Se llaman demócratas y no lo son

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e llaman demócratas y no lo son. Hablan en nombre de la democracia y atentan contra el más elemental de los principios democráticos. Gritan libertad y violan el derecho a decidir de los individuos a los que dicen representar. La declaración unilateral de independencia de Cataluña que tuvo lugar el pasado viernes fue un acto profundamente antidemocrático. Y no porque haya sido ilegal, pues en ocasiones la propia ley, por más que haya sido aprobada por procedimientos democráticos, puede atentar contra la dignidad de los individuos y entonces, no solo es legítimo desobedecerla, sino que incluso pudiera constituir un imperativo moral, algo que solo el individuo, en la soledad de su conciencia, puede decidir. La DUI del viernes fue antidemocrática porque una decisión de esas características sólo se puede tomar después de que la ciudadanía lo apruebe directamente por la vía de un referéndum que ha de gozar de todas las garantías, lo cual, obviamente, no ocurrió el pasado 1-O.

            Se llaman demócratas y no lo son. El trío del 155, PP, PSOE y Ciudadanos, se agarra a la Constitución y confunde democracia con derecho. Creen, o intentan hacernos creer, que cualquier decisión política si es legal es democrática. Como si en las democracias contemporáneas no se pudieran tomar decisiones legales y profundamente antidemocráticas. Decidieron suspender la democracia en Cataluña para, dicen, restaurar la democracia, que es como decidir ir a la guerra para defender la paz. Afirman que en democracia se puede defender cualesquiera ideas, incluso las de los independentistas, pero se niegan a reconocer el derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña. Se llenan la boca con la palabra autogobierno, pero rechazan que la ciudadanía catalana se pueda pronunciar en un referéndum de autodeterminación pactado, legal y vinculante.

            Se llaman demócratas y no lo son. He escuchado a Miquel Iceta, del PSC, decir en el Parlament que una minoría, por muy numerosa que sea, no puede imponer su decisión a una mayoría. En términos similares se ha expresado en el Congreso de los Diputados Margarita Robles, portavoz del PSOE en la Cámara baja. Estoy de acuerdo. Pero no les he oído nunca apostar por un referéndum legal, única forma de saber si realmente son o no una minoría. He escuchado a Albert Rivera e Inés Arrimadas, de Ciudadanos, reclamar unas elecciones autonómicas en Cataluña, para, dicen, restablecer la democracia y la convivencia. Rajoy acaba de convocarlas para el 21 de diciembre, para lo cual ha tenido que disolver, ¡toma democracia!, el Parlament elegido libremente por los catalanes en septiembre de 2015. Es de suponer que los independentistas catalanes no van a aceptar la autoridad del Estado, pues en eso consiste la DUI, por lo que el Gobierno tendrá que imponerse por la fuerza: ¡toma convivencia! Y en esas condiciones, habida cuenta del respaldo social del independentismo, mayoritario o no, difícilmente se podrán celebrar unas elecciones autonómicas. Mas si, en el mejor de los casos, éstas llegaran a celebrarse, ¿qué ocurrirá si vuelven a ganar los independentistas? ¿Habrá que volver a disolver el Parlament y celebrar nuevas elecciones autonómicas y así hasta que pierdan? Se llaman demócratas y no lo son…Y el pragmatismo tampoco es lo suyo.

¡155 y cierra España!

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inalmente el Gobierno de la Nación (¿una, grande y libre?) aplicará el polémico artículo 155 de la Constitución e intervendrá la Generalitat de Cataluña, cesando al Govern al completo y otorgando al presidente Rajoy la facultad para disolver el Parlament y convocar elecciones, cosa que hará en un plazo máximo de seis meses. Así se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado sábado, después de que el PP pactara con el PSOE las medidas con las que se concreta la aplicación del artículo de marras. Un artículo que no se ha aplicado nunca y cuya redacción, dicen los juristas, es una copia de otro que figura en la Constitución de Alemania donde tampoco ha sido aplicado nunca. Un artículo tan difuso y confuso que el Gobierno, para poder aplicarlo, ha tenido que llegar a un pacto con el principal partido de la oposición, el PSOE, siempre dispuesto a echar una mano a la derecha en los momentos cruciales, porque nadie sabe a ciencia cierta en qué habría de consistir su efectiva aplicación, ni siquiera los expertos en Derecho Constitucional.

