Ser de izquierdas

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a crisis de Cataluña ha hecho que el debate en torno a qué es ser de izquierdas haya vuelto, una vez más, a aflorar. Se trata, en principio, de un debate interno, en el sentido de que afecta únicamente a las personas que se consideran de izquierdas, pues lo que quiera que signifique ser de izquierdas no es algo que parezca preocupar en demasía a la gente de derechas. De hecho, a los hombres y mujeres de derechas ni siquiera les preocupa mucho aclarar qué es ser de derechas, les basta con poner en práctica políticas de derechas y si para ello han de decir que son de centro, lo que quiera que signifique ser de centro, que ésa es otra, se dice y ya está. Sirva como ejemplo lo que hacía el muy de derechas José María Aznar, quien en sus tiempos de presidente, del Gobierno y del PP, afirmaba que su partido era de centro reformista.

            Habrá que reconocer pues que enredarse en debates teóricos de esta naturaleza es algo más propio de la izquierda que de la derecha, lo que acaso constituya la razón de que entre la gente de izquierdas, o entre los partidos de izquierdas, sea tan difícil llegar a acuerdos de mínimos para hacer frente a la derecha. No obstante lo dicho, ello no significa que no haya personas ideológicamente ajenas a la izquierda que no se pronuncien sobre esta cuestión. Tal es el caso de mi colega Juan F. Martín del Castillo, quien parece tenerlo claro: “La izquierda era y es confusión, contradicción y, en ciertos momentos, hipocresía no menos que caos”, escribe en un artículo publicado en La Provincia el pasado viernes, 3 de noviembre, dedicado, con la acidez que le caracteriza, al enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Albano Dante Fachin.

             Si dejamos a un lado el asunto de la hipocresía, que es algo tan característico del ser humano, de izquierdas o no, yo estaría de acuerdo con los términos que escoge Martín del Castillo; no así, claro está, con el tono peyorativo con que los utiliza. Y es que la confusión es perplejidad y esta resulta menos peligrosa que las certezas, sobre todo las falsas certezas, que nos llevan a incurrir en el dogmatismo que tanto daño ha hecho a la libertad. Por lo demás, la perplejidad, tal como nos recuerda Javier Muguerza, constituye el mayor acicate para el pensamiento, por lo que habrá de ser siempre bienvenida. En cuanto a la contradicción, ser contradictorio, por descontado, no es ser de izquierdas, es ser humano, y sin necesidad de hacer aquí un elogio de la contradicción, desde luego prefiero una izquierda contradictoria a una izquierda sin contradicciones, deshumanizada, como lo fue el comunismo autoritario. Y frente al orden absoluto del comunismo autoritario, de los totalitarismos de cualquier signo, no viene mal un cierto caos, que no es otra cosa que confusión y desorden, que casaría bien con una izquierda libertaria interesada en el pleno desarrollo de la libertad y la igualdad de los individuos, que es la izquierda que a uno le interesa.

Se llaman demócratas y no lo son

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e llaman demócratas y no lo son. Hablan en nombre de la democracia y atentan contra el más elemental de los principios democráticos. Gritan libertad y violan el derecho a decidir de los individuos a los que dicen representar. La declaración unilateral de independencia de Cataluña que tuvo lugar el pasado viernes fue un acto profundamente antidemocrático. Y no porque haya sido ilegal, pues en ocasiones la propia ley, por más que haya sido aprobada por procedimientos democráticos, puede atentar contra la dignidad de los individuos y entonces, no solo es legítimo desobedecerla, sino que incluso pudiera constituir un imperativo moral, algo que solo el individuo, en la soledad de su conciencia, puede decidir. La DUI del viernes fue antidemocrática porque una decisión de esas características sólo se puede tomar después de que la ciudadanía lo apruebe directamente por la vía de un referéndum que ha de gozar de todas las garantías, lo cual, obviamente, no ocurrió el pasado 1-O.

