Más moralina que moral

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edro Sánchez ha conseguido superar la frontera de los 100 días al frente del Gobierno mal que les pese al PP y a Ciudadanos, que no han cejado en su empeño de señalar la supuesta ilegitimidad del gobierno socialista, olvidándose de que la moción de censura es un mecanismo perfectamente legal contemplado en la sacrosanta Constitución que tanto enarbolan en otras ocasiones y de que al presidente del Gobierno, en España, lo elige el Parlamento. Y a pesar de las dificultades, dos ministros dimitidos en tan breve tiempo, el gobierno del SOE ha llegado hasta aquí con cierto éxito, como muestran las encuestas que, desde que Pedro Sánchez está instalado en La Moncloa, le son cada vez más favorables. Y es que hacer campaña desde el Gobierno tiene sus ventajas electorales.

Más allá del pataleo de la derecha española, el cambio de gobierno supuso un soplo de aire fresco tras los años de ranciedad del gobierno de Rajoy. Sin embargo, una vez más, y aunque apenas hayan pasado tres meses, el SOE vuelve a defraudar, a pesar de las encuestas, al menos a quien suscribe. Si la declaración de intenciones de implementar unas políticas sociales que tuvieran como objetivo la lucha contra la desigualdad y la pobreza generaron cierta ilusión, la política de gestos, con los vaivenes que le son inherentes, resulta decepcionante. Mas lo que lleva ya a la exasperación es que lo que se presumía que eran unas sólidas convicciones morales sobre las que se sustentaba el programa de gobierno se han revelado más bien líquidas, con permiso de Bauman, y, de hecho, en el gabinete de Pedro Sánchez parece haber más moralina que moral. La liquidez de los principios morales del Gobierno ha quedado patente con el caso de las bombas que España finalmente venderá a Arabia Saudí, pese al fallido intento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de revocar el contrato. Seis mil puestos de trabajo bien valen unos cuantos yemeníes muertos, habrá pensado Pedro Sánchez para desautorizarla. El exceso de moralina, por otra parte, lo pudimos contemplar con el berrinche que se cogió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a cuenta de la creación del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

            Y es que moralina y no otra cosa es lo que demostró la ministra al oponerse tan vehementemente a la legalización de OTRAS. Una moralina que llevó a la destitución, oficialmente dimisión, de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, que había dado el visto bueno al depósito del sindicato de marras. A juicio de Valerio, eso es tanto como legalizar la prostitución, algo que, según ella, un gobierno feminista no puede permitir. Claro que el feminismo abolicionista de Valerio no es el único feminismo posible, pues existen otros feminismos que, lejos de estigmatizar a las trabajadoras del sexo, abogan por la plena libertad, sexual y de cualquier índole, de las mujeres en tanto que individuos. Valerio y sus abolicionistas afines parecen confundir prostitución con esclavitud sexual, y se empeñan en que las putas sigan siendo putas, prostitutas en el mejor de los casos; OTRAS, en cambio, y quien suscribe, creemos que para acabar con la esclavitud sexual es necesario legalizar el trabajo sexual y reconocer a las personas que decidan vender sus servicios sexuales como trabajadoras con los mismos derechos laborales que el resto. 

La (des)obediencia al derecho

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ay leyes injustas: ¿nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las transgrediremos desde ahora mismo?”. Ésta es la pregunta con la que Henry D. Thoreau interpela a sus conciudadanos en su célebre ensayo Desobediencia civil, de 1849. La pregunta de Thoreau es más bien retórica, pues el objetivo de su ensayo no es otro que hacer un llamamiento a la desobediencia de aquellas leyes que por ser injustas implican que el cumplimiento de las mismas convierte a los individuos en “agentes de la injusticia”. Mas por retórica que sea la pregunta de marras lo cierto es que sigue removiendo las conciencias de los ciudadanos de las sociedades democráticas del siglo XXI, pues todavía hoy nos seguimos interrogando por los límites de la obligatoriedad del derecho, como muestra un artículo publicado recientemente en estas páginas por Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la ULL, titulado “Juramento y acceso al cargo público: cuestión de forma y de fondo”.

            En dicho artículo, escrito a propósito de la fórmula empleada por Quim Torra en el acto de toma de posesión como presidente de la Generalitat, Pérez Sánchez señala que, en lo que respecta a la obligación del nuevo president de acatar la Constitución, que no haya jurado o prometido lealtad a la ley suprema es lo de menos, pues “lo relevante es que, en realidad, el deber de acatar la Constitución no nace de tales juramentos o promesas”, sino que nace de la propia Constitución, que establece la obligación de todos los ciudadanos de cumplirla. El verdadero problema, concluye el profesor, es que “hace ya demasiado tiempo que nos hemos adentrado en esa perversa filosofía política que defiende con arbitrariedad las bondades de la desobediencia a las leyes que no gustan, o que no pasan el filtro del subjetivo sentido de lo justo”.

            La posición de Pérez Sánchez contradice ciertamente la defendida por Thoreau, pues a juicio del profesor, se puede intentar cambiar las leyes, pero mientras estén en vigor, han de ser obedecidas. La cuestión que se nos plantea es de dónde surge la obligación de obedecer la ley. Del planteamiento de Pérez Sánchez se desprende que la fuente de tal obligatoriedad es el derecho mismo, que es tanto como decir que hay que cumplir la ley porque la ley obliga: pura tautología. El derecho, sencillamente, no puede hallar su fundamento en el propio derecho. Así que, si nos preguntamos por las razones por las que un individuo habría de someterse a la ley, veremos que no se trataría tanto de razones jurídicas como de razones prudenciales. Mas frente a éstas se erigen las razones morales, que no obligarán nunca a obedecer, pero, en cambio, pudieran en algún caso obligar a lo contrario. Y es que, como tan acertadamente ha señalado Javier Muguerza, el individuo se halla moralmente autorizado a desobedecer cualquier ley que atente contra el dictado de su conciencia. Por lo demás, si en la modernidad, la legitimidad de las leyes halla su fundamento en la libre aceptación de las mismas por parte de los afectados, la democracia habrá de proteger antes que nada la libertad de los ciudadanos, empezando por aquella que Kant llamara libertad jurídica y no consiste en otra cosa que en la facultad del individuo para no obedecer ninguna ley a la que previamente no le haya dado su consentimiento. 

Filosofía frente a 'fake news'

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a proliferación y difusión de noticias falsas, más conocidas como fake news, constituye uno de los grandes problemas a los que han de enfrentarse las democracias contemporáneas, pues la información que llega a los ciudadanos, verdadera o no, es la generadora de eso que ha dado en llamarse la opinión pública y que, a la postre, es determinante para el devenir de la sociedad. Aunque el fenómeno no es nuevo y va ligado al desarrollo de los medios de comunicación social en el siglo XX (baste recordar la celebérrima sentencia de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, según la cual “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”), lo cierto es que en el siglo XXI ha alcanzado unos niveles inimaginables hace unos años gracias al desarrollo de las TIC y a la expansión de las redes sociales.

            El problema es de tal calado que tiene soliviantada a la clase política europea, pero también a los propietarios, responsables y profesionales de los medios de comunicación que, todos a una, exclaman que hay que poner coto a la difusión de noticias falsas, tal como quedó reflejado en el manifiesto publicado por la Asociación de Medios de Información con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa o, más recientemente, en el foro Fake News: cómo combatir las noticias falsas, organizado por el diario El País y el Parlamento Europeo. De este foro, en el que participaron representantes políticos y de algunas de las más importantes cabeceras de Europa que se agrupan en la alianza LENA, salieron básicamente dos propuestas en las que coinciden políticos y editores: legislar a escala europea para hacer frente a las fake news y fomentar el pensamiento crítico en los ciudadanos para que éstos puedan distinguir las noticias falsas de las verdaderas.