            Ante tanta dificultad, uno, que no es jurista, se pregunta si las durísimas medidas aprobadas no atentarán contra esa legalidad constitucional que se pretende defender, y se pregunta, sobre todo, si van a servir realmente para algo o son tan solo un instrumento para agravar aún más una situación que ya es de por sí grave. El Gobierno del PP, fustigado por Ciudadanos, partido indigno del nombre que lleva, y con la inestimable ayuda del PSOE, ha abierto la Caja de Pandora, pues estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban, en un nuevo y grave ejercicio de irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, la del Gobierno y sus socios en este asunto, que llevó a tomar la decisión de aplicar el 155 mucho antes del Consejo de Ministros del pasado sábado. Sólo así se entiende el ultimátum tramposo dado por Rajoy a Puigdemont: ¿no habíamos quedado, Mariano, en que si el presidente de la Generalitat reconocía que no se había declarado la independencia el Gobierno no continuaría con la aplicación del funesto artículo que ya de hecho había comenzado a aplicar con el requerimiento?

          Los entusiastas del 155 creen que la crisis de Cataluña se resolverá convocando unas nuevas elecciones. Olvidan que eso ya se hizo en 2015, después del referéndum fallido del 9-N, y que el resultado dio la mayoría del Parlament a los partidos independentistas. Se empeñan en que la reivindicación del derecho a decidir es solo el capricho de los líderes independentistas y no quieren comprender que buena parte de la ciudadanía catalana, independentistas o no, desea votar. Por ello habría hecho bien Mariano Rajoy en recibir a Puigdemont y dialogar con él, no sobre los términos en los que se lleva a cabo la independencia, pues la votación del 1-O carece de la legitimidad necesaria, pero sí sobre las condiciones en las que debería celebrarse un referéndum legal, pactado y vinculante que sirva para resolver el conflicto de una vez por todas. Pero Rajoy no está por este diálogo. Y Pedro Sánchez, ¡ay!, tan progresista, tan de izquierdas, tan demócrata, tampoco. Prefieren gritar: ¡155 y cierra España!

Mientras persista la duda

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 finales del pasado mes de junio fuimos testigos, gracias a los medios de comunicación, de un hecho insólito en España: colas en Madrid para asistir a la conferencia de un filósofo. Lamentablemente, no es que la filosofía esté de moda, sino que el filósofo de marras era Slavoj Zizek, quien se ha convertido en uno de los intelectuales más mediáticos, si no el que más, del momento. Pero no nos engañemos, más allá de Zizek, la filosofía no despierta esas pasiones. Tanto es así que la noticia fue que la gente hiciera cola para escuchar filosofía y lo que dijo Zizek en su intervención apenas trascendió. Y es que, al margen de esos fenómenos mediáticos puntuales, uno se pregunta si no estará la filosofía en peligro de extinción, como parece indicar su cada vez menor importancia en los planes de estudio de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Y hasta me atrevería a decir que ni siquiera en la Universidad está fuera de peligro.

La persecución de esta secular disciplina por los distintos gobiernos que en España se han ido sucediendo en los últimos años ha hecho que su presencia en los institutos haya ido mermando considerablemente hasta quedar reducida prácticamente a la mínima expresión. El último golpe, como se sabe, la ley Wert, que además de eliminar la Ética en 4º de ESO (hasta entonces era una asignatura obligatoria), ha hecho que la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato haya pasado de ser una asignatura común en todas las modalidades de Bachillerato a ser una simple optativa en los itinerarios de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas son las consecuencias para la filosofía de una ley que a día de hoy nadie, ni siquiera en el PP, dice compartir. El despropósito, no obstante, puede ser contrarrestado. Es lo que han hecho algunas comunidades autónomas, la última la valenciana, en la que la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en 2º de Bachillerato el curso 2018-19. En Canarias, ¡ay!, seguimos esperando, ¡y demandando!, que la Consejería de Educación lleve a cabo una medida similar en defensa de la filosofía.

