Antisistema

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n estos tiempos de crisis económica, social y política, de crisis total, vaya, el término antisistema aparece con frecuencia en la boca o la pluma de políticos profesionales, empresarios, periodistas, analistas, intelectuales y demás gente dada a realizar comentarios sobre la tremenda situación que estamos padeciendo la mayor parte de nosotros. Tanto es así que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) lo recogerá en su vigésima tercera edición, tal como figura en el avance que se puede consultar en Internet. Y aunque según el DRAE la palabra de marras es un adjetivo, suponemos que calificativo, bien podríamos considerarlo, a tenor del uso que de él hace la mayoría de quienes lo emplean públicamente, como un adjetivo descalificativo. Y es que el vocablo antisistema se emplea a menudo como sinónimo de violento o antidemocrático para arrojarlo sobre aquellos a quienes se pretende descalificar.

            Según el DRAE, antisistema significa “contrario al sistema social o político establecidos”, tal como cualquiera podría inferir, sin necesidad de ser académico. Como se observa con facilidad, la violencia o la democracia no aparecen por ningún lado. Y si damos por buena la definición de la Real Academia, por más que ésta deba establecer la definición de las palabras a partir del empleo que de ellas hacen los usuarios de la lengua, no podemos sino preguntarnos de dónde surge entonces ese sentido perverso con el que muchos utilizan el término antisistema. La clave radica en limitar la descalificación de antisistema sólo a aquellos que se oponen al orden establecido allí donde existe una democracia representativa. De este modo, quien se opone al sistema, se opone a la democracia y lo de violento le cae por añadidura, pues quien no es democrático, no respeta la voluntad de los demás y trata de imponer la suya por la fuerza, es decir, violentamente.

            La argumentación sería plausible si se aplicara sólo a aquellos partidarios, por las razones que fuese -más bien sinrazones- de implantar un régimen dictatorial, pero pierde todo su sentido cuando quienes se oponen a la democracia tal como está implantada hoy, lo hacen porque consideran que adolece de demasiados déficits que la vuelven, paradójicamente, antidemocrática. Pues quienes hacen suya la tesis de que sin justicia no hay democracia, porque la democracia implica la igualdad política y ello no es posible sin igualdad económica y social, quienes suscriben la tesis de que democracia significa que cada uno ha de poder participar directamente en la toma de decisiones públicas que le afectan, son ciertamente antisistemas, pero en ningún caso habrán de ser tomados por antidemocráticos ni por violentos. Antes al contrario, son ellos, los antisistemas que reclaman más libertad, más igualdad, más justicia, en definitiva, más democracia, quienes podrían acusar a los pro sistema de violentos y antidemocráticos, toda vez que apuestan por un sistema cuyas carencias democráticas se revelan cada día con más claridad y cuya violencia es patente a la luz de las tremendas injusticias que promueve.

Marx en el PP

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n fantasma recorre Génova: el espíritu de Marx, que ha venido a adueñarse de la cúpula del PP. Ya ven, tan serios, tan formales y, al final, han terminado por abrazar el marxismo. Prueba de ello son las ininteligibles declaraciones de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien afirmara hace unos días que Luis Bárcenas fue despedido en abril de 2010, pero que como se pactó una indemnización en diferido ha habido que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la simulación de sus retribuciones. Si alguien lo entiende, por favor, que nos lo explique. Claro que Cospedal sólo sigue la senda abierta por su jefe, Mariano Rajoy, quien con la lucidez y claridad que nos tiene acostumbrados ya dijo hace un par de semanas que lo contenido en los papeles de Bárcenas es una total y absoluta falsedad, menos lo que es cierto, que es lo publicado en los medios. Marx en estado puro. Groucho Marx, por supuesto, pero con mucha menos gracia.

Las recomendaciones de la OCDE

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a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es uno de esos organismos internacionales de dudosa legitimidad que se dedica a dar recomendaciones, tanto a los países miembros como a los que no lo son, sobre las políticas que deben ser implementadas en aras de la buena marcha de la economía. Con el pretexto de estimular el crecimiento económico, la OCDE lleva a cabo una suerte de apología del neoliberalismo, cuyos resultados, más allá de si alcanzan el pretendido objetivo del crecimiento de la economía, suelen ser bastante perjudiciales para los más desfavorecidos de la sociedad en los países más ricos, no digamos ya en los más pobres. Y es que por más que su objetivo declarado sea “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”, lo cierto es que las políticas de marras por lo general consiguen mejorar las condiciones de vida de las élites económicas en perjuicio del resto.

