Los derechos humanos son inalienables

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a campaña electoral ha conseguido, una vez más, que ETA vuelva a estar en el centro del debate político y mediático. No importa que la banda terrorista desapareciera hace 10 años ni que las elecciones que se celebran el próximo 28 de mayo sean las municipales y autonómicas: para las derechas patrias se trata de derrotar a Pedro Sánchez y para ello hay que mostrar a la ciudadanía que el muy malvado, además de presidir un gobierno social-comunista, es rehén del independentismo catalán y de los filoterroristas vascos. De ahí que en Vox y en el Partido Popular no hayan querido desperdiciar la ocasión que les ha brindado Bildu al integrar en sus listas electorales a 44 personas que en su día fueron condenadas por terrorismo, siete de ellas por delitos de sangre, que por cierto dicen ahora que en caso de ser elegidos renunciarían, para atacar, no a Bildu, sino al Gobierno de coalición, como si Pedro Sánchez, el PSOE o Unidas Podemos fueran quienes confeccionan las listas del partido abertzale.

    Desconozco las razones internas por las que en Bildu se decidió que estas personas formaran parte de las listas, no sé si la decisión obedece a un criterio electoralista o a un intento de mantener la cohesión interna, pues entiendo que, desde su punto de vista, se trata de gente que se jugó el tipo por la causa y que además pagó caro por ello y a la que, ahora que se ha renunciado a la violencia, no se la puede dejar al margen. Ni siquiera sé si esas listas se elaboraron de manera democrática o si, como suele ocurrir en todos los partidos, fue la cúpula la que estableció quiénes iban en ellas y en qué orden. Pero, independientemente de las razones que llevaron a que en las listas de Bildu se haya incluido a 44 personas condenadas por terrorismo, lo cierto es que ello no es motivo para la ilegalización del partido como han pedido Vox y algunos dirigentes del Partido Popular, entre quienes destaca, no iba a dejar pasar la oportunidad, la nunca suficientemente aplaudida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vox, el PP y quien lo estime oportuno puede legítimamente criticar a Bildu, por este motivo o por el que considere, desde un punto de vista político o moral, pero jurídicamente no parece que las listas de Bildu sean reprobables.

    La razón por la que Bildu no puede ser ilegalizado aunque haya incluido a estas 44 personas condenadas por terrorismo en las listas electorales radica en que, según se ha publicado, todas y cada una de ellas han cumplido sus condenas, incluidas las de inhabilitación, por lo que se encuentran en plena posesión de sus derechos políticos, los cuales no pueden ser conculcados. Esto es así y, si me lo permiten, así debe ser. Porque de lo que estamos hablando es de derechos políticos, es decir, de derechos humanos que están consagrados en la Constitución como derechos fundamentales que bajo ningún concepto pueden ser conculcados y menos aún por el Estado que ha de ser su máximo garante. Y es que en un Estado social y democrático de derecho, que es como se autodefine España, los derechos humanos de los ciudadanos, entre los que se encuentran los derechos políticos, son inalienables. Y ello es así incluso cuando se trate de ciudadanos que en su día atentaron contra el propio Estado de derecho y la democracia, siempre que, como es el caso, hayan cumplido su condena. 

Los animales no tienen derechos

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a última controversia en el seno del Gobierno de coalición se ha producido a cuenta de la nueva ley del bienestar de los animales. Si no había bastante tensión con la reforma de la ley del “solo sí es sí”, esta nueva iniciativa no ha estado exenta de polémica, lo que en buena medida se debe a que estamos en año de elecciones: en mayo, autonómicas y municipales, y para finales de 2023, generales. Y es que tengo para mí que la reforma de la ley del “solo sí es sí” presentada por el grupo socialista, esa de la que la ministra de Justicia, Pilar Llop, asume toda la responsabilidad, no se habría llevado a cabo, o no de la forma en que se ha presentado, si no estuviéramos en campaña. Del mismo modo que las diferencias entre Unidas-Podemos y el PSOE con respecto a la nueva ley que se pretende animalista no se habrían magnificado tanto de haber estado en el primer año de la legislatura y no en el último.

La nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado jueves y ahora deberá ser tramitada en el Senado. Las discrepancias en el seno del Gobierno surgieron a propósito de la enmienda socialista para dejar fuera de la protección de la nueva ley a los animales de caza y otros de trabajo, asunto este sobre el que Unidas Podemos promete volver. Mas si dejamos a un lado el contenido de la ley, hay algo en la misma con lo que alguien como yo, que ni si quiera es jurista y no pasa de ser un mero aspirante a filósofo, no puede estar de acuerdo: que los animales tengan derechos. Hablar de derechos de los animales es una aberración jurídica, si se me permite la expresión, pues, en rigor, los animales no pueden tener derechos porque no pueden ser sujetos de derechos. Ello no significa, no obstante, que ciertos animales no deban gozar de protección, ni que los seres humanos podamos  tratar a nuestros animales de cualquier manera.

A mi juicio, los seres humanos tenemos la responsabilidad moral, que bien puede traducirse en responsabilidad jurídica, de no maltratar a los animales y de no causarles más daño que el estrictamente necesario; incluso podemos convenir en que debemos proporcionarles la mayor calidad de vida y bienestar que sea posible; mas todo ello no convierte a los animales en sujetos de derechos ni hace que podamos hablar con sentido de los derechos de los animales. Y es que el derecho y la moral, que son esferas distintas que no conviene mezclar, son asunto de los seres humanos exclusivamente. Que tengamos obligaciones morales, incluso legales, para con los animales no implica que en el reverso de esos deberes se hallen los supuestos derechos de los animales. Pues para ser un sujeto de derechos hay que poder ser, siquiera sea virtualmente, un interlocutor válido, un sujeto autónomo capaz de autolegislarse y de reivindicar ante los demás su condición de sujeto de derechos, su derecho a tener derechos, que es lo que ningún animal no humano puede hacer. De ahí que, en rigor, debamos afirmar que los animales no tienen, no pueden tener, derechos. 

Repensar la democracia

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l avance de la ultraderecha en Occidente, la deriva autoritaria hacia lo que se ha dado en llamar la democracia iliberal (respetuosa con los procedimientos de elección de representantes pero no con los derechos humanos de algunos  sectores de la ciudadanía) por parte de algunos países que hasta forman parte de la Unión Europea, el asalto al Capitolio en Estados Unidos y a las sedes de los poderes del Estado en Brasil por quienes no reconocían los resultados electorales constituyen hitos que nos han hecho percibir que la democracia está en peligro. Es por ello que algunos analistas consideran necesario fomentar en la ciudadanía el respeto a las instituciones así como la moderación ideológica que la mantenga lejos de extremismos, o populismos, que finalmente pueden derivar en posiciones antidemocráticas. Mas si ciertamente resulta plausible que la ciudadanía se conciencie del valor de la democracia y de que los derechos conquistados no son irreversibles, ello no puede implicar la renuncia a la crítica a la democracia realmente existente, a los déficits democráticos que alberga, pues ello sería la negación de la democracia por la democracia misma.

Esta crítica a la democracia realmente existente es lo que, en principio, motivó el surgimiento de la plataforma Democracia Real Ya y la convocatoria de la célebre manifestación el 15 de mayo de 2011 que daría lugar al movimiento 15-M. Más de una década después nuestra democracia continúa siendo sustancialmente la misma, el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones públicas sigue estando reducido a la mínima expresión, a la elección de los representantes, que sin duda es fundamental pero insuficiente para que podamos hablar del autogobierno de los ciudadanos, y los problemas sociales de entonces siguen siendo igual de acuciantes o más, pues a la crisis de 2008 hay que sumar la originada por las medidas para combatir la pandemia, la crisis energética y la inestabilidad provocada por la invasión de Ucrania. Y en el trasfondo de todo ello, hoy como ayer, nos encontramos el desparpajo de unas élites que no muestran ningún reparo en tratar a los seres humanos como meras mercancías.

