Cuidar las palabras

 

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adie echará de menos a 2020, pero, a buen seguro, todos lo recordaremos. Son muchos los adjetivos con los que podemos calificar al año que acaba de irse y casi ninguno lo deja bien parado, pero si he de elegir uno, me quedo con extraño: este ha sido un año extraño marcado por la irrupción de un virus aún más extraño. Un virus tan extraño que hasta nos ha sido difícil distinguir su nombre de la enfermedad que genera. Y es que cuando todos lo llamábamos Covid-19, nos dijeron que no, que Covid es el nombre de la enfermedad, que el virus, el coronavirus, se llama SARS-CoV-2. Hasta la Real Academia Española (RAE) se puso manos a la obra, con una diligencia que asombra, para poner orden y señalar la manera correcta de referirnos a esta funesta enfermedad: COVID es su nombre correcto en español o COVID-19, según la RAE, y en ambos casos es tanto masculino como femenino. Eso sí, todo con mayúsculas, nada de las irreverentes minúsculas que usábamos hasta ahora, que el COVID, o la COVID, no es una gripe cualquiera.

            Habrá quien piense que todo esto es una estupidez, que da lo mismo cómo denominemos a la enfermedad, que se trata solo de palabras, como si estas carecieran de importancia. Y ciertamente no le falta razón, pues a quien se ha infectado con la nueva peste del siglo XXI, no digamos ya si la infección ha conllevado un padecimiento grave, poco le importa cómo escribamos el nombre de la enfermedad o el del virus que se la ha provocado. Qué decir de los familiares y seres queridos de los más de 50.000 muertos oficiales que en España ha habido a causa de la COVID desde que empezó la pandemia… Pero si es importante, y los medios de comunicación nos lo recuerdan todos los días, cuál es la causa de la muerte cuando se trata de COVID (de la causa del resto de los fallecimientos que se producen cada día no nos enteramos), entonces conviene aclararnos con la terminología, pues mientras más clara y comprensible sea, mayor será también la comprensión que tengamos de lo que está aconteciendo.

            Y es que las palabras son importantes, pues en buena medida son las que nos constituyen como seres humanos. Ya lo decía Aristóteles en la Política: “Sólo el hombre, entre los animales, posee la palabra… la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales”. En efecto, el hombre es el “ser racional”, así lo define la RAE, y lo es gracias al lenguaje, a las palabras. Así lo ha mostrado Ernst Tugendhat, uno de los grandes filósofos vivos a nivel mundial, quien afirma que la racionalidad humana tiene una estructura lingüística. Ello no quiere decir que todo el pensamiento tenga que ser lingüístico, pero es el lenguaje el que nos permite deliberar, preguntarnos por las razones que justifican nuestras creencias acerca de la realidad o el comportamiento adecuado. Es el lenguaje, pues, el que nos hace humanos, de ahí la conveniencia de cuidar el lenguaje, pues al cuidar las palabras, nos cuidamos a nosotros mismos.

El racismo es una realidad

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l asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos desencadenó, la pasada primavera, el resurgir con fuerza del movimiento social Black Lives Matter. Entonces, multitudes de ciudadanos tomaron las calles de las principales ciudades estadounidenses para protestar contra el racismo aún vigente en la primera democracia del mundo, por paradójico que ello suene. Y es que la discriminación por razón de raza (término polémico donde los haya pues, según relata la Antropología, no hay más raza que la raza humana) sigue siendo una realidad en la cuna de los derechos humanos. En poco tiempo, la ola antirracista se extendió por el mundo y las manifestaciones proliferaron por las capitales europeas. También en España tuvieron lugar protestas en las calles de diferentes ciudades, Madrid y Barcelona principalmente. Y aunque en Canarias la ola apenas llegó, el sentimiento antirracista también caló, si bien se reflejó más en las redes sociales que en las calles.

Al movimiento Black Lives Matter solo cabría reprocharle haber tomado las calles en plena pandemia, con el riesgo para la salud de todos que ello comporta, pues el virus, qué le vamos a hacer, no entiende de indignación moral. Mas dejando esa cuestión aparte, parece claro que quienes afirmamos estar a favor de los derechos humanos, y creo que no hace falta acudir a Tezanos para asegurar que somos una gran mayoría, no podemos sino simpatizar con el movimiento Black Lives Matter. Y es que el derecho a la vida es uno de esos derechos que figuran en la Declaración Universal de 1948, donde se añade, como no puede ser de otra manera, que los sujetos de los derechos humanos son todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. Que en pleno siglo XXI haya que seguir insistiendo en que las vidas de las personas negras tienen el mismo valor que las del resto de las personas no es sino una muestra del fracaso, en este aspecto al menos, de las democracias contemporáneas.

En Canarias nos ufanamos con demasiada ligereza, a mi juicio, de no ser racistas, algo que me gustaría poder confirmar diariamente, pero no lo consigo. Resulta mucho más fácil no ser racista cuando la comunidad en la que se vive constituye un único grupo étnico, diferenciado, más o menos homogéneo culturalmente, cuyas diferencias internas están más referidas a los particularismos insulares que a otra cosa. Tal era, al menos, la concepción que el canario tenía de sí mismo hasta los años 80. Hoy en día, sin duda la sociedad canaria es más heterogénea, debido fundamentalmente a la inmigración y es dudoso que las comunidades de origen foráneo, incluso las hispanohablantes, se hallen plenamente integradas en la sociedad isleña, como prueba la escasez de familias mixtas en las Islas: algo de racismo habrá cuando las minorías étnicas, por lo general, constituyen comunidades más bien cerradas. Pero el colmo de esta situación, habitualmente no conflictiva, lo constituyen los episodios claramente racistas y xenófobos acaecidos en Canarias a propósito de la inmigración irregular que viene afectando a las Islas en los últimos meses. Se dirá que son casos aislados, pero basta con echar un vistazo a las redes sociales o prestar atención a las conversaciones en los bares, para darnos cuenta de que en Canarias, el racismo, para nuestra vergüenza, es una realidad. 

Pluralismo contra manipulación

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n la que, según creo, es la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, el Nobel de Literatura nos muestra cómo la United Fruit, una empresa estadounidense dedicada fundamentalmente a la importación de fruta desde América Central, conspiró a mediados del siglo XX para que tanto la opinión pública norteamericana como el propio Gobierno de Estados Unidos creyeran que en Guatemala había un gobierno procomunista, prosoviético, que era una amenaza para la democracia estadounidense. En realidad, según se relata en la novela, el profesor Arévalo, a la sazón presidente de Guatemala, no solo no era comunista, sino que era un anticomunista convencido, y todo su afán estaba orientado a la consolidación de la democracia en Guatemala y a hacer de la pequeña república centroamericana un país moderno. Pero esto era algo que contravenía los intereses de la empresa frutera, de ahí su empeño en difamar al Gobierno de Guatemala.  

            El artífice de esa gran manipulación fue el célebre publicista Edward L. Bernays, autor de una obra emblemática titulada Propaganda. Allí, como narra Vargas Llosa, puede leerse: “La consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan este desconocido mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder en nuestro país… La inteligente minoría necesita hacer uso continuo y sistemático de la propaganda”. Y a ello se aplica Bernays sin el más mínimo escrúpulo, manipulando a la prensa norteamericana más progresista para a través de ella manipular al Gobierno de Estados Unidos y a la opinión pública norteamericana: “Conviene que todo ocurra de manera natural, no planeada ni guiada por nadie, y menos que nadie por nosotros, interesados en el asunto. La idea de que Guatemala está a punto de pasar a manos soviéticas no debe provenir de la prensa republicana y derechista de Estados Unidos, sino más bien de la prensa progresista, la que leen y escuchan los demócratas, es decir, el centro y la izquierda. Es la que llega al mayor público. Para dar mayor verosimilitud al asunto, todo aquello debe ser obra de la prensa liberal”, le espeta el Bernays novelado por Vargas Llosa al Directorio de la United Fruit.

