Mantener la paz social

 

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ace ahora casi un año que el movimiento Black Lives Matter resurgió con fuerza en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía. El crimen de marras desencadenó una ola de protestas no solo para denunciar la mencionada actuación policial sino para rechazar el racismo que, todavía hoy, trufa la sociedad estadounidense. El asesinato de Floyd no fue sino el detonante del estallido social contra la discriminación secular de los negros en Estados Unidos. Discriminación que también sufren, en mayor o menor medida, otras minorías étnicas. Las protestas, se recordará, no fueron pacíficas: hubo disturbios y violencia en las calles, pero, así y todo, fueron aplaudidas por las sociedades de los países democráticos. Tan solo Donald Trump, todavía presidente, y sus afines criticaron los disturbios callejeros y fueron vilipendiados por ello, pues ante la violencia descomunal que supone el racismo en general y el asesinato de Floyd en particular, la violencia callejera era, a todas luces, una cuestión menor.

            En el otoño de 2018 emergió en Francia el célebre movimiento de los chalecos amarillos. El detonante del conflicto, entonces, fue la subida del precio del combustible, pero la realidad es que los chalecos amarillos protestaban por las políticas implementadas por Emmanuel Macron que, a su juicio, habían causado la progresiva pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas francesas. La violencia captó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública francesa e internacional, pero no solo la practicada por los chalecos amarillos, sino también la ejercida por la policía para reprimir la protesta. En la primavera de 2019, tras el resurgir del movimiento, se abrió un debate en torno a los métodos policiales. Incluso la comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, instó en una declaración pública a que se investigara el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Un año después del inicio de las protestas, Macron declaraba que los chalecos amarillos le habían enseñado a escuchar a los ciudadanos.

            En el otoño de 2019 la violencia se adueñó de las calles de Chile. El detonante del estallido social, esta vez, fue la subida del precio del billete de metro. Un año más tarde Chile tenía una nueva Constitución. En estos días, el estallido social ha tenido lugar en España. El encarcelamiento de Pablo Hasél a cuenta de unas canciones ha sido la chispa que ha encendido las llamas de la revuelta. Se protesta en defensa de la libertad de expresión, un derecho fundamental, y la violencia ha vuelto a centrar la atención. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares, afortunadamente, aquí no ha habido muertos: el mayor daño personal se lo ha llevado una de las manifestantes, que ha perdido la visión de un ojo. Pero parece haber mayor interés en los contenedores quemados y en los escaparates rotos que en el trasfondo de la protesta. No estaría de más que recordáramos que los jóvenes de hace 10 años, los del 15-M, son la primera generación en la historia de España que vive peor que sus padres y que a los jóvenes actuales se les está robando el futuro. Y así es muy difícil, además de profundamente injusto, mantener la paz social.

Yo soy Pablo Hasél

 

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s evidente que en España tenemos un problema con los derechos humanos y, según creo, para darse cuenta de ello, “no se requiere ninguna capacidad de aguda distinción ni cabeza de metafísico”, que diría David Hume. Basta con ver las cifras de pobreza, en la que ya se encuentra casi el 29 por ciento de la población, más del 30 por ciento en el caso de Canarias, para comprobar que nuestra democracia, tan plena, tiene un déficit importante en lo que se refiere al respeto efectivo de los derechos humanos de la segunda generación, los económicos, sociales y culturales, los denominados derechos positivos, que también figuran, con el mismo rango de importancia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Unos derechos que, siendo derechos humanos, están presentes en la Constitución, pero ni tan siquiera forman parte del capítulo dedicado a los derechos fundamentales, tal es la importancia que nuestro régimen jurídico les otorga.

            El problema de España con los derechos humanos no se agota en la falta de respeto a los derechos positivos, pues también en el ámbito de los derechos civiles y políticos España tiene problemas que resolver, como nos recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con más frecuencia de la que cabría esperar en una democracia que pretende ser de las más avanzadas del mundo. Y es que dejando a un lado la escasa capacidad de autogobierno real de los ciudadanos, esencia de la democracia y problema común a todos los regímenes democráticos realmente existentes, resulta evidente que en España tenemos un problema con la libertad de expresión. No se trata de que este derecho fundamental no esté reconocido, ni mucho menos que se persiga sistemáticamente, como prueba la pluralidad de medios de comunicación y de opiniones diferentes publicadas a diario. Pero desde luego no está suficientemente bien protegido, como también nos recuerdan los casos de los tuiteros, raperos y titiriteros que han visto cercenado su inalienable derecho a la libertad de expresión, condenados en un Estado que se define como social y democrático de derecho y cuya función principal habría de ser, por ello mismo, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

