Algunos déficits de la democracia española

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n más de una ocasión me he referido a los problemas de legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos, pues éstos no satisfacen como debieran las exigencias morales de libertad e igualdad que es lo que les da sentido, toda vez que el propio diseño de las democracias representativas hace que sea imposible el autogobierno de los ciudadanos, base de la democracia, así como la erradicación de las desigualdades sociales, requisito indispensable para la libertad. Sin embargo, hoy quiero hacer, un tanto kantianamente, como si el sistema representativo pudiera verdaderamente garantizar la igualdad social y conciliar los principios de libertad jurídica, según el cual ningún individuo está obligado a cumplir ninguna ley a la que previamente no haya dado su consentimiento, y de igualdad jurídica, según el cual la ley ha de ser la misma para todos y ha de obligar a todos por igual, para referirme a algunos déficits democráticos de los que adolece la democracia española.

            El primero de estos déficits en el que me quiero detener hoy tiene que ver con la situación de las mujeres, concretamente con la brecha salarial, de sobra acreditada por numerosos estudios que demuestran que, en España, las mujeres cobran menos que los hombres. Quienes pretenden justificar tamaña injusticia arguyen que ello se debe a que las mujeres ocupan, por lo general, peores puestos que los hombres y que por lo tanto no se trata de una discriminación sexista. Mas al margen de que hay casos en los que a igual trabajo distinto salario, el hecho de que las mujeres ocupen mayoritariamente empleos peor remunerados es en sí mismo alarmante y un claro caso de discriminación por razón de sexo, es decir, un claro caso de falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres en este país que presume de ser una democracia avanzada.

          El segundo de estos déficits en los que hoy me quiero detener también tiene que ver con los derechos humanos, concretamente con los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España en los últimos tiempos. Las condenas a raperos o tuiteros, así como al joven que puso su rostro al Cristo crucificado, suponen un ataque a la libertad de expresión perpetrado por el propio Estado, que es precisamente el que habría de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, el respeto escrupuloso al derecho a la libertad de expresión. Mas tan preocupante, o más, que estos ataques a la libertad de expresión es el hecho de que la ciudadanía no termine de asumir que se trata de un derecho fundamental que debe respetarse siempre y no solo cuando el que lo ejerce dice o escribe aquello con lo que uno está de acuerdo. Y es que la defensa de la libertad de expresión ha de consistir fundamentalmente en reivindicar el derecho a expresarse libremente de los que no piensan lo mismo que nosotros, de quienes critican, con toda la carga de acidez que quieran, lo que pensamos nosotros, de quienes se mofan de nuestras creencias y opiniones, contra quienes sólo cabe esgrimir argumentos frente a la tentación de exigir la censura.

Una democracia marxista

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as sociedades modernas se distinguen de las premodernas en que en éstas las relaciones sociales se basaban fundamentalmente en alguna forma de servidumbre, mientras que en aquéllas son los valores de la autonomía y la igualdad los que, en principio, habrían de constituir los cimientos de las mismas, de suerte que las sociedades modernas aspiran a ser sociedades democráticas conformadas por individuos libres e iguales. Y para que ello sea así, se entiende, al menos desde Montesquieu, que en las democracias modernas los poderes del Estado deben estar separados, pues de lo contrario, la concentración de los tres poderes del Estado en un único individuo o grupo de individuos no solo favorecería el abuso de poder, sino que impediría el control del mismo, con lo que los principios de libertad e igualdad quedarían seriamente dañados y con ellos la misma democracia, tal como ésta se concibe en la modernidad.

            En efecto, no hay democracia sin separación de poderes y ello es algo que en las democracias contemporáneas tenemos plenamente asumido, hasta tal punto que la calidad democrática de los distintos países se puede medir atendiendo al grado en que esto se consigue. Por eso no es de extrañar que en España los partidos políticos cuando están en la oposición traten de deslegitimar al que gobierna acusándolo de no respetar la separación de poderes y que el que gobierna insista, para legitimarse a sí mismo, en que España es un Estado democrático y de derecho en el que el principio de separación de poderes es incuestionable. Estos papeles se los han venido intercambiando PSOE y PP según les haya ido tocando estar en el Gobierno o en la oposición y sus tesis han sido defendidas o reprobadas por los partidos nacionalistas en función de sus propios intereses que, hasta la irrupción del independentismo catalán, eran más bien exclusivamente económicos.