           Como se ve, la difusión de noticias falsas con el intento de manipular a la ciudadanía para satisfacer los intereses propios, en muchos casos ilegítimos, no es algo nuevo. Para ello, las redes sociales son una herramienta de gran utilidad, como lo son, sin duda, los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión. Y si una empresa, por más que se trate de una poderosa multinacional, es capaz de diseñar planes de manipulación tan ambiciosos, qué no serán capaces de hacer los gobiernos, sobre todo aquellos de los países más poderosos del mundo. Es por ello que, para luchar contra la difusión de noticias falsas, resulta ingenuo confiar en la buena voluntad del gobierno de turno, pues los gobiernos y los partidos políticos son algunos de los grandes difusores de fake news. Algo similar ocurre con los grandes medios de comunicación, cada uno con sus propios intereses empresariales y sus afinidades ideológicas. De ahí que la mejor arma contra la manipulación informativa sea, hoy como ayer, la defensa del pluralismo, tanto mediático como político, que no impedirá la circulación de bulos, pero puede contribuir a su neutralización y a que los individuos puedan juzgar por sí mismos. 

Entre la censura y la desinformación

 

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a desinformación es uno de los grandes problemas a los que las democracias contemporáneas deben hacer frente. Así lo entienden en la Unión Europea y así lo entienden también en España. De ahí que el Gobierno trate de poner freno a la ingente cantidad de bulos y fake news que corren por el universo virtual y que tienen nefastas consecuencias en el mundo real. La iniciativa del Gobierno, aun contando con el visto bueno de la UE, ha hecho que la derecha española, la política y la mediática, tan dada a tirarse de los pelos últimamente, haya puesto el grito en el cielo y haya acusado a los socialcomunistas, que es como la derecha llama a la coalición que gobierna, de querer montar algo así como el Ministerio de la Verdad, expresión tomada de 1984, la célebre obra de George Orwell.

Resulta cuando menos irónica la apelación a Orwell por parte de los nostálgicos del franquismo, pues si bien es cierto que el autor británico fue un crítico mordaz del estalinismo y de toda suerte de comunismo autoritario, también lo es que tal crítica la hizo desde la izquierda; no en vano, Orwell participó en la Guerra Civil española luchando contra el fascismo en las filas del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y si entre sus obras se encuentran la ya mencionada 1984 o Rebelión en la granja, de lectura obligatoria para los que sientan la más mínima añoranza del Muro de Berlín, no podemos olvidar Homenaje a Cataluña, que en los años 90 inspiraría el largometraje Tierra y libertad del también británico Ken Loach, un director de cine que es bien conocido por su izquierdismo y el compromiso social de sus películas. En ese libro, Orwell narra su experiencia en la Guerra Civil española, su lucha contra el fascismo, pero también denuncia la persecución que anarquistas y socialistas libertarios, así como trotskistas, sufrieron por parte del estalinismo hegemónico en el bando republicano.

Orwell fue un defensor a ultranza de la libertad del individuo, lo cual no es ni mucho menos incompatible con la izquierda, al menos no con la izquierda libertaria en la que él mismo militó y la única que, a mi juicio, merece la pena seguir defendiendo. En consonancia con su vindicación de la libertad está la defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión que con tanto ahínco cultivó. Se trata, qué duda cabe, de derechos fundamentales sin los cuales no es posible la democracia. La censura es el más claro ataque a esos derechos, pero, no seamos cándidos, también la sobreinformación y, sobre todo, la infoxicación, el flujo continuo e ingente de fake news por los más diversos canales, ponen en riesgo la libertad individual. La información veraz ha de moverse entre esos dos polos, pero resultaría igualmente ingenuo pensar que el Gobierno, cualquier gobierno, nos librará de las noticias falsas sin incurrir en la censura. Y es que frente a la desinformación la mejor arma sigue siendo el argumento. Y así las cosas, qué quieren que les diga, mejor infoxicado que censurado. 

España fuera de España

 

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l 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los más descreídos argüirán que los días internacionales sirven más bien de poco, y aunque hay algo de cierto en esa afirmación, tengo para mí que la efemérides de marras es una de las más importantes de las muchas que se celebran a lo largo del año. Y es que los derechos humanos son un gran invento, el gran invento de la humanidad, a pesar de que no siempre se respetan como debieran. Mas el hecho de que los derechos humanos no siempre se respeten no les resta un ápice de validez, pues si la crítica a la pretendida universalidad de los derechos humanos tiene algún sentido es precisamente porque, en efecto, no siempre se cumplen, pero deberían cumplirse. Quiere ello decir que la falta de universalidad de facto de los derechos humanos solo es criticable desde el convencimiento de su universalidad de iure y de su validez moral universal.

            La violación de los derechos humanos es uno de los mayores problemas a los que ha de hacer frente la humanidad. Y si siempre es preocupante que no se respeten los derechos humanos, que se conculquen en los países democráticos, en los países que presumen de ser democracias plenas y que hacen gala de la fortaleza del Estado de derecho, lo es mucho más. Tal es el caso de España y así lo ha denunciado Amnistía Internacional, una organización en defensa de los derechos humanos nada sospechosa de ser un instrumento de la derecha ultramontana ni tampoco del Gobierno que la derecha española, ultramontana o no, gusta de llamar socialcomunista. Y es que, según el informe publicado recientemente por Amnistía Internacional, en España se violaron hasta cinco derechos fundamentales de las personas mayores que viven en residencias en Madrid y Cataluña durante los primeros meses de la pandemia. Ni las derechas en Madrid, ni los independentistas en Cataluña, ni la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos supieron salvaguardar los derechos humanos de estas personas.

            Otro caso reciente de violación de derechos humanos en España lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en Canarias. El llamado campamento de la vergüenza de Arguineguín, hoy felizmente desmantelado, constituye el penúltimo atentado contra los derechos humanos perpetrado en las Islas. Las deplorables condiciones en las que han vivido estas personas atentan claramente contra la dignidad del ser humano y no sabemos si en el campamento de Barranco Seco serán mejores, toda vez que no se permite el acceso libre a los medios de comunicación, en lo que constituye una vulneración en toda regla del derecho a la información, otro de esos derechos humanos que está siendo pisoteado. Además, diversas organizaciones han denunciado que los derechos fundamentales de los inmigrantes no se están respetando en lo que se refiere al derecho a la asistencia jurídica o el derecho al asilo. Y todo ello ocurre en un territorio que forma parte de España y de la Unión Europea. Será que, así como Madrid es España dentro de España, Ayuso dixit, Canarias es España fuera de España, fuera de Europa y fuera de la legalidad que obliga a respetar los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción.

No todos los miedos son iguales

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ice Emmanuel Macron, presidente de Francia, que el miedo va a cambiar de bando. Es lo mismo que hace unos años afirmaba Pablo Iglesias, cuando aún no tenía asiento en el Consejo de Ministros y Podemos aspiraba a asaltar el cielo. Entonces a Iglesias lo criticaron desde la derecha, el centro y hasta la izquierda con la que hoy comparte gobierno en calidad, nada menos, que de vicepresidente segundo. Y es que, según los críticos, las proclamas de Iglesias sonaban poco democráticas, amenazantes para todo aquel que no comulgara con sus ideas. Por supuesto, nada de ello era cierto, como el tiempo ha demostrado, amén de si las políticas del Gobierno y su gestión de la pandemia nos parecen más o menos acertadas. A Macron, en cambio, que ha dicho lo mismo pero en francés, no solo no se le critica sino que hasta se le aplaude por la contundencia de sus palabras después del vil asesinato de un profesor por defender la libertad de expresión.