            Una muestra de cómo pretende la OCDE fomentar el bienestar económico y social la constituye el último informe anual presentado en Moscú el pasado viernes, en especial, por la parte que nos toca, las recomendaciones a España. Entre las diversas perlas ofrecidas por su secretario general, Ángel Gurría, cuyo salario lo desconozco pero lo presumo astronómico, se halla la receta mágica para los tiempos de crisis: la moderación salarial. Según Gurría, en España es necesario suprimir la extensión legal de los convenios colectivos y ajustar los salarios a las condiciones económicas del momento. La propuesta de Gurría no puede sino causar indignación, toda vez que los salarios ya se han reducido de hecho tanto en el sector privado como en el público, mientras que quienes se sientan en el consejo de administración de cualquiera de las grandes empresas españolas tienen unos ingresos anuales de cientos de miles de euros cuando no superan el millón. Y no contento con su propuesta de ajustar los salarios -ya sabemos de quiénes- a las condiciones actuales, Gurría insistió en que las prestaciones por desempleo sólo se deben abonar a quienes busquen activamente un trabajo. ¡Como si de repente en los últimos años millones de personas hubieran decidido dejar de trabajar para irse a cobrar el paro!

            El informe de la OCDE presentado por Gurría tampoco dejó bien parado al sistema educativo español ni, por extensión, a los profesionales de la enseñanza. Y es que según Gurría, el bajo nivel de la educación española, tanto secundaria como universitaria, incide negativamente en el empleo, pues hace que los trabajadores sean poco competitivos. Y desde luego hay que reconocer que el sistema educativo admite mejoras, empezando por aquella que consiste en no cambiar el marco legal cada vez que un partido político se hace con el gobierno, pero no será tan malo cuando nuestros titulados universitarios son demandados en países con economías tan competitivas como Alemania.

Boutade nogueroliana

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segura José María Noguerol, en un elogio de la figura de Eugenio Trías tras su reciente fallecimiento, que éste es “el único filósofo español de los últimos cien años” porque Ortega no pasó de ser un “periodista bienpensante -sic-, con ambición de sistema filosófico, pero incapaz de construirlo.” Y digo yo que para elogiar a Trías no hay por qué desmerecer al resto de los filósofos españoles que en el último siglo ha habido; que Ortega tiene bien ganado su reconocimiento como filósofo, con sistema o sin él, como lo tienen igualmente, por citar unos cuantos, José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez, Xavier Zubiri, José Luis L. Aranguren, Javier Muguerza, Victoria Camps, Celia Amorós y muchos otros de quienes, sin duda, Noguerol habrá oído hablar alguna vez.

Parodias

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l gran Francisco Ibáñez llevó a cabo la mejor parodia conocida de la central de inteligencia de Estados Unidos cuando creó la T.I.A., la esperpéntica agencia en la que prestan sus servicios los celebérrimos Mortadelo y Filemón. En el mundo real, que es en el que creemos vivir, los agentes de la C.I.A. han tenido que vérselas, al menos mientras duró la guerra fría, con sus homólogos soviéticos del K.G.B., mientras que en el universo imaginario de Ibáñez, los más acérrimos enemigos de los agentes de la T.I.A no son otros que los de la agencia rival: la A.B.U.E.L.A. Ibáñez se adelantó a su tiempo al no parodiar al K.G.B., pues en cierto sentido vislumbró antes que nadie que rusos y estadounidenses acabarían formando parte del mismo bando. Mas para que el K.G.B. no se quedara sin su álter, el bueno de Luis Bárcenas, suponemos que por puro romanticismo, se encargó de parodiar a la agencia soviética al fundar en el PP la K.JA.B. Y lo hizo al más puro estilo de las agencias de espionaje, es decir, de la manera menos transparente posible.

            En el  PP parecen haberle cogido el gusto a las parodias. Muestra de ello son las declaraciones de su presidente, también presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien, en un nuevo alarde de opacidad, hizo de sí mismo la parodia de Kant, al afirmar que ha incumplido sus promesas, pero ha cumplido con su deber. En efecto, Kant afirmaba que lo constitutivo de la moral es el deber, de ahí que, en su opinión, sólo actúa moralmente quien lo hace por deber, pues ni siquiera es suficiente actuar conforme al deber para cumplir con la obligación moral. Y el principal deber de todo ser humano es, para Kant, tratar siempre a la humanidad como un fin, y nunca sólo como un medio, pues a su juicio, y también al nuestro, los seres humanos son fines en sí mismos, es decir, son seres que dotados como están de razón tienen autonomía y por tanto dignidad. Y el recto Mariano, más kantiano que nadie, dice haber incumplido sus promesas para así cumplir con su deber. Lo que no dice es por qué el cumplimiento del deber le ha exigido incumplir sus promesas, como tampoco explica cómo casa el cumplimiento de su deber con el continuo ataque del Gobierno a la dignidad de las personas, las cuales más que fines en sí resultan meros medios para los fines de la clase politicapitalista.

