Un Gobierno de regreso

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uando se constituyó el Gobierno de progreso por aquel lejano enero de este mismo año, ya advertía yo que no esperaba mucho de él, básicamente porque no espero nunca demasiado de ningún gobierno. Entonces, claro, no podíamos saber, al menos no lo sabíamos la inmensa mayoría de nosotros, la que se nos venía encima. Y eso que el coronavirus ya estaba causando estragos en China, pero la cosa no iba con nosotros, o eso, cándidos que somos, creímos, acaso porque era lo que queríamos creer. Así que mi falta de confianza en que el Gobierno nos diera demasiadas alegrías no tenía nada que ver, no podía tenerlo, con la gestión de la pandemia, sino más bien con mi desconfianza hacia cualquier gobierno, hacia el Estado como la institución de opresión que es, “con el que”, en palabras de Javier Muguerza, “sólo nos es dado relacionarnos como el siervo con el señor”; con el convencimiento de que, tal como señalara Henry David Thoreau, “el mejor gobierno es el que gobierna menos”, y mejor aún “el que no gobierna en absoluto”.

            Mas a pesar de la desconfianza que, ya digo, genera en mí cualquier gobierno, no escondí entonces que el pacto de progreso había logrado infundirme ciertas dosis de ilusión, siquiera fuera por librarnos del marianismo, pero sobre todo porque podía traer avances reales hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos, hacia un verdadero progreso en la libertad. En lo que a la igualdad se refiere, creo que es de justicia reconocer los esfuerzos del Gobierno, incluso ante la grave crisis económica y social que las medidas contra el coronavirus han generado. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, así como la prometida derogación de la reforma laboral del PP son, sin duda, medidas imprescindibles para construir una sociedad más justa, a pesar del rechazo que han causado entre los apocalípticos de la derecha y parte de la izquierda.  Y la derogación de la ley Wert, que todavía hoy sufrimos, si finalmente se produce, será también una buena noticia.

            Sin embargo, en lo que a la libertad se refiere, el Gobierno nos ha venido defraudando cada día un poco más. La suspensión, de facto al menos, de los derechos fundamentales durante el estado de alarma, el uso implacable de la “ley mordaza” que se había prometido derogar por autoritaria, las ruedas de prensa controladas por el ‘censor’ al inicio del confinamiento, la pretensión de que la información oficial fuera la única publicable, el “lapsus”, Marlaska dixit, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que ante los medios de comunicación afirmó que se trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, constituyen severos ataques a la libertad que, a mi juicio, resultan del todo inadmisibles en una democracia. Todo ello, sumado al último escándalo protagonizado por el ministro del Interior, una injerencia en el poder judicial en toda regla, hace que resulte imposible mantener la escasa ilusión que el nuevo Gobierno había generado, porque en algunos aspectos, los referidos a la libertad, más que de progreso parece un Gobierno de regreso.  

La doble moral

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a doble moral es esa repugnante propensión a considerar inmorales determinadas acciones cuando es otra persona la que las lleva a cabo, pero pensar que son correctas desde un punto de vista moral si el que las realiza es uno mismo. Como se ve, la doble moral es una inmoralidad en sí misma, al menos si asumimos, con Kant, que las normas morales, para ser verdaderamente morales, han de ser de validez universal, tal como el filósofo de Königsberg señalara en la primera formulación del imperativo categórico, ese principio formal que no da normas con contenido sino que establece las condiciones formales que debe cumplir una norma para ser ley moral, huyendo así de la moralina a la que los practicantes de la doble moral son tan aficionados y sentando las bases de la ética moderna.

            Esta doble moral es práctica habitual entre los españoles tanto si miramos a la izquierda como si miramos a la derecha. La derecha nacional, por ejemplo, no ha dejado de insistir en que se debieron prohibir las manifestaciones del 8-M, pues, a su juicio, constituyeron un importante foco de contagio del dichoso Covid-19 que contribuyó a la expansión del virus y, en última instancia, al incremento de las víctimas mortales. Sin embargo, esa misma derecha, tan indignada, convocó mítines en esos días y no critica con la misma vehemencia los multitudinarios eventos deportivos y de otra índole que tuvieron lugar ese mismo fin de semana por toda la geografía nacional. Es más, ahora sale a la calle exigiendo libertad y la dimisión del Gobierno y comete el mismo atentado contra la salud pública que, en su opinión, cometieron las feministas. Todo lo cual deja ver a las claras que lo que critica la derecha no es que las manifestaciones feministas fueran un foco de infección: se critica la movilización del 8-M por lo que representa, por las ideas de las manifestantes, es decir, se critica el feminismo y la idea de que hombres y mujeres han de ser reconocidos iguales en dignidad y derechos.