Cuando Iglesias afirmó que el miedo iba a cambiar de bando no me pareció mal, pues, francamente, no veía yo, y sigo sin verlo, qué tiene de malo que en vez de que millones de personas tengan miedo a perder su empleo, a perder su vivienda o a caer en el pozo de la pobreza, los más adinerados temieran no ya dejar de ser multimillonarios sino solo serlo un poco menos, que las grandes fortunas temieran tener que pagar los impuestos que les corresponden, que las grandes empresas tuvieran miedo de no poder seguir defraudando… en fin, que los más privilegiados tuvieran miedo de que si Podemos llegara al poder se pudiera avanzar en la construcción de una sociedad menos injusta. Que el miedo cambiara de bando, ya digo, no me pareció mal; me resultó inverosímil, altamente improbable. Tras nueve meses de Gobierno de coalición, yo diría que el miedo sigue estando en el mismo sitio.

Las palabras de Iglesias en la boca de Macron cobran un significado distinto, pues el presidente de la république, tan centrado, tan moderado, tan transversal, seguro que no tiene en mente la lucha de clases, así que los bandos a los que se refiere han de ser otros. Quiero pensar que la lucha que Macron tiene en mente es la de los demócratas frente a los totalitarios y que, a partir de ahora, serán los terroristas quienes hayan de temer a los demócratas. Ello ya sería suficientemente grave, pues implicaría que la ciudadanía francesa ha vivido atemorizada en los últimos tiempos frente a la barbarie del fundamentalismo islámico. En la defensa de las libertades no se debe ceder ni un milímetro, el sagrado derecho a la libertad de expresión incluye, no faltaba más, el de criticar cualesquiera creencias, incluidas las religiosas, lo mismo da que se trate del cristianismo, el islam, el judaísmo o la religión que sea. Mas sería un grave error confundir la lucha por la libertad con la lucha identitaria, confundir, sin más, terrorista con musulmán. Y es que el miedo debe cambiar de bando, sí, pero hemos de tener cuidado para no librar la lucha equivocada, pues no todos los miedos son iguales, ni los bandos tampoco. 

La fragilidad del ser humano

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i algo ha revelado la pandemia que asola al planeta es la fragilidad del ser humano. Fragilidad ante la enfermedad, por supuesto, pero también fragilidad ante la realidad que se mantiene, en algunos aspectos, inextricable. Y es que el hombre, ya lo decía Aristóteles, tiene la necesidad de saber, de comprender el mundo que le rodea y de comprenderse a sí mismo. Se trata de una necesidad, en primera instancia, teórica, pues queremos saber por el mero afán de buscar la verdad. Pero además demandamos el conocimiento por su utilidad, porque solo desde el conocimiento certero de la realidad se pueden afrontar con cierta esperanza de éxito algunos de los problemas de la humanidad, entre los que las enfermedades que tanto dolor han causado a lo largo de la historia ocuparían un lugar destacado.  

En esta búsqueda de la verdad, el papel de la ciencia en los últimos siglos ha sido fundamental. Hasta el punto de que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la ciencia moderna ha venido a sustituir en cierta medida a la religión. No es solo que la ciencia haya desplazado a la religión como forma más fiable de explicar el mundo, al menos en lo que a la realidad empírica se refiere, sino que el hombre moderno, a priori habitante de un universo postmetafísico, mantiene con la ciencia una relación similar a la que los antiguos mantenían con la religión. Si en tiempos premodernos se asumían los dogmas religiosos y se aceptaba la verdad revelada de modo inquebrantable, hoy pretendemos que la ciencia nos provea de las verdades absolutas que antaño nos proporcionaba la religión y aceptamos por lo general de forma acrítica las verdades científicas, en lo que no deja de ser un acto de fe: fe en la ciencia y en la comunidad científica, pero fe al fin y al cabo.

Esta actitud generalizada hacia la ciencia muestra la falta de cultura científica que aún existe en la sociedad actual. Pues una mínima comprensión de la ciencia permitiría entender que ésta no aspira a encontrar una verdad absoluta, incuestionable, sino que ha de conformarse con hallar, a lo sumo, una verdad objetiva, y que, en muchos casos, la objetividad de la ciencia no va más allá del acuerdo intersubjetivo entre los miembros de la comunidad científica. Es por ello que la ciencia constituye una forma de conocimiento crítica, pues asume que no se puede aceptar nada como verdadero sin que haya algún tipo de evidencia que lo respalde y que los hallazgos, teorías y procedimientos han de estar continuamente sometidos a la revisión y al análisis crítico. Hoy, atemorizada ante el avance de la pandemia, la sociedad le pide a la ciencia soluciones inmediatas que no puede ofrecer, pues la ciencia es limitada; es metódica, empírica y crítica, pero no es mágica y por ello, precisamente, es mucho más eficaz que la magia o la religión, y es, con todas sus limitaciones, el mejor recurso que tenemos para luchar contra el Covid-19, aunque no podamos asegurar que finalmente consiga vencer al virus y, desde luego, sea incapaz de poner fin a la fragilidad del ser humano.

La joya de la corona

 

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ubo un tiempo en el que en los medios de comunicación se afirmaba taxativamente, jornada tras jornada, que la liga de fútbol española era la mejor liga del mundo. Y sin duda es posible que en algunos años esto fuera así, pero dejó de serlo hace tiempo, más o menos desde que la selección española ganó su última Eurocopa, aunque, obviamente, el nivel de la selección y de los clubes son cosas distintas. Ahora ya nadie osa afirmar que nuestra liga es la mejor del mundo, mucho menos después del papelón que la aristocracia futbolera española hiciera en la pasada campaña europea, pero se siguió repitiendo durante años y los aficionados, a qué negarlo, nos lo creíamos, a pesar de las señales evidentes de que el nivel de nuestra liga iba deteriorándose cada temporada un poco más. Y es que, como decía Goebbels (me perdonarán el lugar común), una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad, sobre todo, añadiría yo, si el destinatario de la misma está deseando creerla.

            Viene esta reflexión a cuento del sistema sanitario español al que, me temo, le ocurre como a la liga de fútbol. No sé cuántas veces ni desde hace cuánto tiempo, décadas, he oído decir que nuestra sanidad pública es la mejor del mundo. Y sin duda en algún momento fue, si no la mejor, una de las mejores. Podemos incluso conceder que todavía hoy ocupe un puesto destacado en la escala global, pero lo que ya no se puede seguir sosteniendo es que España disponga de un sistema de salud pública de calidad. Y es que más allá de las tristemente célebres listas de espera, que en España en general son vergonzosas pero en Canarias son un ultraperiférico escándalo, la crisis de la pandemia del Covid-19 ha servido para ilustrarnos del verdadero estado en el que se halla nuestro siempre laureado sistema sanitario, la joya de la corona. 

        Según el estudio de seroprevalencia elaborado por el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística, a principios de verano el virus había infectado solo al 5,2 por ciento de la población, lo que bastó para que oficialmente, contando solo los diagnosticados, murieran más de 28.000 personas y que el sistema sanitario colapsara. Está claro que no estábamos preparados. Se dirá que la pandemia fue algo sobrevenido y que nadie estaba preparado, que nadie podía estarlo. Sin embargo, la situación en otros países de Europa, siendo también muy grave, no ha sido tan calamitosa y eso que las restricciones no fueron tan rigurosas como en España. Para colmo, vista la evolución de la pandemia a la vuelta de las vacaciones, con más de 31.000 fallecimientos, resulta evidente que no hemos hecho los deberes: la joya de la corona sigue oxidada y para volver a abrillantarla hacen falta más recursos materiales y sobre todo humanos. Y hacen falta ya.