            Se llaman demócratas y no lo son. El trío del 155, PP, PSOE y Ciudadanos, se agarra a la Constitución y confunde democracia con derecho. Creen, o intentan hacernos creer, que cualquier decisión política si es legal es democrática. Como si en las democracias contemporáneas no se pudieran tomar decisiones legales y profundamente antidemocráticas. Decidieron suspender la democracia en Cataluña para, dicen, restaurar la democracia, que es como decidir ir a la guerra para defender la paz. Afirman que en democracia se puede defender cualesquiera ideas, incluso las de los independentistas, pero se niegan a reconocer el derecho a decidir de la ciudadanía de Cataluña. Se llenan la boca con la palabra autogobierno, pero rechazan que la ciudadanía catalana se pueda pronunciar en un referéndum de autodeterminación pactado, legal y vinculante.

            Se llaman demócratas y no lo son. He escuchado a Miquel Iceta, del PSC, decir en el Parlament que una minoría, por muy numerosa que sea, no puede imponer su decisión a una mayoría. En términos similares se ha expresado en el Congreso de los Diputados Margarita Robles, portavoz del PSOE en la Cámara baja. Estoy de acuerdo. Pero no les he oído nunca apostar por un referéndum legal, única forma de saber si realmente son o no una minoría. He escuchado a Albert Rivera e Inés Arrimadas, de Ciudadanos, reclamar unas elecciones autonómicas en Cataluña, para, dicen, restablecer la democracia y la convivencia. Rajoy acaba de convocarlas para el 21 de diciembre, para lo cual ha tenido que disolver, ¡toma democracia!, el Parlament elegido libremente por los catalanes en septiembre de 2015. Es de suponer que los independentistas catalanes no van a aceptar la autoridad del Estado, pues en eso consiste la DUI, por lo que el Gobierno tendrá que imponerse por la fuerza: ¡toma convivencia! Y en esas condiciones, habida cuenta del respaldo social del independentismo, mayoritario o no, difícilmente se podrán celebrar unas elecciones autonómicas. Mas si, en el mejor de los casos, éstas llegaran a celebrarse, ¿qué ocurrirá si vuelven a ganar los independentistas? ¿Habrá que volver a disolver el Parlament y celebrar nuevas elecciones autonómicas y así hasta que pierdan? Se llaman demócratas y no lo son…Y el pragmatismo tampoco es lo suyo.

¡155 y cierra España!

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inalmente el Gobierno de la Nación (¿una, grande y libre?) aplicará el polémico artículo 155 de la Constitución e intervendrá la Generalitat de Cataluña, cesando al Govern al completo y otorgando al presidente Rajoy la facultad para disolver el Parlament y convocar elecciones, cosa que hará en un plazo máximo de seis meses. Así se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado sábado, después de que el PP pactara con el PSOE las medidas con las que se concreta la aplicación del artículo de marras. Un artículo que no se ha aplicado nunca y cuya redacción, dicen los juristas, es una copia de otro que figura en la Constitución de Alemania donde tampoco ha sido aplicado nunca. Un artículo tan difuso y confuso que el Gobierno, para poder aplicarlo, ha tenido que llegar a un pacto con el principal partido de la oposición, el PSOE, siempre dispuesto a echar una mano a la derecha en los momentos cruciales, porque nadie sabe a ciencia cierta en qué habría de consistir su efectiva aplicación, ni siquiera los expertos en Derecho Constitucional.

            Ante tanta dificultad, uno, que no es jurista, se pregunta si las durísimas medidas aprobadas no atentarán contra esa legalidad constitucional que se pretende defender, y se pregunta, sobre todo, si van a servir realmente para algo o son tan solo un instrumento para agravar aún más una situación que ya es de por sí grave. El Gobierno del PP, fustigado por Ciudadanos, partido indigno del nombre que lleva, y con la inestimable ayuda del PSOE, ha abierto la Caja de Pandora, pues estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban, en un nuevo y grave ejercicio de irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, la del Gobierno y sus socios en este asunto, que llevó a tomar la decisión de aplicar el 155 mucho antes del Consejo de Ministros del pasado sábado. Sólo así se entiende el ultimátum tramposo dado por Rajoy a Puigdemont: ¿no habíamos quedado, Mariano, en que si el presidente de la Generalitat reconocía que no se había declarado la independencia el Gobierno no continuaría con la aplicación del funesto artículo que ya de hecho había comenzado a aplicar con el requerimiento?