            Pero no crean que la doble moral es patrimonio exclusivo de la derecha, qué va. Ya digo que es práctica habitual tanto en la derecha como en la izquierda. La prueba la tenemos, otra vez, a propósito de las manifestaciones contra el Gobierno que desde el barrio de Salamanca de Madrid se han ido extendiendo a otros barrios y ciudades del país, también de Canarias. Y es que anda la izquierda rasgándose las vestiduras por estas protestas que, de nuevo, constituyen un peligro para la salud, dicen los alarmados izquierdistas, y amenazan con echar por tierra lo que con tanto sacrificio han conseguido los españoles. Pero no veo la misma indignación ante la multitud congregada para despedir a Julio Anguita o ante las manifestaciones que han aparecido en Vallecas. Una vez más, se comprueba que lo que preocupa no es tanto la salud sino las ideas de quienes, según los más afines al Gobierno, la ponen en peligro. Y es así como, olvidando las lecciones de Kant, la esfera pública se parece cada vez más a la barra de uno de esos bares en los que los futboleros criticamos las patadas de los defensas del otro equipo mientras aplaudimos las de los nuestros.

Entre la dignidad y la vida

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n un relativamente antiguo manual de Ética de cuarto de ESO, una asignatura hoy tristemente desaparecida de nuestro sistema educativo, coordinado por la filósofa Adela Cortina, se afirma que los derechos humanos tienen cinco características fundamentales: son universales, inalienables, prioritarios, imprescriptibles e indivisibles. De esas cinco características quisiera ahora detenerme en la última pues, siguiendo a Cortina, durante años he venido insistiendo en la indivisibilidad como uno de los rasgos definitorios de los derechos humanos. Quiere ello decir que los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como el Preámbulo, constituyen un bloque y que, por lo tanto, han de ser respetados todos a la vez. Es por ello que el Estado, que una vez redefinido como Estado de derecho tiene como función principal garantizar el respeto a los derechos humanos individuales, no puede aducir como pretexto para conculcar alguno de esos derechos fundamentales la protección de otros.

Sin embargo, a la luz que arroja la gestión de la pandemia, acaso convendría revisar este planteamiento, pues, en efecto, algunos de los derechos fundamentales como el derecho de reunión, manifestación o, sencillamente, el derecho a la libre movilidad, han quedado en suspenso durante varias semanas en virtud del decreto de estado de alarma. Y la razón aducida para tal suspensión, que algunos juristas consideran simple restricción pero que de facto al menos va bastante más lejos, ha sido la protección de la salud y, en última instancia, la vida de los ciudadanos. Es un hecho pues que no a todos los derechos recogidos en la Declaración Universal se les ha reconocido la misma validez, que es lo que se pretende cuando se afirma que son indivisibles, pues algunos de esos derechos, los que han quedado en suspenso, han sido supeditados a otros, cuya importancia ha sido considerada mayor por el Gobierno.

A pesar de lo expuesto, tengo para mí que el principio de indivisibilidad mantiene su validez intacta, pues lo más que cabría argüir es que los derechos humanos no son indivisibles de hecho, pero deberían serlo, pues nos va la dignidad en ello. Y es que el establecimiento de una jerarquía de los derechos humanos no solo atenta contra el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos de marras sino que resulta peligroso para la dignidad del ser humano, pues la dignidad sufre siempre que se conculca uno de esos derechos fundamentales y, una vez abierta la veda, nada hay que impida que en otro momento se suspendan determinados derechos bajo el pretexto de proteger otros: hoy se supedita la libertad a la salud y la vida, quién sabe qué derecho y bajo qué pretexto podrá ser suspendido mañana. Sócrates dejó dicho, a través de la pluma de Platón, que una vida sin ser pensada no vale la pena ser vivida. Hoy, parafraseando al de Atenas, podemos decir nosotros que una vida sin libertad es una vida sin dignidad que no merece vivirse. Aunque, claro está, no todos estemos dispuestos, como hizo Sócrates, a perder la vida para salvaguardar la dignidad.

Política en vez de ciencia

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ecía Aristóteles que el hombre tiene por naturaleza afán de saber. En efecto, el ser humano ha sentido desde siempre la necesidad de explicar el mundo que le rodea y de explicarse a sí mismo. De ahí que en todas las culturas los hombres hayan construido mitos con los que explicar la realidad: el origen del mundo, los fenómenos de la naturaleza, el propio ser humano, la existencia del bien y del mal, la vida, la muerte… Mitos con los que, en definitiva, los seres humanos hemos tratado de dar respuesta a las grandes preguntas que desde siempre nos han preocupado y, todavía hoy, nos siguen inquietando. En Occidente, ese afán por buscar la verdad dio lugar al nacimiento de la filosofía y de la ciencia en lo que se ha dado en llamar el paso del mito al logos, es decir, con el intento de responder racionalmente a esas grandes cuestiones.

