Los derechos humanos son inalienables

L

a campaña electoral ha conseguido, una vez más, que ETA vuelva a estar en el centro del debate político y mediático. No importa que la banda terrorista desapareciera hace 10 años ni que las elecciones que se celebran el próximo 28 de mayo sean las municipales y autonómicas: para las derechas patrias se trata de derrotar a Pedro Sánchez y para ello hay que mostrar a la ciudadanía que el muy malvado, además de presidir un gobierno social-comunista, es rehén del independentismo catalán y de los filoterroristas vascos. De ahí que en Vox y en el Partido Popular no hayan querido desperdiciar la ocasión que les ha brindado Bildu al integrar en sus listas electorales a 44 personas que en su día fueron condenadas por terrorismo, siete de ellas por delitos de sangre, que por cierto dicen ahora que en caso de ser elegidos renunciarían, para atacar, no a Bildu, sino al Gobierno de coalición, como si Pedro Sánchez, el PSOE o Unidas Podemos fueran quienes confeccionan las listas del partido abertzale.

    Desconozco las razones internas por las que en Bildu se decidió que estas personas formaran parte de las listas, no sé si la decisión obedece a un criterio electoralista o a un intento de mantener la cohesión interna, pues entiendo que, desde su punto de vista, se trata de gente que se jugó el tipo por la causa y que además pagó caro por ello y a la que, ahora que se ha renunciado a la violencia, no se la puede dejar al margen. Ni siquiera sé si esas listas se elaboraron de manera democrática o si, como suele ocurrir en todos los partidos, fue la cúpula la que estableció quiénes iban en ellas y en qué orden. Pero, independientemente de las razones que llevaron a que en las listas de Bildu se haya incluido a 44 personas condenadas por terrorismo, lo cierto es que ello no es motivo para la ilegalización del partido como han pedido Vox y algunos dirigentes del Partido Popular, entre quienes destaca, no iba a dejar pasar la oportunidad, la nunca suficientemente aplaudida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vox, el PP y quien lo estime oportuno puede legítimamente criticar a Bildu, por este motivo o por el que considere, desde un punto de vista político o moral, pero jurídicamente no parece que las listas de Bildu sean reprobables.

    La razón por la que Bildu no puede ser ilegalizado aunque haya incluido a estas 44 personas condenadas por terrorismo en las listas electorales radica en que, según se ha publicado, todas y cada una de ellas han cumplido sus condenas, incluidas las de inhabilitación, por lo que se encuentran en plena posesión de sus derechos políticos, los cuales no pueden ser conculcados. Esto es así y, si me lo permiten, así debe ser. Porque de lo que estamos hablando es de derechos políticos, es decir, de derechos humanos que están consagrados en la Constitución como derechos fundamentales que bajo ningún concepto pueden ser conculcados y menos aún por el Estado que ha de ser su máximo garante. Y es que en un Estado social y democrático de derecho, que es como se autodefine España, los derechos humanos de los ciudadanos, entre los que se encuentran los derechos políticos, son inalienables. Y ello es así incluso cuando se trate de ciudadanos que en su día atentaron contra el propio Estado de derecho y la democracia, siempre que, como es el caso, hayan cumplido su condena.