          Los entusiastas del 155 creen que la crisis de Cataluña se resolverá convocando unas nuevas elecciones. Olvidan que eso ya se hizo en 2015, después del referéndum fallido del 9-N, y que el resultado dio la mayoría del Parlament a los partidos independentistas. Se empeñan en que la reivindicación del derecho a decidir es solo el capricho de los líderes independentistas y no quieren comprender que buena parte de la ciudadanía catalana, independentistas o no, desea votar. Por ello habría hecho bien Mariano Rajoy en recibir a Puigdemont y dialogar con él, no sobre los términos en los que se lleva a cabo la independencia, pues la votación del 1-O carece de la legitimidad necesaria, pero sí sobre las condiciones en las que debería celebrarse un referéndum legal, pactado y vinculante que sirva para resolver el conflicto de una vez por todas. Pero Rajoy no está por este diálogo. Y Pedro Sánchez, ¡ay!, tan progresista, tan de izquierdas, tan demócrata, tampoco. Prefieren gritar: ¡155 y cierra España!

Mientras persista la duda

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 finales del pasado mes de junio fuimos testigos, gracias a los medios de comunicación, de un hecho insólito en España: colas en Madrid para asistir a la conferencia de un filósofo. Lamentablemente, no es que la filosofía esté de moda, sino que el filósofo de marras era Slavoj Zizek, quien se ha convertido en uno de los intelectuales más mediáticos, si no el que más, del momento. Pero no nos engañemos, más allá de Zizek, la filosofía no despierta esas pasiones. Tanto es así que la noticia fue que la gente hiciera cola para escuchar filosofía y lo que dijo Zizek en su intervención apenas trascendió. Y es que, al margen de esos fenómenos mediáticos puntuales, uno se pregunta si no estará la filosofía en peligro de extinción, como parece indicar su cada vez menor importancia en los planes de estudio de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Y hasta me atrevería a decir que ni siquiera en la Universidad está fuera de peligro.

La persecución de esta secular disciplina por los distintos gobiernos que en España se han ido sucediendo en los últimos años ha hecho que su presencia en los institutos haya ido mermando considerablemente hasta quedar reducida prácticamente a la mínima expresión. El último golpe, como se sabe, la ley Wert, que además de eliminar la Ética en 4º de ESO (hasta entonces era una asignatura obligatoria), ha hecho que la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato haya pasado de ser una asignatura común en todas las modalidades de Bachillerato a ser una simple optativa en los itinerarios de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas son las consecuencias para la filosofía de una ley que a día de hoy nadie, ni siquiera en el PP, dice compartir. El despropósito, no obstante, puede ser contrarrestado. Es lo que han hecho algunas comunidades autónomas, la última la valenciana, en la que la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en 2º de Bachillerato el curso 2018-19. En Canarias, ¡ay!, seguimos esperando, ¡y demandando!, que la Consejería de Educación lleve a cabo una medida similar en defensa de la filosofía.

Mas del hecho de que la filosofía siga siendo maltratada no se sigue que esté en peligro de extinción, como nos preguntábamos al comienzo de este artículo. Pues mientras haya personas que se sientan embargadas por el sentimiento de admiración ante la realidad que los rodea, que no otra cosa es lo que según Aristóteles mueve a los hombres a filosofar; mientras se mantenga la actitud crítica y no se acepte nada como verdadero de lo que previamente no tengamos una evidencia; mientras, como ha señalado Javier Muguerza, la perplejidad persevere en su afán de servir de estímulo del pensamiento; mientras haya individuos kantianamente capaces de atreverse a pensar por sí mismos; mientras haya quien se siga planteando preguntas aun a sabiendas de que no hallará respuestas concluyentes; mientras, en definitiva, persista la duda y nos sigamos interrogando por el ser humano, habrá filosofía. 

