De crisis y cajas de ahorros

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a semana pasada el todavía ZuperPresidente estuvo de gira por China, pero no crean que viajó a Oriente a defender la Alianza de las civilizaciones, ni mucho menos a reclamar a los dirigentes del gran gigante asiático el respeto debido a los derechos humanos de los chinos, por más que hiciera una tímida mención a ello en el foro económico de Boao. ZP fue a China a recabar fondos que ayuden a España a salir de la crisis y parece ser que lo consiguió, lo cual habría sido un rotundo éxito si no fuera porque la afición del ZuperPresidente a lanzar grandes titulares le volvió a jugar una mala pasada. Y es que tras anunciar a bombo y platillo que China invertiría 9000 millones de euros en las cajas de ahorros españolas, tuvo que rectificar porque desde el propio gobierno del país asiático se insistió en que en ningún momento de la reunión mantenida con ZP se dio cifra alguna.

            ZP rectificó sólo en lo que se refiere a los números, porque siguió insistiendo en que China se había comprometido a invertir en deuda pública española y en la reestructuración de las cajas de ahorros. Y en éstas estábamos, esperando al Mr. Marshall oriental para saber cuántas perras traía consigo, cuando llegó el Financial Times y publicó, el pasado miércoles, que China no haría efectiva la anunciada inversión. Menos mal que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, señaló ayer que lo publicado por el periódico británico carece de fundamento y que China siempre cumple sus compromisos. Hasta dónde, medido en plata, llega el compromiso de China con España y las cajas de ahorros es algo que, de momento, seguimos sin saber.

            Y hablando de cajas de ahorros, el que también ha estado de gira, aunque más modesta que la de ZP, es Rodrigo Rato, quien se halla al frente de Bankia, ya saben, la nueva entidad bancaria de la que la Caja de Ahorros de Canarias forma parte aunque no pinte nada, y fuera ministro de Economía en la era Aznar, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Caja Madrid. Rodrigo Rato goza de gran prestigio en el universo de los economistas, esa suerte de ideólogos del neoliberalismo disfrazados de científicos, y cuenta entre sus méritos el haber sido el artífice del milagro económico español de los 90, el mismo milagro que sustentó el crecimiento en el ladrillo y ha traído como consecuencia que España tenga una economía débil y que, por ello, entre otras cosas, le esté costando salir de la crisis mucho más que a sus socios europeos. Asimismo fue el que en 2007, cuando aún se hallaba al frente del FMI, no supo ver venir la crisis que estalló en 2008 y en la que aún estamos inmersos. Ahora, con la genialidad que le caracteriza, ha venido a Canarias a decir que la crisis ya pasó, que la economía mundial crece y que, en suma, la situación española se puede convertir en crónica si no se toman medidas.  Y aunque no aclaró qué medidas son ésas, suponemos que se refiere a las de siempre, es decir, las encaminadas a seguir desmantelando el ya maltrecho Estado de bienestar, a recortar los derechos sociales y a enriquecer, aún más, a los que nos metieron en esta crisis que, según él, ya ha pasado.

El relevo de ZP

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l pasado fin de semana nos enteramos de que el ZuperPresidente no será el candidato del PSOE en las elecciones generales de 2012, para alegría de unos, desgracia de otros e indiferencia de la mayoría. Los soecialistas están contentos porque, a poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, piensan que les beneficia que ZP haya anunciado, por fin, su renuncia a renovar en el cargo; los impopulares, en cambio, se frotan las manos porque consideran que la renuncia de Zapatero bien puede interpretarse como el reconocimiento de su fracaso al frente del Gobierno, aunque por otra parte les molesta haberse quedado sin el que hasta ahora ha constituido el blanco de sus ataques; y al común de los ciudadanos, sencillamente, nos da lo mismo. Y me permito generalizar porque tengo para mí que a la ciudadanía en general le importa poco quién encabece las listas electorales de los partidos, habida cuenta de los índices de participación electoral y del descrédito que, según las encuestas, tiene la clase política ante los ciudadanos. Se lo han ganado a pulso, la verdad.

            Supongo que el descrédito tiene que ver sobre todo con los casos de corrupción que afectan a todos los partidos, sirvan los soecialistas de Andalucía y los impopulares de Valencia de ejemplo de lo que digo, pero también con la desfachatez con la que los políticos despilfarran el dinero público y el tren de vida que llevan en los tiempos que corren. Y es que cuesta entender, para poner otro ejemplo, que un eurodiputado gane unos 8000 euros al mes y que entre dietas y complementos llegue a los 13000, según la Cadena Ser, cuando España padece una tasa de paro que en 2010 superó el 20 por ciento y en 2011 no bajará del 19 por ciento. Y eso por no hablar de nuestras ultraperiféricas islas, donde los casos de corrupción se multiplican casi tan rápido como los parados, que ya representan el 30 por ciento de la población activa, y donde buena parte de los trabajadores que aún no han perdido su empleo son mileuristas.

