Provocaciones

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ice la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en una nueva muestra de descubrimiento del Mediterráneo, que “la violencia sólo genera violencia”. Y lo ha dicho tan sólo unos días después de que el impresentable militante del PP lanzaroteño, Sigfrid Soria, ofreciera sus tristemente célebres hostias a través de Twitter. Unas hostias virtuales, al menos de momento, que han servido a Soria -Sigfrid, no el otro- para que, además de ganarse la indignación ciudadana, la presidenta del PP conejero, Astrid Pérez, haya pedido su expulsión del partido. Ya veremos qué ocurre, porque de momento la cúpula del Partido Popular sigue echando leña al fuego, como muestran las últimas palabras de Cospedal.

            Las declaraciones de la secretaria general del PP vienen a propósito de la campaña de escraches que está llevando a cabo por toda España la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una campaña que a juicio de la líder conservadora es “nazismo puro”. Esto último, que los fachas de este país repiten a coro últimamente, no merece comentario alguno, porque no creo que nadie en su sano juicio se lo tome en serio. Sin embargo, el asunto de la violencia resulta más preocupante. Y es que da la sensación de que entre las huestes conservadoras hay un deseo de que se produzca en el entorno de la PAH algún incidente violento para, de ese modo, encontrar un argumento con el que deslegitimar a la plataforma y, de paso, la Iniciativa Legislativa Popular, que cuenta con un millón y medio de firmas y el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad española. ¿Cómo entender si no la advertencia de Cospedal cuando afirmó que “si algún día tenemos algo grave que lamentar habrá que mirar a los responsables de provocar violencia”?

            Hasta ahora, que se sepa, no ha habido ningún acto violento en los escraches: se trata más bien de una respuesta pacífica a la violencia perpetrada por el Estado, que en lugar de proteger la dignidad de los ciudadanos se dedica a defender los espurios intereses de los bancos. Pero la historia reciente de los movimientos sociales demuestra que no se debe descartar la posibilidad de que sean los mismos que se oponen a los escraches los que tiren la primera piedra con el fin de deslegitimar un movimiento esencialmente pacífico. Esperemos que ello no ocurra, mas harían bien los miembros de la PAH en estar atentos para, a la primera provocación, levantar las manos y volver a gritar, tan revolucionaria como pacíficamente: “¡Éstas son nuestras armas!”, que es el modo en que estos filoetarras, Cristina Cifuentes dixit, han demostrado hasta ahora el carácter incuestionablemente pacífico de sus protestas.

¿Parásitos?

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a sabiduría popular dice que nunca llueve a gusto de todos. Prueba de ello, añado yo, es la manera en que nos tomamos el trabajo: mientras la mayoría de los trabajadores ha puesto el grito en el cielo, y con razón, por las medidas del Gobierno encaminadas a retrasar la edad de jubilación y dificultar, cuando no impedir, las prejubilaciones, hay otros, en cambio, que claman por que les dejen continuar en su puesto de trabajo hasta cumplir los setenta. Es el caso de Marcos Gómez Sancho, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, a quien el Servicio Canario de Salud no le permite continuar ejerciendo después de los 65. “Yo no quiero dejar de trabajar. Yo no quiero ser un parásito de la sociedad. No quiero vivir del Estado”, ha dicho apesadumbrado, tal como se recoge en el periódico La Provincia. Y no seré yo, desde luego, el que ponga en duda el beneficio que un profesional de la medicina de tan dilatada experiencia y reconocido prestigio podría seguir reportando a la sociedad. Mas tengo para mí que Gómez Sancho tendría que haber sido más circunspecto, como sin duda lo será cuando trate a sus pacientes terminales: ¿de verdad cree el buen doctor que los jubilados son unos parásitos sociales?

El TCA, una celebración sin euforia

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a semana pasada supimos que la ONU, ¡por fin!, había aprobado el primer Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), algo que distintas organizaciones venían reivindicando desde hace varios años. La aprobación del TCA ha sido celebrada por muchos colectivos, entre ellos Amnistía Internacional, que lo considera un gran logro que contribuirá a la protección de los derechos fundamentales de millones de personas en el mundo. Y es que el tratado de marras prohíbe la venta de armamento de distinta clase a aquellos países u organizaciones que incurran en violaciones de los derechos humanos, lo cual es en sí mismo positivo y por ello mismo lo celebramos.