Vivir en la incertidumbre

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l ser humano ha sentido desde siempre la necesidad de entender el mundo que le rodea y comprenderse a sí mismo, de ahí que, para satisfacer esa necesidad, haya tenido que recurrir a los mitos y las religiones, primero, y a la filosofía y la ciencia, es decir, a la razón, después; si bien es cierto que, ni los saberes racionales están completamente libres de elementos propios del mito, ni los mitos y las religiones carecen totalmente de logos. Y es que solo un ser dotado de razón es capaz de construir los discursos religiosos y las narraciones mitológicas, y, de otra parte, pensar en una forma de saber completamente racional, absolutamente objetiva, tiene bastante más de mito que de pensamiento basado en la razón. En cualquier caso, si algo tienen en común mito, religión, filosofía y ciencia es que constituyen, cada uno a su modo, intentos del ser humano de alcanzar la verdad.

      La búsqueda de la verdad es algo inherente a la condición humana, pues, ya lo decía Aristóteles al inicio de su Metafísica, “todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber”. En efecto, todos queremos saber, todos queremos tener, con mayor o menor ambición, asideros a los que agarrarnos que expliquen la realidad, que den respuesta a las grandes preguntas que el hombre se ha hecho desde siempre. La religión y el mito son buenos ejemplos de esos asideros, pero las respuestas que nos ofrecen con respecto a la realidad, a la pregunta por lo que existe, hoy no resultan satisfactorias. Ello no quiere decir que no tengan ninguna función en la sociedad contemporánea, pero resulta evidente que si de lo que se trata es de buscar la verdad, la ciencia moderna resulta mucho más eficiente, siempre que nos interroguemos acerca del mundo de los hechos y de las cosas, sin pretender explicar sus causas últimas de índole metafísica, y dejemos al margen la pregunta por el deber ser, cuestiones estas más propias de la filosofía y sobre las que, qué duda cabe, también las religiones tienen algo que decir.

        Ocurre que la ciencia, siendo como es la forma de conocimiento más avanzada de la que disponemos, no puede ofrecernos verdades absolutas, como antaño hiciera la religión. Lo más que puede proporcionar es una verdad objetiva pero que, en cualquier caso, habrá de ser siempre revisable, como revisables habrán de ser los procedimientos científicos. Y acaso como una herencia del pensamiento metafísico, del pensamiento religioso del que no hemos conseguido emanciparnos del todo, nos sentimos huérfanos de certezas. Un sentimiento que se agudiza en este tiempo marcado por la crisis del Covid-19 y que nos impele a demandar a la ciencia lo que no puede darnos: queremos verdades incuestionables y despreciamos la duda y la incertidumbre. Sin embargo, la duda y la incertidumbre constituyen la mejor vía para alcanzar la verdad, por más que esta verdad no pueda volver a ser absoluta. Y, en cualquier caso, estamos condenados a vivir en la incertidumbre si no queremos sucumbir al dogma, tan alejado de la verdad como la misma mentira.

 

            

Abolir la monarquía

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l creciente escándalo generado por las presuntas ilegalidades cometidas por el rey emérito, Juan Carlos I, ha hecho que la monarquía vuelva a estar bajo sospecha y que el debate en torno a si en democracia tiene sentido la existencia de un rey se haya vuelto a abrir en el seno de la opinión pública española. Y ello es así por más que los defensores a ultranza de la monarquía se empeñen en que si se llegara a demostrar que, en efecto, Juan Carlos I llevó a cabo las acciones ilegales que se le atribuyen, esto solo podría afectar al rey emérito pero no a Felipe VI, ni mucho menos a la institución monárquica como tal. No quieren, los monárquicos, ni que se debata sobre la posibilidad de abolir la monarquía en España, pero en su argumentación olvidan que si Juan Carlos I pudo cometer tan deplorables actos, fue precisamente gracias a su condición de rey: es la existencia de la monarquía y la inviolabilidad del rey lo que genera las condiciones de posibilidad de  que el jefe del Estado pueda actuar impunemente.

            Desde un punto de vista teórico, resulta evidente que la monarquía es incompatible con la democracia. Ello es así porque la democracia consiste, no nos cansaremos de repetirlo, en el autogobierno de los ciudadanos, al objeto de garantizar dos principios fundamentales que dan sentido a la democracia y sin los cuales esta no se puede realizar: la libertad de los individuos y la igualdad entre los mismos, empezando por la igualdad ante la ley. Y son estos principios los que la monarquía contradice y hacen que sea, por su propia naturaleza, una institución antidemocrática, por más que, huelga decirlo, entre los Estados democráticos realmente existentes los haya monárquicos: España, Gran Bretaña o Bélgica serían algunos ejemplos. Se trataría, entonces, de democracias que entre sus déficits democráticos cuentan con la existencia de la monarquía, principio antidemocrático donde los haya.

            No obstante lo dicho, lo cierto es que muchas personas se consideran demócratas y al mismo tiempo son monárquicas, por más que ello resulte incomprensible: ¿qué lleva a un individuo a aceptar de buen grado, incluso a defender, la permanencia de derechos de nacimiento, la superioridad de otro individuo por su pertenencia a un linaje? Muchos de estos demócratas monárquicos se definen además como liberales, obviando la dificultad que hay para encajar los principios del liberalismo con la monarquía. Pero el colmo, en España al menos, son esos socialistas monárquicos que habitan en las distintas estancias del PSOE. Para ser justos, hay que decir que no se consideran monárquicos de convicción sino de conveniencia, por lo que durante décadas se llamaron a sí mismos juancarlistas y una vez que tuvo lugar la abdicación, sin definirse como felipistas, han seguido abrazando la monarquía por una cuestión, dicen, de pragmatismo. Me pregunto qué razones se pueden seguir esgrimiendo para no aceptar de una vez que la realísima institución constituye un obstáculo para el avance de la democracia y que lo más conveniente, en sentido tanto teórico como práctico, sería abolir la monarquía.

El final del curso

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l curso escolar, por fin, ha terminado. Éste ha sido un año duro, durísimo, a causa de la pandemia. En Canarias, afortunadamente, la incidencia directa del coronavirus ha sido menor que en otros lugares más afectados, al menos si atendemos al número de contagios y de fallecimientos causados por el Covid-19. Sin embargo, en lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas, incluso sanitarias, de las medidas que se han aplicado para combatir la pandemia, las Islas se llevan la palma. Y es que el confinamiento ha traído efectos perjudiciales para la salud de los isleños derivados de las condiciones previas de vida en Canarias, donde los niveles de pobreza están muy por encima de la media española y donde, en consecuencia, las condiciones de salubridad son peores. La fuerte dependencia del turismo, además, hace que los perjuicios económicos sean mayores y que, en suma, por mucho que la propaganda gubernamental se empeñe en convencernos de que de ésta salimos más fuertes, tal fortaleza no se vea por ningún lado.