            Pero dejando los intereses partidarios de lado, lo cierto es que la deseable separación de poderes en España ha sido siempre insuficiente. Empezando porque es el Parlamento el que elige al presidente del Gobierno, con lo que, de entrada, el legislativo y el ejecutivo no están en absoluto separados. Y si bien es cierto que el Parlamento puede ejercer de vigilante del Gobierno, también lo es que cuando el partido que gobierna tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el control que se supone debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo se disuelve completamente. Esto, no obstante, se ha venido asumiendo como un mal menor siempre que el poder judicial se mantuviera como un poder independiente. Mas si tenemos en cuenta el modo en que son elegidos los miembros de las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial, entonces ya solo podemos concluir que en España la separación de poderes es como esas habitaciones de hotel con entrada independiente pero comunicadas internamente. Si encima añadimos las llamadas del Gobierno al Tribunal Constitucional o el esperpento de la argumentación política del juez Llarena para no detener a Puigdemont en Dinamarca, entonces habremos de convenir que la democracia española es más bien marxista, es decir, la propia de una película de los hermanos Marx.   

A propósito de una confusión

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l caso del ya exdirector del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, Jordi Hernández Borrell, ha vuelto a sacar a la palestra una vieja confusión que se remonta, al menos, a los albores de la modernidad. Como se sabe, Borrell ha sido protagonista de un escándalo de homofobia al dirigir varios tuits contra el líder del PSC, Miquel Iceta (abiertamente homosexual, y a mucha honra), a quien además de considerar “un ser repugnante”, le acusa de tener los “esfínteres dilatados”: todo un alarde de finura en el campo de la crítica política. Los exabruptos del todavía profesor universitario, por los que ha tenido que dimitir de su cargo al frente del instituto científico, no merecen más comentarios. Quisiera, en cambio, llamar la atención sobre la confusión a la que nos referíamos hace un momento. Y es que buena parte de los analistas y tertulianos que han comentado este asunto se han mostrado tan escandalizados por los insultos como por el hecho de que quien los haya proferido sea todo un profesor universitario, un científico: ¡como si la catadura moral de un hombre dependiera de su formación técnica!

            A mi juicio, cuando alguien se sorprende de que una persona con una sólida formación científica pueda incurrir en una bajeza moral de esta clase, comete el mismo error que cometieron los ilustrados del siglo XVIII, quienes tenían tanta fe en la razón, que estaban convencidos de que el progreso científico y técnico habría de traer consigo el progreso moral. Un error comprensible en el Siglo de las Luces, pero que hoy, tras la experiencia del siglo XX, no nos podemos seguir permitiendo. En efecto, el exterminio judío a manos de los nazis o la bomba atómica constituyen buenas muestras de que los avances de la ciencia no necesariamente han de traducirse en avances éticos, pues, de hecho, bien pudieran implicar un grave retroceso moral: ¿habrían sido posibles semejantes actos de barbarie sin el concurso de la ciencia y de algunos científicos?

           Éste no es, en cualquier caso, un artículo contra la ciencia ni mucho menos contra la razón, pues, como escribiera con acierto Javier Muguerza, hace ya 40 años, “esa razón es, sin embargo, nuestro único asidero”. Se trata simplemente de dejar claro que la formación científica no garantiza la solidez de las convicciones morales, como el caso Borrell ha venido a recordarnos. Y no lo hace porque se trata de ámbitos distintos: no es lo mismo el uso que hacemos de la razón cuando tratamos de alcanzar la verdad, que es lo que hace la ciencia, que el que hacemos de ella cuando nos preguntamos qué debemos hacer, cuestión ésta que constituye la pregunta ética por antonomasia y es, por ello mismo, un asunto irreductiblemente filosófico. De lo que se desprende que tan importante ha de ser la instrucción técnica de nuestros jóvenes, como su formación en valores, por lo que harían bien los responsables de Educación, ahora que parece que hay un pacto en ciernes, en incrementar el número de horas dedicadas a la Ética y a los derechos humanos. 

La era de la tecnociencia

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n la reflexión filosófica sobre la ciencia y el conocimiento, la técnica y la tecnología ocupan un lugar central, pues por más que podamos considerar la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo, lo cierto es que constituye al mismo tiempo un medio para alcanzar otros fines, de ahí que el saber presente una dimensión indudablemente pragmática. Es esa dimensión pragmática del conocimiento la que hace entrar en juego a la técnica y a la tecnología, las cuales permiten al ser humano alcanzar sus propósitos y son posibles gracias al desarrollo del conocimiento. Como se ve, técnica y tecnología están íntimamente vinculadas entre sí y, a su vez, guardan relación con la verdad y el conocimiento, que son las que hacen posible su desarrollo, tal como acabamos de señalar, pero no debemos confundir la una con la otra.

