En estos tiempos en los que nos hallamos inmersos en la algarada propia de los períodos electorales, cuando los ciudadanos se tornan en protagonistas por un día de la política, conviene recordar la necesidad de reinventar la democracia, de repensarla, pues a mi juicio, ésta de la que teóricamente nos hemos dotado en Occidente no es una democracia genuina. Es seguro que millones de seres humanos comparten en lo esencial esta reflexión, pues las miles de personas que cada año acuden a la cita del Foro Social Mundial que viene celebrándose desde hace una década, así como a los distintos foros regionales o temáticos, ya sea en representación de múltiples colectivos sociales de todo el mundo, ya sea de manera individual, así lo atestiguan. De hecho en la Carta de Principios del Foro Social Mundial se explicita su oposición al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y se aboga por la búsqueda de alternativas en consonancia con el respeto a los derechos humanos y la práctica de una democracia verdadera.
También las manifestaciones en contra de la globalización neoliberal, que desde que comenzaron en Seattle en 1999 han venido sucediéndose por todo el mundo, constituyen una muestra más del descontento creciente por parte de amplios sectores de la ciudadanía con respecto a la expansión e intensificación del capitalismo y a la forma de organización política que lo legitima: la democracia liberal representativa. Ya en nuestros días, el movimiento 15-M representa la última expresión del rechazo de buena parte de los ciudadanos a esta suerte de matrimonio de conveniencia entre democracia y capitalismo. Y es que tras la última década del siglo XX la democracia, tal como la conocemos, ha entrado en un proceso de crisis de legitimidad, pues no cumple con las expectativas que cabría esperar de un sistema democrático, ni en lo que respecta a sus procedimientos ni en lo que respecta a sus contenidos.
Desde una perspectiva procedimental, es obvio que la democracia liberal representativa no satisface los requisitos mínimos que habría que exigir a cualquier sistema político para que éste pudiera ser calificado como democrático, pues sólo aquella comunidad en la que todos y cada uno de sus miembros participan activamente en la elaboración, o cuando menos aprobación, de las normas por las que ha de regirse tal comunidad puede ser, en rigor, tenida por democrática. Esto, que ya lo advertía Rousseau cuando afirmaba que los sujetos que obedecen normas que han sido elaboradas por otros permanecen en un estado de servidumbre, a menudo se pasa por alto de forma interesada y perversa, sobre todo por quienes se reservan o reivindican para sí la capacidad para legislar que en principio nos corresponde a todos.
Si atendemos a esta advertencia que con buen criterio realizaba Rousseau y posteriormente Kant, quien se expresó en similares términos a este respecto, deberíamos concluir que tras varios siglos de modernidad no hemos conseguido salir del estado de servidumbre ni acercarnos más a la utopía emancipadora que guió a los ilustrados y de la que la democracia liberal representativa es sin duda heredera. El hecho de que la máxima expresión democrática en el siglo XXI continúe siendo la elección de unos representantes cada cierto período de tiempo constituye una razón de peso para que la democracia liberal representativa adolezca en la actualidad de una fuerte crisis de legitimidad, pues su propia lógica interna impide que los ciudadanos participen en la elaboración de las normas que luego se ven obligados a cumplir. De este modo, la soberanía deja de recaer en el pueblo y reside únicamente en los parlamentarios, pues éstos, una vez que han sido elegidos, no mantienen ningún vínculo con sus administrados o, en el mejor de los casos, representados. Y es así como la democracia, en su acepción liberal representativa, se niega a sí misma.
Esta negación de la democracia, de los principios de la democracia, por el propio sistema democrático es la que le ha permitido asociarse con un sistema económico como el capitalismo que es por su propia naturaleza profundamente antidemocrático. Y es que si la democracia encuentra uno de sus pilares en el principio de igualdad entre los seres humanos, el capitalismo se basa precisamente en todo lo contrario, en la desigualdad, y de hecho se sustenta sobre la base de la explotación del hombre por el hombre. Esta convivencia entre la democracia liberal y el capitalismo nos lleva a otra de las razones por las que nuestro sistema democrático tiene serios problemas de legitimidad, ya que a nadie se le escapa que ni siquiera los representantes salidos de las urnas tienen capacidad para gobernar de forma autónoma, pues es el capital, cada vez más concentrado, el que en última instancia dictamina las directrices políticas que los gobernantes deben acatar. No obstante, a mi juicio sería un error pensar que los gobernantes son meros títeres, por tanto carentes de responsabilidad, en manos de los denominados poderes fácticos porque en realidad existe una connivencia entre los gobiernos nacionales y las grandes corporaciones transnacionales entre los que se da una relación de interdependencia. Y es que, a pesar de que entre las izquierdas se haya consolidado la tesis de que la economía tiene secuestrada a la política o que, sencillamente, el poder político está al servicio del poder económico, tengo para mí que en realidad el poder político y el poder económico son no sólo interdependientes sino que de hecho constituyen dos dimensiones de un mismo fenómeno, el poder, que ya Weber definió acertadamente como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para imponer su voluntad a otro individuo o grupo de individuos. Y esto es algo que, al menos de modo implícito –y acaso inconscientemente- , ya estaba contenido en el lema de la manifestación convocada por la plataforma Democracia Real Ya que dio origen al movimiento 15-M. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, rezaba el lema de marras, y no “no somos mercancías en manos de los políticos que están sometidos a los banqueros”. Sea como fuere, lo que parece claro es que un orden social que debe cargar con este lastre adolece por fuerza de un gran déficit democrático.
