La expansión del miedo

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n el momento en que escribo estas líneas ha habido cinco fallecidos en España a causa del coronavirus. Es de esperar, ay, que cuando ustedes las lean haya algunos más. A pesar de que el número de contagiados crece sin parar y lo mismo ocurre con las víctimas mortales en prácticamente todo el mundo, los gobiernos y las autoridades sanitarias nacionales e internacionales insisten en llamar a la calma. En ello están el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma española en la que se detectó el primer caso de contagio del Covid-19 del país. Y desde luego no seré yo quien lleve la contraria a las autoridades a este respecto, pues nada ganamos con dejarnos imbuir por el alarmismo generalizado: la vida, pese a todo, continúa y no merece la pena vivir con miedo, pues el miedo atenaza, oprime, resulta alienante, sobre todo si, como dicen las autoridades, se trata de un miedo infundado.

            Ocurre que el miedo es un sentimiento y los sentimientos son difíciles de gobernar, pues son, por definición, irracionales. Mas ello no significa que no podamos reflexionar racionalmente sobre ellos, incluso que podamos deliberar sobre su justificación, es decir, que nos preguntemos por las razones por las que deberíamos pensar que un sentimiento es adecuado o no. Desde este punto de vista, entonces, la pregunta fundamental no es si sentimos miedo al contagio del Covid-19, sino si hay o no razones que justifiquen ese miedo que, por lo que parece, es ya más bien un hecho, a la vista de las consecuencias económicas y sociales que está generando, así como el modo en que ya empieza a afectar al desarrollo de la vida cotidiana. Y para poder llevar a cabo esa deliberación es fundamental disponer de información fidedigna, lo que nos lleva, a los profanos en asuntos sanitarios, a desechar cualquier información que nos pueda llegar a través de las redes sociales o que nos pueda contar nuestro vecino, compañero de trabajo, pariente o amigo, pues ya se sabe que son las vías más apropiadas para la circulación de bulos y eso que ahora llamamos fake news.

            Conviene entonces prestar atención a la información que ofrecen los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión, y, sobre todo, a los expertos y a las autoridades sanitarias. Y ocurre que cuando uno hace un esfuerzo por informarse mínimamente, encuentra que acaso no haya razones para el miedo, pero desde luego tampoco las hay para estar tranquilo. Y es que, aparte de la irresponsabilidad del sensacionalismo en el que hayan podido incurrir algunos medios de comunicación que se tienen por serios, lo cierto es que las autoridades gubernamentales, pese a su reiterado llamamiento a la calma, contribuyen no poco a la expansión del miedo al adoptar unas medidas que contradicen su discurso: si se trata de un virus con una tasa de mortandad del tres por ciento aproximadamente, que afecta letalmente sobre todo a las personas mayores con patologías previas, como ocurre con otras enfermedades, ¿a qué viene entonces aplicar medidas tan drásticas como, por poner un ejemplo, confinar a 1000 personas en un hotel?

El retorno de la filosofía

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a filosofía ha venido ocupándose del problema de la verdad desde sus mismos inicios. No en vano, nuestra secular disciplina nace con el intento de dar cuenta de la realidad racionalmente, sin recurrir a los mitos, en lo que se ha dado en llamar el paso del mito al logos. El propio término filosofía significa literalmente amor a la sabiduría, por lo que resulta evidente que la razón de ser de la filosofía es la búsqueda de la verdad. El propio Aristóteles nos dice en su Metafísica que el hombre tiene por naturaleza afán de saber. Y Kant señaló que la primera de las tres grandes preguntas a las que la filosofía trata de dar respuesta es precisamente “¿Qué puedo conocer?” y a esta cuestión dedicó una de sus grandes obras, Crítica de la razón pura, donde el de Königsberg indaga acerca de las condiciones de posibilidad del conocimiento, así como sobre el origen y los límites del mismo. 

            El nacimiento de la ciencia moderna y la progresiva separación de las diferentes disciplinas científicas del que otrora fuera el tronco común del saber no ha hecho que la filosofía haya abandonado su preocupación por el problema de la verdad; antes al contrario, buena parte de los desarrollos filosóficos más importantes del siglo XX tuvieron lugar en el ámbito de la epistemología en general y de la filosofía de la ciencia en particular. ¿Existe la verdad?, ¿puede el ser humano alcanzar la verdad?, ¿cuál es el criterio para distinguir lo verdadero de lo falso? son preguntas con un cariz indiscutiblemente filosófico que nos siguen preocupando hoy en día y a las que, como suele ocurrir en filosofía, no podemos dar una respuesta concluyente, definitiva. Mas del hecho de que existan preguntas que no podamos responder no se sigue, ni mucho menos, que no nos las debamos seguir planteando, que hayamos de renunciar a la reflexión racional sobre ellas. Más aún en estos tiempos de posverdad y fake news.

            En efecto, vivimos bajo la amenaza de la posverdad y a su expansión ha contribuido no poco el desarrollo de las nuevas tecnologías en general y de las redes sociales en particular. Y para combatirla, qué duda cabe, la formación filosófica resulta más que conveniente, resulta indispensable. Pues aunque la filosofía no disponga de recetas mágicas (más bien consiste en la lucha de la razón contra la magia) para que podamos distinguir lo verdadero de lo falso, aunque la filosofía nos muestre cuán difícil es vislumbrar la verdad como prueban los diferentes criterios epistemológicos que a lo largo de la historia de la filosofía han sido propuestos, no cabe duda de que la filosofía dota al individuo de herramientas para afrontar críticamente el incesante flujo de información al que se ve continuamente expuesto. De ahí que, entre otras razones, el presumible retorno de la filosofía a las aulas, si finalmente se produce, de la mano de la nueva ley de educación sea algo que todos, y no solo los filósofos, debamos celebrar.

La ilegitimidad de España

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os niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”. Quien así se expresa no es ninguno de los miembros del Gobierno social-comunista, como la derecha más rancia gusta de denominar a la coalición de progreso. Tampoco se trata de un activista antisistema ni de un representante de ninguna organización política radical. La cita es de Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, y puede leerse en el portal de noticias de la ONU. Y es que para vergüenza de gobernantes e indignación de la mayoría de los gobernados, Alston pudo comprobar durante su visita oficial a España que la población vive en una situación de pobreza generalizada impropia de un país desarrollado, cuya economía es la cuarta de la Unión Europea.

            Estamos ante un problema de derechos humanos, pues los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos positivos, son tan importantes y han de tener el mismo rango que los derechos humanos de la primera generación, los denominados derechos negativos, es decir, los derechos civiles y políticos. Y es que, como tantas otras veces hemos señalado, lo que los derechos humanos han de proteger es la dignidad de los individuos y esta sufre tanto cuando se atenta contra la igualdad como cuando se conculca la libertad. De ahí que el filósofo Ernst Tugendhat afirme que el Estado, para ser legítimo, no solo debe proteger la propiedad privada sino que asimismo ha de proteger a los no propietarios, es decir, debe distribuir la riqueza con el fin de garantizar que toda la población tenga acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo una vida digna, pues, de lo contrario, si el Estado opta por defender la propiedad privada aun a costa de mantener en la pobreza a los más desfavorecidos perdería su legitimidad ante estos.