            En lo que se refiere a la primera propuesta, ya la Comisión Europea mostró su rechazo, si bien es cierto que algunos grupos del Parlamento Europeo siguen trabajando en esa línea. A mi modo de ver, se trata de una propuesta que, sin ser descartable, hay que tomarla con mucha cautela, pues puede caer fácilmente en la censura. Por lo demás, llama la atención que los grandes medios de comunicación estén ahora a favor de este tipo de iniciativas cuando tradicionalmente se han opuesto a leyes que limiten la libertad de expresión y han apostado por los códigos deontológicos y la autorregulación: ¿se trata solo de defender la verdad o también de mantener su negocio a salvo de intrusos? Más interesante resulta entonces la segunda propuesta, la relativa a fomentar el pensamiento crítico. Una propuesta a la que la filosofía tiene mucho que aportar pues, no en vano, constituye su razón de ser. Es por ello que harían bien los gobiernos europeos, empezando por el de España, en potenciar la filosofía en lugar de denostarla, si de verdad se pretende contribuir a formar una ciudadanía crítica frente a las noticias falsas, por supuesto, pero también frente a las medias verdades y las manipulaciones que emanan de las distintas esferas del poder político, económico o mediático.

La democracia en juego

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a sentencia del juicio contra los miembros de La Manada ha conseguido indignar nuevamente a la ciudadanía que una vez más ha salido a la calle a protestar, esta vez contra la Administración de Justicia. Las manifestaciones multitudinarias se suceden por diversos lugares de España para clamar contra lo que se considera una sentencia incomprensible además de injusta. Y es que resulta harto complicado entender cómo es posible que el tribunal, amén del voto particular del tercer juez en discordia, estime como hechos probados las barbaridades que relata en la sentencia, que no es necesario repetir, y que al mismo tiempo no considere que tales hechos sean constitutivos de violencia o intimidación, que es lo que explica que los denunciados hayan sido finalmente condenados por abuso sexual pero no por agresión sexual.

            Ante una sentencia tan contradictoria como ésta, hace bien la ciudadanía en mostrar su disconformidad, pues una cosa es que en el tan cacareado Estado de derecho se deban acatar las sentencias judiciales y otra bien distinta que no se puedan criticar: la ciudadanía puede y debe mostrar su desacuerdo ante cualquier injusticia, provenga ésta de donde provenga, pero sobre todo si proviene de uno de los poderes públicos, como es el caso. Ahora bien, que uno estime razonable la protesta contra la sentencia de marras no significa que esté de acuerdo con todos los que protestan, pues la indignación puede llevar a cometer excesos argumentativos, como creo que ha ocurrido en algunos casos. Consignas como la de “Yo sí te creo” no tienen sentido, toda vez que la sentencia no desmiente el relato de la víctima sino que, antes al contrario, lo considera probado. Asimismo, tampoco es del todo cierto que se traslade a las mujeres el mensaje de que están desamparadas, pues a los denunciados los han condenado a 9 años de prisión: el error radica en no haber considerado violencia ni intimidación lo que a los ojos de multitud de personas sí lo es.

            Estos excesos argumentativos creo que perjudican más de lo que ayudan a la causa de la protesta, aunque quizás no sean demasiado importantes. En cambio, las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, resultan altamente peligrosas para la democracia. Pues por mucho que pueda resultar indignante el voto particular del tercer juez en discordia que pide la absolución de los acusados, es inadmisible que un miembro del Gobierno trate de interferir en el poder judicial. Lo que los miembros de La Manada hicieron a esa chica, lo cual ha quedado probado según la sentencia, es algo execrable y a mi juicio, sin ser jurista, solo pudieron hacerlo intimidándola y violentándola, por lo que debieron ser condenados por agresión sexual y no solo por abusos. Pero ello no justifica en ningún caso la intromisión del Gobierno ni de ningún ministro, menos aún si se trata del de Justicia, en los asuntos que competen al poder judicial. Es por ello que no podemos sino aplaudir que las asociaciones de jueces y fiscales hayan exigido unánimemente la dimisión del ministro Catalá. Y haría bien la ciudadanía en secundar esta exigencia, porque lo que está en juego es la separación de poderes; lo que está en juego es la democracia.

Bergson en la Sala de Piedra

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uienes militamos a favor de la causa de la filosofía en Gran Canaria, se trate de profesionales de esta secular disciplina o de personas vinculadas profesionalmente a otros ámbitos pero interesadas en los asuntos filosóficos, tuvimos el pasado martes la oportunidad de asistir a una conferencia magistral sobre el pensamiento del filósofo francés Henri Bergson en la Sala de Piedra de la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La conferencia corrió a cargo de José Manuel Santiago, profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC), y se desarrolló en el marco de las Conversaciones de Filosofía que, desde hace ya 15 años, viene organizando el Aula Manuel Alemán de la ULPGC. Santiago es un especialista en Bergson, no en vano se doctoró hace unos años en Filosofía con una tesis que versa sobre el pensamiento del autor francés, así que, como era de esperar, su exposición fue brillante.

             Tal como mostró Santiago, el pensamiento de Bergson se inscribe en el espiritualismo francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que lo sitúa a contracorriente del pensamiento hegemónico de la época marcado por un materialismo y positivismo radicales y negadores de la posibilidad de la libertad humana. Frente al determinismo preponderante, Bergson se revela, y rebela, como un defensor a ultranza de la libertad del hombre y halla el fundamento de esa libertad en la existencia del alma, pues la conciencia, a juicio del francés, no puede quedar reducida al cerebro ni a los procesos puramente físicos o químicos que allí se desarrollan. Una tesis que Santiago, como tuvimos oportunidad de comprobar, comparte con Bergson.

            La libertad humana que defiende Bergson, y Santiago con él, no es la de una humanidad en abstracto sino la libertad de los individuos concretos y ello es algo que, por mi parte, solo puede ser digno de elogio, más aún en un tiempo en el que, como hemos dicho, predominaba un pensamiento instalado en un materialismo que más que radical yo calificaría de ingenuo. Algo similar a lo que ocurre hoy, salvando las distancias, cuando cierta filosofía postmoderna, desde parámetros diferentes, se ha apresurado a celebrar la muerte del sujeto y con ello la liquidación de la conciencia y de la autonomía inherente al ser humano. Sin embargo, defender, todavía hoy, la subjetividad, la conciencia y la libertad del individuo no tiene necesariamente que hacerse desde posiciones metafísicas como hacen Bergson y Santiago, sino que bien pudiera hacerse sin necesidad de apelar a la existencia del alma, es decir, desde una filosofía postmetafísica de la conciencia, una filosofía materialista de nuevo cuño que no reniega ni de la conciencia ni de la libertad.

            El tema de la libertad en el pensamiento de Bergson no fue el único que trató Santiago en su conferencia, fue más bien, cuestiones biográficas aparte, el punto de partida, pues a lo largo de su exposición fue desgranando algunos aspectos centrales del pensamiento de Bergson para culminar señalando que la experiencia mística constituye, en opinión del francés, el origen de las dos fuentes de la moral y de la religión: la presión social, generadora de una moral cerrada y una religión estática; y el impulso vital, generador de la moral abierta y la religión dinámica. Sin duda la clasificación bergsoniana de la moral y la religión es en sí misma polémica, toda vez que si bien pudiera interpretarse en términos de heteronomía (moral cerrada) y autonomía (moral abierta), también se puede entender como el reflejo de un cierto eurocentrismo no superado. Con todo, lo que me resulta más llamativo es el énfasis que pone Bergson en la experiencia mística, pues esta no casa bien con la libertad del individuo. Y es que lo característico de la actitud mística es la búsqueda del distanciamiento de sí mismo, de su disolución en la totalidad, y ello, a mi modo de ver, es difícilmente compatible con la libertad individual.

