No a la guerra

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inalmente las potencias occidentales han decidido intervenir militarmente en Libia para, dicen, evitar que el dictador Gadafi, primero enemigo, luego amigo, y ahora enemigo de nuevo, siga masacrando a la población civil de su país. La intervención viene avalada por una resolución de las Naciones Unidas que le proporciona cobertura legal, y ello es suficiente para que el gobierno soecialista, con el apoyo de todo el Congreso salvo los representantes de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, haya decidido que España participe en la guerra  que tiene lugar en Libia sin temor a traicionarse a sí mismo. Así lo señalaba el ZuperPresidente en el Congreso ayer, a quien, por cierto, le pasa con la guerra como con la crisis, que cree que si no se nombra no existe y prefiere referirse a ella con eufemismos. Dice ZP que los soecialistas han sido plenamente coherentes porque ahora, igual que hicieron en Afganistán cuando aún estaban en la oposición, han aprobado los bombardeos porque éstos están autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, donde la guerra se inició sin mandato de las Naciones Unidas y por lo tanto se llevó a cabo de forma ilegal.

            Pero el hecho de que la guerra tenga cierta cobertura legal no significa que sea legítima ni mucho menos justa. Y es que una cosa es la legalidad de una acción y otra bien distinta su legitimidad. Legal es en principio toda acción que se ajuste al derecho, mas no todos los ordenamientos jurídicos son legítimos, pues la legitimidad del derecho, la legitimidad de las leyes, si puede haberla, ha de descansar en la participación libre y democrática en la elaboración de las mismas por parte de aquellos que luego deben cumplirlas, o, en su defecto, en la aprobación o libre consentimiento de esas leyes que conforman el derecho por parte de quienes, ya digo, están obligados a obedecerlas. Y desde esta perspectiva no parece que la participación de la coalición de potencias occidentales, a la que ciertamente se han sumado algunos países de Oriente Próximo, pueda ser considerada como legítima, cuando la autorización legal proviene de la ONU, una organización que no respeta los mínimos principios democráticos a la hora de tomar decisiones, las cuales corresponden sólo a un reducido grupo de países, de los que algunos tienen, en el colmo de la negación de la democracia, el derecho de veto. Pero al margen del déficit democrático de la ONU, lo que está claro es que no es posible dotar de legitimidad a una guerra, pues la legitimidad de las acciones se deriva de su fundamentación moral y por lo tanto se cimienta en las razones morales que las fundamentan, y las guerras, todas las guerras, se podrán explicar aduciendo razones estratégicas, prudenciales, cuando se trate de alcanzar un  beneficio o evitar un perjuicio, pero nunca morales, es decir, razones por las que una acción ha de ser considerada como buena en sí.

            Por lo demás, a nadie se le esconde que Occidente nunca va a la guerra para defender los derechos humanos, la democracia o la dignidad de las personas, sino que sólo lo hace cuando sus intereses geoestratégicos, económicos o de similar índole están en juego. Así podemos entender que de la multitud de conflictos en los que se violan los derechos humanos, sólo en algunos las potencias occidentales decidan entablar una guerra. Ahora le toca a Libia, cuyo conflicto, vaya causalidad, ha traído consigo el incremento progresivo de los precios del petróleo, lo que, ya lo señalábamos hace unos días, amenaza con frenar la salida de la crisis de los países que se han apuntado a este bombardeo, el cual a buen seguro se llevará por delante a un montón de víctimas que habrá que sumar a las del régimen de Gadafi.

De turistas y parados

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asi un millón de turistas extranjeros visitaron Canarias en el pasado mes de febrero, lo que supone un récord histórico. Si a los viajeros que llegaron a las Islas en febrero les sumamos los que vinieron en enero, tenemos algo más de 1.870.000 visitantes. Tienen motivos los empresarios turísticos para estar contentos, porque aunque sea cierto que el llenazo que tienen este invierno se debe en parte a que las Islas han recibido a muchos turistas que tenían como destino Túnez o Egipto y que, debido a las revueltas, han visto truncados sus planes, también es verdad, como no se cansan de recordar los empresarios de marras, que antes de la oleada revolucionaria del mundo árabe, la oferta de alojamiento de Canarias estaba cubierta al 80 por ciento. Así pues, se trata sin duda de una buena noticia porque el incremento de turistas necesariamente contribuirá a la mejora de la economía isleña.

