Abolir la monarquía

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l creciente escándalo generado por las presuntas ilegalidades cometidas por el rey emérito, Juan Carlos I, ha hecho que la monarquía vuelva a estar bajo sospecha y que el debate en torno a si en democracia tiene sentido la existencia de un rey se haya vuelto a abrir en el seno de la opinión pública española. Y ello es así por más que los defensores a ultranza de la monarquía se empeñen en que si se llegara a demostrar que, en efecto, Juan Carlos I llevó a cabo las acciones ilegales que se le atribuyen, esto solo podría afectar al rey emérito pero no a Felipe VI, ni mucho menos a la institución monárquica como tal. No quieren, los monárquicos, ni que se debata sobre la posibilidad de abolir la monarquía en España, pero en su argumentación olvidan que si Juan Carlos I pudo cometer tan deplorables actos, fue precisamente gracias a su condición de rey: es la existencia de la monarquía y la inviolabilidad del rey lo que genera las condiciones de posibilidad de  que el jefe del Estado pueda actuar impunemente.

            Desde un punto de vista teórico, resulta evidente que la monarquía es incompatible con la democracia. Ello es así porque la democracia consiste, no nos cansaremos de repetirlo, en el autogobierno de los ciudadanos, al objeto de garantizar dos principios fundamentales que dan sentido a la democracia y sin los cuales esta no se puede realizar: la libertad de los individuos y la igualdad entre los mismos, empezando por la igualdad ante la ley. Y son estos principios los que la monarquía contradice y hacen que sea, por su propia naturaleza, una institución antidemocrática, por más que, huelga decirlo, entre los Estados democráticos realmente existentes los haya monárquicos: España, Gran Bretaña o Bélgica serían algunos ejemplos. Se trataría, entonces, de democracias que entre sus déficits democráticos cuentan con la existencia de la monarquía, principio antidemocrático donde los haya.

            No obstante lo dicho, lo cierto es que muchas personas se consideran demócratas y al mismo tiempo son monárquicas, por más que ello resulte incomprensible: ¿qué lleva a un individuo a aceptar de buen grado, incluso a defender, la permanencia de derechos de nacimiento, la superioridad de otro individuo por su pertenencia a un linaje? Muchos de estos demócratas monárquicos se definen además como liberales, obviando la dificultad que hay para encajar los principios del liberalismo con la monarquía. Pero el colmo, en España al menos, son esos socialistas monárquicos que habitan en las distintas estancias del PSOE. Para ser justos, hay que decir que no se consideran monárquicos de convicción sino de conveniencia, por lo que durante décadas se llamaron a sí mismos juancarlistas y una vez que tuvo lugar la abdicación, sin definirse como felipistas, han seguido abrazando la monarquía por una cuestión, dicen, de pragmatismo. Me pregunto qué razones se pueden seguir esgrimiendo para no aceptar de una vez que la realísima institución constituye un obstáculo para el avance de la democracia y que lo más conveniente, en sentido tanto teórico como práctico, sería abolir la monarquía.

El final del curso

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l curso escolar, por fin, ha terminado. Éste ha sido un año duro, durísimo, a causa de la pandemia. En Canarias, afortunadamente, la incidencia directa del coronavirus ha sido menor que en otros lugares más afectados, al menos si atendemos al número de contagios y de fallecimientos causados por el Covid-19. Sin embargo, en lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas, incluso sanitarias, de las medidas que se han aplicado para combatir la pandemia, las Islas se llevan la palma. Y es que el confinamiento ha traído efectos perjudiciales para la salud de los isleños derivados de las condiciones previas de vida en Canarias, donde los niveles de pobreza están muy por encima de la media española y donde, en consecuencia, las condiciones de salubridad son peores. La fuerte dependencia del turismo, además, hace que los perjuicios económicos sean mayores y que, en suma, por mucho que la propaganda gubernamental se empeñe en convencernos de que de ésta salimos más fuertes, tal fortaleza no se vea por ningún lado.