            Discrepancias aparte, pues el propio Santiago nos hizo ver que, a su juicio, la libertad de la persona no solo no es incompatible con la experiencia mística sino que se enriquece a partir de ella, no me gustaría concluir este artículo sin señalar, una vez más, que la intervención de Santiago no solo resultó sumamente interesante sino que constituye una buena muestra del buen nivel de la filosofía que se hace en Canarias. Solo nos resta pues congratularnos por ello y esperar la pronta publicación de su tesis doctoral para adentrarnos un poco más en el pensamiento de Bergson y del propio Santiago.

Exageraciones

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ay una parte de la izquierda española que está indignada con el independentismo catalán. Se trata de sectores que sólo ven en el procés el movimiento insolidario de las élites y no pueden entender que en él participen voces de izquierdas que, a su juicio, habrían de ser antinacionalistas por definición. Esta posición me parece discutible, entre otras cosas porque en el seno del movimiento a favor de la independencia de Cataluña podemos encontrar desde la derecha nacionalista hasta independentistas de izquierdas no nacionalistas e incluso grupos de un marcado carácter libertario. La izquierda es plural y el independentismo también. Más justificada resulta, a mi modo de ver, la indignación que ha provocado en la izquierda española la comparación de la España actual, un Estado social y democrático de derecho, con la España franquista, un Estado fascista, por parte del independentismo catalán.

Se trata, qué duda cabe, de una exageración del independentismo que resulta ofensiva para las víctimas del franquismo. La democracia española tiene sus déficits y en otras ocasiones nos hemos referido a ellos en estas páginas, y sin duda habremos de seguir insistiendo en este asunto, pero no es comparable con un régimen dictatorial como el del general Franco. No hay sino que asomarse a las cunetas para comprobarlo. Mas si esto es así, entonces hemos de reconocer que acusar a los independentistas de golpistas, como hace parte de la izquierda española y seguramente la totalidad de la derecha no nacionalista, constituye otra exageración que no se sostiene. Y es que tan ofensivo es para las víctimas del franquismo establecer comparaciones entre la España de hoy y el régimen de Franco, como equiparar el referéndum y la DUI con el golpe de Estado perpetrado por Tejero o lo acaecido el 18 de julio del 36. De nuevo, las cunetas, los pozos y las simas ilustran la diferencia.

La última de las exageraciones injustificables a las que ha dado lugar el procés es la que consiste en comparar las acciones llevadas a cabo por los denominados Comités en Defensa de la República con los delitos perpetrados por ETA, que es lo que se hace cuando se acusa a los miembros de los CDR de terrorismo, como hizo la Fiscalía. Menos mal que el juez responsable del caso ha tenido el sentido común de rebajar la acusación de terrorismo a desorden público. Y es que equiparar estos desórdenes provocados por los CDR con los atentados terroristas es un disparate que habrá de resultar ofensivo para las víctimas de ETA o del 11-M. Una vez más, los tiros en la nuca, las bombas y los zulos marcan la diferencia. Todas estas exageraciones son comparaciones odiosas, pero las dos últimas son más graves pues, además de ser ofensivas, son peligrosas porque pueden traer consecuencias penales para las víctimas de la exageración que supondrían un ataque más a los derechos civiles y políticos en este país, algo que viene repitiéndose con demasiada frecuencia desde que el partido de los novios de la muerte está instalado en el Gobierno.

La fragilidad de nuestros derechos

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n un libro reciente, La fragilidad de una ética liberal, la filósofa española Victoria Camps afirma que el mayor problema al que nos enfrentamos en relación con los valores no consiste en dilucidar cuáles habrían de ser los más elevados, sino en cómo hacer para que los que todos en general consideramos los valores más importantes se impongan verdaderamente en la vida real. En efecto, existe un acuerdo generalizado en torno a los grandes valores de la modernidad y en general nadie cuestiona, por encima de cualesquiera consideraciones, que la libertad, la igualdad y la fraternidad, así como la dignidad del ser humano, son los grandes valores sobre los que se deben sustentar las sociedades modernas. Sin embargo, en las prácticas sociales cotidianas, estos grandes valores se ven relegados a un segundo plano frente al primado de otros como el éxito, el beneficio económico o el placer inmediato.

            En opinión de Camps, los factores que explicarían esta dificultad de las sociedades democráticas para hacer que los grandes valores en los que se inspiran sean verdaderamente los más importantes son tres: la asociación entre libertad y consumismo, la desorientación de la educación laica y los cambios en la estructura familiar. A mi modo de ver, no le falta razón a Camps al destacar estos tres factores, mas tengo para mí que lo que verdaderamente hace que la libertad, la igualdad y la dignidad queden reducidas a grandes palabras sin influencia en la vida cotidiana frente a la preponderancia de la rentabilidad económica y el imperio del hedonismo egoísta y ramplón es el triunfo de lo que el filósofo canadiense Crawford Macpherson llamara individualismo posesivo: la concepción de la sociedad como un conjunto de individuos-propietarios que se asocian para defender sus intereses individuales y sus propiedades, propia del liberalismo clásico y del neoliberalismo actual.

             Cuando los valores asociados al individualismo posesivo ocupan el lugar que debieran ocupar los grandes valores de la modernidad, se resienten los derechos que se inspiran en esos valores, los derechos que tratan de proteger la dignidad de los individuos. Tales derechos no son otros que los derechos humanos, con los que ocurre algo similar a los grandes valores en los que se inspiran: a pesar de que nadie niega, en general, su importancia, no terminamos de asumir que se trata de derechos fundamentales de las personas que no se pueden conculcar bajo ningún concepto, pues lo que está en juego es la dignidad de las personas. Y si la ciudadanía no se muestra firme a este respecto, entonces el Estado puede caer en la tentación de no ser inflexible en el respeto a los derechos humanos. Tal es el caso de España, a la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha tenido que enmendar la plana dos veces en lo que va de año. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reclamaba hace unas semanas a España que garantice los derechos políticos de Jordi Sánchez. Y ahora un tribunal alemán ha rechazado que Puigdemont haya incurrido en un delito de rebelión. ¿Hemos de creer que la ONU, Estrasburgo y hasta la justicia alemana conspiran contra España o más bien deberíamos preocuparnos por la fragilidad de nuestros derechos fundamentales?

Ojalá se pare el mundo

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i yo fuese una mujer miraría con recelo a mis compañeros de trabajo varones y procuraría, a modo de compensación, trabajar menos que mis iguales hombres: si a igual trabajo distinto salario, habrá que currar un poco menos para compensar. Intentaría salir más veces de la oficina a fumar fuese o no fumadora, tomarme más tiempo con el cigarrito, beber más café, desayunar más despacio, hacerlo todo un poco más lento, en fin, lo que sea con tal de no trabajar lo mismo que aquel que cobra más que yo. Y si estuviese segura de que quienes hacen mi mismo trabajo cobran lo mismo que yo, no dejaría de preguntarme por qué las mujeres son las que ocupan los puestos de trabajo peor remunerados o por qué la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Preguntaría a la sociedad por qué si esa discriminación la padecieran los negros hablaríamos claramente de inaceptable racismo y no pasa nada, o casi nada, si se trata de mujeres.