            Sin embargo, esta mejora, al menos de momento, no se ha traducido en la esperada generación de nuevos puestos de trabajo. Y es que Canarias sigue estando a la cabeza de España en lo que a las cifras del paro se refiere. Concretamente la provincia de Las Palmas ostenta el triste récord de ser la que tiene un mayor porcentaje de población sin trabajo. ¡Nada menos que el 32 por ciento de la población activa de la provincia oriental carece de empleo! ¡Hay que joderse! Y en lo que respecta al Archipiélago en general, resulta cuando menos paradójico que el mes en el que se batió el récord histórico de turistas extranjeros haya sido también el mes en el que el paro registró un incremento de casi 3.000 personas. Ello pone de manifiesto, una vez más, que crecimiento económico no es sinónimo de generación de empleo ni mucho menos de progreso social, sino que es, a lo sumo, condición necesaria –en el marco del capitalismo- pero no suficiente. Los números revelan, asimismo, la incapacidad del turismo, a pesar de ser el motor económico de Canarias, para generar por sí solo la riqueza y el empleo suficiente para que las Islas salgan de una situación socioeconómica más propia de países subdesarrollados que de una región de la vieja y rica Europa.

            El sentido común nos dice que la mayor llegada de turistas exige un mayor número de empleados si se pretende ofrecer a los visitantes los mismos servicios y con la misma calidad. Y así lo han reconocido algunos empresarios, quienes además se quejan porque, dicen, sí han incrementado las plantillas de sus empresas. Pero el sentido común también nos dice que mientras menos aumenten los nuevos contratos, más beneficio se sacará a corto plazo. Y ya sabemos todos que en este país nuestro rige lo de piñita asada, piñita mamada. No es de extrañar, pues, que digan lo que digan los responsables de las empresas turísticas, el paro no haya hecho sino aumentar en las Islas por más que el negocio turístico vaya viento en popa.

           

La hipocresía occidental

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l ambiente revolucionario del mundo árabe ha servido para que, una vez más, Occidente ponga de manifiesto la hipocresía que le caracteriza. Del entusiasmo hacia las revueltas y el apoyo solidario, más moral que otra cosa, a las reivindicaciones populares, se ha pasado a la honda preocupación por la inestabilidad de la zona. De nuevo, la clave de este giro se encuentra en el petróleo más que en las víctimas de la barbarie. Y es que el conflicto de Libia ha traído como consecuencia una escalada de precios de la que sigue siendo la principal fuente de energía, y ante la amenaza de que el barril de Brent alcance la barrera de los 120 dólares, lo que, dicen, supondría una fuerte ralentización de la salida de la crisis, la posibilidad de una intervención militar por parte de las potencias occidentales va en aumento. De hecho, Estados Unidos ya se ha ofrecido para ayudar en lo que haga falta a quienes se oponen al régimen de Gadafi y mantiene movilizadas a sus tropas navales y aéreas en el Mediterráneo y norte de África ante la posibilidad de un ataque inminente. El pretexto, defender a los rebeldes de la barbarie de Gadafi; la razón, impedir el aumento del precio del petróleo y evitar cualquier freno al crecimiento económico; las consecuencias, un baño de sangre y muchísimas más víctimas.

            Ante esta situación algunos consideran que el uso de la fuerza representa un mal menor y que, en cualquier caso, es necesario para poder detener a Gadafi, pero tengo para mí que un ataque por parte de las fuerzas de la OTAN, con o sin la autorización de la ONU, sólo servirá para empeorar la situación y multiplicar las víctimas. La experiencia de Irak y de Afganistán debiera bastarnos para rechazar la opción militar. Y no es que no desee que Gadafi sea juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por ordenar bombardear a la población civil cuando se manifestaba en su contra, o por crímenes de guerra, por ordenar el asesinato de los opositores cuando éstos ya estaban armados. Pero que los encargados de entregar a Gadafi ante la Corte Penal Internacional sean precisamente quienes no reconocen la autoridad de ese tribunal no deja de ser un ejercicio del mayor cinismo y una muestra más de que la dignidad de las personas y los derechos humanos son sólo cuestiones secundarias para los de nuevo autoproclamados defensores del mundo libre.

            En Canarias tampoco somos ajenos a esta doble moral occidental. Así hemos pasado de mirar con simpatía progresista la oleada revolucionaria y frotarnos las manos con la llegada masiva de turistas derivados que eligen las Islas ante la imposibilidad de viajar a Egipto o Túnez, a torcer el gesto a causa de la subida del precio del petróleo y la posibilidad de que las llamas de la revolución lleguen tan cerca que amenacen con quemar nuestro bienestar. Y es que una cosa es que los vecinos africanos luchen por su dignidad y otra que sus derechos fundamentales nos cuesten dinero.

La economía no entiende de derechos

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ecía Muamar el Gadafi en El libro verde que el problema fundamental del poder político se resuelve mediante la democracia y que ésta sólo puede consistir en el poder del pueblo, lo que le lleva a recelar de la democracia representativa, pues, a su juicio, “la representación es una impostura”, y a abogar por una suerte de democracia participativa que se estructura a partir de congresos y comités populares. Ahora, y tras 41 años en el poder, dice ser el líder de la revolución y trata de mantenerse en el machito a base de bombardear a ese pueblo que, según él mismo afirma, “no puede ser sustituido por nadie”. No quiere darse cuenta de que hace tiempo que dejó de liderar ninguna revolución, que la revolución es la que está en la calle exigiendo su retirada y que el protagonista de esa revolución son los miles de personas que se han hartado de su tiranía, las miles de “ratas” que exigen libertad y dignidad. Mas afortunadamente, y a pesar de la barbarie, el pueblo no se ha arredrado y todo apunta a que más pronto que tarde Gadafi será derrocado. El precio será alto, ya lo está siendo con cientos de muertos, muertos que el dictador podría haber evitado y por los que, espero, sea juzgado y castigado.

