Algunos déficits de la democracia española

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n más de una ocasión me he referido a los problemas de legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos, pues éstos no satisfacen como debieran las exigencias morales de libertad e igualdad que es lo que les da sentido, toda vez que el propio diseño de las democracias representativas hace que sea imposible el autogobierno de los ciudadanos, base de la democracia, así como la erradicación de las desigualdades sociales, requisito indispensable para la libertad. Sin embargo, hoy quiero hacer, un tanto kantianamente, como si el sistema representativo pudiera verdaderamente garantizar la igualdad social y conciliar los principios de libertad jurídica, según el cual ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no haya dado su consentimiento, y de igualdad jurídica, según el cual la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual, para referirme a algunos déficits democráticos de los que adolece la democracia española.

            El primero de estos déficits en el que me quiero detener hoy tiene que ver con la situación de las mujeres, concretamente con la brecha salarial, de sobra acreditada por numerosos estudios que demuestran que, en España, las mujeres cobran menos que los hombres. Quienes pretenden justificar tamaña injusticia arguyen que ello se debe a que las mujeres ocupan, por lo general, peores puestos que los hombres y que por lo tanto no se trata de una discriminación sexista. Mas al margen de que hay casos en los que a igual trabajo distinto salario, el hecho de que las mujeres ocupen mayoritariamente empleos peor remunerados es en sí mismo alarmante y un claro caso de discriminación por razón de sexo, es decir, un claro caso de falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres en este país que presume de ser una democracia avanzada.

          El segundo de estos déficits en los que hoy me quiero detener también tiene que ver con los derechos humanos, concretamente con los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España en los últimos tiempos. Las condenas a raperos o tuiteros, así como al joven que puso su rostro al Cristo crucificado, suponen un ataque a la libertad de expresión perpetrado por el propio Estado, que es precisamente el que habría de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, el respeto escrupuloso al derecho a la libertad de expresión. Mas tan preocupante, o más, que estos ataques a la libertad de expresión es el hecho de que la ciudadanía no termine de asumir que se trata de un derecho fundamental que debe respetarse siempre y no solo cuando el que lo ejerce dice o escribe aquello con lo que uno está de acuerdo. Y es que la defensa de la libertad de expresión ha de consistir fundamentalmente en reivindicar el derecho a expresarse libremente de los que no piensan lo mismo que nosotros, de quienes critican, con toda la carga de acidez que quieran, lo que pensamos nosotros, de quienes se mofan de nuestras creencias y opiniones, contra quienes sólo cabe esgrimir argumentos frente a la tentación de exigir la censura.

Una democracia marxista

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as sociedades modernas se distinguen de las premodernas en que en éstas las relaciones sociales se basaban fundamentalmente en alguna forma de servidumbre, mientras que en aquéllas son los valores de la autonomía y la igualdad los que, en principio, habrían de constituir los cimientos de las mismas, de suerte que las sociedades modernas aspiran a ser sociedades democráticas conformadas por individuos libres e iguales. Y para que ello sea así, se entiende, al menos desde Montesquieu, que en las democracias modernas los poderes del Estado deben estar separados, pues de lo contrario, la concentración de los tres poderes del Estado en un único individuo o grupo de individuos no solo favorecería el abuso de poder, sino que impediría el control del mismo, con lo que los principios de libertad e igualdad quedarían seriamente dañados y con ellos la misma democracia, tal como ésta se concibe en la modernidad.

            En efecto, no hay democracia sin separación de poderes y ello es algo que en las democracias contemporáneas tenemos plenamente asumido, hasta tal punto que la calidad democrática de los distintos países se puede medir atendiendo al grado en que esto se consigue. Por eso no es de extrañar que en España los partidos políticos cuando están en la oposición traten de deslegitimar al que gobierna acusándolo de no respetar la separación de poderes y que el que gobierna insista, para legitimarse a sí mismo, en que España es un Estado democrático y de derecho en el que el principio de separación de poderes es incuestionable. Estos papeles se los han venido intercambiando PSOE y PP según les haya ido tocando estar en el Gobierno o en la oposición y sus tesis han sido defendidas o reprobadas por los partidos nacionalistas en función de sus propios intereses que, hasta la irrupción del independentismo catalán, eran más bien exclusivamente económicos.