            Con todo, la legitimidad no se debe confundir con la legalidad, pues mientras la segunda se refiere a lo recogido en el ordenamiento jurídico, la primera apunta a la fundamentación última, a las razones morales que justifican una decisión, una acción, una ley o, en el caso que nos ocupa, una institución como el Estado. Es por ello que, como en alguna otra parte he indicado, el Estado no puede ser nunca una institución legítima pues el individuo no podrá hallar jamás razones morales para someter su libertad ante él, todo lo más que podemos encontrar son razones prudenciales. Mas por mucho que el Estado carezca de legitimidad, lo cierto es que la cuestión de la legitimidad, ilegitimidad en este caso, es gradual, de tal manera que el Estado será menos ilegítimo cuanto más respetuoso sea con los derechos humanos, es decir, cuanto más respetuoso sea con la libertad, la igualdad, en suma, la dignidad, de los individuos. Y el grado de ilegitimidad de España seguirá siendo escandalosamente alto mientras las cifras de pobreza se mantengan. Le corresponde al Gobierno de progreso devolverle a España algo de la legitimidad perdida o, para decirlo libertariamente, restarle gran parte de la ilegitimidad ganada en la última década. Esa es la esperanza de Alston y también la mía.

El efecto Setién

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l Gobierno de progreso le pasa lo mismo que al Barça de Quique Setién: hay mucha gente deseosa de que las cosas le salgan mal. Es algo comprensible, lo de Setién, digo, entre los aficionados del Real Madrid, por aquello de la eterna rivalidad. Pero hay que reconocer que entre el resto de los futboleros, quienes prefieren que Setién fracase es porque le tienen ojeriza al nuevo entrenador del equipo culé. Y lo tienen enfilado no ahora, sino desde que entrenaba al Betis, incluso desde que llevaba las riendas de la Unión Deportiva, cuando el equipo amarillo estaba en primera división. Ocurre que a Setién le gusta ganar, como a todos, pero no de cualquier manera: hay que ganar jugando bien, con la posesión del balón, dando espectáculo, y eso es algo que los que no reconocen más argumentos futbolísticos que el esfuerzo, la casta y la épica no le perdonan. De ahí que lo acusen de ser un entrenador con ínfulas de superioridad.

            Algo similar, decía, es lo que le pasa al Gobierno. Es razonable que en el PP, no digamos ya entre las filas de Vox, se espere que las políticas de progreso fracasen, pues esa es la única opción de que quienes están ahora en la oposición lleguen algún día a estar, de nuevo, en el Gobierno. Pero que algunas fuerzas políticas que dicen no ser de derechas ni de izquierdas anhelen el fracaso de la coalición progresista resulta bastante menos comprensible. Y lo que ya se me antoja ininteligible es que sean partidos de izquierdas, cuando no directamente corrientes, militantes o simpatizantes del PSOE, los que deseen con tanto ahínco como si de los más exacerbados opositores se tratase que el Gobierno no consiga sacar adelante los presupuestos. Está claro que no perdonan a Pedro Sánchez su “no es no” ni a Pablo Iglesias haber intentado dar el sorpasso y autoproclamarse estandarte de la verdadera izquierda.

            Mas el colmo de este deseo malsano es la toma de posición de instituciones que en principio debían ser neutrales. Me estoy refiriendo, claro está, a las actuaciones de la Junta Electoral Central (JEC) y del Tribunal Supremo. Pues a nadie se le escapa que la sentencia de la JEC retirándole el escaño a Torra no parecía tener más sentido que dificultar la investidura de Pedro Sánchez, del mismo modo que su ratificación por parte del Tribunal Supremo a falta de una sentencia firme parece enfocada a complicar la aprobación de los presupuestos. Una muestra más de la exquisita independencia del poder judicial. Y es que a la coalición de progreso, decíamos, le pasa lo mismo que a Setién, pero lo que resulta esperpéntico es que instituciones como las de marras se sumen al empeño en que el Gobierno fracase, pues es casi como si alguien que no juega al fútbol, no ve fútbol, ni siquiera le gusta el fútbol estuviera deseoso de que a Setién le salgan las cosas mal. Aunque seguro que haberlos, haylos.

Las lecciones de Aznar

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l pasado martes tuvimos ocasión de disfrutar del José María Aznar más profesoral, quien en una suerte de apropiación, más bien indebida, del célebre “como si” kantiano, aconsejaba a Pablo Casado, su fiel discípulo más aznarista que el propio Aznar, “confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera y confrontar con Vox como si el Gobierno no existiera”. Cada uno podrá interpretar el consejo como considere, pero tengo para mí que si el expresidente del Gobierno se permitió dar esta lección a su pupilo es porque, a su juicio, el ahora líder de los populares se deja influir demasiado por Vox, en su crítica al Gobierno, y por el Gobierno, en su afán de tomar distancia de Vox. Y miren ustedes por donde que por una vez y sin que sirva de precedente voy a estar yo de acuerdo, siquiera sea parcialmente, con el representante hispano del trío de las Azores, referente intelectual de la derecha española, solo superado en sus reflexiones filosóficas por el nunca bien ponderado Mariano Rajoy.

            Y es que, aunque la influencia del PSOE, no digamos ya de Podemos o Izquierda Unida, es decir, los partidos del Gobierno, en Pablo Casado cueste tanto vislumbrarla que se diría inexistente, no cabe duda de que la competencia de Vox, así como la dependencia de sus votos para mantener el Gobierno en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, ha hecho que el PP copie y haga suyas las maneras y propuestas, hasta las más excéntricas, del partido liderado por Santiago Abascal, otrora miembro del PP y hoy socio acusador siempre dispuesto a tachar a su antiguo partido de haberse convertido en la derechita cobarde. Es por ello que tiene sentido que Aznar exhorte a su discípulo a apartarse de Vox en su crítica al Gobierno, y hasta sería digno de encomio, en aras de la moderación y del retorno a la senda de la oposición racional, si no fuera porque los consejos de Aznar tuvieron lugar en el foro España ante un cambio de régimen, más propio de un partido ultra que de un espacio académico como es la Universidad Francisco de Vitoria donde se celebró.

        Para la hemeroteca quedan otras lecciones aznarianas como la que el expresidente dejó al afirmar que el único defensor que queda de la Constitución es “el PP y poco más”, o que el PSOE ya no es un partido constitucionalista. Solo le faltó terminar parafraseando a Luis XIV con un solemne la Constitución soy yo, o, mejor aún, la Constitución es el PP y el PP soy yo. Todo lo cual nos lleva a concluir que Aznar, además de al “como si” kantiano, le ha cogido afición a la dialéctica, a juzgar por su propensión a la contradicción. Y es que nada hay tan dialéctico como aconsejar distanciarse del partido de Abascal mientras con el traje de Vox puesto y lo más abascalianamente imaginable se traza un diagnóstico de España como el que dibujó Aznar en su diálogo con Pablo Casado.

Patinazos

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us Majestades los Reyes Magos nos han regalado a todos, no siempre aciertan, un nuevo gobierno de progreso. Sabiendo como sabemos, la mayoría al menos, quiénes son los Reyes, no cabe duda de que se trata de un gran autorregalo que se han hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con la colaboración, a modo de crowdfunding, de algunos partidos nacionalistas y, cómo no, la abstención estelar de ERC. La investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo ejecutivo tiene soliviantados a los apocalípticos de la derecha que no ven el momento en que se rompa España, vendida por el maléfico Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, si es que no se desintegra antes por culpa de los comunistas que, de nuevo Sánchez, ha permitido entrar en el Gobierno de la Nación una, grande, libre y en blanco y negro si los dejamos.

