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a libertad de
expresión vuelve a estar en la picota en España. La Asociación de Abogados
Cristianos ha vuelto a la carga en su cruzada contra todo aquel que ose ofenderlos,
ya sea la drag Sethlas en carnavales, ya sea Willy Toledo, quien por afirmar en
Facebook que se caga en Dios y le sobra mierda para cagarse en la virginidad de
la Virgen María, ha sido procesado por un juzgado de Madrid por un delito de
ofensa a los sentimientos religiosos, algo que, incomprensiblemente, sigue
formando parte del código penal, en pleno siglo XXI, de un país que presume de
democrático. Personalmente, no es que me agraden los mensajes escatológicos del
polémico actor, pero, desde luego, sí considero que tiene todo el derecho a
publicarlos. Y es que, como tan acertadamente dijera George Orwell y en alguna
otra ocasión hemos recordado, “la libertad es el derecho a decirle a la gente
lo que no quiere oír”.
Como
no teníamos bastante con el fanatismo de la Asociación de Abogados Cristianos, ahora
llega el Gobierno con que es necesario regular la libertad de expresión en el
marco de la Unión Europea. Así lo señaló hace unos días la vicepresidenta del
Ejecutivo, Carmen Calvo, cuando inauguraba la XVI Jornada de Periodismo de la
Asociación de Periodistas Europeos. La ministra no ha podido ser más
inoportuna, justo ahora que el fanatismo religioso se siente arropado por los
tribunales, pero, sobre todo, justo ahora que asistimos al goteo de noticias
que ponen en entredicho la integridad de algunos miembros del Gobierno, léase
las referidas a las animadas conversaciones de la ministra de Justicia, Dolores
Delgado, con el comisario Villarejo, léase las informaciones sobre las cuentas
y sociedades patrimoniales de nuestro estratosférico ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Dice
Carmen Calvo que el objetivo de regular la libertad de expresión no es otro que
proteger a la ciudadanía de las fake news;
sin embargo, cuesta creer que en el fondo no se trata de un burdo intento de
censurar las noticias que comprometan a los miembros del Gobierno: no en vano,
la labor de los medios de comunicación ya les ha costado el puesto a dos
ministros, Maxim Huerta y Carmen Montón, y no sabemos cuántos más habrán de
caer. Por lo demás, la ley ya nos protege contra las noticias falsas, como
muestra la jurisprudencia, pues son conocidas las sentencias judiciales contra
medios de comunicación por manipular información, como el célebre caso de TVE
en los funestos años en los que Alfredo Urdaci dirigía los informativos de la
cadena pública. La libertad de expresión es uno de los pilares de la
democracia, sin ella, sencillamente no hay libertad, y aunque como dice la
vicepresidenta, “no lo resiste todo”, aguanta bastante bien sin ser regulada,
pues, como ha señalado el presidente de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, “cada vez que los gobiernos tratan de
regular la libertad de expresión es para limitarla”, para poner límites,
añadiría yo, a ese contrapoder que es el periodismo libre, tan necesario para
defender la democracia de los excesos de los gobiernos y de los fanatismos de
cualquier signo.