          Una técnica vendría a ser la disposición a actuar siguiendo una regla verdadera o, dicho de otro modo, poner en práctica una técnica consiste en establecer los medios adecuados para la consecución de un fin. El desarrollo de una técnica exige pues un cierto grado de conocimiento, mas cuando la técnica en cuestión depende del conocimiento científico, entonces hablaríamos de tecnología, de lo que se desprende que toda tecnología es una técnica pero no toda técnica es tecnología, pues para que una técnica pueda ser considerada tecnología en sentido estricto ha de estar basada en el conocimiento científico. Así pues, podemos definir la tecnología como la aplicación del conocimiento científico a la satisfacción de los deseos o intereses humanos. Y esta tecnología generada gracias a la aplicación de la ciencia ha cobrado una importancia crucial en el mundo actual, hasta el punto de que la ciencia parece estar al servicio de la tecnología, lo cual ha hecho que ciencia y tecnología deriven en una suerte de síntesis que se ha dado en llamar tecnociencia.

 En la actualidad hablamos de tecnociencia para referirnos no solo a la estrecha relación entre tecnología y ciencia sino para resaltar que en la sociedad del siglo XXI la principal función de la ciencia parece ser la de producir tecnología. En efecto, en la era de la tecnociencia, cada vez cuesta más seguir distinguiendo entre ciencias básicas y aplicadas debido al hecho de que la ciencia, como cualquier otra actividad humana, no es independiente del sistema socioeconómico en el que se desarrolla, y en el marco del capitalismo avanzado los intereses puramente científicos se entrecruzan con los intereses económicos, de suerte que el viejo ideal de la búsqueda del saber por el valor mismo del saber ha sido sustituido por la búsqueda del conocimiento por el valor de su aplicación a la satisfacción de los intereses humanos mediante la producción de tecnología y, en última instancia, a la generación de beneficios económicos. Y de ese modo la ciencia se ve desplazada por la tecnociencia y el conocimiento deja de ser considerado un fin en sí para convertirse en un simple medio al servicio de la economía, la cual parece impregnar, y dominar, ¡ay!, todas las esferas de la vida.

España, ¿un Estado fallido?

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na de las características distintivas del Estado, incluso en estos tiempos del imperio de las multinacionales y de entidades supraestatales como la Unión Europea, es que es soberano. Quiere ello decir que es la máxima autoridad en el territorio donde ejerce el poder, de suerte que todo individuo, grupo de individuos, empresa, fundación, asociación o entidad colectiva de cualquier índole que se halle en dicho territorio está sometido al poder del Estado. Y para que ello sea así, se entiende que el Estado dispone de los recursos necesarios para imponer su autoridad, de ahí que Max Weber definiera al Estado como aquella institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. Y es que, si el Estado no es capaz de imponer su autoridad, deviene por definición en lo que se ha dado en llamar un Estado fallido.

            Si alguien tenía dudas, la crisis de Cataluña ha dejado claro que España no es, desde este punto de vista, un Estado fallido. En efecto, el independentismo catalán constituye el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar el Estado desde la instauración de la democracia. Mayor aún, diría yo, que el terrorismo de ETA, hoy felizmente desaparecido. Ante el reto de la secesión nadie puede poner en duda que la respuesta del Estado ha sido contundente y que, artículo 155 mediante, ha sabido imponer su autoridad. Sin embargo, España se define no solo como un Estado, sino como un Estado social y democrático de derecho, y como tal cabe exigirle que cumpla con sus obligaciones en tanto que garante del respeto a los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948. La crisis de Cataluña ha dejado claro que España es un Estado, pero la situación de diferentes colectivos a los que no se les reconocen sus derechos humanos de modo efectivo deja en entredicho el carácter social y democrático de España.

