Algunos déficits de la democracia española

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n más de una ocasión me he referido a los problemas de legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos, pues éstos no satisfacen como debieran las exigencias morales de libertad e igualdad que es lo que les da sentido, toda vez que el propio diseño de las democracias representativas hace que sea imposible el autogobierno de los ciudadanos, base de la democracia, así como la erradicación de las desigualdades sociales, requisito indispensable para la libertad. Sin embargo, hoy quiero hacer, un tanto kantianamente, como si el sistema representativo pudiera verdaderamente garantizar la igualdad social y conciliar los principios de libertad jurídica, según el cual ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no haya dado su consentimiento, y de igualdad jurídica, según el cual la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual, para referirme a algunos déficits democráticos de los que adolece la democracia española.

            El primero de estos déficits en el que me quiero detener hoy tiene que ver con la situación de las mujeres, concretamente con la brecha salarial, de sobra acreditada por numerosos estudios que demuestran que, en España, las mujeres cobran menos que los hombres. Quienes pretenden justificar tamaña injusticia arguyen que ello se debe a que las mujeres ocupan, por lo general, peores puestos que los hombres y que por lo tanto no se trata de una discriminación sexista. Mas al margen de que hay casos en los que a igual trabajo distinto salario, el hecho de que las mujeres ocupen mayoritariamente empleos peor remunerados es en sí mismo alarmante y un claro caso de discriminación por razón de sexo, es decir, un claro caso de falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres en este país que presume de ser una democracia avanzada.

          El segundo de estos déficits en los que hoy me quiero detener también tiene que ver con los derechos humanos, concretamente con los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España en los últimos tiempos. Las condenas a raperos o tuiteros, así como al joven que puso su rostro al Cristo crucificado, suponen un ataque a la libertad de expresión perpetrado por el propio Estado, que es precisamente el que habría de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, el respeto escrupuloso al derecho a la libertad de expresión. Mas tan preocupante, o más, que estos ataques a la libertad de expresión es el hecho de que la ciudadanía no termine de asumir que se trata de un derecho fundamental que debe respetarse siempre y no solo cuando el que lo ejerce dice o escribe aquello con lo que uno está de acuerdo. Y es que la defensa de la libertad de expresión ha de consistir fundamentalmente en reivindicar el derecho a expresarse libremente de los que no piensan lo mismo que nosotros, de quienes critican, con toda la carga de acidez que quieran, lo que pensamos nosotros, de quienes se mofan de nuestras creencias y opiniones, contra quienes sólo cabe esgrimir argumentos frente a la tentación de exigir la censura.

Una democracia marxista

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as sociedades modernas se distinguen de las premodernas en que en éstas las relaciones sociales se basaban fundamentalmente en alguna forma de servidumbre, mientras que en aquéllas son los valores de la autonomía y la igualdad los que, en principio, habrían de constituir los cimientos de las mismas, de suerte que las sociedades modernas aspiran a ser sociedades democráticas conformadas por individuos libres e iguales. Y para que ello sea así, se entiende, al menos desde Montesquieu, que en las democracias modernas los poderes del Estado deben estar separados, pues de lo contrario, la concentración de los tres poderes del Estado en un único individuo o grupo de individuos no solo favorecería el abuso de poder, sino que impediría el control del mismo, con lo que los principios de libertad e igualdad quedarían seriamente dañados y con ellos la misma democracia, tal como ésta se concibe en la modernidad.

            En efecto, no hay democracia sin separación de poderes y ello es algo que en las democracias contemporáneas tenemos plenamente asumido, hasta tal punto que la calidad democrática de los distintos países se puede medir atendiendo al grado en que esto se consigue. Por eso no es de extrañar que en España los partidos políticos cuando están en la oposición traten de deslegitimar al que gobierna acusándolo de no respetar la separación de poderes y que el que gobierna insista, para legitimarse a sí mismo, en que España es un Estado democrático y de derecho en el que el principio de separación de poderes es incuestionable. Estos papeles se los han venido intercambiando PSOE y PP según les haya ido tocando estar en el Gobierno o en la oposición y sus tesis han sido defendidas o reprobadas por los partidos nacionalistas en función de sus propios intereses que, hasta la irrupción del independentismo catalán, eran más bien exclusivamente económicos.

            Pero dejando los intereses partidarios de lado, lo cierto es que la deseable separación de poderes en España ha sido siempre insuficiente. Empezando porque es el Parlamento el que elige al presidente del Gobierno, con lo que, de entrada, el legislativo y el ejecutivo no están en absoluto separados. Y si bien es cierto que el Parlamento puede ejercer de vigilante del Gobierno, también lo es que cuando el partido que gobierna tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el control que se supone debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo se disuelve completamente. Esto, no obstante, se ha venido asumiendo como un mal menor siempre que el poder judicial se mantuviera como un poder independiente. Mas si tenemos en cuenta el modo en que son elegidos los miembros de las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, entonces ya solo podemos concluir que en España la separación de poderes es como esas habitaciones de hotel con entrada independiente pero comunicadas internamente. Si encima añadimos las llamadas del Gobierno al Tribunal Constitucional o el esperpento de la argumentación política del juez Llarena para no detener a Puigdemont en Dinamarca, entonces habremos de convenir que la democracia española es más bien marxista, es decir, la propia de una película de los hermanos Marx.