Enemigos de la libertad

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ivimos un tiempo en el que el acceso a la información, paradójicamente, puede resultar perjudicial para la siempre loable búsqueda de la verdad. En efecto, la saturación de información, sin necesidad de que la misma sea falsa, impide o dificulta al individuo estar bien informado, no digamos ya bien formado, por contradictorio que ello pueda parecer. De ahí que el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento no termine de fraguar en este incierto siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Mas si la sobreinformación resulta dañina, pues deja al individuo en la incertidumbre, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso ante la imposibilidad de analizar las ingentes cantidades de datos, aún más perniciosos son los bulos, fake news, noticias falsas, postverdades o como cada uno prefiera llamarlos, toda vez que su emisión y difusión responden al interés de manipular a la opinión pública en beneficio propio.

La era de las nuevas tecnologías genera las condiciones propicias para la proliferación de las noticias falsas. Sin embargo, hay que reconocer que, en última instancia, no son las TIC las responsables de este fenómeno. Ni siquiera constituyen la condición de posibilidad del mismo, pues la manipulación de la opinión pública se diría que es tan vieja como la humanidad. Y es que el monopolio de la verdad, o de lo que se considere verdadero, ha constituido siempre una fuente de poder: desde los brujos, hechiceros y sacerdotes de distinto pelaje hasta los científicos actuales, la prerrogativa de establecer qué es verdad y qué no otorga al que la tiene el poder para decidir cómo se debe actuar, del mismo modo que la razón teórica, la que indaga acerca de la verdad, determina a esa clase de razón práctica que es la razón instrumental, la que señala qué medios se deben poner en práctica para alcanzar determinados fines.

Cómo saber cuáles hayan de ser esos fines, nuestros fines últimos, fines en sí mismos, que en definitiva es en lo que consisten nuestros valores, y si hay alguna suerte de razón práctica capaz de establecerlos, es otra cuestión. Pero si convenimos que la dignidad del ser humano es uno de esos fines y que esta se sustenta en la libertad y la igualdad, tal como, de hecho, se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces todo ataque a la libertad de expresión nos debe parecer reprobable. Es por ello que el intento del Gobierno de la mano del CIS de Tezanos de legitimar la censura resulta inaceptable, pues bajo el pretexto de la lucha contra los bulos y las fake news no se puede cercenar el derecho de cada individuo a expresar libremente sus ideas sobre el tema que quiera, sea un experto o no. Y es que entre la falsedad, la calumnia o la injuria y la verdad fidedigna hay muchos grados. Por lo demás, el dogma es tan enemigo de la verdad como la mentira. Y los enemigos de la verdad lo son también de la libertad.

Renunciar a la libertad

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a crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus ha supuesto, siquiera sea de facto, la suspensión de unos cuantos derechos humanos de esos que la Constitución considera fundamentales. Derechos civiles tan básicos como el derecho a circular libremente o el derecho de reunión están suspendidos desde que el Gobierno decretara el estado de alarma. Incluso los derechos políticos han quedado en suspenso, entre paréntesis, toda vez que se han tenido que posponer elecciones y que ni el Congreso ni el Senado, ni ninguno de los parlamentos autonómicos, mantienen la actividad plena. Todavía nos queda, no obstante, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia. Y es que no hay virus ni Estado que pueda impedir al individuo pensar lo que quiera, por más que los regímenes autoritarios que en la historia ha habido, religiosos o laicos, a izquierda y derecha, se hayan empeñado en controlar el pensamiento.

            La historia de la disidencia, de Sócrates a Luther King, vendría a corroborar la incapacidad del Estado, en tanto que institución en la que se sustancia el poder político, pero también de cualesquiera poderes económicos, religiosos o de otra índole, con frecuencia vinculados al Estado, si es que no inseparables de él, para obligar al individuo a aceptar la validez de determinados principios o rechazar otros. Algunos de estos disidentes, como los mencionados, pagaron con la vida su disenso; otros se vieron obligados a abjurar públicamente de sus creencias, como hubo de hacerlo Galileo Galilei, quien, de rodillas ante la Inquisición, se retractó de sus ideas copernicanas para evitar arder en la hoguera. Una retractación que no implica, en ningún caso, que Galileo hubiera rechazado en el interior de su conciencia el heliocentrismo para abrazar el geocentrismo impuesto por la Iglesia. Y es que la tortura puede ser muy eficaz para obligar a alguien a afirmar o negar lo que se quiera, pero no para convencerlo de su verdad o justeza.