            Personalmente no espero grandes cosas de este nuevo gobierno, básicamente porque no espero grandes cosas de ningún gobierno y porque aunque soy lo que se suele llamar un joven de 50 años, tengo la suficiente edad para haber comprobado que los gobiernos de izquierdas que en España ha habido, es decir, los gobiernos del SOE, siempre defraudan. Al menos a mí siempre me han defraudado, a diferencia de lo que ha ocurrido con los gobiernos de derechas que no me han decepcionado nunca porque han sido todos tan nefastos como cabía esperar y no ha quedado más remedio que soportar, bendita sea la democracia. Mas a pesar de mi escepticismo gubernamental, acaso simple realismo, reconozco que  el pacto de progreso ha despertado en mí cierta ilusión, aunque solo sea por dejar definitivamente atrás los plomíferos años del marianismo, o porque después de una moción de censura y dos elecciones generales, que finalmente se haya podido constituir un gobierno de izquierdas suponga un alivio de la agonía generada por tantos meses de atasco institucional.

            Y es que si el Gobierno logra sacar adelante los presupuestos, son varias las cuestiones que podrían mejorar, de la educación a las condiciones laborales, de la situación de las mujeres a la derogación de la ley mordaza, y algunas más que, en definitiva, de materializarse, supondrían un avance de la igualdad y la libertad, que son los dos grandes valores que dan sentido a la democracia. Mas la ilusión es difícil mantenerla ante los patinazos con los que este gobierno se ha empeñado en estrenarse. Me refiero, cómo no, al nombramiento de la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, sin solución de continuidad, en lo que supone un alarde de fuerza y una ostentación de parcialidad por parte del presidente que resulta indignante, como indignantes resultan las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a este respecto, o las declaraciones de Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, después matizadas, a propósito de la posibilidad de aplicar el 155 a la Comunidad de Murcia a cuenta del veto parental. Patinazos, en suma, que dificultan la confianza en un gobierno que pretende ser de progreso y corre el riesgo de incurrir en políticas de regresión.

Para evitar las terceras

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ún no habíamos superado la resaca electoral cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos sorprendieron a todos, salvo a quienes se dedican a formular predicciones a posteriori, con el anuncio de un preacuerdo para formar un gobierno progresista. Tanto se les criticó por no haber sido capaces de alcanzar un pacto tras las elecciones del 28 de abril, que cabría suponer que la celeridad con la que ahora han llegado a un consenso habría de ser más un motivo de celebración que de pesadumbre, sobre si todo si nos atenemos al duelo nacional que los españoles, periodismo serio mediante, hemos exhibido por haber tenido que repetir las elecciones y por no disponer de un gobierno estable. Y, sin embargo, los mismos que entonces criticaron a los líderes del PSOE y de Unidas Podemos por no ser capaces de pactar, ahora los critican por haberse puesto de acuerdo tan rápidamente. A ver si nos aclaramos.

            A mi juicio, el hecho de que haya un preacuerdo es, como se desprende de lo dicho, una buena noticia, y, dada la situación de bloqueo que hemos venido padeciendo en los últimos meses, convendría, siquiera sea por una vez, tener la mirada más puesta en el futuro que en el pasado. Todo lo cual no quita para que legítimamente podamos preguntarnos, junto a los más críticos, qué ha pasado entre el 28 de abril y el 10 de noviembre para que se haya producido una tan pronta reconciliación entre las izquierdas. Y aunque resulte una obviedad, tengo para mí que lo que ha ocurrido es que se han celebrado unas segundas elecciones y que los resultados obtenidos por el PSOE y UP no les permiten arriesgarse a unas terceras, pues si la tendencia se mantuviera es muy posible que las derechas sumasen y la izquierda se viera relegada a la oposición. Si a ello le añadimos el escandaloso retroceso de Ciudadanos, que impide un pacto entre socialistas y liberales, y los 52 escaños de Vox, se diría que hay razones más que suficientes para que ni Sánchez ni Iglesias se pongan demasiado tiquismiquis.

         Mas para que el pacto progresista llegue a fraguar en investidura y en acuerdo de legislatura será necesario que tampoco se pongan demasiado escrupulosas otras fuerzas políticas de carácter nacionalista o regionalista, lo cual a priori resulta factible siquiera sea porque a todas ellas, en general, les viene mejor un gobierno en el que esté Unidas Podemos que uno en el que esté Vox. La única duda es si Sánchez e Iglesias podrán contar con la ineludible, dada la aritmética parlamentaria, abstención de ERC, que, lógicamente, no entregará gratis. Gabriel Rufián ha venido insistiendo en estos meses en que su partido no será el que impida la investidura, pero ahora anuncia que, de momento, ERC dice no. Urgen pues concesiones a la altura de las circunstancias para evitar las terceras elecciones: a Rufián le toca abstenerse para permitir la investidura y a Pedro Sánchez hacer un gesto de altura democrática y acceder a sentarse con los independentistas en una mesa de diálogo sin condiciones previas.  

Sin igualdad no hay libertad

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n un artículo publicado el pasado viernes en El País, la socióloga Olivia Muñoz-Rojas llamaba la atención sobre el hecho de que sean mujeres jóvenes quienes estén liderando las que considera las grandes causas de nuestro tiempo: “la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra el cambio climático, contra el racismo y por la libertad sexual” serían, a juicio de la autora, esas grandes causas. Se trata, qué duda cabe, de causas nobles, que atañen tanto a la supervivencia de la humanidad como a la dignidad de sus miembros, por lo que hace bien Muñoz-Rojas en reconocer la labor de mujeres como Malala, Greta Thunberg o Carola Rackete, quienes con su sacrificio contribuyen a mantener la esperanza en el ser humano. Y, sin embargo, entre todas esas causas, se echa en falta de modo explícito la de la lucha contra el que sigue siendo, hoy como ayer, el mayor problema al que debe hacer frente la humanidad: la desigualdad entre ricos y pobres.

            La lucha contra la desigualdad económica, sobre todo cuando se trata de una desigualdad extrema, es el mayor reto que tenemos en el siglo XXI si de verdad nos preocupa que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, puedan llevar a cabo una vida digna. Se trata, por lo demás, de un problema que atraviesa a todos a los que se enfrentan las nobles causas de marras, cuando no se hallan a la base de ellos, pues ni el machismo, ni el racismo, ni la discriminación sexual, siendo problemas en sí mismos, se sufren igual por los ricos que por los pobres. Ni siquiera el cambio climático ni los problemas medioambientales son ajenos a la miseria. De ahí que la lucha contra la pobreza sea, a mi modo de ver, la prioridad, pues constituye el principal obstáculo para la efectiva realización de los derechos humanos, de esos derechos que tratan de proteger la dignidad de las personas, es decir, la libertad y la igualdad.   

            Canarias no es ajena a esta grave injusticia, pues en las Islas, a pesar de formar parte de la zona privilegiada del mundo, el 40 por ciento de la población se encuentra en riesgo de exclusión social y algo más del 15 por ciento sufre pobreza severa. Y todo ello cuando ha aumentado el número de personas que disponen de grandes fortunas, las cuales, a su vez, son cada vez mayores. Es por esto que uno no puede sino aplaudir que la prioridad del recién investido presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, sea la lucha contra la pobreza y que, para ello, se comprometa a llevar a cabo una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y “más reciba quien más lo necesite”. Para ello cuenta con el apoyo de Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera que, junto al PSOE de Torres, conforman lo que han dado en llamar el pacto de las flores, un pacto de progreso. Ojalá que las flores no se marchiten antes de tiempo y que los firmantes traigan a Canarias el progreso con el que han bautizado su acuerdo, porque la miseria es incompatible con la democracia, porque sin igualdad no hay libertad.