            Con el tiempo, la ciencia se separaría de la filosofía y se convertiría en la forma más avanzada de conocimiento de la que disponemos, pero habría de pagar un alto precio por ello: renunciar a preguntarse por las causas últimas del ser, cuestión de índole metafísica, y reconocer que nada tiene que decir sobre el deber ser. Lo que viene a significar que la ciencia se erige como máxima autoridad para explicar los hechos, la realidad empírica, pero no puede pronunciarse sobre los valores, sobre el bien y la justicia, en una palabra, sobre la moral, asunto este que aún hoy sigue siendo un campo de investigación irreductiblemente filosófico y que constituye el objeto de estudio de la ética o filosofía moral. Todo lo cual no significa que la ciencia no tenga nada que ver con la acción pues, obviamente, presenta una clara dimensión pragmática. Simplemente ocurre que la ciencia puede señalar cuáles son los medios más adecuados para la consecución de un fin, pero nada tiene que decir sobre los fines mismos.

         Resulta claro entonces que la ciencia tiene límites. Incluso en su incesante búsqueda de la verdad, pues no puede hallar la verdad absoluta. Tampoco lo pretende, ya que semejante propósito sería más propio del dogmatismo de las religiones que del criticismo científico. La ciencia ha de conformarse con una verdad mucho más humilde, que aspira a ser objetiva pero que habrá de ser siempre revisable, como revisables han de ser los métodos empleados y los criterios de verdad asumidos. La propia historia de la ciencia muestra que la verdad no es definitiva y lo que ayer la ciencia daba por verdadero hoy puede no serlo. Sin embargo, ante la amenaza del coronavirus, le pedimos a la ciencia lo que no puede darnos, le pedimos certezas en tiempos de incertidumbre. Y exigimos a nuestros representantes que tomen decisiones amparados en la ciencia, cuando ni siquiera en la comunidad científica hay un consenso sobre cómo combatir al virus.  Y olvidamos, ¡ay!, que lo que hacen nuestros gobernantes es política en vez de ciencia.  

Enemigos de la libertad

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ivimos un tiempo en el que el acceso a la información, paradójicamente, puede resultar perjudicial para la siempre loable búsqueda de la verdad. En efecto, la saturación de información, sin necesidad de que la misma sea falsa, impide o dificulta al individuo estar bien informado, no digamos ya bien formado, por contradictorio que ello pueda parecer. De ahí que el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento no termine de fraguar en este incierto siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Mas si la sobreinformación resulta dañina, pues deja al individuo en la incertidumbre, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso ante la imposibilidad de analizar las ingentes cantidades de datos, aún más perniciosos son los bulos, fake news, noticias falsas, postverdades o como cada uno prefiera llamarlos, toda vez que su emisión y difusión responden al interés de manipular a la opinión pública en beneficio propio.

La era de las nuevas tecnologías genera las condiciones propicias para la proliferación de las noticias falsas. Sin embargo, hay que reconocer que, en última instancia, no son las TIC las responsables de este fenómeno. Ni siquiera constituyen la condición de posibilidad del mismo, pues la manipulación de la opinión pública se diría que es tan vieja como la humanidad. Y es que el monopolio de la verdad, o de lo que se considere verdadero, ha constituido siempre una fuente de poder: desde los brujos, hechiceros y sacerdotes de distinto pelaje hasta los científicos actuales, la prerrogativa de establecer qué es verdad y qué no otorga al que la tiene el poder para decidir cómo se debe actuar, del mismo modo que la razón teórica, la que indaga acerca de la verdad, determina a esa clase de razón práctica que es la razón instrumental, la que señala qué medios se deben poner en práctica para alcanzar determinados fines.

Cómo saber cuáles hayan de ser esos fines, nuestros fines últimos, fines en sí mismos, que en definitiva es en lo que consisten nuestros valores, y si hay alguna suerte de razón práctica capaz de establecerlos, es otra cuestión. Pero si convenimos que la dignidad del ser humano es uno de esos fines y que esta se sustenta en la libertad y la igualdad, tal como, de hecho, se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces todo ataque a la libertad de expresión nos debe parecer reprobable. Es por ello que el intento del Gobierno de la mano del CIS de Tezanos de legitimar la censura resulta inaceptable, pues bajo el pretexto de la lucha contra los bulos y las fake news no se puede cercenar el derecho de cada individuo a expresar libremente sus ideas sobre el tema que quiera, sea un experto o no. Y es que entre la falsedad, la calumnia o la injuria y la verdad fidedigna hay muchos grados. Por lo demás, el dogma es tan enemigo de la verdad como la mentira. Y los enemigos de la verdad lo son también de la libertad.