En un artículo publicado el pasado 7 de febrero en La Provincia, “El ecosistema de las élites”, Javier Durán denuncia lo que denomina el “despotismo bancario”, en afortunada expresión, y otros abusos de las élites económicas y políticas y nos alerta de que tales desmanes constituyen el caldo de cultivo para la radicalización de los comportamientos políticos a derecha e izquierda y el surgimiento de opciones políticas antidemocráticas. En efecto, son estos abusos de las élites los que explican, aunque no justifican, los hitos antidemocráticos a los que aludíamos al comienzo de este artículo. Abusos que constituyen en sí mismos comportamientos antidemocráticos que la propia democracia, la democracia realmente existente, permite cuando no fomenta directamente y que generan la indignación de la ciudadanía. Mas sería deseable que esta indignación, en lugar de generar movimientos antidemocráticos, derivara en la asunción de la conveniencia de repensar la democracia, de seguir profundizando en ella, en la búsqueda de fórmulas que garanticen el respeto a las reglas y los procedimientos formales, lo que no siempre ocurre, pero también el respeto efectivo de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, pues los problemas de nuestros actuales sistemas democráticos solo se pueden resolver con más democracia y no con menos.

La paz social

 

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na buena amiga, que en los últimos tiempos se ha convertido en mi más leal lectora, pues no solo lee todos mis artículos sino que, con frecuencia, me brinda algún comentario, me decía a propósito precisamente de una de mis columnas que ella estaba de acuerdo con que no le bajaran los impuestos siempre que le subieran el sueldo “porque esto es un robo a mano armada”. El robo al que se refería no es el que según la derecha española, la liberal y la ultramontana que cada día cuesta más distinguir, comete el Gobierno con su política fiscal, sino el del encarecimiento de la vida, el incremento de los precios y más concretamente el del precio de la luz. Y yo estoy plenamente de acuerdo con ella, “pues sin duda se deben subir los salarios porque si no esta inflación desmesurada que estamos padeciendo la pagamos solo los trabajadores, aunque la patronal no quiere ni oír hablar del tema porque subir los sueldos le parece bolivariano… Pero ese es tema para otro artículo”, le respondí.

Como lo prometido es deuda y más si tu acreedor muestra tanto interés por tus textos, y paciencia con el autor de estas luces de trasnoche, aquí estoy tecleando esta columna a propósito de la demanda sindical de subir los salarios para que las clases trabajadoras puedan paliar los efectos de la inflación y que los costes de la misma se repartan entre asalariados y empresarios. Algo con lo que, ya lo adelantábamos, no está de acuerdo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien, de momento, ni siquiera está dispuesto a sentarse a negociar un incremento salarial. De ahí que el lema de los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, los mayoritarios en España, haya sido “Salario o conflicto”, lo que viene a constituir una versión a la posmoderna, líquida o débil, de la ya clásica lucha de clases diagnosticada por Marx y que el mismísimo Warren Buffet, el célebre multimillonario estadounidense, reconociera abiertamente cuando, hace ya años, señalara que, en  efecto, hay una lucha de clases y son los ricos los que la van ganando.

Hay que reconocer que Buffet hizo estas declaraciones en un intento de criticar el sistema fiscal pues, para asombro de muchos, al multimillonario Buffet, el muy bolivariano, le parecía enormemente injusto que proporcionalmente él pagara muchos menos impuestos que sus empleados. A mi modo de ver, la lucha de clases podrá permanecer latente, pero mientras la sociedad siga desgarrada por la desigualdad seguirá siendo una realidad. Y en estos días, cuando hemos sabido que el mes de octubre ha sido el mejor en cuanto al descenso del desempleo desde 2008, que se han afiliado a la Seguridad Social 103.499 trabajadores, que el número total de cotizantes sobrepasa los 20 millones y que, sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque los datos sean relativos a 2021, el 27,8 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, un alarmante 37,8 por ciento en el caso de Canarias, conviene que la lucha de clases se haga patente, porque la paz social no se puede sustentar sobre la base del empobrecimiento de las clases trabajadoras.

Ricos y pobres

 

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ice Alberto Núñez Feijóo que hablar de ricos y pobres es muy antiguo. Lo dice a propósito del nuevo impuesto que prepara el Gobierno para las grandes fortunas, es decir, para los ricos, o, mejor dicho, los muy ricos. Y es que se trata de un tributo especial que tendrán que pagar las personas que dispongan de una fortuna mayor a los tres millones de euros, han leído bien, ¡tres millones de euros! Un impuesto que ni siquiera afectará a todos los millonarios, es decir, aquellos que disponen de más de un millón de dólares, que es lo que se entiende, en rigor, por millonario y que en España son el tres por ciento de la población adulta. Pero al presidente del Partido Popular, el moderado Feijóo, le preocupa la injusticia que, a su juicio, supone que quienes cuenten con más de tres millones de euros en su haber, unas 23.000 personas, tengan que pagar un nuevo impuesto, aunque sea temporal y en esta coyuntura socioeconómica que estamos atravesando.

Sin duda que sean muchos o pocos los que tengan que pagar este nuevo tributo es lo de menos, pues si se tratara de una injusticia, no digamos si se atentara contra la dignidad humana, si se violaran derechos fundamentales, entonces sería algo gravísimo aunque la víctima fuera un solo individuo. Pero ocurre que la tamaña injusticia que encuentra Feijóo no se ve por ningún lado. Y es que el hecho de que unos pocos, los más favorecidos en lo que al reparto de la riqueza se refiere, hayan de contribuir algo más de lo que ya contribuyen a las arcas públicas para favorecer el bien común, para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, se me antoja que es una cuestión de justicia mínima. Lo que el Gobierno plantea es que quienes tengan entre tres y cinco millones paguen el 1,7 por ciento; el 2,1 por ciento, quienes tengan entre cinco y diez millones; y el 3,5 por ciento aquellos cuya fortuna supere los diez millones de euros. Como se ve, a ninguno de ellos este nuevo impuesto le apeará de su condición de millonario.

Sin embargo, en España, casi el 30 por ciento de la población se halla en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra ya de por sí escandalosa que en Canarias se incrementa hasta alcanzar casi el 40 por ciento. En más de una ocasión he escrito que la sociedad justa, para ser realmente tal, sería aquella en la que se diera una distribución igualitaria de la riqueza y del poder. Ello implicaría, obviamente, la abolición de las clases sociales y que la democracia liberal deviniera en democracia libertaria. Mas el socialismo contemporáneo, democrático, hace ya tiempo que renunció a construir la sociedad sin clases y aspira únicamente a redistribuir mínimamente la riqueza por la vía de los impuestos, para que los millonarios sigan siéndolo, disfrutando de sus privilegios, pero que los demás, sobre todo los más desfavorecidos, tengan garantizado el respeto efectivo de sus derechos sociales, es decir, el acceso a las mínimas condiciones materiales de existencia para llevar a cabo una vida digna. Así que, por más que a Feijóo le parezca antiguo, hablar de ricos y pobres aún es necesario, pues la desigualdad sigue siendo, hoy como ayer, el principal de los problemas sociales.