Educación y EBAU en la era de la posverdad

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l término posverdad (post-truth) fue elegido como palabra del año por el Diccionario Oxford en 2016 y hoy sigue estando de máxima actualidad. La Real Academia Española la incluyó en el Diccionario un año después y la define como sigue: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. De la definición de la RAE se desprende que la posverdad va más allá de la simple mentira, pues razones para mentir puede haber muchas y de distinta índole, de modo que, si bien toda posverdad es una mentira, siquiera a medias, no toda mentira es una posverdad. La naturaleza de la posverdad, además, la vincula a otra expresión muy en boga en los últimos tiempos: fake news o noticias falsas. Mentiras ha habido siempre, pero para que haya fake news y posverdades es necesario un elevado grado de desarrollo de la comunicación social, como ocurre en la actualidad, cuando la mencionada comunicación social ya no es patrimonio exclusivo de los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, sino que fluye por internet, especialmente a través de las redes sociales.

            Y entre las distintas posverdades que nos invaden, hoy quiero llamar la atención sobre dos que tienen que ver en la educación en general y con la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en particular. Desde hace algunos años, al llegar el mes de junio, el fantasma de la supuesta facilidad de la EBAU en Canarias recorre las redes y las portadas. Se trata de una posverdad en toda regla, pues además de su falsedad, la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) ha señalado que no hay ningún estudio académico que avale tal afirmación, se difunde con la intención de desacreditar al alumnado de las Islas por obtener mayores calificaciones y ocupar plazas en carreras de difícil acceso fuera del Archipiélago, al tiempo que se pretende justificar la necesidad de una vuelta a la educación centralizada.

            La segunda posverdad a la que me quiero referir tiene que ver con la supuesta superioridad de la educación privada sobre la pública. Y es que los datos empíricos no corroboran tan extendida opinión: de las seis mejores calificaciones de la EBAU en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria este año, solo dos corresponden a estudiantes de centros privados y cuatro a estudiantes de centros públicos. No es verdad, pues, que los colegios privados ofrezcan una educación de mayor calidad ni un nivel académico más alto que los institutos públicos. Por cierto, que entre esos seis estudiantes se halla una alumna del IES Profesor Juan Pulido Castro, centro en el que tengo la fortuna de impartir clases de filosofía, y no me resisto a recordarlo y a aprovechar para felicitarla por haber obtenido la tercera mejor nota y la primera en humanidades. Felicitación que hago extensiva a toda su excelente promoción y a quienes con su esfuerzo hacen posible que en Canarias dispongamos de una educación pública, a todas luces mejorable, pero de calidad, incluso en esta era marcada por la posverdad.

La Europa que queremos

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l próximo domingo tenemos otra cita con las urnas. De nuevo habrá que taparse la nariz e ir a votar, porque hay mucho en juego. En Canarias la cita no es doble ni triple, sino múltiple: nada menos que cinco papeletas, una para el Ayuntamiento, otra para el Cabildo, dos para el Parlamento de Canarias y una más, acaso la más importante, para el Parlamento Europeo. Decía Javier Marías en El País Semanal del 12 de mayo, que acaso las elecciones municipales y autonómicas no sean tan importantes, pero que en las europeas nos va la vida y que por eso hay que ir a votar. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con él: sin duda donde se juega nuestro futuro es en Europa, pero aunque no sé si mi vida cambiará mucho en función de quién gobierne en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o en el Cabildo, tengo para mí que, desde luego, mi vida no será la misma si, por fin, Coalición Canaria es apeada del Gobierno de esta nuestra ultraperiférica nacionalidad.

            A pesar de que resulta indudable la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo, hay que reconocer que la Unión Europea, ente extraño donde los haya, es más bien un club de Estados y que es el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, el que tiene mayor capacidad de decisión, lo que en la práctica supone que Europa se rige cuasi al dictado de los Estados más fuertes de entre sus miembros, es decir, Alemania, Francia y después los demás. Una década de austeridad impuesta por Angela Merkel da para, al menos, aprender esto. Mas no debemos olvidar que del Parlamento Europeo saldrá el presidente de la Comisión Europea, que también tiene una gran capacidad de influir en las decisiones que luego afectan a todos los ciudadanos de la Unión, incluidos el par de millones que habitamos en este rincón macaronésico que es Canarias. Haber sufrido a Jean-Claude Juncker, artífice como primer ministro de Luxemburgo del mayor paraíso fiscal en el seno de la UE, martillo austericida de los países del sur mientras ha estado al frente de la Comisión y finalmente arrepentido declarado por la insolidaridad de Europa con Grecia en los años más duros de la crisis, también ha sido bastante educativo.

            Así que ahora toca votar con la esperanza de que un parlamento y una comisión progresistas impulsen los cambios necesarios para construir la Europa social frente a la Europa de los mercados, la Europa fortaleza e insolidaria, hacia dentro y hacia fuera, que hemos tenido hasta ahora. Marías se equivoca en su artículo al mezclar a quienes pretenden destruir Europa con quienes aspiran a transformarla. Sin duda hay que ponerle freno a los frentes nacionalistas y xenófobos, pero ello no significa que tengamos que renunciar a la transformación de esta Europa de las vallas, las concertinas, la desigualdad y la insolidaridad. Y es que no se trata de destruir Europa, pero tampoco de conformarnos con la Europa que hay, sino de apostar por la Europa que debería haber, la Europa que queremos.

La filosofía está de luto

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a filosofía está de luto desde que en la madrugada del pasado 10 de abril nos dejara Javier Muguerza. Está de luto la filosofía española, por supuesto, pues Muguerza fue, como muchos otros han escrito ya, el filósofo español más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Pero está también de luto la filosofía iberoamericana, pues nadie hizo tanto por impulsar la filosofía en español como Muguerza, para quien la filosofía española no era sino un capítulo más de la producida por esa gran comunidad que tiene al español como instrumento para el análisis y el pensamiento filosóficos. Y diría incluso, sin temor a equivocarme, que está de luto la filosofía en general, pues con Muguerza se nos va una figura de primer orden mundial, como prueba la recepción que su obra ha tenido en países de habla no hispana.

            La filosofía está de luto. Particularmente en Canarias, donde Muguerza ejercía una suerte de padrinazgo filosófico desde su paso por la Universidad de La Laguna en los años 70. Y es que, como en alguna ocasión él mismo me indicó, la mayor parte de quienes se dedican a la filosofía en las Islas o bien fueron alumnos suyos o bien han sido alumnos de sus alumnos. En mi caso creo poder decir que se dan las dos circunstancias: fui alumno de sus alumnos en los primeros 90, pues algunos de mis profesores en La Laguna habían tenido la suerte de recibir su magisterio, y, unos años más tarde, cuando realicé el doctorado en la UNED, tuve la enorme fortuna de que Javier Muguerza aceptara dirigir mi tesis doctoral. Una tesis que yo, ingenuamente, le propuse hacer sobre el individualismo ético, es decir, sobre su pensamiento, idea que él, con la modestia de los grandes sabios, desechó al momento para sugerirme que trabajara sobre otro filósofo que también había contribuido a desarrollar el individualismo en el ámbito de la ética: Ernst Tugendhat. Quién me iba a decir a mí, en mis tiempos de estudiante de filosofía en La Laguna, que algún día iba a publicar un libro con prólogo de Javier Muguerza, me pregunté a mí mismo y al maestro cuando al fin el libro de marras se publicó, sin obtener más respuesta que mi asombro y su rubor. Así era él.