            Pero dejando los intereses partidarios de lado, lo cierto es que la deseable separación de poderes en España ha sido siempre insuficiente. Empezando porque es el Parlamento el que elige al presidente del Gobierno, con lo que, de entrada, el legislativo y el ejecutivo no están en absoluto separados. Y si bien es cierto que el Parlamento puede ejercer de vigilante del Gobierno, también lo es que cuando el partido que gobierna tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el control que se supone debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo se disuelve completamente. Esto, no obstante, se ha venido asumiendo como un mal menor siempre que el poder judicial se mantuviera como un poder independiente. Mas si tenemos en cuenta el modo en que son elegidos los miembros de las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, entonces ya solo podemos concluir que en España la separación de poderes es como esas habitaciones de hotel con entrada independiente pero comunicadas internamente. Si encima añadimos las llamadas del Gobierno al Tribunal Constitucional o el esperpento de la argumentación política del juez Llarena para no detener a Puigdemont en Dinamarca, entonces habremos de convenir que la democracia española es más bien marxista, es decir, la propia de una película de los hermanos Marx.   

A propósito de una confusión

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l caso del ya exdirector del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, Jordi Hernández Borrell, ha vuelto a sacar a la palestra una vieja confusión que se remonta, al menos, a los albores de la modernidad. Como se sabe, Borrell ha sido protagonista de un escándalo de homofobia al dirigir varios tuits contra el líder del PSC, Miquel Iceta (abiertamente homosexual, y a mucha honra), a quien además de considerar “un ser repugnante”, le acusa de tener los “esfínteres dilatados”: todo un alarde de finura en el campo de la crítica política. Los exabruptos del todavía profesor universitario, por los que ha tenido que dimitir de su cargo al frente del instituto científico, no merecen más comentarios. Quisiera, en cambio, llamar la atención sobre la confusión a la que nos referíamos hace un momento. Y es que buena parte de los analistas y tertulianos que han comentado este asunto se han mostrado tan escandalizados por los insultos como por el hecho de que quien los haya proferido sea todo un profesor universitario, un científico: ¡como si la catadura moral de un hombre dependiera de su formación técnica!

            A mi juicio, cuando alguien se sorprende de que una persona con una sólida formación científica pueda incurrir en una bajeza moral de esta clase, comete el mismo error que cometieron los ilustrados del siglo XVIII, quienes tenían tanta fe en la razón, que estaban convencidos de que el progreso científico y técnico habría de traer consigo el progreso moral. Un error comprensible en el Siglo de las Luces, pero que hoy, tras la experiencia del siglo XX, no nos podemos seguir permitiendo. En efecto, el exterminio judío a manos de los nazis o la bomba atómica constituyen buenas muestras de que los avances de la ciencia no necesariamente han de traducirse en avances éticos, pues, de hecho, bien pudieran implicar un grave retroceso moral: ¿habrían sido posibles semejantes actos de barbarie sin el concurso de la ciencia y de algunos científicos?

           Éste no es, en cualquier caso, un artículo contra la ciencia ni mucho menos contra la razón, pues, como escribiera con acierto Javier Muguerza, hace ya 40 años, “esa razón es, sin embargo, nuestro único asidero”. Se trata simplemente de dejar claro que la formación científica no garantiza la solidez de las convicciones morales, como el caso Borrell ha venido a recordarnos. Y no lo hace porque se trata de ámbitos distintos: no es lo mismo el uso que hacemos de la razón cuando tratamos de alcanzar la verdad, que es lo que hace la ciencia, que el que hacemos de ella cuando nos preguntamos qué debemos hacer, cuestión ésta que constituye la pregunta ética por antonomasia y es, por ello mismo, un asunto irreductiblemente filosófico. De lo que se desprende que tan importante ha de ser la instrucción técnica de nuestros jóvenes, como su formación en valores, por lo que harían bien los responsables de Educación, ahora que parece que hay un pacto en ciernes, en incrementar el número de horas dedicadas a la Ética y a los derechos humanos. 

La era de la tecnociencia

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n la reflexión filosófica sobre la ciencia y el conocimiento, la técnica y la tecnología ocupan un lugar central, pues por más que podamos considerar la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo, lo cierto es que constituye al mismo tiempo un medio para alcanzar otros fines, de ahí que el saber presente una dimensión indudablemente pragmática. Es esa dimensión pragmática del conocimiento la que hace entrar en juego a la técnica y a la tecnología, las cuales permiten al ser humano alcanzar sus propósitos y son posibles gracias al desarrollo del conocimiento. Como se ve, técnica y tecnología están íntimamente vinculadas entre sí y, a su vez, guardan relación con la verdad y el conocimiento, que son las que hacen posible su desarrollo, tal como acabamos de señalar, pero no debemos confundir la una con la otra.