            Si yo fuese una mujer estaría harta ya de no ser considerada una ciudadana de pleno derecho, de pertenecer a un sector de la población que está en situación de desventaja con respecto al resto, de saber que me va a resultar más difícil que a un hombre, solo por el hecho de ser mujer, alcanzar puestos de responsabilidad en mi trabajo o lograr el reconocimiento como artista, intelectual o científica; estaría harta de tener que sentirme en la calle menos segura de lo que se siente un hombre, de saber que lo voy a tener más complicado para salir de las listas del paro, que por ello mismo me veré en la necesidad de tener que aceptar peores condiciones laborales, que tengo más posibilidades que los hombres de terminar sumida en la pobreza, que me veré socialmente presionada para asumir la responsabilidad de las tareas domésticas, el cuidado de la prole y de los mayores y tantas otras cosas que mi hartazgo se habría convertido hace tiempo en indignación.

            Si yo fuese una mujer, en suma, me pensaría mucho mi voto y no se lo entregaría a ningún partido que no incorporara la agenda feminista a su programa. Y me aseguraría de que el partido de marras, porque el movimiento se demuestra andando, tuviera una estructura igualitaria. Y, por supuesto, iría a la huelga el próximo 8 de marzo y esperaría que todas las mujeres la secundaran, para que durante un día el mundo entero viera que sin nosotras nada funciona. Mas como yo soy un hombre, el próximo jueves no iré a la huelga, aunque me indigne la desigualdad que sufren las mujeres, o precisamente por ello. Porque la huelga feminista ha de ser una demostración de fuerza, de que sin ellas el mundo se para. Por eso el próximo jueves iré a mi trabajo con la esperanza de que mis compañeras no vayan, que las familias no envíen a sus hijas al instituto, que me sea imposible dar clase, hacer mi trabajo, ante la ausencia de más de la mitad del alumnado y del profesorado. Yo soy un hombre y no iré a la huelga el 8 de marzo, pero ojalá se pare el mundo.

Algunos déficits de la democracia española

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n más de una ocasión me he referido a los problemas de legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos, pues éstos no satisfacen como debieran las exigencias morales de libertad e igualdad que es lo que les da sentido, toda vez que el propio diseño de las democracias representativas hace que sea imposible el autogobierno de los ciudadanos, base de la democracia, así como la erradicación de las desigualdades sociales, requisito indispensable para la libertad. Sin embargo, hoy quiero hacer, un tanto kantianamente, como si el sistema representativo pudiera verdaderamente garantizar la igualdad social y conciliar los principios de libertad jurídica, según el cual ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no haya dado su consentimiento, y de igualdad jurídica, según el cual la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual, para referirme a algunos déficits democráticos de los que adolece la democracia española.

            El primero de estos déficits en el que me quiero detener hoy tiene que ver con la situación de las mujeres, concretamente con la brecha salarial, de sobra acreditada por numerosos estudios que demuestran que, en España, las mujeres cobran menos que los hombres. Quienes pretenden justificar tamaña injusticia arguyen que ello se debe a que las mujeres ocupan, por lo general, peores puestos que los hombres y que por lo tanto no se trata de una discriminación sexista. Mas al margen de que hay casos en los que a igual trabajo distinto salario, el hecho de que las mujeres ocupen mayoritariamente empleos peor remunerados es en sí mismo alarmante y un claro caso de discriminación por razón de sexo, es decir, un claro caso de falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres en este país que presume de ser una democracia avanzada.

          El segundo de estos déficits en los que hoy me quiero detener también tiene que ver con los derechos humanos, concretamente con los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España en los últimos tiempos. Las condenas a raperos o tuiteros, así como al joven que puso su rostro al Cristo crucificado, suponen un ataque a la libertad de expresión perpetrado por el propio Estado, que es precisamente el que habría de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, el respeto escrupuloso al derecho a la libertad de expresión. Mas tan preocupante, o más, que estos ataques a la libertad de expresión es el hecho de que la ciudadanía no termine de asumir que se trata de un derecho fundamental que debe respetarse siempre y no solo cuando el que lo ejerce dice o escribe aquello con lo que uno está de acuerdo. Y es que la defensa de la libertad de expresión ha de consistir fundamentalmente en reivindicar el derecho a expresarse libremente de los que no piensan lo mismo que nosotros, de quienes critican, con toda la carga de acidez que quieran, lo que pensamos nosotros, de quienes se mofan de nuestras creencias y opiniones, contra quienes sólo cabe esgrimir argumentos frente a la tentación de exigir la censura.

Una democracia marxista

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as sociedades modernas se distinguen de las premodernas en que en éstas las relaciones sociales se basaban fundamentalmente en alguna forma de servidumbre, mientras que en aquéllas son los valores de la autonomía y la igualdad los que, en principio, habrían de constituir los cimientos de las mismas, de suerte que las sociedades modernas aspiran a ser sociedades democráticas conformadas por individuos libres e iguales. Y para que ello sea así, se entiende, al menos desde Montesquieu, que en las democracias modernas los poderes del Estado deben estar separados, pues de lo contrario, la concentración de los tres poderes del Estado en un único individuo o grupo de individuos no solo favorecería el abuso de poder, sino que impediría el control del mismo, con lo que los principios de libertad e igualdad quedarían seriamente dañados y con ellos la misma democracia, tal como ésta se concibe en la modernidad.

            En efecto, no hay democracia sin separación de poderes y ello es algo que en las democracias contemporáneas tenemos plenamente asumido, hasta tal punto que la calidad democrática de los distintos países se puede medir atendiendo al grado en que esto se consigue. Por eso no es de extrañar que en España los partidos políticos cuando están en la oposición traten de deslegitimar al que gobierna acusándolo de no respetar la separación de poderes y que el que gobierna insista, para legitimarse a sí mismo, en que España es un Estado democrático y de derecho en el que el principio de separación de poderes es incuestionable. Estos papeles se los han venido intercambiando PSOE y PP según les haya ido tocando estar en el Gobierno o en la oposición y sus tesis han sido defendidas o reprobadas por los partidos nacionalistas en función de sus propios intereses que, hasta la irrupción del independentismo catalán, eran más bien exclusivamente económicos.

            Pero dejando los intereses partidarios de lado, lo cierto es que la deseable separación de poderes en España ha sido siempre insuficiente. Empezando porque es el Parlamento el que elige al presidente del Gobierno, con lo que, de entrada, el legislativo y el ejecutivo no están en absoluto separados. Y si bien es cierto que el Parlamento puede ejercer de vigilante del Gobierno, también lo es que cuando el partido que gobierna tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el control que se supone debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo se disuelve completamente. Esto, no obstante, se ha venido asumiendo como un mal menor siempre que el poder judicial se mantuviera como un poder independiente. Mas si tenemos en cuenta el modo en que son elegidos los miembros de las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, entonces ya solo podemos concluir que en España la separación de poderes es como esas habitaciones de hotel con entrada independiente pero comunicadas internamente. Si encima añadimos las llamadas del Gobierno al Tribunal Constitucional o el esperpento de la argumentación política del juez Llarena para no detener a Puigdemont en Dinamarca, entonces habremos de convenir que la democracia española es más bien marxista, es decir, la propia de una película de los hermanos Marx.   

A propósito de una confusión

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l caso del ya exdirector del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, Jordi Hernández Borrell, ha vuelto a sacar a la palestra una vieja confusión que se remonta, al menos, a los albores de la modernidad. Como se sabe, Borrell ha sido protagonista de un escándalo de homofobia al dirigir varios tuits contra el líder del PSC, Miquel Iceta (abiertamente homosexual, y a mucha honra), a quien además de considerar “un ser repugnante”, le acusa de tener los “esfínteres dilatados”: todo un alarde de finura en el campo de la crítica política. Los exabruptos del todavía profesor universitario, por los que ha tenido que dimitir de su cargo al frente del instituto científico, no merecen más comentarios. Quisiera, en cambio, llamar la atención sobre la confusión a la que nos referíamos hace un momento. Y es que buena parte de los analistas y tertulianos que han comentado este asunto se han mostrado tan escandalizados por los insultos como por el hecho de que quien los haya proferido sea todo un profesor universitario, un científico: ¡como si la catadura moral de un hombre dependiera de su formación técnica!