A todo este malestar, por supuesto, no es ajeno el sistema educativo canario. No es de extrañar, por tanto, que también el rendimiento escolar del estudiantado del Archipiélago sea uno de los más bajos del país, pues, por lo general, a peores condiciones socioeconómicas, peores resultados académicos. Y, sin embargo, a pesar de las dificultades, a pesar de la desigualdad que se ceba con la población canaria, a pesar de la brecha digital, el alumnado de las Islas ha sabido sobreponerse, se ha adaptado mal que bien a las nuevas circunstancias impuestas por el estado de alarma y ha conseguido culminar con relativo éxito el curso. Por todo ello creo que merecen disfrutar de estas vacaciones que ahora comienzan. Todos en general, pero muy especialmente los estudiantes de Secundaria, los adolescentes, ya que debido a la etapa vital en la que se encuentran son los que más han sufrido el confinamiento y porque se trata de una generación que creció oyendo hablar de crisis, paro, miseria y falta de expectativas y que, ahora, cuando empezábamos a superar la crisis de 2008, habrán de enfrentarse a una nueva crisis que se presume aún más grave, que amenaza con robarles un futuro que tendrán que ganarse a pulso.

            El final del curso ha llegado y lo ha hecho bien, dadas las circunstancias. Que ello haya sido posible se debe en gran medida al profesorado. En apenas un fin de semana se pasó de un sistema presencial a otro telemático sin casi ningún apoyo hacia los docentes por parte de la Consejería de Educación. Esos que el periodista Ángel Tristán Pimienta llama privilegiados cumplieron escrupulosamente con su trabajo, aportando sus propios recursos, teletrabajando muchas más horas de las que les corresponden, quitando tiempo y espacio a sus propias familias, soportando un nivel de exigencia que ha sido a todas luces excesivo y, para colmo, aguantando declaraciones públicas de los responsables de Educación en Canarias claramente ofensivas: aún resuenan las alusiones a los dinosaurios de María José Guerra y a los granos negros y los pelos en la leche de José Antonio Valbuena. Gracias a la voluntad del profesorado, en medio de una gestión más bien caótica, con su esfuerzo, sus propios medios y, en buena medida, su sentido común en ausencia de directrices claras y a tiempo, el curso ha salido adelante y ahora, felizmente, ha terminado.

El retorno de la indignación

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no de los efectos de la pandemia ha sido la relativa paz social que durante estos meses se ha vivido en el mundo. Antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, el planeta no era ese idílico remanso de paz que ahora fabulamos recordar, sino que era más bien un escenario en el que la conflictividad social iba en aumento. De Chile a Hong Kong, pasando por los chalecos amarillos de Francia o el movimiento independentista en Cataluña, la contestación social era una realidad en expansión que solo el miedo al contagio o a las sanciones derivadas de la suspensión de derechos logró apaciguar. Ahora, la muerte de George Floyd a manos de la policía ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos que se ha extendido globalmente, lo cual supone la demostración de que el sentimiento de indignación ante la injusticia es en estos momentos mayor que el sentimiento de miedo al contagio de ese virus que aún anda por ahí.

No hace falta ser un experto sociólogo para darse cuenta de que la muerte de George Floyd es solo el detonante de las protestas, la chispa que ha conseguido prender la gasolina latente de años y siglos de racismo y discriminación en la primera democracia moderna del mundo. Y es que quienes hincan su rodilla en el suelo no solo reclaman justicia ante lo que consideran un crimen racista, sino que claman contra la discriminación racial que lleva a los negros, los latinos y en general a las poblaciones de las minorías étnicas a vivir en peores condiciones, a sufrir las mayores tasas de pobreza del país. Algo que ya era conocido, pero que la pandemia ha puesto de relieve toda vez que se ha cebado en estas minorías, ya que, al ser las más pobres, han sufrido también con mayor virulencia los efectos del coronavirus, han sido las comunidades que han padecido las mayores tasas de mortalidad.