            La filosofía está de luto, pero nos quedan, nos quedarán siempre, los recuerdos y sus textos. Entre los recuerdos, me viene a la memoria, me ha venido en muchas ocasiones, la primera vez que lo escuché. Fue en el viejo edificio de la Universidad de La Laguna. Yo estudiaba el segundo curso de la carrera de Filosofía y Pablo Ródenas, un antiguo alumno suyo y profesor nuestro, nos daba Filosofía de la Historia, una asignatura que abordaba también cuestiones de filosofía política. Fue Ródenas, quién si no, el que nos llevó a escuchar la conferencia de aquel filósofo importante como una actividad más del curso sobre la que cada estudiante habría de redactar un comentario. Allí estaba Javier Muguerza hablando de libertad, de igualdad, de individualismo ético, de anarquismo… ¿Cómo no iba a quedar impactado un joven con inclinación hacia las ideas libertarias como yo? Luego me llegarían sus textos, el disenso, la perplejidad, el imperativo de la disidencia, la concordia discorde, la razón como único asidero, razón en minúsculas, razón sin esperanza… Y finalmente la persona, la que ya no está, a la que tanto debo, con quien contraje una deuda impagable, mi maestro, mi amigo… Hoy la filosofía, ¡ay!, está de luto. ¡Y duele!

La dignidad es el límite

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a democracia es un lugar de encuentro entre la ética y la política, pues se trata de una forma de organización política que pretende estar moralmente justificada. Ello es así porque cuando se reivindica la democracia como la mejor forma de organizar políticamente la sociedad no se apela a su eficacia, ni siquiera a que las decisiones colectivas que se tomen democráticamente sean necesariamente las más acertadas, sino a que la democracia es el sistema que protege mejor que ningún otro esos dos grandes valores morales que hemos heredado de la Ilustración, la libertad y la igualdad. El reconocimiento efectivo de estos dos grandes valores implica que la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual, pero también que, para decirlo kantianamente, ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no le haya dado su consentimiento. De ahí que, en la modernidad, en democracia, la legitimidad de las leyes solo pueda descansar en la libre aceptación de las mismas por parte de la ciudadanía.

De lo señalado hasta ahora se desprende que la democracia es un espacio de conflicto de valores, pues no resulta sencillo conciliar la libertad y la igualdad así entendidas: ¿cómo sería posible garantizar que todos cumplan las mismas leyes y que, al mismo tiempo, cada uno solo obedezca aquellas leyes que se da a sí mismo? Tan solo cuando las leyes fueran el resultado de un consenso entre los ciudadanos podrían quedar perfectamente conciliados estos dos grandes valores, pues el individuo, al cumplir la ley, en rigor, solo se estaría obedeciendo a sí mismo. Mas ocurre que en las sociedades reales habitadas por individuos reales estos consensos rara vez son posibles, por lo que hemos de conformarnos con el recurso a la regla de la mayoría, lo cual, en principio, serviría para observar el principio de igualdad, la ley sería la misma para todos y obligaría a todos por igual, pero no el de libertad, pues los individuos en desacuerdo, las minorías, se verían obligados a acatar leyes a las que no habrían dado su consentimiento.

El problema de legitimidad de la regla de la mayoría y del conflicto entre libertad e igualdad se podría paliar, que no resolver definitivamente, si todos los ciudadanos estuviéramos de acuerdo en dos normas básicas: primera, las leyes para tener validez han de contar con el consentimiento unánime de los ciudadanos; segunda, en caso de desacuerdo se habrá de recurrir a la regla de la mayoría. De este modo, las leyes aprobadas con el respaldo de la mayoría contarían con la aceptación, en virtud de la segunda norma, incluso de las minorías en desacuerdo. Mas para que ello no supusiera un problema de falta de legitimidad, sería necesario que todos los ciudadanos, además, estuvieran de acuerdo en una tercera norma: las leyes aprobadas por mayoría no podrán atentar contra la dignidad de las personas, pues, obviamente, hay asuntos que no pueden ser, legítimamente, sometidos a votación: la dignidad es el límite. Y si una ley traspasa ese límite, asunto que solo puede decidir cada uno en el fuero interno de su conciencia, entonces el individuo se hallará moralmente autorizado para desobedecerla. Esto es lo que ha hecho Ángel Hernández al ayudar a su mujer a poner fin a tanto sufrimiento: desobedecer la ley por motivos de conciencia. ¿Puede una democracia madura sancionar a un hombre por haber actuado con la dignidad contra la que una ley injusta atenta?

A propósito de la felicidad

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l pasado 20 de marzo, como cada año desde 2013, se celebró el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que ha pasado más bien inadvertida a pesar de que fue la propia Asamblea General de la ONU la que proclamó tal día en junio de 2012, en una resolución en la que se insta tanto a los gobiernos de los estados miembros como a la sociedad civil, las ONG y los particulares a celebrar este día y a llevar a cabo actividades educativas y de concienciación. Del escaso éxito de la convocatoria se inferiría que el asunto de la felicidad resulta irrelevante para la ciudadanía si no fuera porque vivimos en una sociedad obsesionada con la felicidad, con un modelo único y a mi juico erróneo de felicidad, en la que ser feliz se ha vuelto un mandato más vinculante, ¡ay!, que el imperativo categórico kantiano. ¿A qué se debe, entonces, ese desinterés en el Día Internacional de la Felicidad?

Acaso alguien pudiera pensar que eso de la felicidad es algo demasiado trivial, incluso una ñoñería, para que la ONU se esté preocupando por ello, pero lo cierto es que la felicidad, la vida buena, es algo de lo que una disciplina tan poco susceptible de ser calificada de trivial como la filosofía ha venido ocupándose desde hace siglos. Y es que, ya lo decía el viejo Aristóteles, la felicidad es el mayor bien y todos los seres humanos la buscan, por más que hoy existan, como ha ocurrido a lo largo de la historia, distintas concepciones de la misma. Algunas de estas concepciones han considerado que ser feliz está vinculado a las condiciones materiales de existencia, que es necesario acceder a unas mínimas condiciones de vida para poder desarrollar un proyecto vital que conduzca a la felicidad.  Este es el sentido en el que la ONU pretende celebrar la felicidad y acaso sea por ello que las instituciones han mostrado tan poco interés: la felicidad no es independiente de la distribución de la riqueza.

Sin duda es necesario un cierto grado de bienestar para poder ser feliz, como resulta imprescindible gozar de libertad para poder escoger cómo vivir, mas todo ello, por más que resulte necesario para la felicidad, es asimismo insuficiente. Al Estado le corresponde garantizar esas condiciones de bienestar y libertad, nada más, ni nada menos. Se trata de generar las condiciones para que el individuo pueda ejercer no el inexistente derecho a ser feliz, sino el derecho fundamental a buscar su propia felicidad. Mas le corresponde al individuo decidir en qué ha de consistir su felicidad, para lo cual, sería conveniente escuchar lo que los filósofos han dicho al respecto a lo largo de la historia. Una buena muestra de ello nos la ofrece la filósofa Victoria Camps en el que creo es su último libro, La búsqueda de la felicidad, donde repasa y comenta las distintas concepciones filosóficas de la felicidad que ha habido de los griegos a hoy con la lucidez y sencillez, que a otros tanto cuesta conciliar, que la caracteriza. Les animo a que lo lean. Yo he sido feliz haciéndolo en mi particular celebración del Día Internacional de la Felicidad.