            Gadafi es otro más de esos dictadores de la otra orilla del Mediterráneo, otrora enemigo número uno, más tarde amigo y, ahora, al socaire de las revueltas, enemigo otra vez de un Occidente que no tiene vergüenza. Me pregunto si no vamos a aprender nunca, si alguna vez dejaremos de primar los intereses económicos sobre los derechos humanos, esa plasmación de nuestros grandes valores que constituyen nuestra mayor aportación a la humanidad y que, sin embargo, no nos cansamos de pisotear. Y es que mientras abjuramos de Ben Ali, Mubarak o Gadafi, seguimos riendo las gracias a otros gobiernos para los que los derechos humanos no son más que papel mojado. Es el caso de China, segunda potencia económica del mundo y a la que no dejaremos de agradecer que compre deuda española, aunque lo haga con dinero manchado de indignidad. Y qué decir del Gobierno de Marruecos y su líder espiritual y político Mohamed VI, a quien no se puede ofender por intereses estratégicos ni siquiera cuando el denominado “campamento de la dignidad” fue desmantelado violentamente, en un nuevo alarde de desprecio a los derechos humanos.

            Pero acaso el colmo de la hipocresía la haya protagonizado el grupo de congresistas del PP, PSOE y CIU que encabezado por José Bono viajó hace unas semanas a Guinea Ecuatorial. Hasta la ex colonia española se trasladaron todos en comandita a ver si el dictador Teodoro Obiang, que está forrado desde que Guinea Ecuatorial se convirtió hace unos años en el tercer productor de petróleo del África subsahariana, tiene a bien facilitar la inversión de empresas españolas en ese país que Obiang gobierna con mano de hierro como si de su hacienda particular se tratase. Y es que la economía no entiende de derechos.

La caída de Mubarak

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inalmente cayó Hosni Mubarak, para alegría de todos los demócratas y también, ¡ay!, de los autoproclamados  veladores de la fe islámica. Los demócratas nos alegramos porque con la caída del dictador se abre un proceso de transición que esperamos que culmine en la normalización democrática de Egipto; los guardianes del Islam, en cambio, ven en el fin del régimen de Mubarak la oportunidad para reconducir a Egipto hacia la senda del fundamentalismo religioso. Es el caso de Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán, quien espera que el derrocamiento del hasta ayer gran aliado árabe de Occidente sirva para dar un vuelco a las relaciones del país de las pirámides con Israel. Mas debiera andarse con cuidado el líder iraní, porque acaso las revoluciones tunecina y egipcia sirvan de acicate para que la población del país persa se levante contra la dictadura de los ayatolás. Ya se sabe, cuando las barbas del vecino veas cortar…

            Sólo el tiempo nos dirá en qué acaba todo esto. Por mi parte, espero que los egipcios sepan realizar una transición que, como mínimo, esté a la altura de la española, que con todos los defectos, silencios y hasta traiciones que se quiera desembocó en una democracia liberal que, desde luego, no es el paradigma de la libertad y la justicia social, pero es preferible a cualquier régimen despótico. Para ello será necesario contar con la participación de todas las fuerzas políticas de la oposición, incluidos, claro está, los Hermanos Musulmanes. Empero, justo es reconocer que los egipcios lo tienen más difícil, porque no todo el mundo ve con buenos ojos la caída de Mubarak. Empezando por Israel que, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, hasta el último momento siguió apoyando a la dictadura por su temor a que el nuevo Egipto sea un país hostil. Ya ven, Israel, que presume de ser el único país democrático de Oriente Próximo, defendiendo a dictadores árabes con tal de ver satisfechos sus intereses.

            Sea como fuere, la chispa de la revolución ha prendido y amenaza con expandirse por todos los países árabes del norte de África y Oriente Próximo. Y haría bien Israel en comprender que un proceso democratizador que termine con las dictaduras, religiosas o laicas, de la zona bien pudiera ser beneficioso para todos y para llevar la paz a la región. Claro que acaso a Israel no le interese la paz y quizás tampoco le interese demasiado la democracia. Pues tal vez teman en Tel Aviv que la expansión de la democracia en Oriente Próximo incline a Estados Unidos y a la Unión Europea a replantearse sus relaciones con Israel. O, quién sabe, a lo mejor lo que le preocupa al Gobierno de Tel Aviv es que las llamas revolucionarias terminen por incendiar a los demócratas israelitas y éstos salgan a la calle a exigir el fin de la violencia y el compromiso sincero con la paz.