Más allá del modo en que en la democracia liberal representativa se sustrae a los ciudadanos su derecho a decidir y a tomar parte en los ámbitos de decisión política, es necesario tener en cuenta que la democracia no es sólo un sistema formal carente de contenidos, es decir, no debe ser únicamente un conjunto de procedimientos a partir de los cuales establecer la voluntad colectiva, sino que conlleva una serie de contenidos fundamentales que debe garantizar y sin los cuales la democracia, aun en el supuesto de que desde una perspectiva exclusivamente procedimental no fuese deficitaria, no tendría ningún sentido. Porque la democracia ha de ser ese espacio en el que converjan la libertad y la igualdad, para lo cual las cuestiones de procedimiento –la participación efectiva en la elaboración de las normas- son necesarias pero no suficientes. Las graves desigualdades sociales que genera el capitalismo son incompatibles con la plenitud de un sistema democrático; la responsabilidad de los países regidos por regímenes democráticos con respecto a las paupérrimas condiciones de vida de los países más pobres, que en mayor o menor medida agrupan a la inmensa mayoría de la humanidad, contribuye asimismo a restar legitimidad a la tantas veces laureada democracia liberal.
Cierto es que en el Estado de bienestar instaurado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y hoy cuasi desmantelado por mor de las tendencias impuestas por el neoliberalismo rampante, estas desigualdades sociales fueron paliadas hasta cierto punto al menos en lo que a esa parte del mundo se refiere. La socialdemocracia ha constituido sin duda el mayor desarrollo de la democracia representativa pero, así y todo, las desigualdades sociales propias del capitalismo no desaparecen y los problemas de legitimidad siguen sin resolverse: el Estado de bienestar no resuelve las cuestiones relacionadas con la legitimidad del poder en cuanto a la participación ciudadana en los ámbitos de decisión política respecta; no da soluciones a la intervención de los poderes fácticos sobre las políticas gubernamentales; renuncia a la búsqueda de la justicia, si por ideal de sociedad justa entendemos la genuina sociedad sin clases, aquella basada en la efectiva distribución igualitaria de la riqueza y del poder, y únicamente establece un sistema de mínimos, es decir, la protección social mínima para garantizar la paz social y mitigar el conflicto social que pudiera poner en peligro la continuidad del sistema, un conflicto social que, en cualquier caso, lejos de resolverse permanece latente hasta estos días en los que el preocupante incremento de las desigualdades sociales pudiera hacerlo aflorar de nuevo, como muestra la aparición del movimiento 15-M, que bien puede ser interpretado como una expresión pacífica del conflicto social.
A la luz los problemas de legitimidad expuestos hasta ahora, si sentimos la necesidad de repensar la democracia, no podemos obviar que para acercarnos a formas más genuinamente democráticas debemos superar el sistema capitalista en aras de la consecución de una mayor justicia. Así pues, repensar la democracia significa en buena medida repensar el socialismo y tras la terrible pero ilustradora experiencia soviética se me antoja que la construcción del socialismo debe realizarse desde una perspectiva netamente libertaria, pues sólo así se podrá construir un marco en el que socialismo y democracia se complementen.
Desde este libertarismo que propongo, se conciben la libertad y la igualdad como dos aspectos de una misma realidad, pues la una no puede existir sin la otra en el seno de la sociedad, y aunque analíticamente fueran discernibles, lo cierto es que en la práctica aparecen siempre juntas: cabría pensar una relación entre individuos iguales sin que ninguno de ellos gozara de libertad, pero, desde luego, es impensable una relación entre individuos libres si éstos no son iguales, sin que por ello se identifique igualdad con uniformidad, pues la diversidad es en sí misma un valor siempre que no atente contra los derechos humanos universales, por más que éstos sean insuficientes de cara a la consecución de la justicia.
En esta sociedad libertaria que se concibe como una comunidad de comunicación es lógico pensar que las normas necesarias para garantizar la convivencia pudieran ser establecidas mediante el consenso entre sus miembros, al cual habrían de llegar en virtud de la capacidad para deliberar de los mismos; pero igualmente lógico es pensar que difícilmente en una comunidad humana se pudiera llegar siempre a un acuerdo unánime. Es por ello que incluso en una comunidad de estas características, donde la participación de cada uno de los miembros en el momento de elaborar, o al menos aprobar, las normas fuera efectiva, los acuerdos normativos serían tomados generalmente por la mayoría, porque se me antoja impensable que no hubiera al menos uno de los integrantes que discrepara o estuviera en desacuerdo. Por esta razón, y pensando que un individuo o grupo no tiene derecho a imponer su voluntad sobre el resto, pues ésa es la forma más clara de autoritarismo conocida, pero que tampoco las mayorías tienen total legitimidad para imponerse sobre las minorías disidentes, entre otras cosas porque la regla de la mayoría no siempre funciona y porque existen principios fundamentales que no son susceptibles de ser sometidos a votación, considero que la mayor garantía para la libertad de los miembros de esta comunidad es que se dejase siempre abierta la vía del disenso.