            A mi juicio, cuando alguien se sorprende de que una persona con una sólida formación científica pueda incurrir en una bajeza moral de esta clase, comete el mismo error que cometieron los ilustrados del siglo XVIII, quienes tenían tanta fe en la razón, que estaban convencidos de que el progreso científico y técnico habría de traer consigo el progreso moral. Un error comprensible en el Siglo de las Luces, pero que hoy, tras la experiencia del siglo XX, no nos podemos seguir permitiendo. En efecto, el exterminio judío a manos de los nazis o la bomba atómica constituyen buenas muestras de que los avances de la ciencia no necesariamente han de traducirse en avances éticos, pues, de hecho, bien pudieran implicar un grave retroceso moral: ¿habrían sido posibles semejantes actos de barbarie sin el concurso de la ciencia y de algunos científicos?

           Éste no es, en cualquier caso, un artículo contra la ciencia ni mucho menos contra la razón, pues, como escribiera con acierto Javier Muguerza, hace ya 40 años, “esa razón es, sin embargo, nuestro único asidero”. Se trata simplemente de dejar claro que la formación científica no garantiza la solidez de las convicciones morales, como el caso Borrell ha venido a recordarnos. Y no lo hace porque se trata de ámbitos distintos: no es lo mismo el uso que hacemos de la razón cuando tratamos de alcanzar la verdad, que es lo que hace la ciencia, que el que hacemos de ella cuando nos preguntamos qué debemos hacer, cuestión ésta que constituye la pregunta ética por antonomasia y es, por ello mismo, un asunto irreductiblemente filosófico. De lo que se desprende que tan importante ha de ser la instrucción técnica de nuestros jóvenes, como su formación en valores, por lo que harían bien los responsables de Educación, ahora que parece que hay un pacto en ciernes, en incrementar el número de horas dedicadas a la Ética y a los derechos humanos. 

La era de la tecnociencia

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n la reflexión filosófica sobre la ciencia y el conocimiento, la técnica y la tecnología ocupan un lugar central, pues por más que podamos considerar la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo, lo cierto es que constituye al mismo tiempo un medio para alcanzar otros fines, de ahí que el saber presente una dimensión indudablemente pragmática. Es esa dimensión pragmática del conocimiento la que hace entrar en juego a la técnica y a la tecnología, las cuales permiten al ser humano alcanzar sus propósitos y son posibles gracias al desarrollo del conocimiento. Como se ve, técnica y tecnología están íntimamente vinculadas entre sí y, a su vez, guardan relación con la verdad y el conocimiento, que son las que hacen posible su desarrollo, tal como acabamos de señalar, pero no debemos confundir la una con la otra.

          Una técnica vendría a ser la disposición a actuar siguiendo una regla verdadera o, dicho de otro modo, poner en práctica una técnica consiste en establecer los medios adecuados para la consecución de un fin. El desarrollo de una técnica exige pues un cierto grado de conocimiento, mas cuando la técnica en cuestión depende del conocimiento científico, entonces hablaríamos de tecnología, de lo que se desprende que toda tecnología es una técnica pero no toda técnica es tecnología, pues para que una técnica pueda ser considerada tecnología en sentido estricto ha de estar basada en el conocimiento científico. Así pues, podemos definir la tecnología como la aplicación del conocimiento científico a la satisfacción de los deseos o intereses humanos. Y esta tecnología generada gracias a la aplicación de la ciencia ha cobrado una importancia crucial en el mundo actual, hasta el punto de que la ciencia parece estar al servicio de la tecnología, lo cual ha hecho que ciencia y tecnología deriven en una suerte de síntesis que se ha dado en llamar tecnociencia.

 En la actualidad hablamos de tecnociencia para referirnos no solo a la estrecha relación entre tecnología y ciencia sino para resaltar que en la sociedad del siglo XXI la principal función de la ciencia parece ser la de producir tecnología. En efecto, en la era de la tecnociencia, cada vez cuesta más seguir distinguiendo entre ciencias básicas y aplicadas debido al hecho de que la ciencia, como cualquier otra actividad humana, no es independiente del sistema socioeconómico en el que se desarrolla, y en el marco del capitalismo avanzado los intereses puramente científicos se entrecruzan con los intereses económicos, de suerte que el viejo ideal de la búsqueda del saber por el valor mismo del saber ha sido sustituido por la búsqueda del conocimiento por el valor de su aplicación a la satisfacción de los intereses humanos mediante la producción de tecnología y, en última instancia, a la generación de beneficios económicos. Y de ese modo la ciencia se ve desplazada por la tecnociencia y el conocimiento deja de ser considerado un fin en sí para convertirse en un simple medio al servicio de la economía, la cual parece impregnar, y dominar, ¡ay!, todas las esferas de la vida.

España, ¿un Estado fallido?

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na de las características distintivas del Estado, incluso en estos tiempos del imperio de las multinacionales y de entidades supraestatales como la Unión Europea, es que es soberano. Quiere ello decir que es la máxima autoridad en el territorio donde ejerce el poder, de suerte que todo individuo, grupo de individuos, empresa, fundación, asociación o entidad colectiva de cualquier índole que se halle en dicho territorio está sometido al poder del Estado. Y para que ello sea así, se entiende que el Estado dispone de los recursos necesarios para imponer su autoridad, de ahí que Max Weber definiera al Estado como aquella institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. Y es que, si el Estado no es capaz de imponer su autoridad, deviene por definición en lo que se ha dado en llamar un Estado fallido.

            Si alguien tenía dudas, la crisis de Cataluña ha dejado claro que España no es, desde este punto de vista, un Estado fallido. En efecto, el independentismo catalán constituye el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar el Estado desde la instauración de la democracia. Mayor aún, diría yo, que el terrorismo de ETA, hoy felizmente desaparecido. Ante el reto de la secesión nadie puede poner en duda que la respuesta del Estado ha sido contundente y que, artículo 155 mediante, ha sabido imponer su autoridad. Sin embargo, España se define no solo como un Estado, sino como un Estado social y democrático de derecho, y como tal cabe exigirle que cumpla con sus obligaciones en tanto que garante del respeto a los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948. La crisis de Cataluña ha dejado claro que España es un Estado, pero la situación de diferentes colectivos a los que no se les reconocen sus derechos humanos de modo efectivo deja en entredicho el carácter social y democrático de España.

          En efecto, la discriminación que todavía hoy sufren las mujeres en España por el mero hecho de ser mujeres constituye un atentado contra sus derechos humanos por más que éstos hayan sido formalmente reconocidos. Otro tanto cabe decir de las personas en riesgo de exclusión social. Y es que resulta inadmisible que en pleno siglo XXI casi el 30 por ciento de la población sea víctima de la pobreza, una cifra que se eleva al 44 por ciento en el caso de Canarias. Mientras la igualdad no sea un hecho, España seguirá siendo un Estado fallido, no en tanto que Estado, pero sí en tanto que social y democrático. Lo será al menos para las mujeres, que son más de la mitad de la población, y para todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, seres humanos concretos, de carne y hueso, cuyas vidas se ven truncadas víctimas de una desigualdad que el Estado no solo no combate, sino que incluso favorece. 