            Mas la indiferencia con la que muchos ciudadanos nos tomamos el relevo de ZP tiene tanto que ver con el descrédito de la clase política como con la falta de legitimidad de nuestra democracia. Pues cuando el Gobierno toma medidas que van en contra de la voluntad popular, cuando con el pretexto de paliar la crisis asistimos al progresivo deterioro de los derechos sociales, y cuando, encima, se nos dice que todo ello es necesario para satisfacer a los mercados y que, en definitiva, se trata de medidas que nos vienen impuestas por no se sabe muy bien quién, uno no puede sino preguntarse qué clase de democracia es ésta en la que la política está al servicio del capital y los ciudadanos no nos podemos dar a nosotros mismos las leyes que luego tenemos que cumplir, porque éstas las redactan los consejos de administración de las grandes empresas.

No a la guerra

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inalmente las potencias occidentales han decidido intervenir militarmente en Libia para, dicen, evitar que el dictador Gadafi, primero enemigo, luego amigo, y ahora enemigo de nuevo, siga masacrando a la población civil de su país. La intervención viene avalada por una resolución de las Naciones Unidas que le proporciona cobertura legal, y ello es suficiente para que el gobierno soecialista, con el apoyo de todo el Congreso salvo los representantes de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, haya decidido que España participe en la guerra  que tiene lugar en Libia sin temor a traicionarse a sí mismo. Así lo señalaba el ZuperPresidente en el Congreso ayer, a quien, por cierto, le pasa con la guerra como con la crisis, que cree que si no se nombra no existe y prefiere referirse a ella con eufemismos. Dice ZP que los soecialistas han sido plenamente coherentes porque ahora, igual que hicieron en Afganistán cuando aún estaban en la oposición, han aprobado los bombardeos porque éstos están autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, donde la guerra se inició sin mandato de las Naciones Unidas y por lo tanto se llevó a cabo de forma ilegal.

            Pero el hecho de que la guerra tenga cierta cobertura legal no significa que sea legítima ni mucho menos justa. Y es que una cosa es la legalidad de una acción y otra bien distinta su legitimidad. Legal es en principio toda acción que se ajuste al derecho, mas no todos los ordenamientos jurídicos son legítimos, pues la legitimidad del derecho, la legitimidad de las leyes, si puede haberla, ha de descansar en la participación libre y democrática en la elaboración de las mismas por parte de aquellos que luego deben cumplirlas, o, en su defecto, en la aprobación o libre consentimiento de esas leyes que conforman el derecho por parte de quienes, ya digo, están obligados a obedecerlas. Y desde esta perspectiva no parece que la participación de la coalición de potencias occidentales, a la que ciertamente se han sumado algunos países de Oriente Próximo, pueda ser considerada como legítima, cuando la autorización legal proviene de la ONU, una organización que no respeta los mínimos principios democráticos a la hora de tomar decisiones, las cuales corresponden sólo a un reducido grupo de países, de los que algunos tienen, en el colmo de la negación de la democracia, el derecho de veto. Pero al margen del déficit democrático de la ONU, lo que está claro es que no es posible dotar de legitimidad a una guerra, pues la legitimidad de las acciones se deriva de su fundamentación moral y por lo tanto se cimienta en las razones morales que las fundamentan, y las guerras, todas las guerras, se podrán explicar aduciendo razones estratégicas, prudenciales, cuando se trate de alcanzar un  beneficio o evitar un perjuicio, pero nunca morales, es decir, razones por las que una acción ha de ser considerada como buena en sí.

            Por lo demás, a nadie se le esconde que Occidente nunca va a la guerra para defender los derechos humanos, la democracia o la dignidad de las personas, sino que sólo lo hace cuando sus intereses geoestratégicos, económicos o de similar índole están en juego. Así podemos entender que de la multitud de conflictos en los que se violan los derechos humanos, sólo en algunos las potencias occidentales decidan entablar una guerra. Ahora le toca a Libia, cuyo conflicto, vaya causalidad, ha traído consigo el incremento progresivo de los precios del petróleo, lo que, ya lo señalábamos hace unos días, amenaza con frenar la salida de la crisis de los países que se han apuntado a este bombardeo, el cual a buen seguro se llevará por delante a un montón de víctimas que habrá que sumar a las del régimen de Gadafi.

De turistas y parados

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asi un millón de turistas extranjeros visitaron Canarias en el pasado mes de febrero, lo que supone un récord histórico. Si a los viajeros que llegaron a las Islas en febrero les sumamos los que vinieron en enero, tenemos algo más de 1.870.000 visitantes. Tienen motivos los empresarios turísticos para estar contentos, porque aunque sea cierto que el llenazo que tienen este invierno se debe en parte a que las Islas han recibido a muchos turistas que tenían como destino Túnez o Egipto y que, debido a las revueltas, han visto truncados sus planes, también es verdad, como no se cansan de recordar los empresarios de marras, que antes de la oleada revolucionaria del mundo árabe, la oferta de alojamiento de Canarias estaba cubierta al 80 por ciento. Así pues, se trata sin duda de una buena noticia porque el incremento de turistas necesariamente contribuirá a la mejora de la economía isleña.