Las manifestaciones contra el racismo han llegado también a España, donde los manifestantes no solo se muestran indignados por la muerte de Floyd, sino que denuncian que en España el racismo también existe. Se trata de una de las grandes lacras sociales aún pendientes de erradicar que se entremezcla con la que aún hoy constituye la mayor contradicción que existe en nuestras sociedades, la que se da entre ricos y pobres. Pero las protestas en España comenzaron antes: en pleno estado de alarma, se iniciaron con las caceroladas del barrio de Salamanca en Madrid, una excentricidad hispánica que viene a corroborar que Spain todavía is different, y han continuado con las movilizaciones de los trabajadores de Nissan en Cataluña y de Alcoa en Galicia. No serán las últimas porque se nos viene encima una crisis peor que la de 2008. Entonces surgió el 15-M y el movimiento de los indignados; no sabemos qué nos deparará el futuro pero sin duda la pospandemia será dura y si no se distribuyen los costes, si la factura la vuelven a pagar los mismos de siempre, lo que está asegurado es el retorno de la indignación.

Un Gobierno de regreso

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uando se constituyó el Gobierno de progreso por aquel lejano enero de este mismo año, ya advertía yo que no esperaba mucho de él, básicamente porque no espero nunca demasiado de ningún gobierno. Entonces, claro, no podíamos saber, al menos no lo sabíamos la inmensa mayoría de nosotros, la que se nos venía encima. Y eso que el coronavirus ya estaba causando estragos en China, pero la cosa no iba con nosotros, o eso, cándidos que somos, creímos, acaso porque era lo que queríamos creer. Así que mi falta de confianza en que el Gobierno nos diera demasiadas alegrías no tenía nada que ver, no podía tenerlo, con la gestión de la pandemia, sino más bien con mi desconfianza hacia cualquier gobierno, hacia el Estado como la institución de opresión que es, “con el que”, en palabras de Javier Muguerza, “sólo nos es dado relacionarnos como el siervo con el señor”; con el convencimiento de que, tal como señalara Henry David Thoreau, “el mejor gobierno es el que gobierna menos”, y mejor aún “el que no gobierna en absoluto”.

            Mas a pesar de la desconfianza que, ya digo, genera en mí cualquier gobierno, no escondí entonces que el pacto de progreso había logrado infundirme ciertas dosis de ilusión, siquiera fuera por librarnos del marianismo, pero sobre todo porque podía traer avances reales hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos, hacia un verdadero progreso en la libertad. En lo que a la igualdad se refiere, creo que es de justicia reconocer los esfuerzos del Gobierno, incluso ante la grave crisis económica y social que las medidas contra el coronavirus han generado. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, así como la prometida derogación de la reforma laboral del PP son, sin duda, medidas imprescindibles para construir una sociedad más justa, a pesar del rechazo que han causado entre los apocalípticos de la derecha y parte de la izquierda.  Y la derogación de la ley Wert, que todavía hoy sufrimos, si finalmente se produce, será también una buena noticia.

            Sin embargo, en lo que a la libertad se refiere, el Gobierno nos ha venido defraudando cada día un poco más. La suspensión, de facto al menos, de los derechos fundamentales durante el estado de alarma, el uso implacable de la “ley mordaza” que se había prometido derogar por autoritaria, las ruedas de prensa controladas por el ‘censor’ al inicio del confinamiento, la pretensión de que la información oficial fuera la única publicable, el “lapsus”, Marlaska dixit, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que ante los medios de comunicación afirmó que se trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, constituyen severos ataques a la libertad que, a mi juicio, resultan del todo inadmisibles en una democracia. Todo ello, sumado al último escándalo protagonizado por el ministro del Interior, una injerencia en el poder judicial en toda regla, hace que resulte imposible mantener la escasa ilusión que el nuevo Gobierno había generado, porque en algunos aspectos, los referidos a la libertad, más que de progreso parece un Gobierno de regreso.  