          Una técnica vendría a ser la disposición a actuar siguiendo una regla verdadera o, dicho de otro modo, poner en práctica una técnica consiste en establecer los medios adecuados para la consecución de un fin. El desarrollo de una técnica exige pues un cierto grado de conocimiento, mas cuando la técnica en cuestión depende del conocimiento científico, entonces hablaríamos de tecnología, de lo que se desprende que toda tecnología es una técnica pero no toda técnica es tecnología, pues para que una técnica pueda ser considerada tecnología en sentido estricto ha de estar basada en el conocimiento científico. Así pues, podemos definir la tecnología como la aplicación del conocimiento científico a la satisfacción de los deseos o intereses humanos. Y esta tecnología generada gracias a la aplicación de la ciencia ha cobrado una importancia crucial en el mundo actual, hasta el punto de que la ciencia parece estar al servicio de la tecnología, lo cual ha hecho que ciencia y tecnología deriven en una suerte de síntesis que se ha dado en llamar tecnociencia.

 En la actualidad hablamos de tecnociencia para referirnos no solo a la estrecha relación entre tecnología y ciencia sino para resaltar que en la sociedad del siglo XXI la principal función de la ciencia parece ser la de producir tecnología. En efecto, en la era de la tecnociencia, cada vez cuesta más seguir distinguiendo entre ciencias básicas y aplicadas debido al hecho de que la ciencia, como cualquier otra actividad humana, no es independiente del sistema socioeconómico en el que se desarrolla, y en el marco del capitalismo avanzado los intereses puramente científicos se entrecruzan con los intereses económicos, de suerte que el viejo ideal de la búsqueda del saber por el valor mismo del saber ha sido sustituido por la búsqueda del conocimiento por el valor de su aplicación a la satisfacción de los intereses humanos mediante la producción de tecnología y, en última instancia, a la generación de beneficios económicos. Y de ese modo la ciencia se ve desplazada por la tecnociencia y el conocimiento deja de ser considerado un fin en sí para convertirse en un simple medio al servicio de la economía, la cual parece impregnar, y dominar, ¡ay!, todas las esferas de la vida.

España, ¿un Estado fallido?

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na de las características distintivas del Estado, incluso en estos tiempos del imperio de las multinacionales y de entidades supraestatales como la Unión Europea, es que es soberano. Quiere ello decir que es la máxima autoridad en el territorio donde ejerce el poder, de suerte que todo individuo, grupo de individuos, empresa, fundación, asociación o entidad colectiva de cualquier índole que se halle en dicho territorio está sometido al poder del Estado. Y para que ello sea así, se entiende que el Estado dispone de los recursos necesarios para imponer su autoridad, de ahí que Max Weber definiera al Estado como aquella institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. Y es que, si el Estado no es capaz de imponer su autoridad, deviene por definición en lo que se ha dado en llamar un Estado fallido.

            Si alguien tenía dudas, la crisis de Cataluña ha dejado claro que España no es, desde este punto de vista, un Estado fallido. En efecto, el independentismo catalán constituye el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar el Estado desde la instauración de la democracia. Mayor aún, diría yo, que el terrorismo de ETA, hoy felizmente desaparecido. Ante el reto de la secesión nadie puede poner en duda que la respuesta del Estado ha sido contundente y que, artículo 155 mediante, ha sabido imponer su autoridad. Sin embargo, España se define no solo como un Estado, sino como un Estado social y democrático de derecho, y como tal cabe exigirle que cumpla con sus obligaciones en tanto que garante del respeto a los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948. La crisis de Cataluña ha dejado claro que España es un Estado, pero la situación de diferentes colectivos a los que no se les reconocen sus derechos humanos de modo efectivo deja en entredicho el carácter social y democrático de España.

          En efecto, la discriminación que todavía hoy sufren las mujeres en España por el mero hecho de ser mujeres constituye un atentado contra sus derechos humanos por más que éstos hayan sido formalmente reconocidos. Otro tanto cabe decir de las personas en riesgo de exclusión social. Y es que resulta inadmisible que en pleno siglo XXI casi el 30 por ciento de la población sea víctima de la pobreza, una cifra que se eleva al 44 por ciento en el caso de Canarias. Mientras la igualdad no sea un hecho, España seguirá siendo un Estado fallido, no en tanto que Estado, pero sí en tanto que social y democrático. Lo será al menos para las mujeres, que son más de la mitad de la población, y para todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, seres humanos concretos, de carne y hueso, cuyas vidas se ven truncadas víctimas de una desigualdad que el Estado no solo no combate, sino que incluso favorece.