            De cara al control social, la coacción puede ser muy efectiva, pero nunca lo será tanto como la persuasión, pues qué duda cabe que si uno está convencido de la idoneidad de una norma la probabilidad de su cumplimiento se incrementa notablemente. De ahí que en los sistemas autoritarios modernos la propaganda juegue, junto a la coacción, un papel esencial. La célebre agitprop de los regímenes comunistas sería un buen ejemplo. Pero la propaganda también es un instrumento eficaz en los sistemas democráticos, como ha quedado patente a raíz de la pandemia que estamos padeciendo: ¿cómo entender si no el continuo “quédate en casa” al que nos están sometiendo? Y es que llama la atención la facilidad con la que la ciudadanía ha aceptado la suspensión de derechos fundamentales, la facilidad con la que hemos renunciado a la libertad en aras de la seguridad frente al Covid-19. La pandemia pasará y entonces veremos cómo y en qué medida recuperamos nuestros derechos. De momento, ¡ay!, parece ir calando el mensaje de que los regímenes autoritarios son más eficaces que la democracia en la lucha contra el virus.

La validez de los derechos humanos

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l 10 de abril de 2019 falleció Javier Muguerza, considerado por muchos como el filósofo español más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando se cumple un año de su fallecimiento, brindo esta reflexión sobre la validez de los derechos humanos en homenaje a la memoria de quien fuera mi maestro, que lo fue también, directa o indirectamente, de casi todos los que nos dedicamos a la filosofía en Canarias.

Los derechos humanos han sido definidos de distintos modos, de suerte que han sido calificados como derechos naturales, que es como los concibieron los ilustrados; derechos morales, como los entiende Ronald Dworkin; o derechos fundamentales, en la definición de Gregorio Peces-Barba. De las distintas propuestas resulta particularmente interesante la de Javier Muguerza, pues al concebir los derechos humanos como exigencias morales que en rigor solo son derechos una vez han sido recogidos en el ordenamiento jurídico, supera algunas de las deficiencias que presentan las dos visiones contrapuestas de los derechos humanos más extendidas: el positivismo jurídico y el iusnaturalismo.

Para los partidarios del positivismo jurídico no hay más derecho que el derecho positivo y, por lo tanto, la validez de los derechos humanos viene dada por el propio derecho. El problema de una posición como ésta radica en que si la validez de los derechos humanos depende del derecho, entonces allí donde existieran, como de hecho han existido y existen, ordenamientos jurídicos en los que no están recogidos los derechos humanos, éstos carecerían de validez. Si no hay más razón para respetar los derechos humanos que el hecho de que éstos estén recogidos en el ordenamiento jurídico, si llegado el caso se suprimieran los derechos humanos de los ordenamientos jurídicos en los que están presentes, ya no habría ninguna razón para seguir observándolos. Y ocurre que quienes estamos a favor de los derechos humanos, quien esto suscribe al menos, consideramos que los derechos humanos se deben respetar siempre, lo ordene o no el derecho, de ahí que la validez de estos derechos no pueda depender del derecho, pues entendemos que los derechos humanos son de validez universal.

Es esta cuestión, la de la validez universal de los derechos humanos, la que ha llevado a los partidarios del iusnaturalismo a sostener que los derechos humanos no son simplemente derechos positivos, en el sentido del positivismo jurídico, sino que más allá de estar recogidos en los distintos ordenamientos jurídicos lo que les otorga validez es que son derechos naturales. Mas hablar de derechos naturales presenta más problemas de los que resuelve, pues supone reconocer la existencia de una suerte de derecho natural que estaría por encima del derecho positivo, el cual sería absolutamente justo, de modo que el derecho positivo, si pretende ser un derecho justo, habría de ajustarse al derecho natural, o aproximarse a él todo lo humanamente posible. La debilidad del iusnaturalismo es clara pues no hace falta ser un positivista jurídico para preguntarse qué es eso del derecho natural, dónde se halla, qué normas contiene, quién lo promulga... El iusnaturalismo, en última instancia, no tiene más remedio que apelar a la metafísica, pues solo a entidades metafísicas como Dios o la naturaleza cabría atribuirles la existencia de un supuesto derecho natural que es en sí mismo metafísico.