La doble moral

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a doble moral es esa repugnante propensión a considerar inmorales determinadas acciones cuando es otra persona la que las lleva a cabo, pero pensar que son correctas desde un punto de vista moral si el que las realiza es uno mismo. Como se ve, la doble moral es una inmoralidad en sí misma, al menos si asumimos, con Kant, que las normas morales, para ser verdaderamente morales, han de ser de validez universal, tal como el filósofo de Königsberg señalara en la primera formulación del imperativo categórico, ese principio formal que no da normas con contenido sino que establece las condiciones formales que debe cumplir una norma para ser ley moral, huyendo así de la moralina a la que los practicantes de la doble moral son tan aficionados y sentando las bases de la ética moderna.

            Esta doble moral es práctica habitual entre los españoles tanto si miramos a la izquierda como si miramos a la derecha. La derecha nacional, por ejemplo, no ha dejado de insistir en que se debieron prohibir las manifestaciones del 8-M, pues, a su juicio, constituyeron un importante foco de contagio del dichoso Covid-19 que contribuyó a la expansión del virus y, en última instancia, al incremento de las víctimas mortales. Sin embargo, esa misma derecha, tan indignada, convocó mítines en esos días y no critica con la misma vehemencia los multitudinarios eventos deportivos y de otra índole que tuvieron lugar ese mismo fin de semana por toda la geografía nacional. Es más, ahora sale a la calle exigiendo libertad y la dimisión del Gobierno y comete el mismo atentado contra la salud pública que, en su opinión, cometieron las feministas. Todo lo cual deja ver a las claras que lo que critica la derecha no es que las manifestaciones feministas fueran un foco de infección: se critica la movilización del 8-M por lo que representa, por las ideas de las manifestantes, es decir, se critica el feminismo y la idea de que hombres y mujeres han de ser reconocidos iguales en dignidad y derechos.

            Pero no crean que la doble moral es patrimonio exclusivo de la derecha, qué va. Ya digo que es práctica habitual tanto en la derecha como en la izquierda. La prueba la tenemos, otra vez, a propósito de las manifestaciones contra el Gobierno que desde el barrio de Salamanca de Madrid se han ido extendiendo a otros barrios y ciudades del país, también de Canarias. Y es que anda la izquierda rasgándose las vestiduras por estas protestas que, de nuevo, constituyen un peligro para la salud, dicen los alarmados izquierdistas, y amenazan con echar por tierra lo que con tanto sacrificio han conseguido los españoles. Pero no veo la misma indignación ante la multitud congregada para despedir a Julio Anguita o ante las manifestaciones que han aparecido en Vallecas. Una vez más, se comprueba que lo que preocupa no es tanto la salud sino las ideas de quienes, según los más afines al Gobierno, la ponen en peligro. Y es así como, olvidando las lecciones de Kant, la esfera pública se parece cada vez más a la barra de uno de esos bares en los que los futboleros criticamos las patadas de los defensas del otro equipo mientras aplaudimos las de los nuestros.

Entre la dignidad y la vida

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n un relativamente antiguo manual de Ética de cuarto de ESO, una asignatura hoy tristemente desaparecida de nuestro sistema educativo, coordinado por la filósofa Adela Cortina, se afirma que los derechos humanos tienen cinco características fundamentales: son universales, inalienables, prioritarios, imprescriptibles e indivisibles. De esas cinco características quisiera ahora detenerme en la última pues, siguiendo a Cortina, durante años he venido insistiendo en la indivisibilidad como uno de los rasgos definitorios de los derechos humanos. Quiere ello decir que los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como el Preámbulo, constituyen un bloque y que, por lo tanto, han de ser respetados todos a la vez. Es por ello que el Estado, que una vez redefinido como Estado de derecho tiene como función principal garantizar el respeto a los derechos humanos individuales, no puede aducir como pretexto para conculcar alguno de esos derechos fundamentales la protección de otros.