A vueltas con los impuestos

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ajar impuestos es de derechas o de izquierdas? Pues yo diría que depende. Tradicionalmente se ha entendido que bajar los impuestos es lo que defiende la derecha y que subirlos es lo propio de una política de izquierdas. Esto es lo que, en general, se ha venido sosteniendo, con excepciones como la de José Luis Rodríguez Zapatero, quien allá por el año 2003 señalara que “bajar los impuestos es de izquierdas”. También en la derecha hemos visto cómo, al menos en la práctica, se puede contradecir esta visión tradicional de los impuestos. Tal sería el caso del nunca bien ponderado Mariano Rajoy, quien prometió en la oposición bajar los impuestos pero hizo todo lo contrario en cuanto fue elegido presidente del Gobierno. Mas, zapateradas y marianadas aparte, lo cierto es que hay razones ideológicas para pensar que es la derecha la que, en principio, estaría más a favor de bajar los impuestos, pues para la ortodoxia liberal la propiedad privada es sagrada y el cobro de impuestos destinado a redistribuir la riqueza, que es la finalidad de las políticas públicas, carecería de legitimidad.

En esto ha consistido, en esencia, el discurso liberal sobre los impuestos. Ocurre que, en España, algunos presupuestos de la socialdemocracia han sido asimilados, acaso a regañadientes, incluso por la derecha más ultraliberal, hasta el punto de que a ningún partido político se le ocurriría incluir en su programa el desmantelamiento del Estado de bienestar. A nadie se le esconde que el sostenimiento de dicho Estado de bienestar solo puede hacerse a base de políticas públicas orientadas a la cohesión social, las cuales cuestan dinero y para sufragarlas es necesario que el Estado disponga de ingresos que han de proceder de los impuestos de los contribuyentes. Es por ello que en el discurso liberal más reciente se esconden las razones ideológicas y se disfrazan de razones técnicas: bajar los impuestos, se arguye, es una cuestión de eficacia, pues de ese modo se genera economía y, a la postre, se incrementan los ingresos del Estado, ya que habrá más personas y empresas tributando, lo cual, añadimos nosotros, no se ha podido acreditar empíricamente nunca.

Así las cosas, si queremos mantener el Estado de bienestar, si queremos garantizar los derechos sociales de toda la ciudadanía, no queda otra que pagar impuestos y, desde esta perspectiva, la izquierda debería tener claro que bajar los impuestos es una política que atenta contra el principio de igualdad social que se pretende defender. Ahora bien, si se considera que los impuestos son necesarios como medida para redistribuir la riqueza, no tiene sentido que todos contribuyamos por igual, pues los tributos, en justicia, deben ser progresivos y proporcionales a la riqueza de cada uno. Es por ello que subir los impuestos a las rentas más altas y bajarlos a las más bajas es perfectamente compatible con lo que, a mi juicio, cabría esperar de un gobierno de izquierdas. Como lo es también que se incrementen los impuestos directos y se bajen los indirectos, como el IVA o el IGIC, los impuestos al consumo, pues se trata a todas luces de tributos injustos en la medida en que se cobran a todos por igual, lo mismo a los más ricos que a los pobres de solemnidad. ¿Bajar los impuestos es de derechas o de izquierdas? Pues depende de qué impuestos se bajen y a quién. 

Impuestos y derechos humanos

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n el debate filosófico sobre los derechos humanos, los más ultraliberales, los defensores del Estado mínimo, como fueran en su día Robert Nozick, Milton Friedman o Friedrich von Hayek, afirman que los únicos derechos que pueden ser considerados derechos humanos son los denominados derechos de la primera generación, los derechos negativos, los derechos de libertad, es decir, los derechos civiles y políticos, pero que los derechos de la segunda generación, los derechos positivos, inspirados en la igualdad, a saber, los económicos, sociales y culturales, no pueden ser considerados derechos universales y, por ende, no pueden formar parte de los derechos humanos. Es por ello que desde esta corriente del pensamiento que, en suma, es la que inspira a la derecha liberal en Occidente, se miran los impuestos con recelo, pues estos son, para ellos, poco menos que un robo, sobre todo si están dirigidos a redistribuir mínimamente la riqueza y a paliar las desigualdades sociales.

    Frente al liberalismo conservador, ultraliberal o, para emplear una expresión más al uso, el neoliberalismo, se halla el liberalismo igualitario defendido por Johh Rawls o Ronald Dworkin, cuyos postulados son similares a los de la socialdemocracia europea. En esta línea, Ernst Tugendhat ha señalado que la propiedad privada que tanto preocupa a los teóricos del Estado mínimo es en realidad una institución social que viene respaldada por el propio Estado, sin el cual no podría existir. Y que tal Estado, que es el que garantiza la propiedad privada, para ser legítimo ante los no propietarios, debe hacerse cargo de una mínima redistribución de la riqueza que permita a todos acceder a unas condiciones materiales de vida dignas.  La función principal de los derechos humanos es proteger la dignidad de las personas, y puesto que esta sufre tanto si se viola la libertad del individuo como si se atenta contra la igualdad, entonces resulta obvio que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos del mismo rango que los derechos civiles y políticos. Y tales derechos solo se pueden garantizar mediante el cobro de impuestos que habrán de ser progresivos y proporcionales a la riqueza de cada uno.

    La propuesta de Tugendhat en torno al Estado legítimo, aun siendo más plausible que las diatribas neoliberales, adolece de un problema, ya que el Estado, en rigor, jamás será una institución legítima, pues la única relación que el individuo puede mantener con el Estado, para decirlo con Javier Muguerza, es la que mantiene el siervo con el señor. Mas si dejamos este matiz libertario para otro momento, ahora que en España el tema de los impuestos vuelve a estar en el centro de la contienda política, creo que conviene analizar las diferentes posiciones a la luz del debate en torno a los derechos humanos. Y es que el impuesto de patrimonio, el impuesto a las grandes fortunas, los impuestos a la banca y a las grandes compañías energéticas que defienden el Gobierno y los partidos de izquierdas son coherentes con una concepción de España como un Estado social y democrático de derecho, que es como se establece en la Constitución, mientras que estar en contra de estos impuestos, como hacen el Partido Popular y Ciudadanos, es más propio de quienes preferirían que España se definiera como un simple Estado liberal, si es que no un Estado democrático pero iliberal, como parece ser la propuesta de Vox. 

No son leyes naturales

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ay que ver el  revuelo mediático, social y político que se ha armado a raíz de la última propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra Trabajo y de Economía Social, para abaratar los costes de los alimentos. A decir verdad, no queda muy claro qué es lo que propone la vicepresidenta, pues si en un principio parecía  que  se trataba de fijar un tope al precio de los alimentos indispensables, posteriormente se dio a entender que lo que se pretende no es tanto poner un límite sino invitar a las grandes distribuidoras de alimentos a que ofrezcan a los consumidores una cesta  de la compra con productos básicos a un precio económico para, de ese modo, ayudar a las familias a sortear la inflación que anda en torno al 10 por ciento en general, pero, en lo que a la compra del supermercado se refiere, alcanza ya el 30 por ciento. ¡Ahí es nada!