            Mas ocurre que el Estado, por muy social y democrático de derecho que se defina, es siempre, antes que nada, Estado, una institución violenta por definición, ya lo decía Max Weber, que en el mejor de los casos ejerce el poder a través del derecho, un sistema normativo que es siempre coactivo y heterónomo, y con el que, para expresarlo en palabras de Javier Muguerza, “solo nos es dado relacionarnos como el siervo con el señor”. Sin embargo, es obvio que no todas las formas de Estado son iguales, y que mientras más democrático sea un Estado, más respetuoso será con los derechos humanos. De ahí que, pese a todo, merezca la pena seguir luchando por democratizar más el Estado, seguir aspirando a formas cada vez más genuinas de democracia. Y ello pasa por exigir el más profundo respeto a la libertad de expresión de todos: de aquellos que piensan como nosotros, pero, sobre todo, de quienes piensan de un modo distinto, incluso de quienes defienden opiniones que nos puedan parecer repugnantes moral, estética o políticamente. Y es desde esta convicción que hoy afirmo y creo que todos deberíamos afirmar: Yo soy Pablo Hasél.

Una democracia genuina

 

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as declaraciones de Pablo Iglesias en torno a la normalidad democrática en España han vuelto a abrir el debate público sobre la democracia, lo cual no ocurría desde la irrupción del 15-M, hace ahora casi 10 años. Ciertamente, no está siendo éste un debate reflexivo, sosegado, como sería deseable, sino que más bien es una discusión en la que se apela más a las emociones que a las razones, como viene siendo habitual en esta era de la postverdad y de crispación política nacional. Se comprende así la ingente cantidad de reacciones que han generado las declaraciones de Iglesias, procedentes tanto desde la clase política como mediática, las cuales más que argumentos en contra de lo planteado por el vicepresidente, que también los ha habido, han consistido en la exasperada exhibición de los sentimientos patrióticos, siempre tan susceptibles de ser ofendidos. Mas a pesar de que la discusión sea más emotiva que racional, hay debate sobre la calidad de nuestra democracia, y ello es siempre una buena noticia para los demócratas.

            La valoración que cada uno haga de la democracia española dependerá de lo que considere que debe ser una democracia genuina, pues ésta constituye el ideal democrático con el que se debe comparar la democracia realmente existente para poderla valorar en su justa medida. En lo que a mí respecta, considero que la democracia es antes que nada una exigencia ética, pues deriva de la obligación moral de respetar los derechos humanos. Y es que, si convenimos en que los derechos humanos son “exigencias morales”, como afirmaba el filósofo Javier Muguerza, entonces la democracia es, como digo, una exigencia ética, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país” y que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. La democracia consiste pues en el autogobierno de los ciudadanos, y aunque en la propia DUDH se señala que la participación política se puede llevar a cabo directamente o a través de los representantes libremente elegidos, tengo para mí que una ciudadanía que se autogobierna no puede limitar su participación política a la elección periódica de representantes: una democracia genuina, que no plena, debe ser deliberativa, directa y participativa, y no meramente representativa.

    En tanto que autogobierno de los ciudadanos, la democracia es, en primera instancia, un procedimiento para la toma de decisiones públicas. Mas si la razón de ser de la democracia es el respeto a los derechos humanos, entonces parece claro que las decisiones democráticas no pueden ir nunca en contra de lo establecido por esos derechos, de lo que se desprende que la democracia, además de procedimental, habrá de ser también sustantiva. Procedimental, porque se deben respetar escrupulosamente, desde el punto de vista formal, los procedimientos en los procesos de toma de decisiones públicas, así como los derechos civiles que protegen la libertad de los individuos, lo que en España no siempre se cumple. Y sustantiva, porque en una democracia genuina se debe garantizar la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales, los que protegen la igualdad entre los individuos y por ende la libertad de todos y cada uno, lo cual es incompatible con los niveles de pobreza existentes en la, según algunos, plena democracia española. 

¿Una democracia plena?

 

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ablo Iglesias lo ha vuelto a hacer. Una vez más ha conseguido soliviantar al patio político y mediático con sus reflexiones sobre la calidad de la democracia española. Y es que, según Iglesias, “en España no hay plena normalidad democrática”. Lo ha dicho en varias ocasiones en los últimos días y, al menos en la primera de ellas, lo afirmó en calidad de vicepresidente del Gobierno, que es lo que no le perdonan los más críticos con las palabras del líder de Podemos. Es así que desde el otro lado del Gobierno, han sido varias las ministras que se han lanzado a discrepar públicamente de la denuncia de Iglesias, insistiendo en que España es una de las pocas democracias plenas que existen en el mundo según la revista The Economist. Tal es la indignación, que hasta la asociación La España que reúne ha presentado un manifiesto, firmado por antiguos dirigentes del PSOE, el PP y Ciudadanos, entre otros, en el que se pide que Pedro Sánchez destituya a Pablo Iglesias.