          En efecto, la discriminación que todavía hoy sufren las mujeres en España por el mero hecho de ser mujeres constituye un atentado contra sus derechos humanos por más que éstos hayan sido formalmente reconocidos. Otro tanto cabe decir de las personas en riesgo de exclusión social. Y es que resulta inadmisible que en pleno siglo XXI casi el 30 por ciento de la población sea víctima de la pobreza, una cifra que se eleva al 44 por ciento en el caso de Canarias. Mientras la igualdad no sea un hecho, España seguirá siendo un Estado fallido, no en tanto que Estado, pero sí en tanto que social y democrático. Lo será al menos para las mujeres, que son más de la mitad de la población, y para todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, seres humanos concretos, de carne y hueso, cuyas vidas se ven truncadas víctimas de una desigualdad que el Estado no solo no combate, sino que incluso favorece. 

Violencias de género

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l 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ese motivo, durante este mes han tenido lugar diversos actos promovidos por distintas instituciones, desde ayuntamientos a gobiernos autonómicos, además de diferentes entidades de la sociedad civil, que han querido participar en esta jornada de lucha por la dignidad de las mujeres. También los centros educativos se han sumado al activismo contra la violencia de género, con lecturas de manifiestos, escenificaciones, silencios, carteles… Como este año el 25 de noviembre fue sábado, en algunos centros los actos de concienciación y repulsa contra la violencia machista tuvieron lugar el viernes. Ese mismo día otra mujer fue asesinada en España por su pareja. ¡Y ya van 45 solo en este año!

            La violencia contra las mujeres es un fenómeno global al que, basta contar las víctimas mortales, no escapan las sociedades democráticas. Y aunque el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas constituye sin duda la forma más exacerbada de violencia hacia ellas que tiene lugar en nuestros días, y la que mayor rechazo genera, no es la única, por lo que más bien habría que hablar de violencias de género, en plural. Y es que además de la violencia directa que se produce siempre que hay una agresión física o psicológica, las mujeres son víctimas de otro tipo de violencia que es la denominada violencia estructural, aquella que se da cuando se atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Tales derechos no son otros que los derechos humanos, los cuales están consagrados en nuestros ordenamientos jurídicos y, como su propio nombre indica, deben estar reconocidos, de modo efectivo, a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, sin distinción de ningún tipo.

            Cuando se violan los derechos humanos de las personas se atenta contra su dignidad, contra su condición humana; sencillamente, se le arrebata al individuo su humanidad y se lo reduce a mera cosa, a mero objeto. Esto es lo que ocurre cuando un hombre maltrata a una mujer, cuando la insulta, la rebaja, la humilla, la golpea… Pero también cuando se las discrimina negativamente en el ámbito profesional, cuando se les paga menos por el hecho de ser mujeres, cuando no se reconoce su valía en los espacios científicos, artísticos o intelectuales, cuando se las condena a liderar las cifras del paro y de la pobreza, cuando sistemáticamente se hace recaer sobre ellas, y solo sobre ellas, la responsabilidad de la conciliación familiar y laboral, cuando los hombres presumen de “ayudar” a sus mujeres con las tareas del hogar y los niños, cuando, sencillamente, se las trata como seres de una categoría inferior, seres humanos, pero no tanto, seres casi humanos pero no plenamente humanos. Y mientras no cambiemos radicalmente esa situación, mientras todas estas violencias persistan, me temo que los asesinatos de mujeres a manos de quienes se creen sus dueños no van a disminuir.

Lecciones de una crisis

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na de las lecciones que nos proporciona la crisis de Cataluña es que no debemos subestimar las convicciones ideológicas como agentes motivadores de la toma de decisiones, que es lo que, a mi juicio, hace el trío del 155, cuando insiste en que los gobernantes deben dedicarse a resolver los problemas que de verdad importan a la gente y dejarse de ensoñaciones independentistas. Por más que resulte una obviedad que las cuestiones vinculadas a las condiciones de vida son fundamentales para cualquier ser humano, ello no significa que sean las únicas, ni tan siquiera las más importantes, para las personas. El masivo apoyo al independentismo en Cataluña, mayoritario o no sigue siendo una incógnita, es una buena muestra de que la ideología juega un papel crucial en las decisiones de los individuos, que no se pueden explicar mediante reducciones economicistas. Y es que, como dijo Jesús de Nazaret y canta Extremoduro, “no solo de pan vive el hombre”.