Sin embargo, a la luz que arroja la gestión de la pandemia, acaso convendría revisar este planteamiento, pues, en efecto, algunos de los derechos fundamentales como el derecho de reunión, manifestación o, sencillamente, el derecho a la libre movilidad, han quedado en suspenso durante varias semanas en virtud del decreto de estado de alarma. Y la razón aducida para tal suspensión, que algunos juristas consideran simple restricción pero que de facto al menos va bastante más lejos, ha sido la protección de la salud y, en última instancia, la vida de los ciudadanos. Es un hecho pues que no a todos los derechos recogidos en la Declaración Universal se les ha reconocido la misma validez, que es lo que se pretende cuando se afirma que son indivisibles, pues algunos de esos derechos, los que han quedado en suspenso, han sido supeditados a otros, cuya importancia ha sido considerada mayor por el Gobierno.

A pesar de lo expuesto, tengo para mí que el principio de indivisibilidad mantiene su validez intacta, pues lo más que cabría argüir es que los derechos humanos no son indivisibles de hecho, pero deberían serlo, pues nos va la dignidad en ello. Y es que el establecimiento de una jerarquía de los derechos humanos no solo atenta contra el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos de marras sino que resulta peligroso para la dignidad del ser humano, pues la dignidad sufre siempre que se conculca uno de esos derechos fundamentales y, una vez abierta la veda, nada hay que impida que en otro momento se suspendan determinados derechos bajo el pretexto de proteger otros: hoy se supedita la libertad a la salud y la vida, quién sabe qué derecho y bajo qué pretexto podrá ser suspendido mañana. Sócrates dejó dicho, a través de la pluma de Platón, que una vida sin ser pensada no vale la pena ser vivida. Hoy, parafraseando al de Atenas, podemos decir nosotros que una vida sin libertad es una vida sin dignidad que no merece vivirse. Aunque, claro está, no todos estemos dispuestos, como hizo Sócrates, a perder la vida para salvaguardar la dignidad.

Política en vez de ciencia

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ecía Aristóteles que el hombre tiene por naturaleza afán de saber. En efecto, el ser humano ha sentido desde siempre la necesidad de explicar el mundo que le rodea y de explicarse a sí mismo. De ahí que en todas las culturas los hombres hayan construido mitos con los que explicar la realidad: el origen del mundo, los fenómenos de la naturaleza, el propio ser humano, la existencia del bien y del mal, la vida, la muerte… Mitos con los que, en definitiva, los seres humanos hemos tratado de dar respuesta a las grandes preguntas que desde siempre nos han preocupado y, todavía hoy, nos siguen inquietando. En Occidente, ese afán por buscar la verdad dio lugar al nacimiento de la filosofía y de la ciencia en lo que se ha dado en llamar el paso del mito al logos, es decir, con el intento de responder racionalmente a esas grandes cuestiones.

            Con el tiempo, la ciencia se separaría de la filosofía y se convertiría en la forma más avanzada de conocimiento de la que disponemos, pero habría de pagar un alto precio por ello: renunciar a preguntarse por las causas últimas del ser, cuestión de índole metafísica, y reconocer que nada tiene que decir sobre el deber ser. Lo que viene a significar que la ciencia se erige como máxima autoridad para explicar los hechos, la realidad empírica, pero no puede pronunciarse sobre los valores, sobre el bien y la justicia, en una palabra, sobre la moral, asunto este que aún hoy sigue siendo un campo de investigación irreductiblemente filosófico y que constituye el objeto de estudio de la ética o filosofía moral. Todo lo cual no significa que la ciencia no tenga nada que ver con la acción pues, obviamente, presenta una clara dimensión pragmática. Simplemente ocurre que la ciencia puede señalar cuáles son los medios más adecuados para la consecución de un fin, pero nada tiene que decir sobre los fines mismos.