A todo este malestar, por supuesto, no es ajeno el sistema educativo canario. No es de extrañar, por tanto, que también el rendimiento escolar del estudiantado del Archipiélago sea uno de los más bajos del país, pues, por lo general, a peores condiciones socioeconómicas, peores resultados académicos. Y, sin embargo, a pesar de las dificultades, a pesar de la desigualdad que se ceba con la población canaria, a pesar de la brecha digital, el alumnado de las Islas ha sabido sobreponerse, se ha adaptado mal que bien a las nuevas circunstancias impuestas por el estado de alarma y ha conseguido culminar con relativo éxito el curso. Por todo ello creo que merecen disfrutar de estas vacaciones que ahora comienzan. Todos en general, pero muy especialmente los estudiantes de Secundaria, los adolescentes, ya que debido a la etapa vital en la que se encuentran son los que más han sufrido el confinamiento y porque se trata de una generación que creció oyendo hablar de crisis, paro, miseria y falta de expectativas y que, ahora, cuando empezábamos a superar la crisis de 2008, habrán de enfrentarse a una nueva crisis que se presume aún más grave, que amenaza con robarles un futuro que tendrán que ganarse a pulso.

            El final del curso ha llegado y lo ha hecho bien, dadas las circunstancias. Que ello haya sido posible se debe en gran medida al profesorado. En apenas un fin de semana se pasó de un sistema presencial a otro telemático sin casi ningún apoyo hacia los docentes por parte de la Consejería de Educación. Esos que el periodista Ángel Tristán Pimienta llama privilegiados cumplieron escrupulosamente con su trabajo, aportando sus propios recursos, teletrabajando muchas más horas de las que les corresponden, quitando tiempo y espacio a sus propias familias, soportando un nivel de exigencia que ha sido a todas luces excesivo y, para colmo, aguantando declaraciones públicas de los responsables de Educación en Canarias claramente ofensivas: aún resuenan las alusiones a los dinosaurios de María José Guerra y a los granos negros y los pelos en la leche de José Antonio Valbuena. Gracias a la voluntad del profesorado, en medio de una gestión más bien caótica, con su esfuerzo, sus propios medios y, en buena medida, su sentido común en ausencia de directrices claras y a tiempo, el curso ha salido adelante y ahora, felizmente, ha terminado.

El retorno de la indignación

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no de los efectos de la pandemia ha sido la relativa paz social que durante estos meses se ha vivido en el mundo. Antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, el planeta no era ese idílico remanso de paz que ahora fabulamos recordar, sino que era más bien un escenario en el que la conflictividad social iba en aumento. De Chile a Hong Kong, pasando por los chalecos amarillos de Francia o el movimiento independentista en Cataluña, la contestación social era una realidad en expansión que solo el miedo al contagio o a las sanciones derivadas de la suspensión de derechos logró apaciguar. Ahora, la muerte de George Floyd a manos de la policía ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos que se ha extendido globalmente, lo cual supone la demostración de que el sentimiento de indignación ante la injusticia es en estos momentos mayor que el sentimiento de miedo al contagio de ese virus que aún anda por ahí.

No hace falta ser un experto sociólogo para darse cuenta de que la muerte de George Floyd es solo el detonante de las protestas, la chispa que ha conseguido prender la gasolina latente de años y siglos de racismo y discriminación en la primera democracia moderna del mundo. Y es que quienes hincan su rodilla en el suelo no solo reclaman justicia ante lo que consideran un crimen racista, sino que claman contra la discriminación racial que lleva a los negros, los latinos y en general a las poblaciones de las minorías étnicas a vivir en peores condiciones, a sufrir las mayores tasas de pobreza del país. Algo que ya era conocido, pero que la pandemia ha puesto de relieve toda vez que se ha cebado en estas minorías, ya que, al ser las más pobres, han sufrido también con mayor virulencia los efectos del coronavirus, han sido las comunidades que han padecido las mayores tasas de mortalidad.

Las manifestaciones contra el racismo han llegado también a España, donde los manifestantes no solo se muestran indignados por la muerte de Floyd, sino que denuncian que en España el racismo también existe. Se trata de una de las grandes lacras sociales aún pendientes de erradicar que se entremezcla con la que aún hoy constituye la mayor contradicción que existe en nuestras sociedades, la que se da entre ricos y pobres. Pero las protestas en España comenzaron antes: en pleno estado de alarma, se iniciaron con las caceroladas del barrio de Salamanca en Madrid, una excentricidad hispánica que viene a corroborar que Spain todavía is different, y han continuado con las movilizaciones de los trabajadores de Nissan en Cataluña y de Alcoa en Galicia. No serán las últimas porque se nos viene encima una crisis peor que la de 2008. Entonces surgió el 15-M y el movimiento de los indignados; no sabemos qué nos deparará el futuro pero sin duda la pospandemia será dura y si no se distribuyen los costes, si la factura la vuelven a pagar los mismos de siempre, lo que está asegurado es el retorno de la indignación.

Un Gobierno de regreso

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uando se constituyó el Gobierno de progreso por aquel lejano enero de este mismo año, ya advertía yo que no esperaba mucho de él, básicamente porque no espero nunca demasiado de ningún gobierno. Entonces, claro, no podíamos saber, al menos no lo sabíamos la inmensa mayoría de nosotros, la que se nos venía encima. Y eso que el coronavirus ya estaba causando estragos en China, pero la cosa no iba con nosotros, o eso, cándidos que somos, creímos, acaso porque era lo que queríamos creer. Así que mi falta de confianza en que el Gobierno nos diera demasiadas alegrías no tenía nada que ver, no podía tenerlo, con la gestión de la pandemia, sino más bien con mi desconfianza hacia cualquier gobierno, hacia el Estado como la institución de opresión que es, “con el que”, en palabras de Javier Muguerza, “sólo nos es dado relacionarnos como el siervo con el señor”; con el convencimiento de que, tal como señalara Henry David Thoreau, “el mejor gobierno es el que gobierna menos”, y mejor aún “el que no gobierna en absoluto”.

            Mas a pesar de la desconfianza que, ya digo, genera en mí cualquier gobierno, no escondí entonces que el pacto de progreso había logrado infundirme ciertas dosis de ilusión, siquiera fuera por librarnos del marianismo, pero sobre todo porque podía traer avances reales hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos, hacia un verdadero progreso en la libertad. En lo que a la igualdad se refiere, creo que es de justicia reconocer los esfuerzos del Gobierno, incluso ante la grave crisis económica y social que las medidas contra el coronavirus han generado. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, así como la prometida derogación de la reforma laboral del PP son, sin duda, medidas imprescindibles para construir una sociedad más justa, a pesar del rechazo que han causado entre los apocalípticos de la derecha y parte de la izquierda.  Y la derogación de la ley Wert, que todavía hoy sufrimos, si finalmente se produce, será también una buena noticia.

            Sin embargo, en lo que a la libertad se refiere, el Gobierno nos ha venido defraudando cada día un poco más. La suspensión, de facto al menos, de los derechos fundamentales durante el estado de alarma, el uso implacable de la “ley mordaza” que se había prometido derogar por autoritaria, las ruedas de prensa controladas por el ‘censor’ al inicio del confinamiento, la pretensión de que la información oficial fuera la única publicable, el “lapsus”, Marlaska dixit, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que ante los medios de comunicación afirmó que se trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, constituyen severos ataques a la libertad que, a mi juicio, resultan del todo inadmisibles en una democracia. Todo ello, sumado al último escándalo protagonizado por el ministro del Interior, una injerencia en el poder judicial en toda regla, hace que resulte imposible mantener la escasa ilusión que el nuevo Gobierno había generado, porque en algunos aspectos, los referidos a la libertad, más que de progreso parece un Gobierno de regreso.  