El diálogo necesario

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o ocurrido el pasado domingo ha dado, al decir de gran cantidad de analistas, un nuevo giro al conflicto catalán, pues los abusos policiales y el respaldo masivo, mayoritario o no, al referéndum, han hecho que, como se dice ahora, cambie el relato. Ello demuestra que, en política, cuentan tanto los argumentos racionales como las medidas de fuerza, las cuales, obviamente, no tienen por qué ser violentas. Y es que tanto la negativa por parte del Estado a que se celebre un referéndum legal, pactado y vinculante, como la convocatoria del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no pueden interpretarse como argumentos sino como demostraciones de fuerza. Desde un punto de vista estratégico, el intento de impedir que la ciudadanía catalana votase el 1-O se ha revelado como un tremendo error agrandado además por los excesos violentos, mientras que la convocatoria, en la medida en que fue respaldada por tal multitud de ciudadanos que ha conseguido que varíe la percepción del conflicto, bien puede ser considerada un éxito, ya veremos si pírrico.

            El triunfo del pasado domingo, no obstante, no habría de serlo tanto del independentismo como de los partidarios del derecho a decidir, independentistas o no, toda vez que, a pesar de que los resultados publicados dan una aplastante mayoría al Sí, el hecho de que el referéndum celebrado no fuese legal y de que, dadas las circunstancias en las que se hubo de efectuar, no cumpliese con las mínimas condiciones exigibles, hace que no se pueda considerar vinculante y que no tenga validez jurídica alguna. Y es que, el modo en que se llevó a cabo la votación, así como la manera en que se realizó el recuento, entre otras carencias, impiden que podamos hablar de un referéndum con garantías democráticas. Así las cosas, resulta imposible saber cuántas personas realmente participaron y cuál fue el resultado real de la votación, mas lo que no parece ofrecer dudas es el hecho de que la participación fue masiva, suficiente para que el Gobierno de España reconozca de una vez que un amplio sector de la ciudadanía catalana desea votar y se le ha de reconocer su derecho a hacerlo.

            Es por ello que seguir empeñándose en negar el derecho a decidir es un grave error en el que no debiera seguir incurriendo el Gobierno del Partido Popular ni los partidos que apoyan esa postura. Pero una declaración unilateral de independencia amparándose en los resultados del referéndum del 1-O sería un error del mismo tamaño que dejaría al procés sin el mínimo atisbo de legitimidad. Así las cosas, la única alternativa que queda, la única democrática y justa, es que se resuelva el conflicto mediante la celebración de un referéndum legal, pactado y vinculante y que sea la ciudadanía catalana la que decida finalmente si desea constituir un nuevo Estado o si prefiere seguir formando parte de España. De las condiciones de ese referéndum es de lo que, sin demora y antes de que sea tarde, deben hablar los presidentes Rajoy y Puigdemont. Y uno esperaría que las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, que se llaman a sí mismas democráticas, pusieran todo de su parte para que ese diálogo necesario tuviera lugar cuanto antes.  

La cruzada contra el reguetón

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ras las desafortunadas y criticadas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a quien, después del último asesinato machista cometido en las Islas, no se le ocurriera otra cosa mejor que reducir la violencia de género al ámbito de las decisiones individuales, su compañero de partido y presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, decidió retirar la subvención al concierto de Maluma arguyendo que las letras de las canciones de la estrella de reguetón son machistas. Se trata, qué duda cabe, de un nuevo alarde de oportunismo político, tal como acertadamente señalara la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot. Lo que no me queda claro es si tal oportunismo buscaba lavar la cara del presidente Clavijo o tenía por objeto mostrar la superioridad moral de Alonso y su mayor sensibilidad ante la violencia de género de cara a la galería.

        Elucubraciones aparte, la decisión de Alonso no ha estado exenta de polémica, no tanto por su inoportuno oportunismo sino por el hecho de que actos de este tipo constituyen un nuevo modo de censura, postcensura que se dice ahora, que no casa bien con el derecho a la libertad de expresión que, en general, se reconoce como un pilar básico de las sociedades que se pretenden democráticas y respetuosas con los derechos humanos. Y es que acciones como la de Alonso responden más a un intento de satisfacer las exigencias del imperio de la corrección y la dictadura de los ofendidos de uno y otro signo, desde la Iglesia hasta la gente progre, que a una verdadera apuesta política por la lucha contra la desigualdad. Sin duda, algunas de las letras de Maluma rezuman un machismo execrable, pero algo más tendrá para que esté en el punto de mira de los nuevos biempensantes de la sociedad, habida cuenta de que el machismo que sirve de pretexto a los martillos del reguetón está también presente en otros géneros musicales como el rock, tan aplaudido por los que se rasgan las vestiduras ante este nuevo demonio musical, no digamos ya el bolero o el tango, que tanto arraigo tienen en Canarias, o incluso el propio folclore canario.