            Sin embargo, esta mejora, al menos de momento, no se ha traducido en la esperada generación de nuevos puestos de trabajo. Y es que Canarias sigue estando a la cabeza de España en lo que a las cifras del paro se refiere. Concretamente la provincia de Las Palmas ostenta el triste récord de ser la que tiene un mayor porcentaje de población sin trabajo. ¡Nada menos que el 32 por ciento de la población activa de la provincia oriental carece de empleo! ¡Hay que joderse! Y en lo que respecta al Archipiélago en general, resulta cuando menos paradójico que el mes en el que se batió el récord histórico de turistas extranjeros haya sido también el mes en el que el paro registró un incremento de casi 3.000 personas. Ello pone de manifiesto, una vez más, que crecimiento económico no es sinónimo de generación de empleo ni mucho menos de progreso social, sino que es, a lo sumo, condición necesaria –en el marco del capitalismo- pero no suficiente. Los números revelan, asimismo, la incapacidad del turismo, a pesar de ser el motor económico de Canarias, para generar por sí solo la riqueza y el empleo suficiente para que las Islas salgan de una situación socioeconómica más propia de países subdesarrollados que de una región de la vieja y rica Europa.

            El sentido común nos dice que la mayor llegada de turistas exige un mayor número de empleados si se pretende ofrecer a los visitantes los mismos servicios y con la misma calidad. Y así lo han reconocido algunos empresarios, quienes además se quejan porque, dicen, sí han incrementado las plantillas de sus empresas. Pero el sentido común también nos dice que mientras menos aumenten los nuevos contratos, más beneficio se sacará a corto plazo. Y ya sabemos todos que en este país nuestro rige lo de piñita asada, piñita mamada. No es de extrañar, pues, que digan lo que digan los responsables de las empresas turísticas, el paro no haya hecho sino aumentar en las Islas por más que el negocio turístico vaya viento en popa.

           

La hipocresía occidental

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l ambiente revolucionario del mundo árabe ha servido para que, una vez más, Occidente ponga de manifiesto la hipocresía que le caracteriza. Del entusiasmo hacia las revueltas y el apoyo solidario, más moral que otra cosa, a las reivindicaciones populares, se ha pasado a la honda preocupación por la inestabilidad de la zona. De nuevo, la clave de este giro se encuentra en el petróleo más que en las víctimas de la barbarie. Y es que el conflicto de Libia ha traído como consecuencia una escalada de precios de la que sigue siendo la principal fuente de energía, y ante la amenaza de que el barril de Brent alcance la barrera de los 120 dólares, lo que, dicen, supondría una fuerte ralentización de la salida de la crisis, la posibilidad de una intervención militar por parte de las potencias occidentales va en aumento. De hecho, Estados Unidos ya se ha ofrecido para ayudar en lo que haga falta a quienes se oponen al régimen de Gadafi y mantiene movilizadas a sus tropas navales y aéreas en el Mediterráneo y norte de África ante la posibilidad de un ataque inminente. El pretexto, defender a los rebeldes de la barbarie de Gadafi; la razón, impedir el aumento del precio del petróleo y evitar cualquier freno al crecimiento económico; las consecuencias, un baño de sangre y muchísimas más víctimas.

            Ante esta situación algunos consideran que el uso de la fuerza representa un mal menor y que, en cualquier caso, es necesario para poder detener a Gadafi, pero tengo para mí que un ataque por parte de las fuerzas de la OTAN, con o sin la autorización de la ONU, sólo servirá para empeorar la situación y multiplicar las víctimas. La experiencia de Irak y de Afganistán debiera bastarnos para rechazar la opción militar. Y no es que no desee que Gadafi sea juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por ordenar bombardear a la población civil cuando se manifestaba en su contra, o por crímenes de guerra, por ordenar el asesinato de los opositores cuando éstos ya estaban armados. Pero que los encargados de entregar a Gadafi ante la Corte Penal Internacional sean precisamente quienes no reconocen la autoridad de ese tribunal no deja de ser un ejercicio del mayor cinismo y una muestra más de que la dignidad de las personas y los derechos humanos son sólo cuestiones secundarias para los de nuevo autoproclamados defensores del mundo libre.

            En Canarias tampoco somos ajenos a esta doble moral occidental. Así hemos pasado de mirar con simpatía progresista la oleada revolucionaria y frotarnos las manos con la llegada masiva de turistas derivados que eligen las Islas ante la imposibilidad de viajar a Egipto o Túnez, a torcer el gesto a causa de la subida del precio del petróleo y la posibilidad de que las llamas de la revolución lleguen tan cerca que amenacen con quemar nuestro bienestar. Y es que una cosa es que los vecinos africanos luchen por su dignidad y otra que sus derechos fundamentales nos cuesten dinero.