Qué duda cabe que los problemas vinculados al desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios, la calidad de los servicios sociales como la sanidad o la educación son cruciales para la inmensa mayoría de nosotros, los que, al no ser ricos de cuna ni disponer de cuentas millonarias en ninguno de los paraísos fiscales que en el mundo hay, dependemos de nuestro trabajo y de los servicios públicos para llevar a cabo una vida digna. Mas ello no significa que esas cuestiones sean las únicas importantes para nosotros, pues asuntos como el de la libertad, siempre vinculada a las condiciones materiales de existencia pero no reductible a ellas, parece que han tenido una gran relevancia histórica y quiero pensar que la seguirán teniendo. ¿Acaso nos conformaríamos con un régimen totalitario que atendiera nuestras necesidades materiales o exigiríamos vivir en una democracia en la que se protegiera como un valor supremo la libertad individual?

La libertad, asunto ideológico donde los haya, es uno de esos grandes valores junto a la igualdad y la dignidad sobre los que se sustentan los derechos humanos y que dan sentido a la democracia, pues, como en alguna otra parte he escrito, la democracia es una exigencia ética que deriva de las exigencias morales de libertad e igualdad que son los derechos humanos. Y si esa exigencia ética que es la democracia no puede ser otra cosa que el autogobierno de los ciudadanos, entonces debemos tomar buena nota de otra de las lecciones que nos ha dejado la crisis de Cataluña y que, una vez más, arroja luz sobre la antagónica relación entre democracia y capitalismo. Me estoy refiriendo a la fuga de grandes empresas de Cataluña a otros lugares de España a causa de la deriva independentista y al chantaje de algunos grandes empresarios catalanes que amenazan con marcharse si vuelven a ganar las elecciones los independentistas. Una muestra más de que en nuestras democracias la ciudadanía, independentista o no, solo puede tomar aquellas decisiones que cuenten con el beneplácito de las élites económicas, lo cual resulta a todas luces antidemocrático.

¡'Sapere aude'!

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oy se celebra, como cada tercer jueves de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía. Tal es la fecha escogida por la Unesco para la celebración de marras, que se lleva a cabo oficialmente desde 2005, aunque su celebración por parte de la Unesco se remonta a 2002. Promover el análisis y la investigación filosófica, así como sensibilizar a la opinión pública de la importancia de la filosofía son algunos de los objetivos principales que se propone el organismo dependiente de la ONU con la celebración de este día. Pero además la Unesco insiste en la necesidad de “subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras”, tal como se puede leer en el sitio web que la propia Unesco dedica al Día Mundial de la Filosofía.

            Es este último punto, el de la generalización de la enseñanza de la filosofía, el que me interesa recalcar hoy, pues, como he denunciado en diferentes ocasiones, los distintos gobiernos que en España se han ido sucediendo desde hace décadas han venido maltratando sistemáticamente a la filosofía, hasta dejarla en las pésimas condiciones en las que se encuentra en la actualidad. El último golpe, como se sabe, se lo asestó la funesta ley Wert, la Lomce, en virtud de la cual ha quedado reducida a la mínima expresión en los planes de estudio de ESO y Bachillerato: desaparecida la Ética como asignatura común en 4º de ESO, solo quedan Valores Éticos como alternativa a Religión Católica, una Filosofía en 4º de ESO, también optativa, y Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos en 3º de la ESO, la cual sí es preceptiva, al menos en Canarias, para todo el alumnado, pero cuenta con tan solo una hora semanal, tal es la importancia que hasta ahora se le ha dado a la formación en los valores sobre los que se sustenta la democracia y los derechos humanos. En lo que se refiere al Bachillerato, se ha mantenido la Filosofía como asignatura común en el primer curso, pero la Historia de la Filosofía del segundo curso que era común ha quedado reducida a materia optativa en las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales.

            Este desprecio, obviamente, contraviene las indicaciones de la Unesco, para la que, como decimos, la enseñanza de esta disciplina es fundamental, toda vez que “la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad”. El profesorado de filosofía de Canarias ha venido denunciando este maltrato, pero sus demandas han caído siempre en saco roto… hasta ahora. Y es que, por fin, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para que haya asignaturas comunes de filosofía tanto en la ESO como en Bachillerato. Quienes militamos a favor de la causa de la filosofía en Canarias no podemos sino aplaudir, y agradecer, el apoyo unánime del Parlamento a esta iniciativa presentada por la diputada socialista Nayra Alemán, que abre la puerta a la esperanza de que la filosofía tenga en Canarias el reconocimiento que se merece. Hasta que ello ocurra, y cuando sea realidad, sigamos perseverando en la difícil tarea de atrevernos a pensar por nosotros mismos: ¡Sapere aude!