Del proceso al 'procés'

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esconozco si las matemáticas son alguna vez una ciencia exacta, pero tengo claro que hay momentos en los que son profundamente inexactas a la par que subjetivas, tanto que más que una ciencia formal, objetiva, se diría que se trata de una suerte de variante de la hermenéutica: las manifestaciones. Y es que el pasado sábado miles de independentistas catalanes ocuparon las calles del centro de Madrid, pero no podemos saber, a ciencia cierta, ni siquiera en una aproximación razonable, cuántos fueron: 120.000, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC); 18.000, según la Policía Nacional; y 55.000, según la estimación del diario El País, cuyo método no sé si consiste en sacar una media ponderada a la baja entre las dos cifras anteriores escorándose, no demasiado, hacia el dato ofrecido por la policía.

            Si ni siquiera con los números parece posible, en el caso que nos ocupa, alcanzar un mínimo de objetividad, no debe sorprender a nadie que cualquier análisis que se haga al respecto del procés y del juicio que se está celebrando contra algunos de sus líderes esté siempre cargado de subjetividad. Se entiende así que mientras unos hablan de políticos presos y fugados de la justicia, otros se refieran a las mismas personas como presos políticos y exiliados; que mientras los primeros afirman que los líderes independentistas están siendo juzgados por, presuntamente, haber quebrantado la ley y no por sus ideas políticas, los segundos insistan en que se trata de un juicio político contra el independentismo que atenta contra los principios más elementales de la democracia. Y entre tanta confusión numérica y lingüística, es posible que el hartazgo haya embargado a más de uno y que a buena parte de la opinión pública el procés y todo lo que lo rodea empiece a resultarle de puro cansino indiferente.

            Mas por cansino que pueda resultar el asunto de marras, lo cierto es que a todos nos va mucho en ello, pues lo que está en juego no es solo si los líderes independentistas finalmente resultan condenados o no; lo que está en juego es si vivimos realmente en una democracia plena o si, por el contrario, como se señala desde el soberanismo catalán, la democracia española es una farsa. Y es que este juicio no sé yo si es exclusivamente penal como debiera, tampoco soy jurista para decirlo, pero es evidente que tiene fuertes connotaciones políticas. Por lo demás, no hace falta ser jurista para darse cuenta de que equiparar los actos de los líderes del procés con el golpe de Estado de Tejero resulta, cuando menos, una extravagancia, como extravagante resulta que un supuesto prófugo de la justicia española campe a sus anchas en Bruselas sin que sobre él pese siquiera una orden de extradición, por no hablar de lo llamativo que es, además de preocupante, sobre todo para los procesados, que el tribunal esté presidido por el mismo que estaba llamado a presidir el Consejo General del Poder Judicial y que hubo de renunciar por culpa de un whatsapp en el que, a día de hoy, no sabemos si Cosidó se tiró un farol o decía la verdad. 

Un manifiesto político

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l PP no acudió a la manifestación del 8M porque, según Pablo Casado, el manifiesto que allí se leyó está politizado y es partidista, lo que suena más bien a pretexto para no participar en una acción de protesta promovida por organizaciones feministas y secundada por diversos agentes sociales entre los que se encuentran, también, partidos políticos. Y es que la negativa de Casado a que el PP participara en la manifestación feminista más bien parece indicar su desacuerdo con el feminismo en sí que con el manifiesto de marras. Tanto más si se tiene en cuenta que el otro partido que compite con el PP por el espacio de centro derecha, Ciudadanos, sí acudió a la manifestación por más que sus dirigentes, Albert Rivera e Inés Arrimadas, hayan mostrado sus discrepancias con el contenido del manifiesto: lo primero es lo primero, supongo que habrán pensado, y ahora, ya sea por convicción o por mero interés electoral, se trata de defender la igualdad entre hombres y mujeres, más allá de si hay algunos párrafos con los que estén completamente en desacuerdo.

            Señalar que el manifiesto es partidista, como ha hecho Casado, porque los partidos de extrema izquierda, siempre tan siniestros, han monopolizado el 8M, además de constituir una muestra de supina torpeza estratégica, habida cuenta del éxito de la convocatoria, viene a ser igual que acusar a las responsables del manifiesto de ser incapaces de defender sus exigencias en pro de la igualdad con independencia de los partidos políticos. Si además tenemos en cuenta que los dirigentes de todos los grandes partidos son hombres, también los de izquierdas, tan feministas, entonces es como decir que las mujeres que han liderado esta movilización han estado tuteladas por los varones que dirigen los partidos de izquierdas, lo cual es algo que debería ser inaceptable para cualquier mujer, feminista o no, de izquierdas o de derechas.

            Por lo demás, si el supuesto partidismo del manifiesto, amén de resultar ofensivo, no se sostiene, aducir que el manifiesto está politizado como razón para no acudir a la manifestación roza el esperpento, pues el manifiesto de marras no es que esté politizado, es que es directamente un manifiesto político, como no puede ser de otra manera. Y es que el feminismo es un movimiento político, y la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, por más que hunda sus raíces en convicciones morales, es una reivindicación política, y las manifestaciones y lecturas de manifiestos fueron actos políticos. De ahí que el manifiesto feminista, que por más que incluyera alusiones al capitalismo, así como a la derecha y la extrema derecha, dista mucho de ser una nueva versión del Manifiesto comunista, fuera, qué podría ser si no, un manifiesto político. Pero ello, obviamente, no es razón para desmarcarse, salvo que no se comulgue, por razones igualmente políticas, con la reivindicación política fundamental en las movilizaciones del 8M: la igualdad real entre mujeres y hombres.

Más allá de la libertad de expresión

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n más de una ocasión he señalado que la libertad de expresión es tan importante para las democracias que el grado en que esta se respete nos sirve, entre otros factores, para medir la calidad de las mismas. Es por ello que he tratado de llamar la atención sobre el peligro que corre la salud democrática española cuando se persigue, incluso desde los tribunales, a personas por considerar que las letras de sus canciones, sus chistes, sus tuits o, en definitiva, las más variadas formas de expresión resultan ofensivas para alguien. Es peligroso para la democracia que el Estado coarte la libertad de expresión, pero aún lo es más que la ciudadanía no termine de interiorizar que el compromiso con la libertad de expresión lo es, sobre todo, con el derecho a expresarse de los que piensan de un modo distinto al propio.

            Tanto progresistas como conservadores, incluso quienes se autodenominan liberales, se están acostumbrando demasiado a ser muy reivindicativos cuando se condena, o se intenta condenar, a personas cuyo mensaje sintoniza con su modo de pensar, y, en cambio, se olvidan demasiado rápido del derecho a la libertad de expresión cuando se escandalizan ante determinados discursos que quisieran ver censurados. Y es que en estos tiempos que alguna vez he llamado de dictadura de lo políticamente correcto y del imperio de la liga de los ofendidos del mundo, urge seguir escuchando a Orwell, no me cansaré de repetirlo, para quien “la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”. En este sentido, y para poner un par de ejemplos, que se llegara a juzgar a Willy Toledo por cagarse en Dios constituye un lamentable ataque a la libertad de expresión, pero resulta igualmente lamentable la condena del juez que le dedicó un poema, vejatorio según los tribunales, a la dirigente de Podemos Irene Montero.