La doble moral

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a doble moral es esa repugnante propensión a considerar inmorales determinadas acciones cuando es otra persona la que las lleva a cabo, pero pensar que son correctas desde un punto de vista moral si el que las realiza es uno mismo. Como se ve, la doble moral es una inmoralidad en sí misma, al menos si asumimos, con Kant, que las normas morales, para ser verdaderamente morales, han de ser de validez universal, tal como el filósofo de Königsberg señalara en la primera formulación del imperativo categórico, ese principio formal que no da normas con contenido sino que establece las condiciones formales que debe cumplir una norma para ser ley moral, huyendo así de la moralina a la que los practicantes de la doble moral son tan aficionados y sentando las bases de la ética moderna.

            Esta doble moral es práctica habitual entre los españoles tanto si miramos a la izquierda como si miramos a la derecha. La derecha nacional, por ejemplo, no ha dejado de insistir en que se debieron prohibir las manifestaciones del 8-M, pues, a su juicio, constituyeron un importante foco de contagio del dichoso Covid-19 que contribuyó a la expansión del virus y, en última instancia, al incremento de las víctimas mortales. Sin embargo, esa misma derecha, tan indignada, convocó mítines en esos días y no critica con la misma vehemencia los multitudinarios eventos deportivos y de otra índole que tuvieron lugar ese mismo fin de semana por toda la geografía nacional. Es más, ahora sale a la calle exigiendo libertad y la dimisión del Gobierno y comete el mismo atentado contra la salud pública que, en su opinión, cometieron las feministas. Todo lo cual deja ver a las claras que lo que critica la derecha no es que las manifestaciones feministas fueran un foco de infección: se critica la movilización del 8-M por lo que representa, por las ideas de las manifestantes, es decir, se critica el feminismo y la idea de que hombres y mujeres han de ser reconocidos iguales en dignidad y derechos.

            Pero no crean que la doble moral es patrimonio exclusivo de la derecha, qué va. Ya digo que es práctica habitual tanto en la derecha como en la izquierda. La prueba la tenemos, otra vez, a propósito de las manifestaciones contra el Gobierno que desde el barrio de Salamanca de Madrid se han ido extendiendo a otros barrios y ciudades del país, también de Canarias. Y es que anda la izquierda rasgándose las vestiduras por estas protestas que, de nuevo, constituyen un peligro para la salud, dicen los alarmados izquierdistas, y amenazan con echar por tierra lo que con tanto sacrificio han conseguido los españoles. Pero no veo la misma indignación ante la multitud congregada para despedir a Julio Anguita o ante las manifestaciones que han aparecido en Vallecas. Una vez más, se comprueba que lo que preocupa no es tanto la salud sino las ideas de quienes, según los más afines al Gobierno, la ponen en peligro. Y es así como, olvidando las lecciones de Kant, la esfera pública se parece cada vez más a la barra de uno de esos bares en los que los futboleros criticamos las patadas de los defensas del otro equipo mientras aplaudimos las de los nuestros.

Entre la dignidad y la vida

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n un relativamente antiguo manual de Ética de cuarto de ESO, una asignatura hoy tristemente desaparecida de nuestro sistema educativo, coordinado por la filósofa Adela Cortina, se afirma que los derechos humanos tienen cinco características fundamentales: son universales, inalienables, prioritarios, imprescriptibles e indivisibles. De esas cinco características quisiera ahora detenerme en la última pues, siguiendo a Cortina, durante años he venido insistiendo en la indivisibilidad como uno de los rasgos definitorios de los derechos humanos. Quiere ello decir que los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como el Preámbulo, constituyen un bloque y que, por lo tanto, han de ser respetados todos a la vez. Es por ello que el Estado, que una vez redefinido como Estado de derecho tiene como función principal garantizar el respeto a los derechos humanos individuales, no puede aducir como pretexto para conculcar alguno de esos derechos fundamentales la protección de otros.

Sin embargo, a la luz que arroja la gestión de la pandemia, acaso convendría revisar este planteamiento, pues, en efecto, algunos de los derechos fundamentales como el derecho de reunión, manifestación o, sencillamente, el derecho a la libre movilidad, han quedado en suspenso durante varias semanas en virtud del decreto de estado de alarma. Y la razón aducida para tal suspensión, que algunos juristas consideran simple restricción pero que de facto al menos va bastante más lejos, ha sido la protección de la salud y, en última instancia, la vida de los ciudadanos. Es un hecho pues que no a todos los derechos recogidos en la Declaración Universal se les ha reconocido la misma validez, que es lo que se pretende cuando se afirma que son indivisibles, pues algunos de esos derechos, los que han quedado en suspenso, han sido supeditados a otros, cuya importancia ha sido considerada mayor por el Gobierno.

A pesar de lo expuesto, tengo para mí que el principio de indivisibilidad mantiene su validez intacta, pues lo más que cabría argüir es que los derechos humanos no son indivisibles de hecho, pero deberían serlo, pues nos va la dignidad en ello. Y es que el establecimiento de una jerarquía de los derechos humanos no solo atenta contra el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos de marras sino que resulta peligroso para la dignidad del ser humano, pues la dignidad sufre siempre que se conculca uno de esos derechos fundamentales y, una vez abierta la veda, nada hay que impida que en otro momento se suspendan determinados derechos bajo el pretexto de proteger otros: hoy se supedita la libertad a la salud y la vida, quién sabe qué derecho y bajo qué pretexto podrá ser suspendido mañana. Sócrates dejó dicho, a través de la pluma de Platón, que una vida sin ser pensada no vale la pena ser vivida. Hoy, parafraseando al de Atenas, podemos decir nosotros que una vida sin libertad es una vida sin dignidad que no merece vivirse. Aunque, claro está, no todos estemos dispuestos, como hizo Sócrates, a perder la vida para salvaguardar la dignidad.

Política en vez de ciencia

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ecía Aristóteles que el hombre tiene por naturaleza afán de saber. En efecto, el ser humano ha sentido desde siempre la necesidad de explicar el mundo que le rodea y de explicarse a sí mismo. De ahí que en todas las culturas los hombres hayan construido mitos con los que explicar la realidad: el origen del mundo, los fenómenos de la naturaleza, el propio ser humano, la existencia del bien y del mal, la vida, la muerte… Mitos con los que, en definitiva, los seres humanos hemos tratado de dar respuesta a las grandes preguntas que desde siempre nos han preocupado y, todavía hoy, nos siguen inquietando. En Occidente, ese afán por buscar la verdad dio lugar al nacimiento de la filosofía y de la ciencia en lo que se ha dado en llamar el paso del mito al logos, es decir, con el intento de responder racionalmente a esas grandes cuestiones.

            Con el tiempo, la ciencia se separaría de la filosofía y se convertiría en la forma más avanzada de conocimiento de la que disponemos, pero habría de pagar un alto precio por ello: renunciar a preguntarse por las causas últimas del ser, cuestión de índole metafísica, y reconocer que nada tiene que decir sobre el deber ser. Lo que viene a significar que la ciencia se erige como máxima autoridad para explicar los hechos, la realidad empírica, pero no puede pronunciarse sobre los valores, sobre el bien y la justicia, en una palabra, sobre la moral, asunto este que aún hoy sigue siendo un campo de investigación irreductiblemente filosófico y que constituye el objeto de estudio de la ética o filosofía moral. Todo lo cual no significa que la ciencia no tenga nada que ver con la acción pues, obviamente, presenta una clara dimensión pragmática. Simplemente ocurre que la ciencia puede señalar cuáles son los medios más adecuados para la consecución de un fin, pero nada tiene que decir sobre los fines mismos.