Que la propuesta de la ministra no sea del todo clara no es algo que deba extrañarnos demasiado, pues, aunque no siempre, la falta de claridad es una de las características de la que, según dicen, es la ministra mejor valorada. Y es que Yolanda Díaz forma parte del Gobierno por la cuota de Unidas Podemos, pero ella misma no se cansa de repetir que ni es de Podemos ni de Izquierda Unida, aunque tenga el carnet del Partido Comunista de España, que es la principal fuerza política de cuantas conforman Izquierda Unida. Yo, francamente, no consigo entenderlo, porque es como ser y no ser al mismo tiempo, lo cual atenta contra los más elementales principios de la lógica, como son el principio de no contradicción  y el principio del tercero excluido. Y por si su relación con Podemos e Izquierda Unida no fuera lo suficientemente confusa, ahí está la ministra liderando ese proyecto sin líderes llamado Sumar, al margen de los partidos, que se supone que nace de la ciudadanía, aunque se diría que lo está alumbrando la propia Yolanda Díaz.

Si traigo a colación estos ejemplos no es sino para mostrar que, en efecto, la figura de la ministra de Trabajo y Economía Social es deliberadamente ambigua. Mas dicha ambigüedad no ha impedido  que la vicepresidenta haya sido capaz en varias ocasiones de poner de acuerdo a agentes sociales tan antagónicos como los sindicatos y las organizaciones empresariales. De ahí que, pese a su falta de claridad, podamos ser moderadamente optimistas con respecto a que la ministra logre fraguar un consenso sobre la necesidad de implementar un conjunto de medidas, ya veremos cómo se concretan y si hay o no acuerdo, que consigan abaratar el precio de la compra, que, sobre todo para las familias más vulnerables, ha alcanzado unos niveles inasumibles. Y ello a pesar de que las derechas mediáticas, sociales y políticas insistan en la imposibilidad de  llevar a cabo la propuesta de  Yolanda Díaz. Tampoco se podía poner un tope al precio del gas ni bajar el IVA al consumo de energía eléctrica y finalmente se hizo. Y es que las leyes que regulan la economía no son leyes naturales y, por lo tanto, se pueden modificar. 

Una anomalía democrática

 

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a visita del rey emérito ha hecho que el debate en torno a la monarquía se haya vuelto a abrir, algo que, en los últimos tiempos, ocurre con cierta periodicidad. La figura de Juan Carlos I, que otrora contaba con el reconocimiento social y político, si no unánimemente al menos sí mayoritariamente, se ha vuelto polémica, si es que no directamente molesta. Y es que el viejo monarca molesta si se queda en Abu Dabi, pero también molesta si viene a España, de manera que nos pasa con Juan Carlos algo similar a lo que a aquel sufrido amante, que a ritmo de bolero se lamentaba diciendo aquello de “ni contigo ni sin ti…”. A monárquicos y juancarlistas les incomoda la figura de aquel al que tanto admiraron y piden, ahora, que si viene a España lo haga con decoro y, sobre todo, que dé explicaciones. Pero, ¿explicaciones de qué?, para decirlo al modo regio. No pretenderán que alguien que ha hecho lo que ha hecho amparado en la inviolabilidad que le reconoce nuestra Constitución, la ley de leyes, dé una rueda de prensa explicando el modus operandi de sus trapacerías.

La derecha, que para seguir con nuestras contradicciones patrias en España se declara liberal y monárquica, acusa al Gobierno de atacar a la Jefatura del Estado, el moderado Feijóo dixit, mientras que la izquierda, la izquierda del SOE que es una suerte de derecha moderada, cierra filas en torno al rey Felipe VI y aduce que el emérito debe dar explicaciones precisamente para proteger la dignidad de la Corona, ahí es nada. ¿Se imaginan ustedes lo bien parada que saldría la monarquía si Juan Carlos nos explicara sus cuitas? Algo así deben pensar en los partidos políticos situados a la izquierda del PSOE cuando insisten también en la necesidad de que el emérito dé explicaciones. El debate, como decíamos, está abierto, tanto que se debate incluso sobre lo que se debe debatir, pues mientras algunos políticos y analistas consideran que lo que está en juego es la monarquía como institución, otros aseguran que, precisamente para proteger a la Corona el debate se ciñe a la figura de Juan Carlos; y hay también quien afirma que la Jefatura del Estado no debería formar parte del debate político y acusa a los partidos de politizar la monarquía.

A mi modo de ver, claro que en una democracia se puede discutir sobre el modelo de Estado que se quiere y es bueno que los distintos partidos se pronuncien al respecto. Del mismo modo que, por más que se pretenda separar la controversia en torno a la figura de Juan Carlos I de la monarquía como institución, resulta evidente que son inseparables, toda vez que los actos fraudulentos cometidos por el monarca emérito solo pudo llevarlos a cabo en su condición de rey y al amparo de la inviolabilidad que le concede la ley. Así que, más que discutir cómo debería comportarse el rey emérito, un nada venerable anciano, deberíamos plantearnos si reformamos la Constitución para que la inviolabilidad del Jefe del Estado no se extienda a sus actos privados y para decidir si España sigue siendo una monarquía parlamentaria, lo que no deja de ser una anomalía democrática toda vez que atenta contra uno de los principios elementales de la democracia como es el de la igualdad ante la ley.

El deterioro de la democracia

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uando el siempre polémico Pablo Iglesias, hace ya algo más de un año, señaló que “en España no hay plena normalidad democrática”, no fueron pocos los que se rasgaron las vestiduras y corrieron a defender la plenitud de la democracia española. Entonces, uno de los argumentos de los demócratas ofendidos, entre los que se encontraban varias ministras de la parte socialista del gobierno de coalición, fue que España formaba parte del restringido grupo de democracias plenas reconocidas por la prestigiosa revista The Economist. Ahora, y desde hace ya varios meses, España no se encuentra en la lista de marras y ha pasado a figurar, según la misma revista, cuyo prestigio sigue, suponemos, intacto, entre el no tan selecto grupo de democracias defectuosas. Y es que, según The Economist, la incapacidad demostrada para renovar el Consejo General del Poder Judicial impide que España pueda seguir siendo considerada una democracia plena; mas esta degradación de nuestra democracia, incomprensiblemente, no parece que preocupe demasiado a nadie, ni tan siquiera a aquellos a quienes tanto ofendieron las declaraciones de Iglesias en su momento.

El informe de The Economist indicaba también que, en general, todas las democracias se han deteriorado como consecuencia de la lucha contra la pandemia de Covid-19, lo cual resulta ciertamente preocupante, pues se diría que la democracia, cuya razón de ser es la protección de la libertad individual y la igualdad, resulta menos eficaz a la hora de proteger la salud de los ciudadanos que otros regímenes menos preocupados por garantizar los derechos humanos. Una vez más, en el viejo y falso debate entre libertad y seguridad, parece que los Estados volvieron a seguir la senda de Hobbes. Y es que el Estado, por muy social y democrático de derecho que se defina, es antes que nada Estado, una estructura de dominio que históricamente se ha revelado como el mayor enemigo de la libertad del individuo. En España, la degradación de la democracia con el pretexto de salvaguardar la salud se tradujo en la suspensión de derechos fundamentales, lo que nunca debió ocurrir, pues una cosa es limitar dichos derechos y otra bien distinta lo que hizo el Gobierno, que por más que insistiera en que se trataba de una simple restricción se empleó a fondo en su suspensión, como ha acreditado el Tribunal Constitucional.