            Mas no debemos confundir el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír con el derecho, inexistente, por supuesto, a faltar a la verdad, tan de moda en la era de la postverdad y las fake news, o a insultar impunemente, que es lo que hace la asociación Hazte Oír en su última campaña contra el feminismo. Y es que se puede estar en desacuerdo con las tesis feministas, o con algunas leyes o medidas concretas que se propongan para alcanzar determinados objetivos, pues el propio feminismo es plural y, a mi juicio, es bueno que siga siéndolo. Incluso me parece legítimo que se pretenda reducir la violencia de género a violencia doméstica, aunque, en mi opinión, se trate de un grave error, toda vez que resulta innegable la existencia de diversas formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que es en lo que, en suma, consiste la violencia de género. Pero que se equipare el feminismo con el nacionalsocialismo, causante del exterminio de más de seis millones de judíos por el mero hecho de ser judíos, y se insulte a las feministas llamándolas feminazis es algo que va más allá de la libertad de expresión, resulta inaceptable y no debiera quedar impune.

De lo que hay que hablar

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ilosofía y democracia están íntimamente vinculadas, aunque no siempre los filósofos han sido demócratas convencidos. No lo era Platón, quien, como se sabe, a pesar de Wert, consideraba que la polis ideal debía ser la república gobernada por los filósofos, es decir, los sabios. Y ya en la modernidad, acaso Hobbes constituya el caso más paradigmático de filósofo antidemocrático, con su defensa del Leviatán y de la necesidad de que los ciudadanos renuncien completamente a su libertad a cambio de que el soberano les garantice la seguridad. Ni tan siquiera el siglo XX, que no en vano ha sido calificado como el siglo de la barbarie, se libra de haber engendrado monstruos cuya obra es de una grandeza difícilmente cuestionable. Ahí está el caso del que muchos, a derecha e izquierda, consideran el más importante filósofo del siglo XX. Me refiero a Martin Heidegger, quien concebía al hombre como Dasein y sostenía que el modo de ser de este es la existencia, es decir, que el hombre es posibilidad, poder ser, en suma, libertad, y, sin embargo, llegó a militar en el partido nazi.

            Mas a pesar de que no siempre los filósofos han hecho gala del talante democrático que nos hubiera gustado, lo cierto es que filosofía y democracia guardan una estrecha relación. Ello es así no porque también haya habido, por su puesto, una multitud de filósofos comprometidos con la democracia, de Sócrates a Kant, de Rousseau a Habermas, sino porque ambas tienen una característica común que las une: si en filosofía no se acepta nada como verdadero (en la esfera teórica) ni como correcto (en la esfera práctica) sin haberlo sometido antes al juicio crítico y al análisis racional, en democracia, por consistir esta en el autogobierno de los ciudadanos, la validez de las normas y de las decisiones públicas solo puede descansar en su libre aceptación por parte de la ciudadanía, por lo que toda norma o decisión colectiva habrá de ser susceptible de ser sometida a la deliberación pública, al diálogo entre los ciudadanos.

            Negarse pues al diálogo racional sobre asuntos públicos no es propio de demócratas ni de personas filosóficamente educadas. Y es que en una genuina democracia, como venimos señalando, todo se puede discutir. Acaso debieran quedar fuera del debate las cuestiones que afecten a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, mas incluso en estos casos habríamos de preguntarnos quién decide qué asuntos pueden debatirse y cuáles no. Es por ello que la negativa de Pedro Sánchez, el resistente, a dialogar con los independentistas catalanes sobre el derecho de autodeterminación nos revela la falta de solidez de las convicciones democráticas del presidente, así como su mala educación filosófica. Pues no se puede resolver democráticamente el mayor problema político que afecta a España sin tan siquiera sentarse a hablar del núcleo del conflicto. Más filosofía y más democracia es lo que necesitamos. Decía Wittgenstein en su célebre séptima tesis con la que cierra el Tractatus logico-philosophicus: “De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca”. Hoy creo que, con permiso del filósofo, haríamos bien en decir: de lo que hay que hablar, no se puede callar más.

La Constitución y los derechos humanos

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n estos días de efemérides en los que con tanta pompa se celebran los 40 años de la Constitución española, conviene recordar otro aniversario, tanto o más importante, pues el próximo 10 de diciembre se cumplen los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se trata, sin lugar a dudas, del mayor invento de la humanidad, pues reconocer que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, son seres dotados de dignidad y que por ello han de tener reconocidos una serie de derechos, por el mero hecho de ser seres humanos, cuyo respeto es necesario para llevar a cabo una vida digna constituye un logro sin parangón en la historia de la humanidad. Y ello a pesar de las críticas a las que han sido sometidos los derechos humanos, algunas de las cuales resultan más plausibles que otras, como he tratado de hacer ver en mi libro, disculpen la inmodestia, Democracia, justicia y derechos humanos. Ensayos de filosofía libertaria.

            La mayor de las críticas que, según creo, cabe hacerle a los derechos humanos tiene que ver con su insuficiencia, en el caso de que efectivamente se aplicaran universalmente, para garantizar que todos los individuos puedan desarrollar una vida igualmente digna, pues la dignidad sufre tanto con la desigualdad como con la falta de libertad, de ahí que la vida digna exija la distribución igualitaria de la riqueza y el poder, que es en lo que, en suma, consistiría una propuesta libertaria a un tiempo crítica y vindicativa de los derechos humanos. Mas, dejando a un lado esta crítica, lo cierto es que los derechos humanos no se respetan en todo el mundo y aunque ello no reste un ápice a su validez universal, constituye un grave problema que se debe superar para que los derechos humanos, con sus insuficiencias, puedan cumplir con su finalidad que no es otra que la de proteger la dignidad de las personas.

            En efecto, los derechos humanos se violan continuamente en numerosas partes del mundo, sobre todo allí donde se carece de democracias plenamente consolidadas. Pero también en las democracias avanzadas se violan los derechos humanos y España no es una excepción. En estos días en los que celebramos los 40 años de la Constitución y, por ende, de la democracia, debemos ser intransigentes con los ataques a los derechos humanos, vengan de donde vengan, pero más aún si provienen del propio Estado que ha de ser su garante. Ésta es la lección que debemos aprender de las condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mas el mayor atentado contra los derechos humanos que se está perpetrando en España en la actualidad lo constituye la pobreza que impide a millones de personas vivir con dignidad. La erradicación de la pobreza ha de ser la prioridad de cualquier gobierno respetuoso con los derechos humanos, pues los derechos económicos, sociales y culturales también forman parte de esa Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo 70 aniversario conmemoramos en estos días. Por ello, 40 años después de su nacimiento, ya es hora de que la Constitución reconozca estos derechos humanos de la segunda generación como derechos fundamentales.

El desprestigio de las instituciones

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i la democracia española y por ende las instituciones sobre las que se sustenta ya venían arrastrando un deterioro importante, agravado aún más por la crisis que no termina de superarse, los últimos escándalos políticos y judiciales no han hecho sino contribuir a su desprestigio. Los casos de corrupción, como los vinculados al tres por ciento de Cataluña, la trama Gürtel o los ERE de Andalucía, por citar sólo algunos de los más sonados, han venido a incidir en el descrédito no tanto de la política como de la clase política, la cual ya venía siendo cuestionada por su incapacidad para resolver los graves problemas a los que buena parte de la población ha tenido que hacer frente en su día a día en estos años de dura crisis. Mas aunque no debemos confundir el descrédito de la clase política con el descrédito de la política, lo cierto es que cuando aquélla no está bien valorada su desprestigio arrastra también a las instituciones que ocupa y a los poderes del Estado que sobre ella recaen, como ha ocurrido con el legislativo y el ejecutivo y las cámaras en las que residen.