Violencias de género

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l 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ese motivo, durante este mes han tenido lugar diversos actos promovidos por distintas instituciones, desde ayuntamientos a gobiernos autonómicos, además de diferentes entidades de la sociedad civil, que han querido participar en esta jornada de lucha por la dignidad de las mujeres. También los centros educativos se han sumado al activismo contra la violencia de género, con lecturas de manifiestos, escenificaciones, silencios, carteles… Como este año el 25 de noviembre fue sábado, en algunos centros los actos de concienciación y repulsa contra la violencia machista tuvieron lugar el viernes. Ese mismo día otra mujer fue asesinada en España por su pareja. ¡Y ya van 45 solo en este año!

            La violencia contra las mujeres es un fenómeno global al que, basta contar las víctimas mortales, no escapan las sociedades democráticas. Y aunque el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas constituye sin duda la forma más exacerbada de violencia hacia ellas que tiene lugar en nuestros días, y la que mayor rechazo genera, no es la única, por lo que más bien habría que hablar de violencias de género, en plural. Y es que además de la violencia directa que se produce siempre que hay una agresión física o psicológica, las mujeres son víctimas de otro tipo de violencia que es la denominada violencia estructural, aquella que se da cuando se atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Tales derechos no son otros que los derechos humanos, los cuales están consagrados en nuestros ordenamientos jurídicos y, como su propio nombre indica, deben estar reconocidos, de modo efectivo, a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, sin distinción de ningún tipo.

            Cuando se violan los derechos humanos de las personas se atenta contra su dignidad, contra su condición humana; sencillamente, se le arrebata al individuo su humanidad y se lo reduce a mera cosa, a mero objeto. Esto es lo que ocurre cuando un hombre maltrata a una mujer, cuando la insulta, la rebaja, la humilla, la golpea… Pero también cuando se las discrimina negativamente en el ámbito profesional, cuando se les paga menos por el hecho de ser mujeres, cuando no se reconoce su valía en los espacios científicos, artísticos o intelectuales, cuando se las condena a liderar las cifras del paro y de la pobreza, cuando sistemáticamente se hace recaer sobre ellas, y solo sobre ellas, la responsabilidad de la conciliación familiar y laboral, cuando los hombres presumen de “ayudar” a sus mujeres con las tareas del hogar y los niños, cuando, sencillamente, se las trata como seres de una categoría inferior, seres humanos, pero no tanto, seres casi humanos pero no plenamente humanos. Y mientras no cambiemos radicalmente esa situación, mientras todas estas violencias persistan, me temo que los asesinatos de mujeres a manos de quienes se creen sus dueños no van a disminuir.

Lecciones de una crisis

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na de las lecciones que nos proporciona la crisis de Cataluña es que no debemos subestimar las convicciones ideológicas como agentes motivadores de la toma de decisiones, que es lo que, a mi juicio, hace el trío del 155, cuando insiste en que los gobernantes deben dedicarse a resolver los problemas que de verdad importan a la gente y dejarse de ensoñaciones independentistas. Por más que resulte una obviedad que las cuestiones vinculadas a las condiciones de vida son fundamentales para cualquier ser humano, ello no significa que sean las únicas, ni tan siquiera las más importantes, para las personas. El masivo apoyo al independentismo en Cataluña, mayoritario o no sigue siendo una incógnita, es una buena muestra de que la ideología juega un papel crucial en las decisiones de los individuos, que no se pueden explicar mediante reducciones economicistas. Y es que, como dijo Jesús de Nazaret y canta Extremoduro, “no solo de pan vive el hombre”.

Qué duda cabe que los problemas vinculados al desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios, la calidad de los servicios sociales como la sanidad o la educación son cruciales para la inmensa mayoría de nosotros, los que, al no ser ricos de cuna ni disponer de cuentas millonarias en ninguno de los paraísos fiscales que en el mundo hay, dependemos de nuestro trabajo y de los servicios públicos para llevar a cabo una vida digna. Mas ello no significa que esas cuestiones sean las únicas importantes para nosotros, pues asuntos como el de la libertad, siempre vinculada a las condiciones materiales de existencia pero no reductible a ellas, parece que han tenido una gran relevancia histórica y quiero pensar que la seguirán teniendo. ¿Acaso nos conformaríamos con un régimen totalitario que atendiera nuestras necesidades materiales o exigiríamos vivir en una democracia en la que se protegiera como un valor supremo la libertad individual?

La libertad, asunto ideológico donde los haya, es uno de esos grandes valores junto a la igualdad y la dignidad sobre los que se sustentan los derechos humanos y que dan sentido a la democracia, pues, como en alguna otra parte he escrito, la democracia es una exigencia ética que deriva de las exigencias morales de libertad e igualdad que son los derechos humanos. Y si esa exigencia ética que es la democracia no puede ser otra cosa que el autogobierno de los ciudadanos, entonces debemos tomar buena nota de otra de las lecciones que nos ha dejado la crisis de Cataluña y que, una vez más, arroja luz sobre la antagónica relación entre democracia y capitalismo. Me estoy refiriendo a la fuga de grandes empresas de Cataluña a otros lugares de España a causa de la deriva independentista y al chantaje de algunos grandes empresarios catalanes que amenazan con marcharse si vuelven a ganar las elecciones los independentistas. Una muestra más de que en nuestras democracias la ciudadanía, independentista o no, solo puede tomar aquellas decisiones que cuenten con el beneplácito de las élites económicas, lo cual resulta a todas luces antidemocrático.

¡'Sapere aude'!

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oy se celebra, como cada tercer jueves de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía. Tal es la fecha escogida por la Unesco para la celebración de marras, que se lleva a cabo oficialmente desde 2005, aunque su celebración por parte de la Unesco se remonta a 2002. Promover el análisis y la investigación filosófica, así como sensibilizar a la opinión pública de la importancia de la filosofía son algunos de los objetivos principales que se propone el organismo dependiente de la ONU con la celebración de este día. Pero además la Unesco insiste en la necesidad de “subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras”, tal como se puede leer en el sitio web que la propia Unesco dedica al Día Mundial de la Filosofía.

            Es este último punto, el de la generalización de la enseñanza de la filosofía, el que me interesa recalcar hoy, pues, como he denunciado en diferentes ocasiones, los distintos gobiernos que en España se han ido sucediendo desde hace décadas han venido maltratando sistemáticamente a la filosofía, hasta dejarla en las pésimas condiciones en las que se encuentra en la actualidad. El último golpe, como se sabe, se lo asestó la funesta ley Wert, la Lomce, en virtud de la cual ha quedado reducida a la mínima expresión en los planes de estudio de ESO y Bachillerato: desaparecida la Ética como asignatura común en 4º de ESO, solo quedan Valores Éticos como alternativa a Religión Católica, una Filosofía en 4º de ESO, también optativa, y Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos en 3º de la ESO, la cual sí es preceptiva, al menos en Canarias, para todo el alumnado, pero cuenta con tan solo una hora semanal, tal es la importancia que hasta ahora se le ha dado a la formación en los valores sobre los que se sustenta la democracia y los derechos humanos. En lo que se refiere al Bachillerato, se ha mantenido la Filosofía como asignatura común en el primer curso, pero la Historia de la Filosofía del segundo curso que era común ha quedado reducida a materia optativa en las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales.

            Este desprecio, obviamente, contraviene las indicaciones de la Unesco, para la que, como decimos, la enseñanza de esta disciplina es fundamental, toda vez que “la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad”. El profesorado de filosofía de Canarias ha venido denunciando este maltrato, pero sus demandas han caído siempre en saco roto… hasta ahora. Y es que, por fin, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para que haya asignaturas comunes de filosofía tanto en la ESO como en Bachillerato. Quienes militamos a favor de la causa de la filosofía en Canarias no podemos sino aplaudir, y agradecer, el apoyo unánime del Parlamento a esta iniciativa presentada por la diputada socialista Nayra Alemán, que abre la puerta a la esperanza de que la filosofía tenga en Canarias el reconocimiento que se merece. Hasta que ello ocurra, y cuando sea realidad, sigamos perseverando en la difícil tarea de atrevernos a pensar por nosotros mismos: ¡Sapere aude!