En las últimas semanas hemos sabido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha dedicado a espiar a un buen número de independentistas catalanes. Lo supimos gracias a la revista The New Yorker, que anunció que España había espiado mediante el ya célebre programa Pegasus a más de 60 personas. A raíz de la información de la prestigiosa revista que, sorprendentemente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice no conocer, el CNI ha reconocido que se espió a 18 independentistas con autorización judicial, según ha salido publicado en la prensa. La legalidad de la medida, así como la destitución de Paz Esteban, la jefa de los espías, son los argumentos con los que el Gobierno ha pretendido zanjar la crisis. Sin embargo, tengo para mí que el problema sigue ahí, pues nada se sabe de los 40 independentistas espiados, siempre siguiendo a The New Yorker, cuya credibilidad se me antoja de bastante mayor solvencia que la del Gobierno de España que anda más bien de capa caída. Se trataría de una flagrante violación de los derechos humanos que contribuye a incrementar el deterioro de la democracia española que, como todas las democracias modernas, ya presenta bastantes problemas de legitimidad sin necesidad de la intervención de las cloacas del Estado. 

¿Un ser inteligente?

 

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s el ser humano un ser inteligente? Quizás alguien piense que se trata de una pregunta retórica, pero créanme si les digo que no lo es, al menos, no lo es en su totalidad. Y es que ciertamente hay razones por las que podemos plantearnos si el ser humano es realmente un ser inteligente. Por supuesto que hay argumentos de sobra que avalarían la afirmación según la cual el hombre es un animal inteligente, hasta el punto de que sería precisamente su inteligencia la característica definitoria del ser humano que, no en vano, ha sido definido como el animal racional. Pero aun si identificáramos sin más la razón con la inteligencia, ocurre que no está del todo claro qué es lo que podemos entender por razón, qué comprende el término de inteligencia, pues uno y otro concepto se pueden entender en sentidos más o menos amplios o restringidos. Y es que la razón es una, pero, parafraseando a Aristóteles, se dice de muchas maneras.

            Sin duda, lo que nos permitiría definirnos a nosotros mismos como seres inteligentes es precisamente el hecho de que seamos seres dotados de razón. Una razón que está íntimamente vinculada al lenguaje, tal como señala Ernst Tugendhat, uno de los grandes filósofos de la actualidad, quien afirma que es el lenguaje el que nos permite deliberar, es decir, preguntarnos por las razones por las que deberíamos tener por verdaderas determinadas creencias acerca de la realidad o creer que deberíamos actuar de este u otro modo.  Así pues, la razón nos permite alcanzar un conocimiento teórico del mundo, pero también posibilita diseñar estrategias para alcanzar nuestros fines e incluso, aunque de un modo bastante más discutible, decidir cuáles de esos fines son preferibles desde un punto de vista moral. Todo lo cual nos lleva a considerar que la inteligencia puede ser comprendida como esa capacidad para aprender y llevar a cabo razonamientos lógicos y abstractos, así como para resolver problemas, lo que habría de permitir una mayor capacidad de adaptación al entorno y, en un nivel aún más elevado, distinguir el bien del mal, la justicia de la injusticia.

Ocurre que la razón y la inteligencia así entendidas parecerían no tener nada que ver con los sentimientos y las emociones. Sin embargo, tengo para mí que los sentimientos humanos están íntimamente vinculados a la inteligencia pues solo un ser inteligente, dotado de razón, puede sentir al modo en que lo hacemos los humanos, que es lo que, a mi juicio, trató de expresar María Zambrano cuando resaltó esa otra dimensión de la racionalidad humana que es la que ella dio en llamar la razón poética. De ahí que la inteligencia deba incluir también la capacidad para gestionar las propias emociones, como desde la psicología ha señalado Daniel Goleman. Y desde esta comprensión amplia de la razón y la inteligencia, cobra sentido la pregunta de si se puede considerar inteligente un ser al que tanto le cuesta ser feliz, un ser que ha logrado unas cotas tan altas en lo que al progreso científico-técnico se refiere, pero que se revela incapaz de avanzar al mismo ritmo en la lucha contra la injusticia, y que, en última instancia, parece estar empeñado en autodestruirse por la vía rápida del holocausto nuclear o por la más lenta pero inexorable del cambio climático.

¿Hasta un pueblo de demonios?

 

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a paz es un deber de la razón pura práctica, un deber moral, pero no es el estado natural de los hombres, sino que debe ser instaurada por la vía del derecho. Esto es lo que afirma Immanuel Kant en su célebre ensayo Hacia la paz perpetua. Un esbozo filosófico, donde se esmera en señalar cuáles han de ser las condiciones para alcanzar una paz duradera. Como se sabe, Kant es el filósofo más destacado de la Ilustración y uno de los más importantes de toda la historia de la filosofía universal y, curiosamente, este filósofo alemán (aunque entonces Alemania no existía como la conocemos hoy) era de Königsberg, una ciudad a la sazón prusiana que actualmente forma parte de Rusia, miren ustedes por dónde. Y es que el baile de fronteras como consecuencia de las guerras ha sido una constante en Europa durante siglos. Anécdotas aparte, lo cierto es que Kant pensaba que a través del derecho sería posible que alcanzara la paz perpetua incluso un pueblo de demonios con tal de que estos fueran seres racionales, seres con entendimiento.

            Lo primero para alcanzar la paz, en este caso interior, es que se funde el Estado republicano, aquel en el que los individuos son al mismo tiempo súbditos y ciudadanos, es decir, donde la ley es la misma para todos y obliga a todos (los súbditos) por igual, pero donde, al mismo tiempo, cada uno (como ciudadano) solo obedece aquellas leyes a las que ha dado su consentimiento. De este modo, se respetan los principios de igualdad y libertad jurídicas imprescindibles para lograr la paz perpetua dentro del Estado, así como para evitar la guerra contra otros Estados. Y es que en la constitución republicana son los ciudadanos los que han de decidir si ir a la guerra o no, a sabiendas de que serán también ellos los que acarreen con los costes y sufrimientos de la misma. Nada que ver con los Estados en los que los súbditos no son ciudadanos, donde, según denuncia Kant, “la guerra es la cosa más sencilla del mundo, porque el jefe del Estado no es un miembro del Estado sino su propietario, la guerra no le hace perder lo más mínimo (…) y puede, por tanto, decidir la guerra, como una especie de juego, por causas insignificantes”. 

            A la luz de la invasión de Ucrania, se diría que Kant tenía razón en este punto, pues todo indica que Putin se comporta como si fuera el dueño de Rusia y, de hecho, hablamos de la guerra de Putin contra Ucrania. Por lo demás, para garantizar la paz entre los Estados, Kant insiste en que se debe constituir una federación mundial de Estados libres, de modo que las relaciones entre los miembros queden reguladas por el derecho de gentes y que los ciudadanos de cada Estado puedan transitar libremente por el territorio de los demás Estados, que es lo que Kant llamaba derecho cosmopolita. Y ante el fracaso de la ONU y del derecho internacional, instrumentos incapaces de evitar las guerras, y de la mala gestión de los movimientos migratorios en el mundo en general, y en Europa en particular, solo podemos concluir que el derecho, contra lo que señala Kant, se ha revelado insuficiente para lograr la paz perpetua, acaso porque a los demonios que a veces somos los seres humanos nos falta el entendimiento necesario para doblegar nuestra voluntad autodestructiva.

El legado de Gandhi

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l pasado 24 de febrero empezó el último episodio de la historia de la barbarie en Europa. Ese día, por decisión de su presidente, el inefable Vladímir Putin, Rusia comenzó la invasión de Ucrania. Después de varias semanas de movimientos de tropas en la frontera y tras haber negado en repetidas ocasiones que tuviera la intención de atacar, el 24 de febrero Putin la emprendió a bombazos contra ese pueblo al que califica de hermano. Estados Unidos había advertido en varias ocasiones de que la invasión era inminente, pero no quisimos creer que el otrora gendarme mundial, el que tantas veces nos había engañado para justificar sus propias cuitas bélicas, siquiera fuera por esta vez, la fuerza y la violencia de los hechos lo demuestran, decía la verdad. Y entonces todas nuestras convicciones, la apelación a la racionalidad, la confianza en el diálogo, la fe en el derecho internacional, el pacifismo… se vinieron abajo.