Mas del hecho de que la filosofía siga siendo maltratada no se sigue que esté en peligro de extinción, como nos preguntábamos al comienzo de este artículo. Pues mientras haya personas que se sientan embargadas por el sentimiento de admiración ante la realidad que los rodea, que no otra cosa es lo que según Aristóteles mueve a los hombres a filosofar; mientras se mantenga la actitud crítica y no se acepte nada como verdadero de lo que previamente no tengamos una evidencia; mientras, como ha señalado Javier Muguerza, la perplejidad persevere en su afán de servir de estímulo del pensamiento; mientras haya individuos kantianamente capaces de atreverse a pensar por sí mismos; mientras haya quien se siga planteando preguntas aun a sabiendas de que no hallará respuestas concluyentes; mientras, en definitiva, persista la duda y nos sigamos interrogando por el ser humano, habrá filosofía. 

El diálogo necesario

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o ocurrido el pasado domingo ha dado, al decir de gran cantidad de analistas, un nuevo giro al conflicto catalán, pues los abusos policiales y el respaldo masivo, mayoritario o no, al referéndum, han hecho que, como se dice ahora, cambie el relato. Ello demuestra que, en política, cuentan tanto los argumentos racionales como las medidas de fuerza, las cuales, obviamente, no tienen por qué ser violentas. Y es que tanto la negativa por parte del Estado a que se celebre un referéndum legal, pactado y vinculante, como la convocatoria del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no pueden interpretarse como argumentos sino como demostraciones de fuerza. Desde un punto de vista estratégico, el intento de impedir que la ciudadanía catalana votase el 1-O se ha revelado como un tremendo error agrandado además por los excesos violentos, mientras que la convocatoria, en la medida en que fue respaldada por tal multitud de ciudadanos que ha conseguido que varíe la percepción del conflicto, bien puede ser considerada un éxito, ya veremos si pírrico.

            El triunfo del pasado domingo, no obstante, no habría de serlo tanto del independentismo como de los partidarios del derecho a decidir, independentistas o no, toda vez que, a pesar de que los resultados publicados dan una aplastante mayoría al Sí, el hecho de que el referéndum celebrado no fuese legal y de que, dadas las circunstancias en las que se hubo de efectuar, no cumpliese con las mínimas condiciones exigibles, hace que no se pueda considerar vinculante y que no tenga validez jurídica alguna. Y es que, el modo en que se llevó a cabo la votación, así como la manera en que se realizó el recuento, entre otras carencias, impiden que podamos hablar de un referéndum con garantías democráticas. Así las cosas, resulta imposible saber cuántas personas realmente participaron y cuál fue el resultado real de la votación, mas lo que no parece ofrecer dudas es el hecho de que la participación fue masiva, suficiente para que el Gobierno de España reconozca de una vez que un amplio sector de la ciudadanía catalana desea votar y se le ha de reconocer su derecho a hacerlo.

            Es por ello que seguir empeñándose en negar el derecho a decidir es un grave error en el que no debiera seguir incurriendo el Gobierno del Partido Popular ni los partidos que apoyan esa postura. Pero una declaración unilateral de independencia amparándose en los resultados del referéndum del 1-O sería un error del mismo tamaño que dejaría al procés sin el mínimo atisbo de legitimidad. Así las cosas, la única alternativa que queda, la única democrática y justa, es que se resuelva el conflicto mediante la celebración de un referéndum legal, pactado y vinculante y que sea la ciudadanía catalana la que decida finalmente si desea constituir un nuevo Estado o si prefiere seguir formando parte de España. De las condiciones de ese referéndum es de lo que, sin demora y antes de que sea tarde, deben hablar los presidentes Rajoy y Puigdemont. Y uno esperaría que las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, que se llaman a sí mismas democráticas, pusieran todo de su parte para que ese diálogo necesario tuviera lugar cuanto antes.