            Mas la mayor de las parodias llevadas a cabo esta semana por la farándula política ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, auténtica parodia de un parlamento democrático. Y es que si en ese lugar es donde se supone que está representada la soberanía nacional, la cual reside en el pueblo español según la Constitución, no se entiende cómo es posible que allí haya tenido lugar una comparecencia a puerta cerrada. Menos aún cuando el compareciente de turno no es otro que el mismísimo Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. ¿Dónde quedan los derechos fundamentales a la información y a la libertad de expresión, pilares de cualquier sistema digno de ser tenido por democrático? 

¿Contra la política y la democracia?

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ecientemente comentaba el hecho de que la ciudadanía se halle cada vez más lejos de la denominada, a su pesar, clase política, por mor de los continuos casos de corrupción que afectan a las élites de los grandes partidos y, sobre todo, a causa del deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, y por más que debamos considerar la corrupción como algo estructural en las democracias contemporáneas, ello no debe confundirse ni con el alejamiento de los ciudadanos de la política ni con el rechazo de la democracia, pues ni la primera ha de identificarse con la clase política ni la segunda con el modelo de democracia liberal representativa del que disponemos, cuya asociación con el capitalismo, por lo demás contradictoria, es el origen de la corrupción estructural que padecemos casi todos y de la que disfrutan unos cuantos.

            A pesar de que muchos desengañados pretendan renegar de la política cuando dicen no ser ni de derechas ni de izquierdas o se tildan a sí mismos de apolíticos, tengo para mí que la cuestión no es tan sencilla, puesto que si entendemos la política como la actividad mediante la cual los seres humanos regulan y organizan la cosa pública, difícilmente a alguien le dé igual cómo se organice la sociedad en la que vive, pues de ello depende su propia forma de vida. Parafraseando al filósofo José Luis L. Aranguren, quien señalara con acierto que el ser humano puede ser moral o inmoral, pero en ningún caso podría se amoral, pues la libertad inherente a su naturaleza lo hace ser constitutivamente moral, podemos nosotros decir ahora que en ningún caso se puede ser apolítico, pues al individuo, en tanto que ser social, en tanto que zoon politikon, no le pueden resultar indiferentes los asuntos de la polis, pues él mismo es miembro de la sociedad, por lo que los asuntos de la misma son sus propios asuntos.

            Cosa distinta es que se reniegue de los partidos o de la clase política, pero ello no convierte a nadie en apolítico, puesto que tal rechazo es ya de suyo una decisión política. Y la abominación de marras tampoco ha de confundirse con el denuesto de la democracia, pues si la democracia tal como la conocemos hoy es estructuralmente corrupta, ello no debe llevarnos a abogar por ninguna suerte de totalitarismo, ya que los regímenes totalitarios constituyen la corrupción en sí misma toda vez que por definición atentan contra la dignidad de las personas. Antes al contrario, de lo que se trataría ahora es de defender la democracia buscando formas más genuinas, lo que sin duda pasa por la instauración de mecanismos horizontales en los procesos de toma de decisiones públicas, para que los individuos sean verdaderamente ciudadanos y se tornen en los auténticos protagonistas de la política, así como por una distribución igualitaria de la riqueza. Y es que la democracia consiste en el autogobierno de los ciudadanos y ello no es posible cuando unos son ricos y otros son pobres.

La perversión de los 'contrafácticos'

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as últimas declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con respecto a los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hace unos días muestra una vez más la afición de nuestros gobernantes a los contrafácticos. Y es que según la ministra, a pesar de que en España haya casi seis millones de parados y de la grave recesión económica por la que atraviesa el país, el Gobierno está implementando las medidas necesarias para salir de la crisis y, seguidamente, crear empleo. Medidas estas en las que Báñez incluye la reforma laboral, como si de una medida de gran éxito se tratara. El sentido común y la lógica más elemental nos dicen que la reforma de marras sólo ha servido para facilitar el despido de cientos de miles de trabajadores, pero la ministra invierte el argumento por la vía del contrafáctico y señala que si no se hubiese llevado a cabo la reforma laboral, la destrucción de empleo habría sido mucho mayor.