         Y es que un día criticamos el machismo de Maluma o Daddy Yankee y al siguiente damos rienda suelta a nuestros cuerpos al ritmo del buen y genuino rock’n roll de los Mojinos en Arucas, con toda su carga de humor ácido en el que las mujeres desde luego no salen bien paradas. O nos vamos de romería y todos juntos cantamos ese himno a la servidumbre doméstica de la mujer que tiene por estribillo “pobrecillo novio, ¡ay pobre Rafael!”. Así las cosas, tengo para mí que la cruzada contra el reguetón tiene más de conflicto intergeneracional que de lucha contra la violencia de género. Por lo demás, la censura, en cualquiera de sus formas, se ha revelado ciertamente ineficaz e incluso, en ocasiones, consigue el efecto contrario del perseguido, como creo que pasa con las estrellas de reguetón, que serían auténticos desconocidos para quienes peinamos canas si no fuera porque los guardianes de la moral y las buenas costumbres se han encargado de señalarlos. Por cierto, que tengo un par de libros de filosofía publicados y aún albergo la esperanza de que alguno de estos nuevos adalides de los ofendidos del mundo les coja ojeriza y me haga famoso.

La gallina de los huevos de oro

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a no se puede uno ni ir de vacaciones. Se escapa uno una semanita a Fuerteventura, en realidad cinco días, que la cosa no está para demasiadas alegrías, y a la vuelta, después de ese tiempo bajo el sol majorero sin tan siquiera abrir un periódico, se encuentra con el país patas arriba porque, de repente, ha estallado un brote de turismofobia: así que en los escasos días que hemos sido turistas hemos estado expuestos, sin ni siquiera enterarnos, a los peligros de esta nueva forma de protesta que, según dicen, amenaza con acabar con la que es la primera actividad económica de España. Y es que los últimos actos en contra del turismo en Cataluña y Baleares han despertado las alertas de las élites económicas y políticas que temen que aquellos a quienes acusan de turismofobia consigan matar la gallina de los huevos de oro.

Desde luego no seré yo quien aplauda determinado tipo de actos violentos como los ataques a una guagua de turistas o a las instalaciones de una empresa de alquiler de bicicletas, por citar algunos de los altercados más sonados en los medios de comunicación en estos días, según he podido saber tirando de hemeroteca. Pero que uno esté en desacuerdo con este tipo de actuaciones no significa que deba aceptar acríticamente los desmanes de este motor de la economía que, sigamos con la metáfora, es más bien un motor de escasa cilindrada. Y es que el turismo, precisamente por su importancia, más aún en Canarias, merece ser objeto de reflexión crítica sin que por ello se nos tilde a quienes así pensamos de turimófobos. Pues si bien es cierto que el turismo constituye el pilar de la economía en las Islas y en buena medida ha contribuido a que la sociedad canaria actual sea mejor, desde prácticamente cualquier punto de vista, que la que era a mediados del siglo pasado, también lo es que no está exento de problemas.

El modelo desarrollista que se implantó en Canarias desde la década de los 60, similar al de otras zonas costeras de la Península o Baleares, es altamente agresivo y ha tenido como consecuencia, entre otros efectos negativos para el medio ambiente, la depredación del territorio, que es nuestro principal recurso. Además, a pesar de la riqueza y el empleo que genera, el turismo se ha revelado incapaz de sacar a las Islas de la pobreza, no consigue que el paro baje significativamente y, por lo general, los puestos de trabajo que crea son de poca calidad y, en muchas ocasiones, vinculados a la construcción, que es un negocio paralelo que vive del turismo y, paradójicamente, puede acabar con él. Así que, no nos engañemos, la gallina de los huevos de oro también defeca y los huevos que pone no son para todos: la clase trabajadora isleña mantiene con los grandes empresarios del turismo una relación similar a la que otrora mantenía con los caciques y exportadores agrícolas. Por ello urge que nos replanteemos el modelo de turismo que queremos, el modelo productivo, ¡y distributivo!, en general, si de verdad queremos que en Canarias se puedan alcanzar unas condiciones de vida propias de un país desarrollado. 