         Resulta claro entonces que la ciencia tiene límites. Incluso en su incesante búsqueda de la verdad, pues no puede hallar la verdad absoluta. Tampoco lo pretende, ya que semejante propósito sería más propio del dogmatismo de las religiones que del criticismo científico. La ciencia ha de conformarse con una verdad mucho más humilde, que aspira a ser objetiva pero que habrá de ser siempre revisable, como revisables han de ser los métodos empleados y los criterios de verdad asumidos. La propia historia de la ciencia muestra que la verdad no es definitiva y lo que ayer la ciencia daba por verdadero hoy puede no serlo. Sin embargo, ante la amenaza del coronavirus, le pedimos a la ciencia lo que no puede darnos, le pedimos certezas en tiempos de incertidumbre. Y exigimos a nuestros representantes que tomen decisiones amparados en la ciencia, cuando ni siquiera en la comunidad científica hay un consenso sobre cómo combatir al virus.  Y olvidamos, ¡ay!, que lo que hacen nuestros gobernantes es política en vez de ciencia.  

Enemigos de la libertad

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ivimos un tiempo en el que el acceso a la información, paradójicamente, puede resultar perjudicial para la siempre loable búsqueda de la verdad. En efecto, la saturación de información, sin necesidad de que la misma sea falsa, impide o dificulta al individuo estar bien informado, no digamos ya bien formado, por contradictorio que ello pueda parecer. De ahí que el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento no termine de fraguar en este incierto siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Mas si la sobreinformación resulta dañina, pues deja al individuo en la incertidumbre, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso ante la imposibilidad de analizar las ingentes cantidades de datos, aún más perniciosos son los bulos, fake news, noticias falsas, postverdades o como cada uno prefiera llamarlos, toda vez que su emisión y difusión responden al interés de manipular a la opinión pública en beneficio propio.

La era de las nuevas tecnologías genera las condiciones propicias para la proliferación de las noticias falsas. Sin embargo, hay que reconocer que, en última instancia, no son las TIC las responsables de este fenómeno. Ni siquiera constituyen la condición de posibilidad del mismo, pues la manipulación de la opinión pública se diría que es tan vieja como la humanidad. Y es que el monopolio de la verdad, o de lo que se considere verdadero, ha constituido siempre una fuente de poder: desde los brujos, hechiceros y sacerdotes de distinto pelaje hasta los científicos actuales, la prerrogativa de establecer qué es verdad y qué no otorga al que la tiene el poder para decidir cómo se debe actuar, del mismo modo que la razón teórica, la que indaga acerca de la verdad, determina a esa clase de razón práctica que es la razón instrumental, la que señala qué medios se deben poner en práctica para alcanzar determinados fines.

Cómo saber cuáles hayan de ser esos fines, nuestros fines últimos, fines en sí mismos, que en definitiva es en lo que consisten nuestros valores, y si hay alguna suerte de razón práctica capaz de establecerlos, es otra cuestión. Pero si convenimos que la dignidad del ser humano es uno de esos fines y que esta se sustenta en la libertad y la igualdad, tal como, de hecho, se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces todo ataque a la libertad de expresión nos debe parecer reprobable. Es por ello que el intento del Gobierno de la mano del CIS de Tezanos de legitimar la censura resulta inaceptable, pues bajo el pretexto de la lucha contra los bulos y las fake news no se puede cercenar el derecho de cada individuo a expresar libremente sus ideas sobre el tema que quiera, sea un experto o no. Y es que entre la falsedad, la calumnia o la injuria y la verdad fidedigna hay muchos grados. Por lo demás, el dogma es tan enemigo de la verdad como la mentira. Y los enemigos de la verdad lo son también de la libertad.