Ser de izquierdas

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a crisis de Cataluña ha hecho que el debate en torno a qué es ser de izquierdas haya vuelto, una vez más, a aflorar. Se trata, en principio, de un debate interno, en el sentido de que afecta únicamente a las personas que se consideran de izquierdas, pues lo que quiera que signifique ser de izquierdas no es algo que parezca preocupar en demasía a la gente de derechas. De hecho, a los hombres y mujeres de derechas ni siquiera les preocupa mucho aclarar qué es ser de derechas, les basta con poner en práctica políticas de derechas y si para ello han de decir que son de centro, lo que quiera que signifique ser de centro, que ésa es otra, se dice y ya está. Sirva como ejemplo lo que hacía el muy de derechas José María Aznar, quien en sus tiempos de presidente, del Gobierno y del PP, afirmaba que su partido era de centro reformista.

            Habrá que reconocer pues que enredarse en debates teóricos de esta naturaleza es algo más propio de la izquierda que de la derecha, lo que acaso constituya la razón de que entre la gente de izquierdas, o entre los partidos de izquierdas, sea tan difícil llegar a acuerdos de mínimos para hacer frente a la derecha. No obstante lo dicho, ello no significa que no haya personas ideológicamente ajenas a la izquierda que no se pronuncien sobre esta cuestión. Tal es el caso de mi colega Juan F. Martín del Castillo, quien parece tenerlo claro: “La izquierda era y es confusión, contradicción y, en ciertos momentos, hipocresía no menos que caos”, escribe en un artículo publicado en La Provincia el pasado viernes, 3 de noviembre, dedicado, con la acidez que le caracteriza, al enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Albano Dante Fachin.

             Si dejamos a un lado el asunto de la hipocresía, que es algo tan característico del ser humano, de izquierdas o no, yo estaría de acuerdo con los términos que escoge Martín del Castillo; no así, claro está, con el tono peyorativo con que los utiliza. Y es que la confusión es perplejidad y esta resulta menos peligrosa que las certezas, sobre todo las falsas certezas, que nos llevan a incurrir en el dogmatismo que tanto daño ha hecho a la libertad. Por lo demás, la perplejidad, tal como nos recuerda Javier Muguerza, constituye el mayor acicate para el pensamiento, por lo que habrá de ser siempre bienvenida. En cuanto a la contradicción, ser contradictorio, por descontado, no es ser de izquierdas, es ser humano, y sin necesidad de hacer aquí un elogio de la contradicción, desde luego prefiero una izquierda contradictoria a una izquierda sin contradicciones, deshumanizada, como lo fue el comunismo autoritario. Y frente al orden absoluto del comunismo autoritario, de los totalitarismos de cualquier signo, no viene mal un cierto caos, que no es otra cosa que confusión y desorden, que casaría bien con una izquierda libertaria interesada en el pleno desarrollo de la libertad y la igualdad de los individuos, que es la izquierda que a uno le interesa.

Se llaman demócratas y no lo son

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e llaman demócratas y no lo son. Hablan en nombre de la democracia y atentan contra el más elemental de los principios democráticos. Gritan libertad y violan el derecho a decidir de los individuos a los que dicen representar. La declaración unilateral de independencia de Cataluña que tuvo lugar el pasado viernes fue un acto profundamente antidemocrático. Y no porque haya sido ilegal, pues en ocasiones la propia ley, por más que haya sido aprobada por procedimientos democráticos, puede atentar contra la dignidad de los individuos y entonces, no solo es legítimo desobedecerla, sino que incluso pudiera constituir un imperativo moral, algo que solo el individuo, en la soledad de su conciencia, puede decidir. La DUI del viernes fue antidemocrática porque una decisión de esas características sólo se puede tomar después de que la ciudadanía lo apruebe directamente por la vía de un referéndum que ha de gozar de todas las garantías, lo cual, obviamente, no ocurrió el pasado 1-O.

            Se llaman demócratas y no lo son. El trío del 155, PP, PSOE y Ciudadanos, se agarra a la Constitución y confunde democracia con derecho. Creen, o intentan hacernos creer, que cualquier decisión política si es legal es democrática. Como si en las democracias contemporáneas no se pudieran tomar decisiones legales y profundamente antidemocráticas. Decidieron suspender la democracia en Cataluña para, dicen, restaurar la democracia, que es como decidir ir a la guerra para defender la paz. Afirman que en democracia se puede defender cualesquiera ideas, incluso las de los independentistas, pero se niegan a reconocer el derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña. Se llenan la boca con la palabra autogobierno, pero rechazan que la ciudadanía catalana se pueda pronunciar en un referéndum de autodeterminación pactado, legal y vinculante.

            Se llaman demócratas y no lo son. He escuchado a Miquel Iceta, del PSC, decir en el Parlament que una minoría, por muy numerosa que sea, no puede imponer su decisión a una mayoría. En términos similares se ha expresado en el Congreso de los Diputados Margarita Robles, portavoz del PSOE en la Cámara baja. Estoy de acuerdo. Pero no les he oído nunca apostar por un referéndum legal, única forma de saber si realmente son o no una minoría. He escuchado a Albert Rivera e Inés Arrimadas, de Ciudadanos, reclamar unas elecciones autonómicas en Cataluña, para, dicen, restablecer la democracia y la convivencia. Rajoy acaba de convocarlas para el 21 de diciembre, para lo cual ha tenido que disolver, ¡toma democracia!, el Parlament elegido libremente por los catalanes en septiembre de 2015. Es de suponer que los independentistas catalanes no van a aceptar la autoridad del Estado, pues en eso consiste la DUI, por lo que el Gobierno tendrá que imponerse por la fuerza: ¡toma convivencia! Y en esas condiciones, habida cuenta del respaldo social del independentismo, mayoritario o no, difícilmente se podrán celebrar unas elecciones autonómicas. Mas si, en el mejor de los casos, éstas llegaran a celebrarse, ¿qué ocurrirá si vuelven a ganar los independentistas? ¿Habrá que volver a disolver el Parlament y celebrar nuevas elecciones autonómicas y así hasta que pierdan? Se llaman demócratas y no lo son…Y el pragmatismo tampoco es lo suyo.

¡155 y cierra España!

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inalmente el Gobierno de la Nación (¿una, grande y libre?) aplicará el polémico artículo 155 de la Constitución e intervendrá la Generalitat de Cataluña, cesando al Govern al completo y otorgando al presidente Rajoy la facultad para disolver el Parlament y convocar elecciones, cosa que hará en un plazo máximo de seis meses. Así se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado sábado, después de que el PP pactara con el PSOE las medidas con las que se concreta la aplicación del artículo de marras. Un artículo que no se ha aplicado nunca y cuya redacción, dicen los juristas, es una copia de otro que figura en la Constitución de Alemania donde tampoco ha sido aplicado nunca. Un artículo tan difuso y confuso que el Gobierno, para poder aplicarlo, ha tenido que llegar a un pacto con el principal partido de la oposición, el PSOE, siempre dispuesto a echar una mano a la derecha en los momentos cruciales, porque nadie sabe a ciencia cierta en qué habría de consistir su efectiva aplicación, ni siquiera los expertos en Derecho Constitucional.