¿Nuestra democracia se ha hecho cuarentona?

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lguien podría pensar que la cuestión que da título a este artículo es en realidad una pregunta retórica, pues es un hecho que la democracia española acaba de cumplir 40 años, como los medios de comunicación, diferentes instituciones y personas diversas nos han recordado en estos días con distintas celebraciones, homenajes y hasta críticas. En efecto, si se toman la molestia de buscar el término cuarentón en el Diccionario de la lengua española editado por la Real Academia Española (RAE), verán que este nos remite a la palabra cuadragenario, la cual es definida como sigue: “Dicho de una persona: Que tiene entre 40 y 49 años”. Y si esto es así, ahora que se cumplen 40 años de la celebración de las primeras elecciones en España, lo que daría lugar a la Constitución del 78, entonces parece claro que nuestra democracia es cuadragenaria o cuarentona.

Sin embargo, la definición del Diccionario de la RAE señala, como hemos visto, que el término de marras tiene ese significado cuando se aplica a personas: nada dice de instituciones, regímenes políticos o períodos históricos. Por lo demás, y aunque la RAE no señale nada al respecto, tengo para mí que el adjetivo cuarentón se emplea siempre con un cierto desdén, para enfatizar que ya no se es joven, el cual deriva, qué duda cabe, de cierta sobrevaloración de la juventud. Una sobrevaloración de la que solo somos conscientes, claro está, los que ya no somos tan jóvenes, aquellos que en público señalamos con impostada autosuficiencia que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, pero por las noches no podemos dejar de evocar los versos de Rubén Darío: “Juventud, divino tesoro…”.

Nostalgias aparte, y volviendo a la cuestión que nos ocupa, lo cierto es que nuestra democracia es objetivamente cuarentona, si se nos permite aplicar este adjetivo a algo como una democracia, que no es en sí una persona, pero sólo puede estar constituida por personas, toda vez que tiene 40 años de vida y las matemáticas son testarudas. Empero, para dar respuesta a nuestra pregunta, no bastan las matemáticas, sino habrá que tirar también de hermenéutica, pues para ser propiamente cuarentona, ya lo decíamos, será necesario que nuestra democracia haya dejado de ser joven. Y es en este punto donde los 40 años dejan de ser objetivos, pues sin en un ser humano, según el célebre tango, 20 años no es nada, referidos a un período histórico, 40 años son menos. De lo que se desprende que, pese a sus cuatro décadas, nuestra democracia sigue siendo, desde este punto de vista al menos, decididamente joven.

Mas si atendemos al desdén que implica el término cuarentón y a que, sobrevaloraciones aparte, vinculado al término juventud se halla el verbo rejuvenecer, que, en la acepción que ahora nos interesa, significa renovar, dar modernidad o actualizar, debiéramos pensar si nuestra joven y a la vez cuarentona democracia no debiera ser rejuvenecida. Y es que por más que estos 40 años bien puedan ser concebidos como un tiempo de progreso, y sin necesidad de poner en cuestión el que se ha dado en llamar el régimen del 78, lo que tampoco habría de ser obstáculo para examinar críticamente nuestra historia reciente y lo que supuso la transición en tanto que pacto de silencio y de olvido de las víctimas de la barbarie franquista, lo cierto es que nuestra democracia comienza a mostrar síntomas de agotamiento. Por ello, más allá de fastos y conmemoraciones, lo que necesitamos es repensar nuestra democracia para avanzar hacia nuevas formas más genuinamente democráticas que den cabida a una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, donde tenga lugar una distribución de la riqueza y del trabajo más igualitaria, si es que no queremos que nuestra democracia se convierta definitivamente en una cuarentona sin remedio.