            A mi juicio, el concepto de democracia plena que emplea The Economist y enarbola la España biempensante no puede ser más desafortunado, pues se diría que cuando una democracia alcanza su plenitud ya no puede seguir avanzando en calidad democrática. Y es que cuando se afirma que España es una democracia plena se está diciendo que es una democracia completa, luego no le falta nada y no puede mejorar. Ello no casa bien con la escala que la propia revista establece, porque España ocupa el puesto 22, lo que significa que hay otras 21 democracias que son más plenas, lo cual es un sinsentido: si son democracias plenas deberían estar todas al mismo nivel o, sencillamente, cambiar el calificativo de plena por otro más preciso. Sea como fuere, que España ocupe el puesto 22 de las democracias mundiales es una buena noticia, pero ello no significa que nuestra democracia no sea manifiestamente mejorable ni que las críticas de Iglesias, que bien pueden entenderse como autocríticas, no sean pertinentes.

            El filósofo español José Luis L. Aranguren distinguió la “democracia establecida”, la democracia realmente existente, de la “democracia como moral”, régimen ideal, siempre por realizar, que constituye el fundamento de la democracia establecida y ha de servir, asimismo, de instancia crítica desde la que vigilar la democracia establecida en aras de su mejora y superación. Y si asumimos la validez de la perspectiva de Aranguren, entonces creo que las críticas de Iglesias a la democracia española no están en absoluto fuera de lugar. Y es que más allá de la anomalía democrática que supone que los líderes independentistas estén en la cárcel o en el exilio, España presenta algunos déficits democráticos insoslayables: los ataques a la libertad de expresión, la quimera de la separación de poderes, la pestilencia de las cloacas del Estado, el trato a los migrantes en Canarias, la desigualdad entre hombres y mujeres son solo algunas muestras de las faltas democráticas de España, amén de los inaceptables niveles de pobreza, una violación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en toda regla, que hacen que la democracia española siga estando muy lejos de su plenitud.

El derecho a decidir

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a caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento del socialismo real supuso la crisis de los movimientos sociales emancipatorios, al menos de aquellos movimientos más radicales en el sentido de que se oponían a la raíz de la alienación de los individuos, es decir, el sistema capitalista. En ausencia de un movimiento social fuerte que se marcara como objetivo el derrocamiento del capitalismo, la emancipación humana por la vía de la abolición de las clases sociales, han proliferado y cobrado protagonismo otros movimientos sociales que han sido calificados de débiles en el sentido de que, aun promoviendo transformaciones importantes, no se centran en la superación del capitalismo. Entre estos movimientos destacan sobre todo tres, el pacifismo, el ecologismo y el feminismo, por su pervivencia en el tiempo y por su transversalidad nacional e internacional, al menos en lo que a los países democráticos se refiere: estos movimientos están presentes en todas las democracias, también en regímenes no democráticos, y además atraviesan todas las clases sociales.

De los movimientos sociales débiles que hemos mencionado, el pacifismo y el ecologismo estarían más vinculados al paradigma de la supervivencia; el feminismo, en cambio, es el único que seguiría instalado en el paradigma de la emancipación, pues la liberación de las mujeres constituye, como es obvio, su razón de ser. El potencial emancipador del feminismo resulta a todas luces indudable, tanto si atendemos a las conquistas sociales logradas, como a las que aún están por alcanzar. Por lo demás, pese a que, creo que con justicia, lo hayamos caracterizado de movimiento social débil, a nadie se le esconde que el feminismo es un movimiento plural y que en su seno alberga también a corrientes que consideran que la emancipación de las mujeres no está al margen de la lucha de clases y que sin la superación del capitalismo no será posible la liberación femenina, afirmación esta que, evidentemente, no aceptan las militantes del denominado feminismo liberal o, si se me permite, feminismo de derechas. Mas las divergencias en el seno del feminismo no se agotan aquí, acaso ni siquiera sea este, hoy en día, el principal de los desacuerdos, sino que éstos tienen más que ver con la relación del feminismo con el movimiento LGTBIQ y con la prostitución femenina.

Quienes seguimos militando a favor de la autonomía del individuo, se trate de hombres, mujeres o lo que cada quien quiera ser, no podemos sino disentir de aquella corriente del feminismo, por muy hegemónica que sea si es que lo es, empeñada en negar el derecho del individuo a elegir su propia identidad, en comunión con la más rancia de las derechas, como tampoco podemos ver con buenos ojos que se niegue el derecho de cada cual a disponer de su cuerpo como considere oportuno, que es lo que, en última instancia, se ventila en el debate en torno a la prostitución. Se trata de cuestiones que han de resolverse en el seno del propio movimiento feminista, pero que, no lo olvidemos, nos afectan a todos los seres humanos, pues la emancipación de las mujeres es asunto de la humanidad entera, toda vez que cuando se atenta contra la dignidad humana, siquiera sea en un solo individuo, se atenta contra la humanidad. Y ello ocurre siempre que se niega al individuo el derecho a decidir: a decidir quién quiere ser o a decidir qué quiere hacer con su propio cuerpo.