            Ante tanta dificultad, uno, que no es jurista, se pregunta si las durísimas medidas aprobadas no atentarán contra esa legalidad constitucional que se pretende defender, y se pregunta, sobre todo, si van a servir realmente para algo o son tan solo un instrumento para agravar aún más una situación que ya es de por sí grave. El Gobierno del PP, fustigado por Ciudadanos, partido indigno del nombre que lleva, y con la inestimable ayuda del PSOE, ha abierto la Caja de Pandora, pues estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban, en un nuevo y grave ejercicio de irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, la del Gobierno y sus socios en este asunto, que llevó a tomar la decisión de aplicar el 155 mucho antes del Consejo de Ministros del pasado sábado. Sólo así se entiende el ultimátum tramposo dado por Rajoy a Puigdemont: ¿no habíamos quedado, Mariano, en que si el presidente de la Generalitat reconocía que no se había declarado la independencia el Gobierno no continuaría con la aplicación del funesto artículo que ya de hecho había comenzado a aplicar con el requerimiento?

          Los entusiastas del 155 creen que la crisis de Cataluña se resolverá convocando unas nuevas elecciones. Olvidan que eso ya se hizo en 2015, después del referéndum fallido del 9-N, y que el resultado dio la mayoría del Parlament a los partidos independentistas. Se empeñan en que la reivindicación del derecho a decidir es solo el capricho de los líderes independentistas y no quieren comprender que buena parte de la ciudadanía catalana, independentistas o no, desea votar. Por ello habría hecho bien Mariano Rajoy en recibir a Puigdemont y dialogar con él, no sobre los términos en los que se lleva a cabo la independencia, pues la votación del 1-O carece de la legitimidad necesaria, pero sí sobre las condiciones en las que debería celebrarse un referéndum legal, pactado y vinculante que sirva para resolver el conflicto de una vez por todas. Pero Rajoy no está por este diálogo. Y Pedro Sánchez, ¡ay!, tan progresista, tan de izquierdas, tan demócrata, tampoco. Prefieren gritar: ¡155 y cierra España!

Mientras persista la duda

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 finales del pasado mes de junio fuimos testigos, gracias a los medios de comunicación, de un hecho insólito en España: colas en Madrid para asistir a la conferencia de un filósofo. Lamentablemente, no es que la filosofía esté de moda, sino que el filósofo de marras era Slavoj Zizek, quien se ha convertido en uno de los intelectuales más mediáticos, si no el que más, del momento. Pero no nos engañemos, más allá de Zizek, la filosofía no despierta esas pasiones. Tanto es así que la noticia fue que la gente hiciera cola para escuchar filosofía y lo que dijo Zizek en su intervención apenas trascendió. Y es que, al margen de esos fenómenos mediáticos puntuales, uno se pregunta si no estará la filosofía en peligro de extinción, como parece indicar su cada vez menor importancia en los planes de estudio de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Y hasta me atrevería a decir que ni siquiera en la Universidad está fuera de peligro.

La persecución de esta secular disciplina por los distintos gobiernos que en España se han ido sucediendo en los últimos años ha hecho que su presencia en los institutos haya ido mermando considerablemente hasta quedar reducida prácticamente a la mínima expresión. El último golpe, como se sabe, la ley Wert, que además de eliminar la Ética en 4º de ESO (hasta entonces era una asignatura obligatoria), ha hecho que la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato haya pasado de ser una asignatura común en todas las modalidades de Bachillerato a ser una simple optativa en los itinerarios de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas son las consecuencias para la filosofía de una ley que a día de hoy nadie, ni siquiera en el PP, dice compartir. El despropósito, no obstante, puede ser contrarrestado. Es lo que han hecho algunas comunidades autónomas, la última la valenciana, en la que la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en 2º de Bachillerato el curso 2018-19. En Canarias, ¡ay!, seguimos esperando, ¡y demandando!, que la Consejería de Educación lleve a cabo una medida similar en defensa de la filosofía.

Mas del hecho de que la filosofía siga siendo maltratada no se sigue que esté en peligro de extinción, como nos preguntábamos al comienzo de este artículo. Pues mientras haya personas que se sientan embargadas por el sentimiento de admiración ante la realidad que los rodea, que no otra cosa es lo que según Aristóteles mueve a los hombres a filosofar; mientras se mantenga la actitud crítica y no se acepte nada como verdadero de lo que previamente no tengamos una evidencia; mientras, como ha señalado Javier Muguerza, la perplejidad persevere en su afán de servir de estímulo del pensamiento; mientras haya individuos kantianamente capaces de atreverse a pensar por sí mismos; mientras haya quien se siga planteando preguntas aun a sabiendas de que no hallará respuestas concluyentes; mientras, en definitiva, persista la duda y nos sigamos interrogando por el ser humano, habrá filosofía. 

El diálogo necesario

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o ocurrido el pasado domingo ha dado, al decir de gran cantidad de analistas, un nuevo giro al conflicto catalán, pues los abusos policiales y el respaldo masivo, mayoritario o no, al referéndum, han hecho que, como se dice ahora, cambie el relato. Ello demuestra que, en política, cuentan tanto los argumentos racionales como las medidas de fuerza, las cuales, obviamente, no tienen por qué ser violentas. Y es que tanto la negativa por parte del Estado a que se celebre un referéndum legal, pactado y vinculante, como la convocatoria del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no pueden interpretarse como argumentos sino como demostraciones de fuerza. Desde un punto de vista estratégico, el intento de impedir que la ciudadanía catalana votase el 1-O se ha revelado como un tremendo error agrandado además por los excesos violentos, mientras que la convocatoria, en la medida en que fue respaldada por tal multitud de ciudadanos que ha conseguido que varíe la percepción del conflicto, bien puede ser considerada un éxito, ya veremos si pírrico.

            El triunfo del pasado domingo, no obstante, no habría de serlo tanto del independentismo como de los partidarios del derecho a decidir, independentistas o no, toda vez que, a pesar de que los resultados publicados dan una aplastante mayoría al Sí, el hecho de que el referéndum celebrado no fuese legal y de que, dadas las circunstancias en las que se hubo de efectuar, no cumpliese con las mínimas condiciones exigibles, hace que no se pueda considerar vinculante y que no tenga validez jurídica alguna. Y es que, el modo en que se llevó a cabo la votación, así como la manera en que se realizó el recuento, entre otras carencias, impiden que podamos hablar de un referéndum con garantías democráticas. Así las cosas, resulta imposible saber cuántas personas realmente participaron y cuál fue el resultado real de la votación, mas lo que no parece ofrecer dudas es el hecho de que la participación fue masiva, suficiente para que el Gobierno de España reconozca de una vez que un amplio sector de la ciudadanía catalana desea votar y se le ha de reconocer su derecho a hacerlo.

            Es por ello que seguir empeñándose en negar el derecho a decidir es un grave error en el que no debiera seguir incurriendo el Gobierno del Partido Popular ni los partidos que apoyan esa postura. Pero una declaración unilateral de independencia amparándose en los resultados del referéndum del 1-O sería un error del mismo tamaño que dejaría al procés sin el mínimo atisbo de legitimidad. Así las cosas, la única alternativa que queda, la única democrática y justa, es que se resuelva el conflicto mediante la celebración de un referéndum legal, pactado y vinculante y que sea la ciudadanía catalana la que decida finalmente si desea constituir un nuevo Estado o si prefiere seguir formando parte de España. De las condiciones de ese referéndum es de lo que, sin demora y antes de que sea tarde, deben hablar los presidentes Rajoy y Puigdemont. Y uno esperaría que las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, que se llaman a sí mismas democráticas, pusieran todo de su parte para que ese diálogo necesario tuviera lugar cuanto antes.