De repente, quién lo iba a decir a estas alturas, todos quedamos imbuidos de la épica, del discurso belicista más ramplón, conmovidos por las imágenes de las mujeres ucranianas que huyen con sus hijos y sus mayores y de los hombres que se quedan, imposible saber si por voluntad propia u obligados por la ley marcial impuesta por el Gobierno de Zelenski, a defender a la patria del invasor extranjero, a luchar por la independencia y la libertad, porque el pueblo ucraniano es distinto del ruso y porque Ucrania es una nación y tiene derecho a ser un Estado independiente y de hecho lo es desde 1991. Y, desde luego, no seré yo quien se muestre en contra del derecho de autodeterminación de los pueblos (siempre que este se entienda como el derecho a la autodeterminación de los individuos que conforman dichos pueblos, claro está), ni del derecho a la legítima defensa, pero tengo para mí que en apenas unas semanas, llevados por la justa indignación ante lo que está ocurriendo en Ucrania, hemos renunciado a nuestros valores más elevados para caer de nuevo en las redes de las diatribas más rancias y recalcitrantes.

Mahatma Gandhi, uno de los grandes referentes del pacifismo y la desobediencia civil, promovió la resistencia pacífica y la no violencia como únicas vías legítimas para alcanzar la independencia de la India, lo que es una realidad desde 1947. Por defender estas ideas fue asesinado el 30 de enero de 1948 y es por ello que Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha elegido esta fecha para celebrar en los centros escolares el Día de la Paz y la No Violencia. “No hay camino para la paz: la paz es el camino” es una de las citas de Gandhi más conocidas y cada año, al llegar el 30 de enero, se repite por doquier en colegios e institutos junto a las palomas blancas, las pancartas, las canciones y otras frases célebres. Pero todo ello quedó en papel mojado el día en que Rusia invadió Ucrania. Yo no soy un pacifista a ultranza y en alguna otra ocasión me he referido a los límites de la no violencia, al derecho de los individuos y los pueblos a defenderse cuando son agredidos, pero diría que hoy, más que nunca, debiéramos hacer un esfuerzo para no arrumbar completamente el legado de Gandhi. 

Los hijos de puta están en todas partes

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i hay algo que comparten todos los lectores de esta parte del mundo, además del gusto por la lectura, claro está, es su convencimiento de que los libros, los que se aprecian, no se deben prestar. Pues es sabido que la inmensa mayoría de las veces los libros prestados devienen en libros perdidos. Sin embargo, esta máxima no siempre se cumple, como he podido comprobar recientemente cuando un compañero de profesión, profesor de Filosofía, quiero decir, y sin embargo amigo, que diría el maestro, me devolvió un volumen que yo le había dejado 10 o 15 días atrás, contradiciendo la sabiduría colectiva de tantos y tantos lectores que recomienda no prestar aquellos libros de los que no quiera uno desprenderse definitivamente. Una vez más el disenso se reveló más estimulante que el consenso, pues romper la norma de marras, la de no prestar los libros que se aprecian, sirvió para que mi colega demostrara que incluso entre los lectores más entusiastas hay gente decente que sabe agradecer un detalle de generosidad devolviendo la obra prestada una vez leída.

Más allá de esta pequeña satisfacción se halla el placer de haber podido comentar con mi colega el libro en cuestión, que a él le gustó mucho, según me dijo, y a mí me causó también una gran impresión cuando lo leí hace ya algunos años. Y es que Los milagros prohibidos, de Alexis Ravelo, es una de esas obras que no dejan indiferente a quien la lee, un novelón, incluso. Ravelo, como es sabido, es uno de los grandes de la novela negra en España y cuenta en su haber, dentro del género, además de las protagonizadas por el carismático Eladio Monroy, con algunas grandes novelas como La estrategia del pequinés, La última tumba o Un tío con una bolsa en la cabeza. Se trata de obras en las que, como en alguna otra ocasión ya he señalado, el autor aprovecha el género negro y criminal para, con la maestría que le caracteriza, hacer la crítica social más certera y en las que siempre hay referencias filosóficas de enjundia que Ravelo pone al alcance de cualquier lector.

Los milagros prohibidos, en cambio, no es una novela negra, aunque lo criminal forma parte de la esencia de esta historia que el autor dedica “a quienes se negaron a olvidar”. A quienes se empeñaron en mantener en la memoria la Semana Roja de La Palma, la que transcurrió en los siete días que siguieron al 18 de julio de 1936, y las historias de persecución, humillación y dolor sufridas a manos de las hordas fascistas que desplegaron impunemente la barbarie por la isla durante los años ulteriores. A mi amigo le encantó Los milagros prohibidos, aunque le hubiera gustado un final diferente. A mí, en cambio, me parece el mejor posible, pues de otro modo no se haría justicia a la memoria de las víctimas. Y es que yo leo esta historia como un homenaje a todas las personas normales y corrientes que en algún momento fueron perseguidas o siguen siendo perseguidas hoy, en el franquismo, bajo la barbarie nazi, la bota de Stalin o dondequiera que sea. Mi colega sigue dividiendo el mundo entre azules y rojos; yo, en cambio, creo que el mundo se divide más bien entre la gente más o menos decente y los hijos de puta, que, ¡ay!, están en todas partes. 

La reforma que cabría esperar

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penas quedan unas horas para que la reforma laboral, la reforma de la reforma, en realidad, se someta a su ratificación en el Congreso de los Diputados y, en el momento en que escribo esta columna, el Gobierno aún no las tiene todas consigo. Y no las tiene porque las fuerzas políticas de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, ERC, Bildu, BNG y la CUP,  consideran que la reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar es a todas luces insuficiente. Lo cual no resulta descabellado si tenemos en cuenta que buena parte de los analistas, que habrán leído el texto, afirman que la reforma que proponen el PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que conforman la coalición del Gobierno, mantiene intacto el 80 por ciento de la reforma laboral que en su día aprobó el PP y que los partidos que hoy gobiernan habían prometido derogar hasta que, Nadia Calviño mediante, la derogación total devino en derogación parcial y finalmente en lo que terminaron acordando la patronal, los sindicatos mayoritarios y el propio Gobierno.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que cree que al final se podrá llegar a un acuerdo para que la nueva norma salga adelante con el apoyo de las fuerzas políticas de izquierdas y no con el de Ciudadanos, que ya ha dado el sí. Se entiende que la ministra, del sector de Unidas Podemos del Gobierno y militante del Partido Comunista, prefiera el apoyo de las fuerzas progresistas al de los liberales, pero no deja de sorprender que, si la reforma es tan buena como Yolanda Díaz plantea, a la ministra le importe tanto de dónde vengan los apoyos, toda vez que lo verdaderamente importante, como la propia ministra no se cansa de repetir, es mejorar la vida de la gente, fundamentalmente de la gente trabajadora, la gente de a pie, que es lo que se supone que conseguirá esta reforma en el caso de que finalmente se apruebe, independientemente de las siglas de las que procedan los votos. 