            El término contrafáctico no está recogido en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de la lengua, pero, en mi modesta opinión, debiera estarlo. Ello es así porque, si nos atenemos a la teoría del significado desarrollada por Ludwig Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, el significado de las palabras viene dado por el uso que los hablantes hacen de las mismas, y resulta claro que el palabro tiene un uso lo suficientemente extendido y consolidado, al menos entre los filósofos y científicos sociales, quienes han dedicado no pocas páginas a esta cuestión, como para ser recogido en el DRAE. Como se echa de ver, contrafáctico cobra su significado por oposición a fáctico, a lo acontecido, a lo que es un hecho, de manera que un contrafáctico vendría a estar constituido por todo aquello que sin haber ocurrido podría haberlo hecho, es decir, aquello que sin formar parte de la realidad presente o pasada, forma parte, en cambio, de la realidad posible, de la que pudiera acontecer o, incluso, de la que podría haber ocurrido.

            Los contrafácticos, que  toman la forma del razonamiento de Báñez en el que el antecedente es falso, son pues de suma importancia en el campo de la lógica, por las implicaciones que tienen de cara a las reglas del razonamiento. Mas son asimismo de la máxima relevancia en el ámbito de la ética, pues si no dispusiéramos de ellos entonces estaríamos sometidos al imperio de los hechos en el peor sentido de la expresión, es decir, todo lo acontecido habría ocurrido por necesidad y, lo que es peor, todo lo que está por ocurrir seguiría la misma lógica fatalista. Sólo desde una perspectiva contrafáctica podemos intervenir en el curso de los hechos y aspirar a la construcción de un mundo mejor. Sin embargo, el uso que los gobernantes hacen de ellos es a todas luces perverso, pues están orientados a justificar sus decisiones impidiendo toda crítica posible, mediante el tramposo y contrafáctico argumento de si no hubiésemos hecho lo que hicimos, la situación sería muchísimo peor, de manera que, hagan lo que hagan, siempre actúan correctamente. Lo que, por descontado, es indemostrable, además de falso. 

La corrupción estructural

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ue la ciudadanía está cada vez más alejada de la clase política no es ningún secreto ni, a estas alturas -acaso debiéramos decir bajuras-, debería sorprender a nadie, habida cuenta del deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de los ciudadanos y de los indignantes casos de corrupción vinculados a los grandes partidos políticos que un día sí y otro también ocupan las portadas de los distintos medios de comunicación. Sin embargo, cada vez que algún analista se aviene a hacer algún comentario sobre la corrupción de la clase política, ya sea en una tertulia radiofónica, en un debate televisivo o mediante un artículo de opinión, enseguida aparece alguien, cuando no es el propio analista, que se apresura a señalar que no se puede generalizar y que la mayor parte de los políticos son personas honestas, que su dedicación a la política tiene que ver ante todo con una vocación de servicio público y que, en definitiva, por el hecho de que haya unos cuantos políticos corruptos no se puede colgar a todos la etiqueta de la corrupción.

             Este tipo de argumentaciones en contra de las generalizaciones indebidas en materia de corrupción son cada día más difíciles de sostener. Desde luego, no albergo muchas dudas con respecto a que existan personas honradas que hayan decidido dedicarse activamente a la política, mas ello no me impide pensar que la corrupción en política es algo generalizado, como prueba el hecho de que en todos los grandes partidos políticos hay casos de corrupción en los que están implicadas las élites de los mismos. Para nuestra desgracia, las hemerotecas están llenas de casos, recientes y más lejanos en el tiempo, de corruptelas que implican a las élites políticas en todos los niveles de la administración pública. Y aunque no es cuestión de rememorarlos todos, sí quisiera recordar algo que fue noticia antes de que estallara la crisis, en los primeros años de la década de 2000, y que muestra hasta qué punto la corrupción es ciertamente un fenómeno mucho más generalizado de lo que se quiere reconocer: el hecho de que los bancos condonaran deudas a todos los grandes partidos políticos.

            Alguna razón ha de haber para que los bancos, que no perdonan un céntimo a nadie, los mismos que ordenan los desahucios sin que les tiemble el pulso a sus dirigentes, den un trato diferenciado a los partidos políticos, pues sabido es que nadie da duros a cuatro pesetas y los bancos menos. Lo que nos lleva a pensar que independientemente de si existen o no políticos honestos, la corrupción en la política es algo estructural, pues los partidos son de por sí estructuras corruptas que no tendrían la más mínima oportunidad de participar en la encarnizada lucha por el poder si no acudieran a prácticas deshonestas, ya que las cuotas de sus afiliados se revelan a todas luces insuficientes para financiar el funcionamiento ordinario de los partidos, no digamos ya en campaña electoral, que requiere ingentes cantidades de dinero. Y así las cosas, la honestidad personal de los políticos es lo de menos, pues es el propio sistema el que se revela corrupto.