En el fondo, cuando indagamos acerca de la validez de los derechos humanos lo que hacemos es preguntarnos por las razones por las que debemos respetar esos derechos, es decir, nos planteamos el problema de la fundamentación. Y ante esta cuestión, como hemos visto, ni la respuesta iusnaturalista ni la respuesta positivista resultan satisfactorias. Y es que si preguntamos al iusnaturalista por qué debemos respetar los derechos humanos, éste sólo podrá responder que debemos respetar los derechos humanos porque eso es lo que dicta el derecho natural y debemos acatar tal derecho natural. Mas ante tal respuesta, el positivista, y cualquiera que no desee incurrir en posiciones metafísicas, siempre podrá preguntar de dónde sale tal derecho natural y cómo podemos los seres humanos concretos dilucidar qué contiene, a qué obliga, quién sanciona en caso de incumplimiento, en qué consiste la sanción, a lo que el iusnaturalista no podrá responder o, como ocurre con las cuestiones metafísicas, se podrá ofrecer tantas respuestas como individuos hay. Sin embargo, tampoco el positivista jurídico saldría bien parado si le hiciéramos la misma pregunta, pues aunque en primera instancia podría responder que hay que respetar los derechos humanos porque la ley obliga a ello, porque así lo exige el derecho, siempre se le podría preguntar, que es en realidad en lo que consiste nuestra pregunta, por qué debemos obedecer el derecho, cuestión esta que el iuspositivista ya no estaría en disposición de responder.

El positivismo jurídico, pues, se revela incapaz de justificar la validez universal de los derechos humanos, pues puede dar razón de por qué tales derechos deben ser respetados siempre que éstos formen parte del ordenamiento jurídico, pero no de por qué habrían de ser incluidos en el ordenamiento jurídico o por qué determinados ordenamientos jurídicos habrían de ser preferibles. El iusnaturalismo, por su parte, sólo puede ofrecer una justificación metafísica de los derechos humanos, lo que resulta a todas luces insuficiente pues solo podría satisfacer a quienes compartieran la misma concepción metafisica del mundo. Es por ello que, tal como señalábamos más arriba, la concepción de los derechos humanos que nos propone Javier Muguerza nos resulta la más plausible, pues al considerar que los derechos humanos solo son derechos en sentido estricto una vez que han sido recogidos en el ordenamiento jurídico, evita deslizarse por la escurridiza y peligrosa pendiente de la metafísica en la que cualquier posición tiene la misma validez que su contraria. Mas al señalar que antes de estar recogidos en el ordenamiento jurídico los derechos humanos son exigencias morales, elude el error iuspositivista de considerar que es el derecho el que otorga validez a los derechos humanos y salvaguarda el carácter universal de la validez de los derechos humanos, que, en cualquier caso, ya no dependería del derecho, pues se trataría de una validez moral.

La duda

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ranscurrida una semana de encierro forzoso, el presidente, Pedro Sánchez, anunció su intención de prorrogar el estado de alarma 15 días más: un mes en total, de momento. Desde el pasado 14 de marzo y hasta el 11 de abril, si no hay más prórrogas, quien no cumpla con su obligación de permanecer confinado se arriesga a ser multado, incluso a ser sancionado con pena de cárcel. Es lo que tiene el derecho, la ley, que la dicta el Estado y es de obligado cumplimiento para todo aquel que se halle en el territorio donde el Estado ejerce su soberanía. Y si alguien la incumple es asimismo sancionado por el propio Estado. Un sistema normativo bien distinto, como se ve, a la moral, pues las normas morales, las que regulan el comportamiento desde la perspectiva de lo que se considera que está bien en sí mismo, es justo o es correcto no las puede dictar el Estado: solo el individuo se las puede imponer a sí mismo y, en caso de incumplimiento, es el propio individuo quien se sanciona con el sentimiento de vergüenza moral, es decir, los cargos o remordimientos de conciencia.

            Al Estado le resulta indiferente si un individuo está de acuerdo o no con la ley vigente siempre que la cumpla. Si bien es cierto que, en los Estados democráticos, la ley emana, siquiera sea indirectamente, de la soberanía popular, así que se espera, en cualquier caso, que la ciudadanía dé su consentimiento; consentimiento que, por otra parte, constituye la única fuente de legitimidad posible de la ley en la modernidad. Pero incluso tratándose de un Estado no democrático, el ejercicio del poder necesita de cierto grado de legitimación, de cierto grado de consentimiento. Ello explica que el Gobierno no solo imponga la cuarentena coactivamente, que lo hace, sino que trate de persuadir a la ciudadanía de la conveniencia de cumplirla por el bien de la salud propia y la de los demás.