         Resulta claro entonces que la ciencia tiene límites. Incluso en su incesante búsqueda de la verdad, pues no puede hallar la verdad absoluta. Tampoco lo pretende, ya que semejante propósito sería más propio del dogmatismo de las religiones que del criticismo científico. La ciencia ha de conformarse con una verdad mucho más humilde, que aspira a ser objetiva pero que habrá de ser siempre revisable, como revisables han de ser los métodos empleados y los criterios de verdad asumidos. La propia historia de la ciencia muestra que la verdad no es definitiva y lo que ayer la ciencia daba por verdadero hoy puede no serlo. Sin embargo, ante la amenaza del coronavirus, le pedimos a la ciencia lo que no puede darnos, le pedimos certezas en tiempos de incertidumbre. Y exigimos a nuestros representantes que tomen decisiones amparados en la ciencia, cuando ni siquiera en la comunidad científica hay un consenso sobre cómo combatir al virus.  Y olvidamos, ¡ay!, que lo que hacen nuestros gobernantes es política en vez de ciencia.  

Enemigos de la libertad

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ivimos un tiempo en el que el acceso a la información, paradójicamente, puede resultar perjudicial para la siempre loable búsqueda de la verdad. En efecto, la saturación de información, sin necesidad de que la misma sea falsa, impide o dificulta al individuo estar bien informado, no digamos ya bien formado, por contradictorio que ello pueda parecer. De ahí que el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento no termine de fraguar en este incierto siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Mas si la sobreinformación resulta dañina, pues deja al individuo en la incertidumbre, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso ante la imposibilidad de analizar las ingentes cantidades de datos, aún más perniciosos son los bulos, fake news, noticias falsas, postverdades o como cada uno prefiera llamarlos, toda vez que su emisión y difusión responden al interés de manipular a la opinión pública en beneficio propio.

La era de las nuevas tecnologías genera las condiciones propicias para la proliferación de las noticias falsas. Sin embargo, hay que reconocer que, en última instancia, no son las TIC las responsables de este fenómeno. Ni siquiera constituyen la condición de posibilidad del mismo, pues la manipulación de la opinión pública se diría que es tan vieja como la humanidad. Y es que el monopolio de la verdad, o de lo que se considere verdadero, ha constituido siempre una fuente de poder: desde los brujos, hechiceros y sacerdotes de distinto pelaje hasta los científicos actuales, la prerrogativa de establecer qué es verdad y qué no otorga al que la tiene el poder para decidir cómo se debe actuar, del mismo modo que la razón teórica, la que indaga acerca de la verdad, determina a esa clase de razón práctica que es la razón instrumental, la que señala qué medios se deben poner en práctica para alcanzar determinados fines.

Cómo saber cuáles hayan de ser esos fines, nuestros fines últimos, fines en sí mismos, que en definitiva es en lo que consisten nuestros valores, y si hay alguna suerte de razón práctica capaz de establecerlos, es otra cuestión. Pero si convenimos que la dignidad del ser humano es uno de esos fines y que esta se sustenta en la libertad y la igualdad, tal como, de hecho, se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces todo ataque a la libertad de expresión nos debe parecer reprobable. Es por ello que el intento del Gobierno de la mano del CIS de Tezanos de legitimar la censura resulta inaceptable, pues bajo el pretexto de la lucha contra los bulos y las fake news no se puede cercenar el derecho de cada individuo a expresar libremente sus ideas sobre el tema que quiera, sea un experto o no. Y es que entre la falsedad, la calumnia o la injuria y la verdad fidedigna hay muchos grados. Por lo demás, el dogma es tan enemigo de la verdad como la mentira. Y los enemigos de la verdad lo son también de la libertad.

Renunciar a la libertad

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a crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus ha supuesto, siquiera sea de facto, la suspensión de unos cuantos derechos humanos de esos que la Constitución considera fundamentales. Derechos civiles tan básicos como el derecho a circular libremente o el derecho de reunión están suspendidos desde que el Gobierno decretara el estado de alarma. Incluso los derechos políticos han quedado en suspenso, entre paréntesis, toda vez que se han tenido que posponer elecciones y que ni el Congreso ni el Senado, ni ninguno de los parlamentos autonómicos, mantienen la actividad plena. Todavía nos queda, no obstante, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia. Y es que no hay virus ni Estado que pueda impedir al individuo pensar lo que quiera, por más que los regímenes autoritarios que en la historia ha habido, religiosos o laicos, a izquierda y derecha, se hayan empeñado en controlar el pensamiento.

            La historia de la disidencia, de Sócrates a Luther King, vendría a corroborar la incapacidad del Estado, en tanto que institución en la que se sustancia el poder político, pero también de cualesquiera poderes económicos, religiosos o de otra índole, con frecuencia vinculados al Estado, si es que no inseparables de él, para obligar al individuo a aceptar la validez de determinados principios o rechazar otros. Algunos de estos disidentes, como los mencionados, pagaron con la vida su disenso; otros se vieron obligados a abjurar públicamente de sus creencias, como hubo de hacerlo Galileo Galilei, quien, de rodillas ante la Inquisición, se retractó de sus ideas copernicanas para evitar arder en la hoguera. Una retractación que no implica, en ningún caso, que Galileo hubiera rechazado en el interior de su conciencia el heliocentrismo para abrazar el geocentrismo impuesto por la Iglesia. Y es que la tortura puede ser muy eficaz para obligar a alguien a afirmar o negar lo que se quiera, pero no para convencerlo de su verdad o justeza.

            De cara al control social, la coacción puede ser muy efectiva, pero nunca lo será tanto como la persuasión, pues qué duda cabe que si uno está convencido de la idoneidad de una norma la probabilidad de su cumplimiento se incrementa notablemente. De ahí que en los sistemas autoritarios modernos la propaganda juegue, junto a la coacción, un papel esencial. La célebre agitprop de los regímenes comunistas sería un buen ejemplo. Pero la propaganda también es un instrumento eficaz en los sistemas democráticos, como ha quedado patente a raíz de la pandemia que estamos padeciendo: ¿cómo entender si no el continuo “quédate en casa” al que nos están sometiendo? Y es que llama la atención la facilidad con la que la ciudadanía ha aceptado la suspensión de derechos fundamentales, la facilidad con la que hemos renunciado a la libertad en aras de la seguridad frente al Covid-19. La pandemia pasará y entonces veremos cómo y en qué medida recuperamos nuestros derechos. De momento, ¡ay!, parece ir calando el mensaje de que los regímenes autoritarios son más eficaces que la democracia en la lucha contra el virus.

La validez de los derechos humanos

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l 10 de abril de 2019 falleció Javier Muguerza, considerado por muchos como el filósofo español más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando se cumple un año de su fallecimiento, brindo esta reflexión sobre la validez de los derechos humanos en homenaje a la memoria de quien fuera mi maestro, que lo fue también, directa o indirectamente, de casi todos los que nos dedicamos a la filosofía en Canarias.

Los derechos humanos han sido definidos de distintos modos, de suerte que han sido calificados como derechos naturales, que es como los concibieron los ilustrados; derechos morales, como los entiende Ronald Dworkin; o derechos fundamentales, en la definición de Gregorio Peces-Barba. De las distintas propuestas resulta particularmente interesante la de Javier Muguerza, pues al concebir los derechos humanos como exigencias morales que en rigor solo son derechos una vez han sido recogidos en el ordenamiento jurídico, supera algunas de las deficiencias que presentan las dos visiones contrapuestas de los derechos humanos más extendidas: el positivismo jurídico y el iusnaturalismo.