Díaz confía en que los republicanos catalanes, y los que están haciendo piña con ellos en este asunto, terminen pasando por el aro porque, a su juicio, es muy difícil decirle que no a esta reforma que, según ella, es una reforma histórica y constituye un cambio de paradigma en las relaciones laborales en España. Y añade que, en el caso de que los partidos de izquierdas no se sumen al acuerdo, tendrán que explicarles a sus electores, a los trabajadores, por qué se niegan a apoyar una norma que viene a mejorar su vida y prefieren mantener la reforma del PP como está ahora. Mas tengo para mí que quizás sea Díaz, el Gobierno en su conjunto, quien deba explicar a los votantes de izquierdas por qué pudiendo sacar adelante una reforma laboral más progresista se conforma con esta acordada con los empresarios y los sindicatos. Y es que acaso la reforma laboral no responda al interés de la mayoría trabajadora y el Gobierno lo haya sacrificado en aras del consenso, en lugar de haber optado por el disenso frente a la patronal y la derecha liderando una reforma laboral más justa y ambiciosa, que es lo que de un gobierno que presume de izquierdas cabría esperar. 

Entre la dignidad y el mindfulness

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na persona que hasta no hace mucho consideraba relativamente cercana y a la que ahora tengo por amiga, cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a su intimidad pero que a buen seguro se reconocerá cuando lea este artículo, me comentaba el otro día que el mindfulness tiene la virtud de hacer a quienes lo practican más eficaces y eficientes. Reconozco que mi conocimiento del mindfulness es escaso, pues apenas he asistido a alguna que otra charla en la que, muy básicamente, se explicó en qué consiste. Pero hay algo con lo que no puedo transigir y es esa exigencia de suspender el juicio y aceptar la realidad. Y es que la suspensión del juicio equivale a no pensar, lo cual, para alguien como yo, adepto al pensamiento crítico, aspirante a filósofo y columnista vocacional, resulta más bien inasumible. Además, la aceptación de la realidad invita a la pasividad, tan propia de las místicas orientales, de las que en parte deriva el mindfulness, en las que se aboga por la disolución del yo.

Esta propensión a conformarse con la realidad en lugar de intentar transformarla no es ajena a la tradición filosófica occidental, incluso a la más dada a exaltar la razón. El propio Hegel, para quien lo real es el espíritu infinito, ahí es nada, ya señaló que todo lo racional es real y todo lo real es racional, de suerte que el deber ser, el mundo tal como debería ser desde la perspectiva de nuestros valores, se resuelve en el ser, el mundo tal como es. De este modo, no se puede distinguir entre lo que es y lo que debería ser, ni siquiera entre lo que hay y lo que no debería haber, pues todo lo que existe estaba llamado a existir por mor del despliegue dialéctico, racional, del espíritu. Y lo que es aún peor, se concede racionalidad a lo que desde el punto de vista de la razón práctica, la racionalidad moral, no puede tenerla, pues la barbarie no puede considerarse racional desde un punto de vista moral, por más que lo pueda ser desde la perspectiva de la racionalidad formal o instrumental.

Será precisamente Marx, el más conspicuo de los discípulos de Hegel, quien se rebele con vehemencia contra la aceptación de lo real por parte del pensamiento. Y es que para Marx, si la filosofía ha de tener una finalidad es la de transformar la realidad, tal como dejó escrito en su celebérrima XI tesis sobre Feuerbach. Esta vocación transformadora es la que, a mi juicio, el mindfulness contradice y de ahí, lo decíamos antes, mis recelos. Mas si a ello le sumamos que nos hace más eficaces y eficientes, entonces se diría que se trata de un nuevo modo de alienación que arrebata al ser humano su condición de sujeto para reducirlo a objeto. Pues está bien que empleemos los medios más eficaces y eficientes para alcanzar nuestros fines, pero no que nos tornemos nosotros mismos en meros medios, que es lo que proscribe la segunda formulación del imperativo categórico kantiano. Y es que para Kant el ser humano ha de ser tratado siempre como el fin en sí mismo que es, porque tiene dignidad y no precio, que es lo que, a mi modo de ver, el mindfulness podría poner en entredicho. 

Una defensa de la Ética

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n alguna otra ocasión me he referido al hecho de que vivimos en una sociedad que parece obsesionada con la felicidad. Una obsesión que, paradójicamente, lleva a muchas personas a ser profundamente infelices. No hay, a mi modo de ver, un único modo de ser feliz, pero yo diría que la que parece ser la concepción hegemónica hoy en día es profundamente errónea. Identificar la felicidad con el éxito económico, profesional o social genera más frustración que auténtica felicidad. Si a ello le añadimos que casi nadie aparenta estar interesado en la vida buena sino más bien en demostrar a los demás lo feliz que se es y lo bien que le va en la vida, entonces no es de extrañar que haya tantas personas sumidas en procesos depresivos. Si tomamos como modelo al hombre o a la mujer de éxito, con dinero, reconocimiento social, deslumbrante en el trabajo o en los negocios, inteligente, brillante y físicamente atractivo, el resultado es que aspiraremos a ser no ya lo que no somos, sino lo que no podemos ser, al menos la inmensa mayoría de nosotros.

La búsqueda de la felicidad, de la vida buena, es algo que preocupa a los seres humanos desde la Antigüedad. No en vano constituye el asunto central de las éticas premodernas y el propio Aristóteles ya señaló que la vida buena, la eudaimonía, constituye el fin último del hombre. Mas Aristóteles entendió que la verdadera felicidad no puede consistir ni en el placer, ni en el dinero ni en el honor o la gloria, pues si la felicidad es el fin último del ser humano, esta habrá de consistir necesariamente en el ejercicio continuado de la actividad propia del hombre. Y puesto que el rasgo distintivo del ser humano es la razón, entonces, la verdadera felicidad habrá de consistir en el ejercicio continuado de la razón, en dedicarse a lo que Aristóteles llamaba la actividad teórica o la contemplación. Lo que viene a significar que el ser humano es verdaderamente feliz cuando se realiza a través de la búsqueda del conocimiento y la verdad.

Seguramente no todo el mundo haya de sentirse realizado dedicándose a la vida contemplativa, pero el solo hecho de que se conciba la felicidad como autorrealización y no como posesión o reconocimiento hace que resulte conveniente, todavía hoy, escuchar lo que Aristóteles tiene que decir sobre este asunto, el de la felicidad, que a todo ser humano ocupa y preocupa, quizás en demasía. Y es que acaso sea más importante la dignidad que la felicidad y hasta es posible que, para decirlo a la manera de Kant, lo verdaderamente relevante desde un punto de vista moral no sea tanto alcanzar la felicidad sino cumplir con nuestro deber por sentido del deber, lo que, como bien señaló el de Königsberg, no promete la felicidad pero nos hace dignos de ser felices. Todo lo cual habrá de decidirlo cada uno en su fuero interno y para ello se me antoja imprescindible que se vuelva a estudiar Ética en la Educación Secundaria Obligatoria, que es lo que el Gobierno no contempla en la nueva ley educativa, por más que los partidos que lo sustentan, junto al resto de los que forman parte del arco parlamentario, se comprometieran a ello en el Congreso de los Diputados. 

A propósito del 25 N

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l pasado jueves, como cada 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tipo de violencia que, al menos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, se define como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico”. De tal definición se desprende que la expresión “violencia de género” alude fundamentalmente a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y así es cómo, según creo, se ha venido sosteniendo por parte del feminismo desde hace años. El matiz “por el hecho de ser mujeres” no es trivial, pues resulta fundamental para comprender en qué consiste la violencia machista. Otra cosa es que, desde algunos feminismos, la violencia de género se haya querido diferenciar de la violencia contra la mujer para incluir en la primera expresión la que se puede ejercer contra las personas del colectivo LGTBI.

