulta más terrible, con el número de suicidios o, a qué negarlo, las víctimas de la violencia de género. Pero las estadísticas son frías y el dolor de las víctimas y sus seres queridos es caliente. Y para el que sufre un atentado, o para aquel a quien le han arrancado un ser querido, las estadísticas no sirven de consuelo.

            Sin embargo, ciertas dosis de frialdad son necesarias para comprender mejor el problema al que nos enfrentamos, su dimensión real y las medidas necesarias para afrontarlo: la indignación en caliente es comprensible, pero ayuda poco en este sentido. Por ello debemos huir de soluciones y análisis exprés como los de Theresa May y Jeremy Corbyn, que en la vorágine de la carrera electoral se rinden al populismo, tan denostado por los partidos de bien. Competir públicamente por quién ha recortado más la financiación de la policía o quién tiene menos escrúpulos para emplear la mano dura, lo que se traduce en la lesión de derechos de la ciudadanía, sirve para contentar a las masas enfurecidas, pero no para luchar eficazmente contra el terrorismo; antes al contrario, se diría que lo alimenta y le ayuda a conseguir sus objetivos. Y es que contra lo que se ha dicho, el terrorismo islamista es más una guerra contra la democracia y los derechos humanos que contra Occidente, como muestra el hecho de que el Estado Islámico atente sobre todo en países de población mayoritariamente musulmana.

          Así pues, no se trataría tanto de defender a Europa y a la cultura occidental de la agresión del Islam, como tan interesada y perversamente se insiste desde la derecha más reaccionaria, sino de defender la democracia y los derechos humanos frente al fundamentalismo, así como frente a cualquier forma de totalitarismo. Y en lo que a Europa se refiere, deberíamos empezar por preguntarnos por qué algunos europeos deciden abandonarse a la barbarie y arremeter contra la vida de sus conciudadanos. Por supuesto que la primera responsabilidad de los asesinatos la tienen los propios asesinos, pero algo debe estar fallando en nuestras sociedades para que algunos de sus miembros se radicalicen hasta el punto de estar dispuestos a sacrificar sus propias vidas sin otro objetivo que sembrar la muerte y el odio. Es por ello que en la lucha contra el terrorismo islamista, una de las claves es evitar los procesos de radicalización y ahí la educación juega un papel determinante, pero, lamentablemente, en España la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no está entre las prioridades del Gobierno.