Para los partidarios del positivismo jurídico no hay más derecho que el derecho positivo y, por lo tanto, la validez de los derechos humanos viene dada por el propio derecho. El problema de una posición como ésta radica en que si la validez de los derechos humanos depende del derecho, entonces allí donde existieran, como de hecho han existido y existen, ordenamientos jurídicos en los que no están recogidos los derechos humanos, éstos carecerían de validez. Si no hay más razón para respetar los derechos humanos que el hecho de que éstos estén recogidos en el ordenamiento jurídico, si llegado el caso se suprimieran los derechos humanos de los ordenamientos jurídicos en los que están presentes, ya no habría ninguna razón para seguir observándolos. Y ocurre que quienes estamos a favor de los derechos humanos, quien esto suscribe al menos, consideramos que los derechos humanos se deben respetar siempre, lo ordene o no el derecho, de ahí que la validez de estos derechos no pueda depender del derecho, pues entendemos que los derechos humanos son de validez universal.

Es esta cuestión, la de la validez universal de los derechos humanos, la que ha llevado a los partidarios del iusnaturalismo a sostener que los derechos humanos no son simplemente derechos positivos, en el sentido del positivismo jurídico, sino que más allá de estar recogidos en los distintos ordenamientos jurídicos lo que les otorga validez es que son derechos naturales. Mas hablar de derechos naturales presenta más problemas de los que resuelve, pues supone reconocer la existencia de una suerte de derecho natural que estaría por encima del derecho positivo, el cual sería absolutamente justo, de modo que el derecho positivo, si pretende ser un derecho justo, habría de ajustarse al derecho natural, o aproximarse a él todo lo humanamente posible. La debilidad del iusnaturalismo es clara pues no hace falta ser un positivista jurídico para preguntarse qué es eso del derecho natural, dónde se halla, qué normas contiene, quién lo promulga... El iusnaturalismo, en última instancia, no tiene más remedio que apelar a la metafísica, pues solo a entidades metafísicas como Dios o la naturaleza cabría atribuirles la existencia de un supuesto derecho natural que es en sí mismo metafísico.

En el fondo, cuando indagamos acerca de la validez de los derechos humanos lo que hacemos es preguntarnos por las razones por las que debemos respetar esos derechos, es decir, nos planteamos el problema de la fundamentación. Y ante esta cuestión, como hemos visto, ni la respuesta iusnaturalista ni la respuesta positivista resultan satisfactorias. Y es que si preguntamos al iusnaturalista por qué debemos respetar los derechos humanos, éste sólo podrá responder que debemos respetar los derechos humanos porque eso es lo que dicta el derecho natural y debemos acatar tal derecho natural. Mas ante tal respuesta, el positivista, y cualquiera que no desee incurrir en posiciones metafísicas, siempre podrá preguntar de dónde sale tal derecho natural y cómo podemos los seres humanos concretos dilucidar qué contiene, a qué obliga, quién sanciona en caso de incumplimiento, en qué consiste la sanción, a lo que el iusnaturalista no podrá responder o, como ocurre con las cuestiones metafísicas, se podrá ofrecer tantas respuestas como individuos hay. Sin embargo, tampoco el positivista jurídico saldría bien parado si le hiciéramos la misma pregunta, pues aunque en primera instancia podría responder que hay que respetar los derechos humanos porque la ley obliga a ello, porque así lo exige el derecho, siempre se le podría preguntar, que es en realidad en lo que consiste nuestra pregunta, por qué debemos obedecer el derecho, cuestión esta que el iuspositivista ya no estaría en disposición de responder.

El positivismo jurídico, pues, se revela incapaz de justificar la validez universal de los derechos humanos, pues puede dar razón de por qué tales derechos deben ser respetados siempre que éstos formen parte del ordenamiento jurídico, pero no de por qué habrían de ser incluidos en el ordenamiento jurídico o por qué determinados ordenamientos jurídicos habrían de ser preferibles. El iusnaturalismo, por su parte, sólo puede ofrecer una justificación metafísica de los derechos humanos, lo que resulta a todas luces insuficiente pues solo podría satisfacer a quienes compartieran la misma concepción metafisica del mundo. Es por ello que, tal como señalábamos más arriba, la concepción de los derechos humanos que nos propone Javier Muguerza nos resulta la más plausible, pues al considerar que los derechos humanos solo son derechos en sentido estricto una vez que han sido recogidos en el ordenamiento jurídico, evita deslizarse por la escurridiza y peligrosa pendiente de la metafísica en la que cualquier posición tiene la misma validez que su contraria. Mas al señalar que antes de estar recogidos en el ordenamiento jurídico los derechos humanos son exigencias morales, elude el error iuspositivista de considerar que es el derecho el que otorga validez a los derechos humanos y salvaguarda el carácter universal de la validez de los derechos humanos, que, en cualquier caso, ya no dependería del derecho, pues se trataría de una validez moral.

La duda

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ranscurrida una semana de encierro forzoso, el presidente, Pedro Sánchez, anunció su intención de prorrogar el estado de alarma 15 días más: un mes en total, de momento. Desde el pasado 14 de marzo y hasta el 11 de abril, si no hay más prórrogas, quien no cumpla con su obligación de permanecer confinado se arriesga a ser multado, incluso a ser sancionado con pena de cárcel. Es lo que tiene el derecho, la ley, que la dicta el Estado y es de obligado cumplimiento para todo aquel que se halle en el territorio donde el Estado ejerce su soberanía. Y si alguien la incumple es asimismo sancionado por el propio Estado. Un sistema normativo bien distinto, como se ve, a la moral, pues las normas morales, las que regulan el comportamiento desde la perspectiva de lo que se considera que está bien en sí mismo, es justo o es correcto no las puede dictar el Estado: solo el individuo se las puede imponer a sí mismo y, en caso de incumplimiento, es el propio individuo quien se sanciona con el sentimiento de vergüenza moral, es decir, los cargos o remordimientos de conciencia.

            Al Estado le resulta indiferente si un individuo está de acuerdo o no con la ley vigente siempre que la cumpla. Si bien es cierto que, en los Estados democráticos, la ley emana, siquiera sea indirectamente, de la soberanía popular, así que se espera, en cualquier caso, que la ciudadanía dé su consentimiento; consentimiento que, por otra parte, constituye la única fuente de legitimidad posible de la ley en la modernidad. Pero incluso tratándose de un Estado no democrático, el ejercicio del poder necesita de cierto grado de legitimación, de cierto grado de consentimiento. Ello explica que el Gobierno no solo imponga la cuarentena coactivamente, que lo hace, sino que trate de persuadir a la ciudadanía de la conveniencia de cumplirla por el bien de la salud propia y la de los demás.

            Así, pues, el Gobierno apela a la fuerza coactiva del derecho, pero también al carácter persuasivo de la moral: a la virtud de la prudencia, tan aristotélica, quédate en casa para no contagiarte, y al deber moral, tan kantiano, de ser solidario, quédate en casa para no contagiar. Y así, poco a poco, va asumiendo uno la necesidad de tan drástica medida, lo dicen los expertos, y va aceptando el estado de alarma, qué remedio, con el Estado hemos topado, la suspensión (limitación, dicen los juristas) temporal de derechos, y se queda en casa, porque hay que ser prudente y solidario. Pero a ratos me asalta la duda y leo las cifras y las comparo y me pregunto por qué se publica cada nuevo fallecimiento por coronavirus y no cada nueva muerte por cualquier otra enfermedad, que se producen a diario, para tener una perspectiva más amplia, más de conjunto. Y entonces, mientras dudo, me siento mal por dudar. Pero también si no dudo, porque lo que a otros les resulta evidente a mí me sigue pareciendo más bien una cuestión de fe, fe en los expertos, fe en el Gobierno. Y la fe mueve montañas, o las inmoviliza, pero no lleva a la verdad.