            Mas sin dejar de reconocer el avance que supone que el comercio internacional de armas esté regulado por primera vez, lo cierto es que la eficacia del TCA despierta más de una duda, empezando por la que se refiere a las razones por las que habríamos de creer que este tratado se va a cumplir y que no se añadirá a la larga lista de resoluciones y tratados de la ONU que no se cumplen. Otro motivo para el escepticismo es la duda sobre quién será el que decida qué países respetan los derechos humanos y cuáles no. Pues a nadie se le escapa que la ONU no es precisamente una organización muy democrática precisamente porque la capacidad de decisión no es la misma para todos sus miembros. Los países más poderosos son los que forman parte del Consejo de Seguridad y, dentro de éstos, los hay con derecho a veto, los miembros permanentes, entre los que se encuentran algunos que, como China, no tienen ningún respeto por los derechos humanos, y otros como Estados Unidos que, aun constituyendo una de las más avanzadas democracias del mundo, viola siempre que le interesa -Guantánamo sería el caso paradigmático- los derechos humanos de las personas. ¿Serán estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU los que tengan que decidir a qué países se les pueden vender armas?

            Por lo demás, todos sabemos que la guerra constituye una de las mayores expresiones de violación de los derechos humanos, así como sabemos también que en muchas de las guerras participan las potencias occidentales -de nuevo Estados Unidos sería el paradigma- aunque lo hagan bajo el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos, que es como decir, por paradójico y ridículo que parezca, que se violan los derechos humanos para proteger los derechos humanos. A resultas de lo cual, damos la bienvenida al TCA y deseamos que de verdad contribuya a que disminuya el número de armas que circulan por el mundo, pero lamentablemente no podemos ser demasiado optimistas en este sentido. Aunque, eso sí, mejor con tratado que sin él, del mismo modo que mejor una ONU imperfecta que ninguna.

Que viene la anarquía

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nda Felipe González, el ex presidente soecialista, también ex socialista, preocupado porque, dice, la crisis económica se superará pero la política e institucional que ha traído consigo galopa hacia la anarquía. ¿Hacia la anarquía? No veo yo que el Estado, en cualquiera de sus formas, esté al borde de su disolución; antes al contrario, parece más fuerte que nunca, imponiendo su autoridad a golpe de decreto, criminalizando a quienes protestan y, en definitiva, cumpliendo su función principal que no es otra que servir a los intereses del capital, que es como no hace mucho se denominaba a los eufemísticos mercados. Pero al bueno de Felipe le preocupa además otra cosa: los niños. No todos los niños, claro está, sino aquellos que han sentido la presión de los escraches en la puerta de sus casas. Los otros niños, los que han visto cómo la policía, que no va precisamente armada con pegatinas, los han echado a ellos junto con sus familias de sus hogares le preocupan menos. Y es que en esta sociedad de clases los niños no son todos iguales, faltaría más. A ver si por una vez tiene razón el ex presidente y llega de verdad la anarquía para que todos los niños preocupen por igual.

La ONU, las armas, los desahucios y la lechera

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ecientemente un gran número de organizaciones celebraron que, ¡por fin!, la ONU había aprobado el primer Tratado sobre el Comercio de Armas. Por mi parte, y por más que albergue algunas dudas sobre la eficacia y el propósito del tratado en cuestión, no puedo sino sumarme a la celebración, en la esperanza, acaso cándida, de que ello contribuya a reducir la proliferación de armas en el mundo. Mas teniendo en cuenta que el tratado prohíbe la venta de armas a los países que violen los derechos fundamentales de las personas, y puesto que el derecho a una vivienda digna está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y que cuando se produce un desahucio en España los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de realizarlo acuden convenientemente armados para llevar a buen término su misión, ¿significa ello que la ONU va a prohibir la venta de armas a España o la argumentación anterior no es sino una versión más del cuento de la lechera?