El poder judicial es el único de los tres poderes del Estado que, hasta hace poco, había mantenido su prestigio a pesar de la crisis o, al menos, el único cuya imagen no había sufrido una degradación tan grande. Sin embargo, los últimos escándalos judiciales, sobre todo los referidos a la sentencia de las hipotecas, que proyectan la imagen de un poder judicial sometido al poder económico, en este caso la banca, así como el anunciado pacto entre el PSOE y el PP para que el juez Marchena ocupara la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, explicitando que en España la separación de poderes es una quimera, han hecho mella también en la opinión que la ciudadanía tiene del tercer poder del Estado. Y para rematar el asunto, llega el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y se lanza a presumir, WhatsApp mediante, de tener controlada, por detrás, la Sala Segunda del Supremo, precisamente la encargada de juzgar los casos de políticos aforados.

            Para ser una de las de mayor calidad del mundo, The Economist dixit, se nos antoja bastante deteriorada esta democracia nuestra. El descrédito de las instituciones resulta ciertamente preocupante, pues si la ciudadanía desconfía de ellas, la democracia corre peligro al decir de algunos analistas. Mas tengo para mí que lo verdaderamente preocupante sería que tras los escándalos que afectan a la columna vertebral del Estado la buena imagen de la democracia española se mantuviera intacta ante los ojos de la ciudadanía. No es el desprestigio de las instituciones la causa de los males que afectan a la democracia, sino más bien la consecuencia de los mismos y la condición de posibilidad de su superación. Y es que sólo si reconocemos que nuestra democracia no funciona correctamente podremos combatir la degradación de la misma. El desprestigio de las instituciones conlleva el riesgo de servir de estímulo para el fomento de ideas antidemocráticas, pero es asimismo necesario para que los problemas de legitimidad de la democracia se resuelvan profundizando en la propia democracia, buscando nuevas formas de organización más genuinamente democráticas.

El moralista político

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n su célebre ensayo Hacia la paz perpetua, Kant distingue entre el político moral y el moralista político. El primero hace suyos los principios de la moral y procura que sus decisiones políticas no entren en conflicto con tales principios, mientras que el segundo, el moralista político, carece de tales principios, pero procura aparentar que sus decisiones políticas, que en realidad sólo responden a sus propios intereses o, en el mejor de los casos, a los intereses del Estado, van en consonancia con unos sólidos principios morales para que, de ese modo, tales acciones gubernamentales aparezcan ante la opinión pública con un halo de legitimidad del que en el fondo carecen. El político moral, en suma, entiende que la política ha de estar moralmente fundamentada, mientras que al moralista político solo le interesa aparentar, de ahí que se forje una moral acorde con sus intereses y esté dispuesto a cambiarla cuando sea necesario para sus propósitos de hombre de Estado.

Pedro Sánchez se presentó ante la ciudadanía más como un político moral que como un moralista político. Lo hizo cuando llamó indecente a Mariano Rajoy, a la sazón presidente del Gobierno, en aquel debate televisivo en plena campaña electoral; lo hizo también cuando se enfrentó al aparato del PSOE al oponerse a la abstención que habría de permitir la investidura de Rajoy, lo que le costó el puesto al frente de los socialistas y su acta de diputado en el Congreso; lo hizo de nuevo cuando tras haberse visto traicionado por los suyos luchó para hacerse otra vez con las riendas del partido, lo que, contra todo pronóstico, consiguió; y lo volvió a hacer cuando desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura que apelaba nuevamente a la decencia, es decir, a la ética, o, en términos negativos, a la indecencia o inmoralidad que habría supuesto que siguiera gobernando el Partido Popular tras haber sido condenado por corrupción por los tribunales.

Ocurre que no es lo mismo ser un político moral en la oposición que en el Gobierno. El intento de revertir las políticas sociales por parte de Pedro Sánchez, más allá de la que se ha dado en llamar política gestual, es algo digno de reconocimiento que casa bien con esa imagen de político moral que lo llevó a ocupar La Moncloa; sin embargo, determinadas acciones de su gobierno lo han ido alejando de esa condición: la moralina con la que se ha abordado el tema de la prostitución o las decisiones en materia de inmigración, con unas vallas de la infamia que no desmerecen al tan denostado muro de Trump, ilustran bien lo que decimos. Mas acaso el ejemplo más sangrante de lo que estamos denunciando lo constituya la defensa que en estos días ha hecho el presidente de la venta de bombas a Arabia Saudí, apelando a la razón de Estado y a los principios del realismo político, a los intereses económicos y a los 6000 puestos de trabajo que, para el presidente Sánchez, están por encima de los derechos humanos, lo que sin duda lo aleja del político moral que pretendía ser y lo instala, acaso definitivamente, en el moralista político que ahora es.

Vindicación de la libertad de expresión

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a libertad de expresión vuelve a estar en la picota en España. La Asociación de Abogados Cristianos ha vuelto a la carga en su cruzada contra todo aquel que ose ofenderlos, ya sea la drag Sethlas en carnavales, ya sea Willy Toledo, quien por afirmar en Facebook que se caga en Dios y le sobra mierda para cagarse en la virginidad de la Virgen María, ha sido procesado por un juzgado de Madrid por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, algo que, incomprensiblemente, sigue formando parte del código penal, en pleno siglo XXI, de un país que presume de democrático. Personalmente, no es que me agraden los mensajes escatológicos del polémico actor, pero, desde luego, sí considero que tiene todo el derecho a publicarlos. Y es que, como tan acertadamente dijera George Orwell y en alguna otra ocasión hemos recordado, “la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”.

Como no teníamos bastante con el fanatismo de la Asociación de Abogados Cristianos, ahora llega el Gobierno con que es necesario regular la libertad de expresión en el marco de la Unión Europea. Así lo señaló hace unos días la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, cuando inauguraba la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos. La ministra no ha podido ser más inoportuna, justo ahora que el fanatismo religioso se siente arropado por los tribunales, pero, sobre todo, justo ahora que asistimos al goteo de noticias que ponen en entredicho la integridad de algunos miembros del Gobierno, léase las referidas a las animadas conversaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario Villarejo, léase las informaciones sobre las cuentas y sociedades patrimoniales de nuestro estratosférico ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Dice Carmen Calvo que el objetivo de regular la libertad de expresión no es otro que proteger a la ciudadanía de las fake news; sin embargo, cuesta creer que en el fondo no se trata de un burdo intento de censurar las noticias que comprometan a los miembros del Gobierno: no en vano, la labor de los medios de comunicación ya les ha costado el puesto a dos ministros, Maxim Huerta y Carmen Montón, y no sabemos cuántos más habrán de caer. Por lo demás, la ley ya nos protege contra las noticias falsas, como muestra la jurisprudencia, pues son conocidas las sentencias judiciales contra medios de comunicación por manipular información, como el célebre caso de TVE en los funestos años en los que Alfredo Urdaci dirigía los informativos de la cadena pública. La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, sin ella, sencillamente no hay libertad, y aunque como dice la vicepresidenta, “no lo resiste todo”, aguanta bastante bien sin ser regulada, pues, como ha señalado el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, “cada vez que los gobiernos tratan de regular la libertad de expresión es para limitarla”, para poner límites, añadiría yo, a ese contrapoder que es el periodismo libre, tan necesario para defender la democracia de los excesos de los gobiernos y de los fanatismos de cualquier signo.