            Así, pues, el Gobierno apela a la fuerza coactiva del derecho, pero también al carácter persuasivo de la moral: a la virtud de la prudencia, tan aristotélica, quédate en casa para no contagiarte, y al deber moral, tan kantiano, de ser solidario, quédate en casa para no contagiar. Y así, poco a poco, va asumiendo uno la necesidad de tan drástica medida, lo dicen los expertos, y va aceptando el estado de alarma, qué remedio, con el Estado hemos topado, la suspensión (limitación, dicen los juristas) temporal de derechos, y se queda en casa, porque hay que ser prudente y solidario. Pero a ratos me asalta la duda y leo las cifras y las comparo y me pregunto por qué se publica cada nuevo fallecimiento por coronavirus y no cada nueva muerte por cualquier otra enfermedad, que se producen a diario, para tener una perspectiva más amplia, más de conjunto. Y entonces, mientras dudo, me siento mal por dudar. Pero también si no dudo, porque lo que a otros les resulta evidente a mí me sigue pareciendo más bien una cuestión de fe, fe en los expertos, fe en el Gobierno. Y la fe mueve montañas, o las inmoviliza, pero no lleva a la verdad.

La expansión del miedo

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n el momento en que escribo estas líneas ha habido cinco fallecidos en España a causa del coronavirus. Es de esperar, ay, que cuando ustedes las lean haya algunos más. A pesar de que el número de contagiados crece sin parar y lo mismo ocurre con las víctimas mortales en prácticamente todo el mundo, los gobiernos y las autoridades sanitarias nacionales e internacionales insisten en llamar a la calma. En ello están el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma española en la que se detectó el primer caso de contagio del Covid-19 del país. Y desde luego no seré yo quien lleve la contraria a las autoridades a este respecto, pues nada ganamos con dejarnos imbuir por el alarmismo generalizado: la vida, pese a todo, continúa y no merece la pena vivir con miedo, pues el miedo atenaza, oprime, resulta alienante, sobre todo si, como dicen las autoridades, se trata de un miedo infundado.

            Ocurre que el miedo es un sentimiento y los sentimientos son difíciles de gobernar, pues son, por definición, irracionales. Mas ello no significa que no podamos reflexionar racionalmente sobre ellos, incluso que podamos deliberar sobre su justificación, es decir, que nos preguntemos por las razones por las que deberíamos pensar que un sentimiento es adecuado o no. Desde este punto de vista, entonces, la pregunta fundamental no es si sentimos miedo al contagio del Covid-19, sino si hay o no razones que justifiquen ese miedo que, por lo que parece, es ya más bien un hecho, a la vista de las consecuencias económicas y sociales que está generando, así como el modo en que ya empieza a afectar al desarrollo de la vida cotidiana. Y para poder llevar a cabo esa deliberación es fundamental disponer de información fidedigna, lo que nos lleva, a los profanos en asuntos sanitarios, a desechar cualquier información que nos pueda llegar a través de las redes sociales o que nos pueda contar nuestro vecino, compañero de trabajo, pariente o amigo, pues ya se sabe que son las vías más apropiadas para la circulación de bulos y eso que ahora llamamos fake news.

            Conviene entonces prestar atención a la información que ofrecen los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión, y, sobre todo, a los expertos y a las autoridades sanitarias. Y ocurre que cuando uno hace un esfuerzo por informarse mínimamente, encuentra que acaso no haya razones para el miedo, pero desde luego tampoco las hay para estar tranquilo. Y es que, aparte de la irresponsabilidad del sensacionalismo en el que hayan podido incurrir algunos medios de comunicación que se tienen por serios, lo cierto es que las autoridades gubernamentales, pese a su reiterado llamamiento a la calma, contribuyen no poco a la expansión del miedo al adoptar unas medidas que contradicen su discurso: si se trata de un virus con una tasa de mortandad del tres por ciento aproximadamente, que afecta letalmente sobre todo a las personas mayores con patologías previas, como ocurre con otras enfermedades, ¿a qué viene entonces aplicar medidas tan drásticas como, por poner un ejemplo, confinar a 1000 personas en un hotel?