No es mi intención, en cualquier caso, entrar ahora en el debate interno del feminismo con respecto a esta cuestión, pues lo que me interesa hoy es reflexionar sobre el alcance de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, independientemente de si se quiere denominar violencia de género o si se prefiere entender este concepto en sentido más amplio. El término de la expresión sobre el que quiero detenerme, entonces, es el de “violencia”. Y es que la violencia se puede ejercer de muchas maneras. Es así que la más clara de ellas es la que llamamos violencia directa, que es la que tiene lugar cuando se produce una agresión física, sexual o psicológica y lamentablemente, incluso en las sociedades que se dicen respetuosas con los derechos humanos, son muchas las mujeres que sufren este tipo de violencia que alcanzaría su máxima expresión en el asesinato.

Pero además de la violencia directa, existe la que se ha dado en llamar violencia estructural, que es la que tiene lugar cuando se atenta contra los derechos humanos de los individuos. Y comoquiera que entre esos derechos humanos se hallan los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales, entonces, cada vez que se atenta contra el derecho de un ser humano al acceso a los recursos materiales mínimos para poder llevar a cabo una vida digna, estaríamos ante un caso de violencia estructural. Un tipo de violencia que, en muchas ocasiones, bien puede ser considerado como violencia contra las mujeres o violencia de género, toda vez que mayormente son las mujeres las que ven conculcados sus derechos económicos y sociales, por más que en nuestras democracias liberales haya un reconocimiento formal de las libertades básicas y de la igualdad entre hombres y mujeres. Prueba de ello sería la tristemente célebre brecha salarial o, lo que es aún peor, el fenómeno de la feminización de la pobreza. Y tengo para mí que el 25 N es un día para reivindicar el imperativo moral de eliminar este tipo de violencia y no solo la violencia física, psicológica o sexual que, por descontado, también debiera ser erradicada. 

El nacimiento de 'UPPSOE'

 

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ace ahora algo más de 10 años, el movimiento 15-M tomó las plazas y las calles de  buena parte de las ciudades españolas para mostrar su indignación ante la gestión de la crisis que nos asolaba (cuyas consecuencias aún no se han terminado de superar), en lo que ha sido el mayor movimiento contestatario en décadas. La crisis económica devino en crisis social y ésta en crisis política. No en vano, la plataforma que convocó la manifestación que derivó en la generación del 15-M llevaba por nombre Democracia Real Ya, dando por supuesto que nuestra democracia no es realmente tal. El malestar económico y social hizo que parte de la ciudadanía pusiera en tela de juicio el sistema político, una democracia que a ojos de los indignados no cumplía con unos requisitos mínimos que la hiciera digna de ese nombre. Es por ello que desde los sectores biempensantes del país, élites políticas, económicas y mediáticas, no se dudó en tildar a los indignados de antisistema.

            ¿Fue el 15-M un movimiento antisistema? Si nos atenemos a la definición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia, según el cual antisistema significa “contrario al sistema social o político establecidos”, parece claro que el 15-M fue un movimiento antisistema. Y es que, en el ámbito político, pretendía transformar la democracia liberal representativa en una democracia más genuina, más deliberativa, participativa y directa, y en el ámbito socioeconómico, abogaba por una sociedad más justa, en la que todas las personas tuvieran acceso a los recursos materiales mínimos para llevar a cabo una vida digna y donde, en suma, los seres humanos fueran siempre tratados como sujetos y nunca como meros objetos, que es lo que se desprende de aquel célebre lema de Democracia Real Ya: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Mas si el término antisistema se usa en sentido peyorativo como sinónimo de antidemocrático o violento, entonces resulta evidente que el 15-M no fue en ningún caso un movimiento antisistema, pues tanto las proclamas como las reivindicaciones de los indignados casarían bien con lo que se ha dado en llamar democracia radical.

            Una década después se diría que no ha habido cambios sustanciales en la realidad social española, más allá de la irrupción de Podemos, aquel partido que en buena medida era heredero del movimiento 15-M, hoy asociado a Izquierda Unida y parte del Gobierno. Es por ello que en la actualidad sigue siendo tan necesario como entonces el ejercicio del pensamiento crítico contra el poder económico y el poder político,  por más que las élites se empeñen en calificar, más bien descalificar, como antisistema (en el sentido despectivo de antidemocrático) a cualquier movimiento o idea que pueda poner en tela de juicio el poder establecido. Si entonces el objeto de las críticas eran la banca y las grandes multinacionales, en la esfera económica, y lo que se dio en llamar el PPSOE, en el plano político, tengo para mí que ahora, como destinatarios de la crítica, convendría sumar a las grandes compañías energéticas y también, ay, a Unidas Podemos. Y es que tras lo acontecido en el Congreso en relación a la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, solo queda la indignación ante el nacimiento de ‘UPPSOE’ que, por descontado, hoy como ayer, no me representa.

La realidad es dialéctica

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abido es que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Esto es, al menos, lo que viene a decir el principio de no contradicción formulado por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Para ser algo más precisos, el principio de marras señala que si una proposición es verdadera su contraria no puede serlo en el mismo sentido. Se trata de uno de los principios lógicos elementales, del que se deriva el principio del tercero excluido, según el cual, dada una proposición y su contraria, una de las dos, y solo una, ha de ser verdadera, y no hay cabida para una tercera opción. El principio de no contradicción tiene una variante ontológica según la cual nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Las cosas, ya se sabe, o son, o no son. Uno tiende a pensar que estos principios, tanto en su versión lógica como ontológica, siguen teniendo validez hoy en día. Sin embargo, en ocasiones, se diría que la realidad los niega.

El principio de no contradicción, en su variante ontológica, casa bien con aquel otro que nos dejara Parménides en su poema del ser, donde el eleata nos dice que solo el ser es y es imposible que no sea; el no ser, por tanto, ni es ni puede llegar a ser. Lo que más o menos quiere significar lo que popularmente decimos cuando afirmamos que lo que es es y lo que no es no es. La conclusión a la que llega Parménides es que el ser es uno, único, eterno e inmutable, lo que hoy en día es difícil de sostener, pues la realidad se nos antoja a todas luces cambiante. Más plausible parece entonces el planteamiento de Heráclito, quien ya nos advertía de la imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo río. En efecto, la realidad, a juicio del de Éfeso, es cambiante, pues todo fluye y nada permanece. Y ello es así porque, según el Oscuro, que es como lo conocían, la realidad es dialéctica, una unidad formada por contrarios.

¿Es la realidad estática o cambiante? ¿Coherente o contradictoria? Si seguimos el principio de no contradicción, la realidad debería ser coherente; sin embargo, las contradicciones abundan por doquier. Acaso la realidad sea coherente en lo que a la naturaleza se refiere y contradictoria en lo relativo al ser humano. Pues lo que ofrece pocas dudas es que, en el ámbito social, no digamos ya el político, la realidad se despliega dialécticamente en múltiples contradicciones. ¿Cómo entender si no que sea precisamente Vox, el nostálgico del franquismo, el partido que se haya erigido en guardián de los derechos humanos a la luz de las sentencias, tres ya, del Tribunal Constitucional que le han dado la razón? ¿Cómo comprender que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo para configurar a su antojo las más altas instituciones del Estado, incluidas, cómo no, las que atañen al poder judicial, y al mismo tiempo sigan defendiendo la separación de poderes como uno de los principios básicos de la democracia, si no es porque la realidad es dialéctica?