El retorno de la indignación

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no de los efectos de la pandemia ha sido la relativa paz social que durante estos meses se ha vivido en el mundo. Antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, el planeta no era ese idílico remanso de paz que ahora fabulamos recordar, sino que era más bien un escenario en el que la conflictividad social iba en aumento. De Chile a Hong Kong, pasando por los chalecos amarillos de Francia o el movimiento independentista en Cataluña, la contestación social era una realidad en expansión que solo el miedo al contagio o a las sanciones derivadas de la suspensión de derechos logró apaciguar. Ahora, la muerte de George Floyd a manos de la policía ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos que se ha extendido globalmente, lo cual supone la demostración de que el sentimiento de indignación ante la injusticia es en estos momentos mayor que el sentimiento de miedo al contagio de ese virus que aún anda por ahí.

No hace falta ser un experto sociólogo para darse cuenta de que la muerte de George Floyd es solo el detonante de las protestas, la chispa que ha conseguido prender la gasolina latente de años y siglos de racismo y discriminación en la primera democracia moderna del mundo. Y es que quienes hincan su rodilla en el suelo no solo reclaman justicia ante lo que consideran un crimen racista, sino que claman contra la discriminación racial que lleva a los negros, los latinos y en general a las poblaciones de las minorías étnicas a vivir en peores condiciones, a sufrir las mayores tasas de pobreza del país. Algo que ya era conocido, pero que la pandemia ha puesto de relieve toda vez que se ha cebado en estas minorías, ya que, al ser las más pobres, han sufrido también con mayor virulencia los efectos del coronavirus, han sido las comunidades que han padecido las mayores tasas de mortalidad.

Las manifestaciones contra el racismo han llegado también a España, donde los manifestantes no solo se muestran indignados por la muerte de Floyd, sino que denuncian que en España el racismo también existe. Se trata de una de las grandes lacras sociales aún pendientes de erradicar que se entremezcla con la que aún hoy constituye la mayor contradicción que existe en nuestras sociedades, la que se da entre ricos y pobres. Pero las protestas en España comenzaron antes: en pleno estado de alarma, se iniciaron con las caceroladas del barrio de Salamanca en Madrid, una excentricidad hispánica que viene a corroborar que Spain todavía is different, y han continuado con las movilizaciones de los trabajadores de Nissan en Cataluña y de Alcoa en Galicia. No serán las últimas porque se nos viene encima una crisis peor que la de 2008. Entonces surgió el 15-M y el movimiento de los indignados; no sabemos qué nos deparará el futuro pero sin duda la pospandemia será dura y si no se distribuyen los costes, si la factura la vuelven a pagar los mismos de siempre, lo que está asegurado es el retorno de la indignación.

Un Gobierno de regreso

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uando se constituyó el Gobierno de progreso por aquel lejano enero de este mismo año, ya advertía yo que no esperaba mucho de él, básicamente porque no espero nunca demasiado de ningún gobierno. Entonces, claro, no podíamos saber, al menos no lo sabíamos la inmensa mayoría de nosotros, la que se nos venía encima. Y eso que el coronavirus ya estaba causando estragos en China, pero la cosa no iba con nosotros, o eso, cándidos que somos, creímos, acaso porque era lo que queríamos creer. Así que mi falta de confianza en que el Gobierno nos diera demasiadas alegrías no tenía nada que ver, no podía tenerlo, con la gestión de la pandemia, sino más bien con mi desconfianza hacia cualquier gobierno, hacia el Estado como la institución de opresión que es, “con el que”, en palabras de Javier Muguerza, “sólo nos es dado relacionarnos como el siervo con el señor”; con el convencimiento de que, tal como señalara Henry David Thoreau, “el mejor gobierno es el que gobierna menos”, y mejor aún “el que no gobierna en absoluto”.

            Mas a pesar de la desconfianza que, ya digo, genera en mí cualquier gobierno, no escondí entonces que el pacto de progreso había logrado infundirme ciertas dosis de ilusión, siquiera fuera por librarnos del marianismo, pero sobre todo porque podía traer avances reales hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos, hacia un verdadero progreso en la libertad. En lo que a la igualdad se refiere, creo que es de justicia reconocer los esfuerzos del Gobierno, incluso ante la grave crisis económica y social que las medidas contra el coronavirus han generado. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, así como la prometida derogación de la reforma laboral del PP son, sin duda, medidas imprescindibles para construir una sociedad más justa, a pesar del rechazo que han causado entre los apocalípticos de la derecha y parte de la izquierda.  Y la derogación de la ley Wert, que todavía hoy sufrimos, si finalmente se produce, será también una buena noticia.

            Sin embargo, en lo que a la libertad se refiere, el Gobierno nos ha venido defraudando cada día un poco más. La suspensión, de facto al menos, de los derechos fundamentales durante el estado de alarma, el uso implacable de la “ley mordaza” que se había prometido derogar por autoritaria, las ruedas de prensa controladas por el ‘censor’ al inicio del confinamiento, la pretensión de que la información oficial fuera la única publicable, el “lapsus”, Marlaska dixit, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que ante los medios de comunicación afirmó que se trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, constituyen severos ataques a la libertad que, a mi juicio, resultan del todo inadmisibles en una democracia. Todo ello, sumado al último escándalo protagonizado por el ministro del Interior, una injerencia en el poder judicial en toda regla, hace que resulte imposible mantener la escasa ilusión que el nuevo Gobierno había generado, porque en algunos aspectos, los referidos a la libertad, más que de progreso parece un Gobierno de regreso.